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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD DEL APODERADO DE UN TRABAJADOR EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ACREDITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, MEDIANTE CARTA PODER SIN RATIFICACIÓN DE FIRMAS, CUANDO SE RECLAMA EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS LEYES DE NATURALEZA LABORAL QUE SE TILDAN DE INCONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 34/2006. · Registro digital (IUS): 19620
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANASTACIA MÉNDEZ BALDERAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 1979.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 34/2006. ANASTACIA MÉNDEZ BALDERAS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Supliendo en lo conducente la deficiencia de la queja que autoriza el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, resulta fundado el agravio que aduce la parte recurrente, en que refiere que el mandato especial en carta poder simple cumple con los requisitos legales para ese efecto; esto es, para promover el juicio de garantías.

A manera de preámbulo, conviene acotar ciertos argumentos que fueron vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 845/2000 y que orientan el sentido de esta sentencia.

En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, estableció que la suplencia de la queja en el juicio de amparo en materia de trabajo se caracteriza porque:

1) Se aplica para proteger los intereses fundamentales de los trabajadores, consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal y en las leyes que de ella emanan; que aunque dichos intereses son de índole económico, no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hace posible conservar la vida y vivir con libertad.

2) Su aplicación es amplia a favor del trabajador quejoso en el trámite de las demandas de amparo directo e indirecto, así como en los recursos que prevé la Ley de Amparo, para complementar y mejorar los conceptos de violación o los agravios, o bien, para examinar violaciones que acusen el o los actos reclamados, aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, tal como se sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 39/95, de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 333, del rubro y literalidad siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."

Asimismo, en la ejecutoria en comento, se precisó que al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente, en cada una de las materias en que procede, en materia laboral dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador.

Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1. La calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2. La naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos.

De la ejecutoria invocada resultó la tesis 2a. XXXII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 502, del Tomo XIII, abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y, POR EXTENSIÓN, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AUNQUE DICHO ACTO SEA FORMALMENTE ADMINISTRATIVO. Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal y, por extensión, en la Ley Federal del Trabajo, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto de carácter formalmente administrativo, así como la inconstitucionalidad del precepto que sirvió de fundamento para su emisión, que afectan un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo es la gratuidad de los actos y actuaciones derivados del juicio laboral, ya que se pretende gravar, por concepto de derechos en el Registro Público de la Propiedad, la inscripción del embargo decretado en su favor en dicho juicio, no por ello debe entenderse que se está en una materia en la que no procede suplir la deficiencia de la queja."

De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, debe atenderse a los dos elementos anteriores, los cuales se acreditan en la especie, porque de la demanda de amparo que tuvo por no interpuesta el Juez de Distrito, se desprende que fue promovida por Sergio Iván García Badillo, quien se ostentó mandatario especial de Anastacia Méndez Balderas, y ésta, a su vez, en cuanto beneficiaria del fallecido trabajador Rosalío de León Turrubiartes; que los actos reclamados se hacen consistir, en esencia, en el proceso legislativo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 (veinticinco) de mayo de 2005 (dos mil cinco), así como su reglamento, denominado Reglas de Operación del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (FID 2106), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 (veintisiete) de octubre de 2005 (dos mil cinco), además de la aplicación y consecuencias de esos ordenamientos.

También, en la demanda de garantías se precisa que Rosalío de León Turrubiartes fue trabajador migratorio mexicano entre 1942 (mil novecientos cuarenta y dos) y 1964 (mil novecientos sesenta y cuatro), específicamente en 1957 (mil novecientos cincuenta y siete), que obtuvo la tarjeta de identificación consular (mica café) L-2525499, acompañando copia certificada de esa documental y del "formato de presentación de documentos de procedencia, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964", con número de folio 121, en el que aparece que la solicitud respectiva la formuló Anastacia Méndez Balderas, en su calidad de esposa de aquel trabajador fallecido y, por ende, de beneficiaria.

