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Modo: Corpus Pro

OFENDIDO O VÍCTIMA DE UN DELITO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN Y EN SU LUGAR SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON EFECTOS DE SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DEL INCULPADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 275/2005. · Registro digital (IUS): 20140
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1856.

AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 275/2005.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El estudio de los motivos de agravio permite arribar a las consideraciones jurídicas siguientes.

Alega la recurrente, que le causa agravio la sentencia reclamada, donde el Juez Quinto de Distrito desecha la demanda de garantías, violando con ello lo dispuesto en los artículos 147, 73, fracción XVIII, 4o. y 10 de la Ley de Amparo.

Que el Juez de Distrito hace una incorrecta interpretación al artículo 10, fracción II, de la Ley de Amparo, porque si bien el acto reclamado es la resolución dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la que revocó el auto de plazo constitucional del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en la causa penal ... en la que había decretado formal prisión a ... por el delito de despojo; lo cierto era que el amparo se promovió con el objeto de no dejarla en estado de indefensión, porque de autos se apreciaba que acreditó la propiedad y posesión física o material y jurídica del inmueble objeto del ilícito, como todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo y la probable responsabilidad de los procesados; como en su momento lo señaló el Juez Primero de Distrito en el Estado, en el amparo número ... sentencia que fuera confirmada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión ...

Que el argumento (materia de un juicio civil) de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, para revocar la formal prisión dictada en el auto de plazo constitucional y ordenar la libertad de ... fue materia de estudio en el amparo referido, donde éstos no ofrecieron pruebas en el término constitucional, por tanto, no existían elementos para ordenar revocar la formal prisión.

Que es incorrecta la interpretación que hace el Juez de Distrito al artículo 10, fracción II, de la Ley de Amparo, porque al desechar la demanda de garantías, la deja en estado de indefensión, al no poseer nuevamente el inmueble objeto del ilícito, ya que éste se encuentra actualmente en posesión de los procesados; por lo que contrario a lo que señala, sí tiene relación con la reparación del daño, conforme el artículo 10, fracción II, de la Ley de Amparo.

Que el Juez Federal debió dar entrada a la demanda de garantías tal y como lo señala el artículo 147 de la Ley de Amparo y estudiar todo lo argumentado en la misma; por lo que al no hacerlo, es clara la violación a las garantías consagradas en los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución, como a lo expuesto en el artículo 10, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado es un acto surgido dentro del procedimiento penal relacionado directamente con el objeto del delito.

Que de los artículos 73, fracción XVIII, 4o., 107, fracción I, de la Constitución General de la República, no se desprende que pudieran aplicarse a cuestiones de improcedencia de la demanda de garantías, al no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 73 de la Ley de Amparo; y respecto a lo que señalan los artículos 4o. y 107, fracción I, de los mismos no se desprende que tengan relación con cuestiones de improcedencia de la demanda de garantías, por lo que no pueden aplicarse al presente asunto; que de dichos artículos se desprende que el amparo lo pueden promover las partes a quienes la ley perjudique, y es la quejosa quien resulta perjudicada con la resolución reclamada, por lo que se tenía que entrar y estudiar los argumentos planteados en la demanda de amparo; y al no hacerlo, es clara la violación procesal al artículo 147 de la Ley de Amparo y de los artículos citados.

Que los criterios jurisprudenciales en los que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda de garantías sólo vienen a corroborar que el acto reclamado sí tiene relación con la reparación del daño por tratarse de un acto surgido dentro del proceso penal, en el que la única afectada es la quejosa, porque la deja en estado de indefensión para poseer el inmueble del ilícito.

Que es incorrecto el que no se pueda impugnar la resolución que revoca el auto de formal prisión, en razón de que los legitimados para promover amparo son precisamente el ofendido o la víctima, de ahí la procedencia del amparo; que el derecho a obtener la reparación del daño fue elevado a rango de garantía individual, por lo que la autoridad jurisdiccional está obligada a respetar, siempre y cuando contra las resoluciones dictadas en segundo grado o en los incidentes de reparación o de responsabilidad civil que afecten aquel derecho, no exista medio ordinario de defensa, como así se observa de la tesis: "REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DEL SENTENCIADO A SU PAGO.".

En principio, es inoperante lo alegado por la inconforme en el sentido de que la sentencia recurrida es violatoria de sus garantías individuales, toda vez que el recurso de revisión no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Orienta lo expuesto, por los principios que la integran, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 507 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, materia común, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo."

