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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DEL NEGOCIO EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO, DEBEN CONSIDERARSE LOS INTERESES CAUSADOS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 55/2006. · Registro digital (IUS): 19367
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARGARITA GÓMEZ SANTIAGO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1780.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 55/2006. MARGARITA GÓMEZ SANTIAGO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios son infundados, como se verá enseguida.

Aduce la recurrente, en síntesis, que el Juez Federal interpreta de manera incorrecta el numeral 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues asegura que de ese numeral se advierte que en el asunto, al tratarse de un arrendamiento donde el actor reclama prestaciones periódicas (rentas), lo correcto para determinar la cuantía, es multiplicar el importe de las rentas por un año, o sea mil setecientos cincuenta por doce meses, que arroja la cantidad de veintiún mil pesos, y que no por ello se deben aumentar las rentas vencidas y no cubiertas, mucho menos el interés mensual generado, ya que afirma que el numeral citado, establece que deberá estarse a lo que demanda el actor en su demanda, únicamente cuando se trata de prestaciones vencidas, y razona que si el actor hubiera reclamado únicamente rentas vencidas, y no cubiertas, se tendría que estar a lo que el propio actor demanda, incluyendo el interés legal, los gastos y las costas, para determinar la cuantía y así saber si es apelable o no una resolución por razón de su cuantía, lo que considera no sucede, porque el actor sí reclama prestaciones periódicas, como es el monto de las rentas que multiplicadas por doce meses, arroja la cantidad de veintiún mil pesos, importe con el cual resulta ser inapelable la sentencia definitiva, por razón de la cuantía, conforme el artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que dispone que únicamente se admitirá el recurso de apelación en los negocios cuyo monto exceda del importe de setecientos veinte días de salario mínimo, y que al momento de la interposición de su amparo el salario mínimo se encontraba en cuarenta y tres pesos con setenta y tres centavos, que multiplicados por setecientos veinte días de salario mínimo, arroja la cantidad de treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, con sesenta centavos; agrega, que conforme a sus argumentaciones, la sentencia definitiva no admitía recurso ordinario alguno y que, por ello, lo procedente era impugnarla mediante el juicio de amparo.

Sus alegaciones resultan infundadas.

Para establecer lo anterior, es necesario indicar lo que el Juez Federal argumentó para desechar la demanda de amparo:

"Vista la demanda de garantías promovida por Margarita Gómez Santiago, contra el acto que reclama del Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la misma deviene improcedente y debe desecharse de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 114, fracción III, en relación con los numerales 73, fracción XVIII y 145 todos de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: El artículo 145 citado prescribe: ‘El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’. Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen a ésta, en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso, de modo tal, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente allegaran las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Del análisis integral de la demanda de garantías que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por el promovente, consiste esencialmente en: ‘IV. Acto reclamado. La sentencia definitiva dictada con fecha 07 siete de julio del presente año 2005 dos mil cinco, en los autos del juicio civil sumario que bajo el expediente número 1054/2004, se tramita ante el Juzgado Segundo Civil del Fuero Común de esta entidad federativa de Guadalajara, Jalisco (sic); resolución que fue publicada en el Boletín Judicial del día 08 ocho de julio de 2005, y que surtió efectos legales de notificación el día 11 de julio de 2005, en donde ilegalmente le concedieron a la parte actora la procedencia de todas y cada una de sus indebidas pretensiones que reclamó, sin tomar el Juez de origen, en cuenta en su sentencia que dictó, que en la audiencia celebrada a las 12:30 horas del día 22 veintidós de junio de 2005, dos mil cinco, la responsable, de manera por demás ilegal, me declaró por perdido mi derecho a desahogar la prueba pericial grafoscópica que se me había admitido ...’. Por su parte, la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: ‘El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.’. En efecto, uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes transcrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. En ese contexto, este juicio de garantías es improcedente, en virtud de que la promovente, previamente a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la sentencia de referencia, por ser parte en el juicio natural, debió combatirla a través del medio ordinario de defensa que, en la especie, resulta ser el recurso de apelación a que alude el artículo 435, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, que establece lo siguiente: ‘Artículo 435. Procede el recurso de apelación: ... III. Contra las resoluciones que pongan fin a un juicio o procedimiento, haciendo imposible la prosecución del mismo.’. En tal orden de ideas, el promovente pudo obtener, a través del recurso de apelación, la anulación, modificación o revocación del acto reclamado, por ello, es incuestionable que debió haber satisfecho el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de garantías, de acuerdo con el invocado artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que la resolución combatida no se encuentra entre las excepciones que la propia fracción contempla, en donde se establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no es necesario agotar el medio ordinario de defensa. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio que sostiene lo siguiente: ‘TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL Y TIENE OPORTUNIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA. Quien interviene con cualquier carácter en el juicio natural, tiene la oportunidad y está obligado a agotar los medios de defensa legales previstos por la ley, previamente a la interposición de una demanda de garantías, porque no se está en el caso de un tercero extraño al juicio, ya que sólo tienen ese carácter quienes no hayan sido parte en juicio y, excepcionalmente, los que siendo parte en él, reclaman su indebido emplazamiento.’ (cita fuente). Asimismo, es aplicable a lo anterior, las jurisprudencias que dicen: ‘RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.’ (cita fuente). ‘RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común.’ (cita fuente). En vista de lo expresado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145, en relación con el 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Margarita Gómez Santiago, contra los actos de la autoridad señalada al inicio del presente proveído. No obsta a lo anterior, el hecho de que la promovente de amparo afirme que por la cuantía del negocio no procede recurso de apelación, en razón a que precisamente por tal cuantía, al emanar el acto reclamado de un juicio sumario civil es que, contra la resolución en cuestión, procedía interponer el recurso de apelación, ello atendiendo a las prestaciones reclamadas que fueron motivo de condena, específicamente la relativa al pago de las rentas vencidas y no cubiertas y correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de dos mil cuatro; el pago del ocho por ciento mensual por interés moratorio; las que se sigan venciendo hasta la entrega y desocupación de la finca y el pago de gastos y costas; según se advierte de la lectura integral de la demanda y actuaciones del juicio civil sumario 1054/2001, del índice de la responsable. De esta suerte, es inconcuso, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para determinar la cuantía del negocio, debe atenderse al importe de los meses de renta reclamados, a partir del uno de enero de dos mil cuatro hasta la fecha de presentación de la demanda de primera instancia, el veintinueve de octubre del año en cita, a razón de mil setecientos cincuenta pesos moneda nacional, que como renta mensual se pactó en el contrato relativo, más el ocho por ciento mensual, sobre la cantidad correspondiente a las rentas adeudadas, que suman la cantidad de dieciocho mil novecientos pesos moneda nacional; además, de conformidad con el texto del precepto citado en primer término, cuando se demanda el cumplimiento de prestaciones periódicas, como acontece en el caso a estudio, se computará el importe de las pensiones de un año, por tanto, a la suma anterior, deberá agregársele el equivalente a la citada anualidad de rentas, es decir, doce meses, multiplicados por mil setecientos cincuenta pesos, que dan la cantidad de veintiún mil pesos, monto que sumado a la cantidad de dieciocho mil novecientos pesos, arrojan un total de treinta y nueve mil pesos, cantidad ésta, que excede de lo que importan los setecientos veinte días de salario mínimo, a razón de cuarenta y tres pesos setenta y tres centavos por día, vigente a la fecha de interposición de la demanda, puesto que realizada la multiplicación de cuarenta y tres pesos con setenta y tres centavos por setecientos veinte días, dan como resultado, treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, con sesenta centavos; y en ese contexto, se satisface el requisito que establece el artículo 434 del enjuiciamiento civil local, para la procedencia de la apelación, por razón de la cuantía. Tiene aplicación al respecto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo sumario es el siguiente: ‘ De conformidad con el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor, sin tomar en consideración los réditos, daños o perjuicios posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Dicho dispositivo legal también establece que cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte del citado artículo. Una interpretación armónica y racional del numeral en consulta, lleva a concluir que cuando en un juicio de arrendamiento se demanda tanto el pago de las pensiones vencidas, como de las que se sigan venciendo, para determinar la cuantía del negocio, para efectos de la apelación, debe tomarse en consideración el monto de las rentas vencidas cuya cantidad específica se reclame en la demanda, más el equivalente a un año de rentas pactadas, esto, en cuanto a las de vencimiento posterior, pues la parte final del artículo citado, impone al juzgador la obligación de considerar lo que reclame el actor, en aquellos casos que se demande el pago de rentas vencidas. Por ende, la interpretación a contrario sensu del numeral en comento, conduce a establecer que el anterior criterio también resulta aplicable en los casos en que se reclamen intereses causados con anterioridad a la demanda, por lo que deben igualmente tomarse en cuenta para determinar la cuantía del pleito.’ ..."

De lo antes transcrito, se puede advertir que el Juez Federal para determinar si la sentencia impugnada en el juicio de amparo era o no recurrible estableció, en torno a ello, que debía atenderse al importe de los meses de renta reclamados, a partir del primero de enero de dos mil cuatro, hasta la fecha de presentación de la demanda, que fue el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, a razón de mil setecientos cincuenta pesos, como renta mensual, más el ocho por ciento mensual correspondientes a las rentas adeudadas, que arrojan la cantidad de dieciocho mil novecientos pesos y que, además, de conformidad con el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuando se demanda el cumplimiento de prestaciones periódicas se computará el importe de las pensiones de un año y que, por ello, a la suma anterior, se le debería de agregar el equivalente a la citada anualidad de rentas, esto es, doce meses, que multiplicados por mil setecientos cincuenta pesos, dan la cantidad de veintiún mil pesos, que sumados a la cantidad de dieciocho mil novecientos pesos, dan un total de treinta y nueve mil pesos, cantidad que afirmó, excede de lo que importan los setecientos veinte días de salario mínimo a razón de cuarenta y tres pesos con setenta y tres centavos, por día, vigente a la fecha de la interposición de la demanda, pues indicó que la multiplicación de cuarenta y tres pesos con setenta y tres centavos, por setecientos veinte días de salario mínimo, da como resultado la cantidad de treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos, con sesenta centavos; y que por esa razón era procedente el recurso de apelación, por razón de la cuantía.