Por extensión, la suplencia de la deficiencia de la queja en materia laboral aplica también cuando el juicio de garantías se promueve a nombre de quien se ostenta como beneficiaria de un trabajador, porque ante la duda de que aquélla se ubique en el supuesto de la norma, tenga o no derecho al beneficio que establece la ley y el reglamento reclamados, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición.

Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXI/2002, consultable en la foja 351 del Tomo XVI, septiembre de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PARA QUE PROCEDA BASTA CON QUE EL PROMOVENTE DEL AMPARO SE OSTENTE COMO BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR PROTEGIDO POR LA SEGURIDAD SOCIAL. Si el juicio de amparo es promovido por una persona que se ostenta como beneficiaria de un trabajador protegido por la seguridad social, resulta procedente suplir la queja deficiente con base en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en primer lugar, porque ante la duda de que aquélla tenga o no derecho a alguno de los beneficios que establece dicho régimen, el rechazo de la suplencia equivaldría a prejuzgar que no lo tiene, con lo que se renuncia de antemano a la posibilidad de descubrir la verdad jurídica y, en segundo, porque un beneficiario del trabajador se asimila a éste para efectos de la mencionada disposición."

Así las cosas, la parte demandante dijo que Rosalío de León Turrubiartes fue un trabajador migrante, que desempeñó una actividad laboral en los Estados Unidos de Norteamérica en el periodo comprendido de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 1964 mil novecientos sesenta y cuatro y que los derechos que le asistan de ese trabajo le corresponden actualmente a la beneficiaria Anastacia Méndez Balderas.

En cuanto al segundo requisito, naturaleza jurídica del acto reclamado, debe precisarse que las circunstancias accidentales de que en el presente juicio de amparo el quejoso no tenga como contraparte al patrón o a una autoridad del trabajo, sino a autoridades de índole legislativa y administrativa; y de que el acto reclamado no derive de un conflicto obrero-patronal, sino de una norma legal y de su acto concreto de aplicación, realizado por una autoridad administrativa, no son causas determinantes de la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, de la materia del amparo, pues como quedó acotado anteriormente, la materia o naturaleza del amparo la determinan la calidad del sujeto que lo promueve, así como la naturaleza jurídica del acto, ley o reglamento reclamado, que a su vez se fija por el bien jurídico o interés fundamental que afecta o lesiona.

Por lo que, si en el caso, la parte quejosa reclamó de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del presidente de la República, de los secretarios de Gobernación y del director del Diario Oficial la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley que crea el Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 1964 mil novecientos sesenta y cuatro) y las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 1964 mil novecientos sesenta y cuatro), y su aplicación por parte de los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como de la representación estatal de San Luis Potosí de la primera secretaría, si bien esos actos son formalmente administrativos, materialmente son de índole laboral.

Se afirma lo anterior, por lo siguiente:

Los artículos 5o. primer y tercer párrafos, 73, fracción X, 123, apartado A, fracciones VIII, X y XXVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:

"5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. ... Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123."

"73. El Congreso tiene facultad: ... X. ... y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;"

"123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: ... VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. ... X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. ... XXVI. Todo contrato de trabajo entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario contratante."

En tanto que los artículos 6o., 18, 28, 33, 82 y 98 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, establecen:

"Artículo 6o. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia."

"Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador."

"Artículo 28. Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la República, se observarán las normas siguientes: I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su validez las estipulaciones siguientes: a) Los requisitos señalados en el artículo 25." (VI. La forma y monto del salario).

"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."

"Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo."

"Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula."

El examen sistemático de los preceptos constitucionales y de la ley ordinaria permite establecer que el salario es la retribución que un trabajador recibe por la labor desempeñada y de la cual no puede ser privado sino por resolución judicial.