Por otra parte, a fin de atender lo alegado por la recurrente, es pertinente realizar las consideraciones jurídicas siguientes.

El artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada."

El normativo 4o. de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

Por su parte, el artículo 10 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:

"I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;

"II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y,

"III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."

Es cierto que de los artículos transcritos se advierte que toda víctima tiene derecho a la reparación del daño, ya que puede expresar y canalizar legalmente su interés en obtener la reparación del daño, y mientras ese derecho se encuentre sub júdice, la víctima o el ofendido por el delito tienen a su alcance todos los recursos que legalmente procedan, incluyendo el juicio de amparo, pues el derecho a la reparación del daño constituye una garantía individual que en todas las instancias jurisdiccionales debe ser respetada, ya que conforme a una interpretación sistemática de los preceptos a los que se ha venido haciendo referencia, puede concluirse que no existe razón ni fundamento para restringir el derecho a la reparación del daño y limitarlo a la impugnación de los actos que emanen únicamente del incidente de reparación correspondiente.

Sin embargo, las resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del proceso penal que puedan ser atacadas por la víctima o el ofendido por el delito, a través del juicio de amparo, procede únicamente cuando resulte afectado el derecho a obtener la reparación del daño, porque si bien el aludido derecho constituye una garantía individual, lo cierto es que por la trascendencia jurídica que implica, debe precisarse que ese derecho de la víctima o el ofendido por el delito a promover el juicio de amparo, está circunscrito exclusivamente a resoluciones que afecten ese único aspecto y siempre que contra ellas no proceda algún medio ordinario de defensa.

Atendiendo a la reforma del artículo 20 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se elevó a rango de garantía individual el derecho a obtener la reparación del daño, por tanto, ante la vigencia de la disposición constitucional, la protección de ese derecho debe ser inmediata, de tal manera que cualquier autoridad está obligada a respetar esa garantía, especialmente las autoridades jurisdiccionales.

En efecto, tratándose del derecho a la reparación del daño, ya sea que esté legalmente reconocido o que se establezca dentro del proceso penal, o bien, que sólo sea una expectativa sujeta al resultado final del proceso, debe entenderse que, como regla general, las diversas resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del proceso penal, pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto tenga que analizar indirectamente la legalidad de la resolución, en la que se contiene la afectación del derecho o expectativa legal a la reparación del daño, mientras no constituya cosa juzgada, debido a que dicha resolución debe considerarse firme en forma definitiva.

Debe ponerse de manifiesto que con independencia de que la afectación del derecho (de la víctima o el ofendido) a la reparación del daño se presente en una resolución de segundo grado procederá el juicio de amparo y no únicamente contra resoluciones que emanen del incidente de reparación o el de responsabilidad civil, sin que con ello se desconozca el carácter de pena pública que ha tenido la reparación del daño, derivada de la comisión de un delito pues, como ya se dijo, conforme a la nueva concepción de la cuestión jurídica que se analiza, el derecho a la reparación del daño es una garantía individual a favor del ofendido o la víctima del delito, en términos del artículo 20, apartado B, constitucional.

Por ello, el amparo promovido por el ofendido o por quien tenga derecho a la reparación del daño, es procedente en contra de alguna sentencia definitiva, siempre y cuando ésta se hubiere ocupado en determinar la existencia de la condena a esa reparación; lo que, como enseguida se tratará, no ocurre en el caso que nos ocupa, pues como se ha visto aun cuando el derecho a la reparación del daño es una prerrogativa constitucional, el amparo no es procedente cuando, como en el caso, se decretó la absoluta libertad del reo, por virtud de no acreditarse el cuerpo del delito de despojo, lo que impidió analizar lo relativo a esa reparación.

En el caso, la recurrente ... promovió demanda de amparo en contra de la resolución dictada el diez de marzo de dos mil cinco, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Iguala, Guerrero, en la que revocó el auto de formal prisión dictado en la causa penal ... por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y determinó decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ... por considerar que los medios probatorios no son aptos ni eficaces para comprobar la materialidad del cuerpo del delito de despojo.