Lo que se considera acertado, por lo que no asiste razón a la recurrente, en cuanto afirma que lo correcto para determinar la cuantía es multiplicar el importe de las rentas por un año, o sea mil setecientos cincuenta por doce meses, que arroja la cantidad de veintiún mil pesos, y que no debían aumentarse las rentas vencidas y no cubiertas, mucho menos el interés mensual generado, conforme lo alude el artículo 434 del código procesal en cita.

Ello, debido a que el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece:

"Artículo 162. Para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demanda el actor. Los réditos, daños o perjuicios no serán tenidos en consideración, si son posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte de este artículo."

De la lectura del precepto legal antes transcrito, se advierte que dicho numeral indica que cuando se trate de arrendamiento, o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de pensiones de un año, lo que es el caso, pues la recurrente fue demandada en el juicio de origen, por el pago de rentas vencidas, y las que se siguieran venciendo, así como de intereses moratorios, pues en los autos originales del juicio de origen, se advierte que en el escrito de demanda (fojas 1 a 10), la parte actora demandó como prestación en el inciso A), lo siguiente:

"A) Por la rescisión del contrato de arrendamiento al que posteriormente me referiré en virtud de la falta de pago de rentas correspondientes a los meses de enero a febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todos del año 2004, a razón de $1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por cada mes de renta devengada y no pagada, más los intereses moratorios pactados al 8% mensual y pactados en la cláusula segunda del cuerpo del contrato fundatorio de mi acción, haciendo a la fecha un monto total de $17,500.00/100 M.N., más las rentas que se sigan venciendo hasta la total entrega y desocupación de la finca, materia de este juicio a razón de $1,750.00/100 M.N. mensual, más el 8% de intereses moratorios pactados en la cláusula segunda del fundatorio de mi acción."

De donde se sigue, que el cálculo realizado por el Juez Federal de las rentas vencidas, que comprendían los intereses generados, fue con base en lo reclamado en el escrito de demanda y calculadas hasta la fecha de la presentación de ésta, así como las que se siguieran venciendo (que comprende una anualidad completa), de conformidad con el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; de ahí lo infundado de sus alegaciones.

Cabe indicar, que este órgano colegiado, con relación al tema en cuestión, emitió la tesis publicada en el Tomo XVIII, julio de 2003, página 1027, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice:

" De conformidad con el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, para determinar la competencia por razón de la cuantía del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande el actor, sin tomar en consideración los réditos, daños o perjuicios posteriores a la presentación de la demanda, aun cuando se reclamen en ella. Dicho dispositivo legal también establece que cuando se trate de arrendamiento o se demande el cumplimiento de una obligación consistente en prestaciones periódicas, se computará el importe de las pensiones en un año, a no ser que se trate de prestaciones vencidas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la primera parte del citado artículo. Una interpretación armónica y racional del numeral en consulta, lleva a concluir que cuando en un juicio de arrendamiento se demanda tanto el pago de las pensiones vencidas, como de las que se sigan venciendo, para determinar la cuantía del negocio, para efectos de la apelación, debe tomarse en consideración el monto de las rentas vencidas cuya cantidad específica se reclame en la demanda, más el equivalente a un año de rentas pactadas, esto, en cuanto a las de vencimiento posterior, pues la parte final del artículo citado, impone al juzgador la obligación de considerar lo que reclame el actor, en aquellos casos que se demande el pago de rentas vencidas. Por ende, la interpretación a contrario sensu del numeral en comento, conduce a establecer que el anterior criterio también resulta aplicable en los casos en que se reclamen intereses causados con anterioridad a la demanda, por lo que deben igualmente tomarse en cuenta para determinar la cuantía del pleito."

El criterio establecido por este Tribunal Colegiado, en cuanto a la forma de calcular la cuantía del negocio en los juicios de arrendamiento, para los efectos de la apelación, es que debe atenderse a que si lo demandado comprende tanto las pensiones vencidas como las que se sigan venciendo, se debe tomar en cuenta el monto de las rentas vencidas, más un año de rentas pactadas, que corresponderían a las de vencimiento posterior, tal como lo realizó el Juez Federal.

En consecuencia, al resultar infundados los agravios expuestos y no advertir este órgano jurisdiccional, materia para suplir la queja deficiente, en beneficio de la parte recurrente, en términos del numeral 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar el auto recurrido de treinta y uno de octubre de dos mil cinco.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil cinco, emitido por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 1082/2005-II, promovido por Margarita Gómez Santiago, por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo.

SEGUNDO.-Se desecha la demanda de garantías promovida por Margarita Gómez Santiago, contra los actos de la autoridad precisada en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados José Guadalupe Hernández Torres, Rodolfo Moreno Ballinas y Gerardo Domínguez.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19367-3227dbc9/apelacion-para-determinar-la-cuantia-del-negocio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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