Sentado lo anterior, si bien la ley y el reglamento impugnadas como inconstitucionales tienen un carácter formalmente administrativo, no es suficiente para estimar que por tratarse de unas autoridades administrativas, los actos que emitan revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su propia naturaleza, de tal manera que si aquellos actos regulan situaciones derivadas de la relación laboral que se dio entre trabajadores mexicanos y empleadores del vecino país del norte, para realizar faenas sobre todo agrícolas (ya que los varones de aquella nación no podían desempeñarlas, pues se encontraban movilizados militarmente, con motivo de las guerras segunda mundial, de Corea y de Vietnam, entre otras), debe estimarse que el asunto corresponde a la materia laboral, aun cuando haya sido emitido por una autoridad administrativa.

Así es, porque la ley y el reglamento reclamados y su aplicación inciden sobre derechos de trabajadores migratorios que laboraron en los Estados Unidos de Norteamérica, entre los años de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 1964 mil novecientos sesenta y cuatro, al amparo de contratos de trabajo en que intervino la administración pública mexicana, pues así se advierte del acuerdo publicado en el Diario Oficial el 21 (veintiuno) de agosto de 1942 (mil novecientos cuarenta y dos).

Acuerdo que se toma en consideración con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes.

En ese sentido, es indudable que como el acuerdo antes mencionado es parte de la génesis de la ley y el reglamento mencionado, por lo que puede válidamente invocarse oficiosamente, como hecho notorio, el ejemplar del periódico oficial en que apareció publicado como medio de prueba.

Se comparte la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 249 de los Volúmenes 205-216 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

"HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad. Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente de los tribunales a quienes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se surte en los juicios que se examinan."

Dicho acuerdo es del tenor siguiente:

"Acuerdo. Previniendo que se hagan las gestiones necesarias para impartir seguridades a los trabajadores mexicanos que emigren a los Estados Unidos de Norteamérica. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Acuerdo a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Fomento, y al Departamento de Salubridad Pública. La urgente necesidad de regular la salida de trabajadores mexicanos al extranjero, inspiró el acuerdo presidencial número 790, de fecha 4 de mayo último, en virtud del cual se instituyó una comisión intersecretarial para que estudiara los diversos aspectos del problema y propusiera las medias que estimara necesarias a fin de que la emigración de nuestros nacionales, si no puede evitarse, se lleve a cabo sin perjuicio de la economía nacional y con las garantías que para el caso establecen nuestras leyes. Visto el dictamen que produjo la citada comisión; vista, asimismo, la solicitud que el gobierno de los Estados Unidos de América, por conducto de su embajada en México, ha presentado para que se permita la salida al país vecino, de trabajadores mexicanos; vistas, finalmente, las recomendaciones que han sido formuladas por los expertos que, comisionados por ambos gobiernos, acaban de reunirse en esta capital para examinar la materia; he tenido a bien dictar el siguiente Acuerdo: La Secretaría de Relaciones Exteriores encauzará la gestión diplomática necesaria para obtener las seguridades de que nuestros connacionales, al ir a los Estados Unidos a trabajar, no serán afectados por la Ley del Servicio Militar Norteamericano, no serán víctimas de actos discriminatorios, no serán empleados para desplazar a otros trabajadores ni para abatir los salarios previamente establecidos, y que no serán admitidos sin la contratación que ordena el artículo 29 de la Ley Federal del Trabajo. La contratación debe ser temporal y los arreglos respectivos se realizarán de Estado a Estado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será el órgano del Ejecutivo encargado de ejecutar el arreglo económico que la de Relaciones Exteriores -con el dictamen de la propia Secretaría del Trabajo-, celebre el particular con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; cuidará de que las contrataciones de acuerdo con las garantías que para los trabajadores establece la ley; vigilará la redistribución interior nuestros elementos de trabajo, evitando que la salida de aquellos que sean contratados interfiera el programa intensivo de la producción nacional; procurará la estrecha cooperación de las organizaciones de trabajadores; dictaminará las medidas que estime convenientes para evitar que los bajos salarios en México estimulen la salida de nuestros connacionales; finalmente, fijará las proporciones de los depósitos que los trabajadores constituyan en poder de y con garantías de los contratistas para la formación de su fondo de ahorro campesino, cuyo importe entregará el gobierno americano preferentemente en implementos agrícolas, que capaciten a los mismos trabajadores para consagrarse, a su regreso, a pequeños cultivos de su propiedad ..."