Ahora bien, de la demanda de garantías se desprende que la Sala Penal señalada como responsable, mediante sentencia de diez de marzo de dos mil cinco, revocó el auto de plazo constitucional de veintiuno de noviembre de dos mil cuatro, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro de la causa penal 90/2004-I, decretando en su lugar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de ... al considerar que los medios probatorios no son aptos ni eficaces para comprobar la materialidad del cuerpo del delito de despojo, por tratarse de un asunto de índole civil; de lo que se advierte que la resolución que ahora combate la recurrente, no se ocupó de manera alguna de la reparación del daño, pues se decretó la absoluta libertad de los procesados por el mencionado delito de despojo.

Lo anterior, es suficiente para observar que en el caso no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley de Amparo, lo que provoca que, contrario a lo señalado por la recurrente y como bien lo precisó el Juez Federal, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 10 del mismo ordenamiento legal y 107, fracción I, constitucional, y con apoyo en el artículo 145 de la Ley de Amparo, procedía desechar la demanda de garantías promovida por la recurrente.

No pasa desapercibido, que si bien el derecho a obtener la reparación del daño fue elevado a rango de garantía individual y que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a respetarla y que contra las resoluciones dictadas en segundo grado que afecten ese derecho, el ofendido o la víctima de algún delito tengan la expectativa legal de dicha reparación, están legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que a ese aspecto se refiere, siempre y cuando sólo se trate de la absolución del sentenciado respecto al pago de la reparación del daño decretada por la autoridad jurisdiccional, situación que no acontece en el presente asunto, toda vez que la Sala Penal responsable al resolver no abordó dicho tema por considerar que no se encontraban colmados los elementos del delito de despojo; lo anterior, trae como consecuencia que como lo consideró el Juez de Distrito, la parte quejosa no se encuentre legitimada para impugnar dicha resolución a través de la vía de amparo.

Cobra aplicación la tesis I.6o.P.62 P, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1431, Tomo XVIII, diciembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que este tribunal comparte, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"OFENDIDO O VÍCTIMA DE UN DELITO. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE APELACIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL QUE NIEGA LIBRAR ORDEN DE COMPARECENCIA, AUN CUANDO AFECTE OBLIGACIONES PECUNIARIAS O PATRIMONIALES Y SE TRATE DE DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA. El artículo 10 de la Ley de Amparo enumera los supuestos en los que el ofendido o la víctima del delito pueden promover el juicio de amparo, es decir, limita su interés jurídico; por lo que tratándose de la resolución emitida por una Sala Penal de apelación que confirma el auto del Juez de primera instancia que niega librar la orden de comparecencia, el ofendido o la víctima carecen de interés jurídico para inconformarse en amparo en contra de dicha resolución, pues dicho acto no emana de un incidente de reparación del daño o responsabilidad civil; tampoco se trata de un acto surgido dentro del procedimiento penal y relacionado inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que están afectos a la reparación del daño o a la responsabilidad civil; ni mucho menos se trata de la resolución del Ministerio Público que confirma el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal; de donde resulta que el ofendido, la víctima o las personas que tengan derecho a la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito no tienen legitimación para impugnar un auto de soltura o un fallo absolutorio, ni una resolución que niega el libramiento de una orden de aprehensión o de comparecencia que se hubiere dictado en contra del agente delictivo, aun cuando si bien dicha resolución pudiera tener trascendencia respecto de las obligaciones pecuniarias o patrimoniales derivadas de la comisión del hecho delictivo, puesto que su materia decisoria lo constituye el delito mismo y la presunta responsabilidad penal del sujeto a quien se impute, es decir, a cuestiones de interés social y no privado del ofendido o víctima, aun cuando se tratare de delitos perseguibles por querella."

Es inoperante el agravio que argumenta la recurrente, en cuanto a que la autoridad responsable revocó el auto de término constitucional, sin tomar en cuenta que al acreditar la propiedad y posesión física o material y jurídica del inmueble objeto del ilícito, se acreditaron todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito de despojo y la probable responsabilidad de los procesados, los cuales, aduce, no fueron desvirtuados por ... al no ofrecer pruebas en el término constitucional, por lo que no existían elementos para ordenar revocar la formal prisión.

Lo anterior es así, habida cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, no tienen legitimación para impugnar en amparo un fallo absolutorio dictado a favor de los inculpados, como ocurre en el presente caso.

Es cierto que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito tienen el carácter de parte en el juicio de garantías que se haya promovido contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; pero el juicio únicamente podrá ser intentado contra actos que se originen en el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, o bien, contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, por disponerlo así, expresamente, el artículo 10 del ordenamiento legal en consulta.