Esto es, que se estableció ahí que se descontara del salario de los trabajadores migrantes un porcentaje para crear un fondo de ahorro, el cual, según se advierte del acuerdo, se integró con los descuentos a los salarios que se hicieron a los trabajadores migrantes por sus patrones extranjeros, el cual se les iba a reintegrar a su regreso a México, preferentemente en implementos agrícolas.

Esto pone de relieve, que dicho fondo de ahorro campesino no fue una contraprestación laboral graciosa de los patrones contratantes, sino que se formó mediante descuentos al salario de los trabajadores en el extranjero.

Así, si de la demanda de amparo, de las documentales anexas a la misma y de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, se desprende que quien interviene como quejoso en el juicio de amparo es un trabajador y la naturaleza jurídica del acto reclamado pretende menoscabar algún bien o interés fundamental tutelado en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, a favor de aquélla, debe concluirse que la materia de aquél es de trabajo.

Puntualizado lo anterior, procede ahora analizar si fue apegada a la ley de la materia la resolución recurrida, en la que el Juez Tercero de Distrito en el Estado tuvo por no interpuesta la demanda de amparo de Anastacia Méndez Balderas, así como el auto de 2 dos de diciembre de 2005 dos mil cinco, en la que requirió a la parte quejosa en términos del artículo 146 del ordenamiento invocado.

Es de puntual aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 21, del rubro y contenido siguientes:

"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA. Contra el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable, como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del auto preventivo."

En los autos que integran el sumario constitucional consta, que mediante acuerdo de nueve de diciembre de dos mil cinco, el Juez Tercero de Distrito requirió a Sergio Iván García Badillo para que acreditara con documento idóneo el carácter de mandatario de Anastacia Méndez Balderas, pues, según dijo "al no estar regulado el acto impugnado por alguna legislación específica, la personalidad debe acreditarse conforme al mandato previsto en la legislación civil que fuere aplicable según el lugar o fedatario público ante quien se otorgue.

Determinación que es inexacta, porque, de acuerdo con todo lo razonado, la materia del juicio de amparo incoado por Anastacia Méndez Balderas, por conducto de Sergio Iván García Badillo, si bien formalmente es de carácter administrativo, materialmente es de trabajo y, por ende, la personalidad del promovente debe justificarse en términos de la ley aplicable, esto es, la federal del trabajo.

Cierto, el ordinal 12 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo que en los casos no previstos por esa ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y sólo en caso de que ese ordenamiento no lo prevenga, se estará a lo estipulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles. De tal forma que si en el caso particular los actos reclamados surgen de la materia de trabajo, debe acudirse a la ley que la regula.

Bajo ese contexto, si los actos reclamados tienen vinculación con el programa de trabajadores migratorios, implementado 1942 en mil novecientos cuarenta y dos con motivo de la solicitud que el gobierno de los Estados Unidos de América presentó para que se permitiera la salida a ese país vecino, de trabajadores mexicanos, específicamente con el descuento que, según refiere el quejoso, se realizó a su salario, es inconcuso que la naturaleza jurídica de los actos reclamados (leyes y actos concretos de aplicación) que constituye uno de los elementos para determinar la materia del juicio de amparo, corresponde clasificarlos dentro de la materia de trabajo, porque inciden sobre un bien jurídico o interés fundamental, consagrado a favor del impetrante de garantías, por las normas constitucionales y ordinarias antes analizadas, esto es el derecho al salario.

Por lo cual, si la Ley que crea el Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 1964 mil novecientos sesenta y cuatro) y las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 mil novecientos cuarenta y dos a 196

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19620-2dc31f90/personalidad-del-apoderado-de-un-trabajador-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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