Sin embargo, tales hipótesis no tienen lugar cuando el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia en la que al ocuparse del estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados, determina decretar su absolución ante la falta de elementos para demostrar el hecho reprochable o de los elementos para procesar, toda vez que la ley no permite a los ofendidos impugnar lo referente a la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado; de ahí que la ofendida carezca de dicha acción, lo que ocasiona que el juicio de amparo, en el caso intentado, resulte improcedente.

Así también, es infundado lo señalado por la recurrente en cuanto a que los criterios jurisprudenciales en los que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda de garantías, corroboran que el acto reclamado sí tiene relación con la reparación del daño por tratarse de un acto surgido dentro del proceso penal, en el que la única afectada es la quejosa, al dejarla en estado de indefensión para poseer el inmueble del ilícito.

Lo anterior es así, porque si bien los criterios en que se apoyó el Juez de Distrito efectivamente tratan de que el ofendido o la víctima pueden acudir al amparo, respecto a la reparación del daño, cuando resulte afectado el derecho a obtenerlo; lo cierto es que ese derecho está circunscrito exclusivamente contra resoluciones que afecten ese único aspecto y siempre que contra ellas no proceda algún medio ordinario de defensa; de tal suerte que si en el caso no sólo se pretende obtener lo relacionado con la reparación del daño atribuido al inculpado, sino que este aspecto se hace depender del acreditamiento del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, no pueden entonces aplicarse a favor del recurrente los criterios invocados por el Juez Federal; en tanto que dichas tesis son claras en distinguir la procedencia del amparo ejercido por la víctima u ofendido, cuando de la reparación del daño se trate.

En efecto, si en un proceso penal se dictó sentencia última a través de la cual se tuvo por comprobado el delito atribuido al acusado, así como su plena responsabilidad, pero fue absuelto de la reparación del daño, es indiscutible que en su contra, pero sólo con relación a este aspecto de la absolución, puede la víctima u ofendido promover juicio de garantías, como así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado al emitir la tesis número XXI.4o.5 P, visible en la página 1794, Tomo XX, julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE APELACIÓN QUE CONFIRMA LA ABSOLUCIÓN DEL SENTENCIADO A SU PAGO.", cuya transcripción efectúa el recurrente en su escrito.

Pero si en aquella sentencia dictada por la autoridad responsable se decretó la absoluta libertad del reo por no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, menos la probable responsabilidad del inculpado, entonces la víctima u ofendido carecen de legitimación para promover en su contra el juicio de garantías, bajo el argumento de obtener la reparación del daño; toda vez que en este caso, para poder proceder a determinar si existe o no esa reparación, debe abordarse primeramente la existencia de los elementos del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo que además de sólo crear una expectativa del quejoso no permitida en el amparo, pues no se atiende a una sentencia definitiva sino a un auto de formal prisión, se estarían analizando cuestiones propias que sólo corresponden al Ministerio Público ejercer y no a las víctimas. De ahí que cuando la reparación del daño se encuentra estrechamente vinculada con el acreditamiento del delito y la responsabilidad del reo, y éstos no fueron acreditados en el natural, no puede reconocerse al ofendido su legitimidad para promover amparo contra ese tipo de sentencias absolutorias, en tanto que no es que se absuelva al indiciado de la reparación del daño, sino que se absuelve por no demostrarse el delito y su responsabilidad.

Siendo por eso aplicable la diversa tesis XXI.4o.9 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1679, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "SENTENCIA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA AQUELLA QUE DECRETA LA ABSOLUTA LIBERTAD DEL REO, POR NO ACREDITARSE UN REQUISITO PROCESAL EN LA QUERELLA, AL NO SURTIRSE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE AMPARO.", que fuera invocada por el Juez de Distrito en la resolución que ahora se recurre.

En esta tesitura, al ser inoperantes e infundados los agravios planteados, se confirma el auto que desecha la demanda por ser notoria su improcedencia.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83, fracción I, 85, fracción I y 91 de la Ley de Amparo; se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma el auto sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ... contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito; con testimonio autorizado de la presente resolución devuélvanse los autos al órgano de origen y, en su oportunidad, archívese el toca por tratarse de un asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jesús Rafael Aragón, presidente, Maximiliano Toral Pérez y Martiniano Bautista Espinosa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20140-8219a48a/ofendido-o-victima-de-un-delito-carecen-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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