NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 416/2007. ALFONSO RAYA VÁZQUEZ Y OTRA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El estudio de los agravios planteados conduce a determinar lo siguiente:
Dentro de los agravios formulados, los recurrentes afirman que la Junta debió oficiosamente regularizar el procedimiento, dejando sin efectos las notificaciones realizadas a los codemandados físicos y al Sindicato de Trabajadores de Junior Club, S.A de C.V., toda vez que no fueron realizadas conforme a derecho, al no haberse cerciorado el actuario de ser el domicilio correcto de tales demandados, sin que ello implicara una revocación de sus propias resoluciones, y ordenar la admisión de la prueba de inspección ocular. Asimismo, aducen que la Junta indebidamente declaró que era improcedente el incidente de nulidad planteado, apoyándose en que las constancias actuariales fueron realizadas conforme lo establece la ley.
Son inoperantes tales manifestaciones, ya que de la lectura del acuerdo recurrido se desprende que el apoyo de la Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de garantías, consistió en que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso numeral 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, señalada como acto reclamado, no constituye un acto de imposible reparación y, que en todo caso, debe ser impugnada como violación procesal a través del juicio de amparo directo junto con el laudo, si éste resulta desfavorable a los intereses de los quejosos; sin que los recurrentes combatan de forma alguna tales consideraciones emitidas por la a quo para decretar la improcedencia del juicio y, por consecuencia, el desechamiento de la demanda de garantías, toda vez que se limitan a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no tienen relación con los razonamientos vertidos por la Juez de amparo.
Tiene sustento lo estimado en la tesis aislada I.6o.T.32 K, emitida por este Tribunal Colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1626, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.-Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del juicio."
En otro orden de ideas, los recurrentes combaten, en esencia, en el primero y segundo de sus agravios, los cuales, dada la íntima relación que guardan entre sí, se estudian de manera conjunta, que la Juez de Distrito desechó la demanda de garantías estimando que la vía para combatir la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones era el amparo directo y no el indirecto, sin tomar en cuenta que el acto reclamado constituye la excepción a la regla, porque causa una afectación en grado exorbitante a los quejosos, en virtud de que se tienen por emplazados y notificados a todos y cada uno de los demandados señalados por la parte actora en el domicilio de la empresa Junior Club, S.A. de C.V., dejándolos en estado de desventaja y desequilibrio en el juicio laboral.
Es infundado el argumento por lo que a continuación se expone:
Como ya quedó asentado en párrafos precedentes, la Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal desechó de plano la demanda de garantías. La a quo sustentó el acuerdo recurrido en el hecho de que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de enero de dos mil siete, a través de la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones que se hizo valer en contra del emplazamiento, no constituye un acto de imposible reparación, sino una violación procesal reclamable en amparo directo, pues sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si los hoy inconformes obtienen laudo favorable.
Este Tribunal Colegiado estima correcta la conclusión alcanzada por la Juez de Distrito en el sentido de desechar de plano la demanda de garantías promovida por los ahora recurrentes en contra de la resolución de veintitrés de enero de dos mil siete, en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en contra del emplazamiento realizado en el juicio laboral 691/06, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso artículo 114, fracción IV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues contrario a lo que sostienen los inconformes, la resolución reclamada no se ubica en el supuesto de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues no es un acto dentro del procedimiento que tenga sobre la persona de los quejosos o en sus cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que como bien lo razonó la Juez constitucional, sólo produce consecuencias intraprocesales que pueden ser reparables si el laudo les resulta favorable, y en caso contrario tienen la posibilidad de impugnar tal violación en amparo directo junto con el laudo.
Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en qué casos los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber:
1. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y,
2. Cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior.
Partiendo de esa base, se estima que, tal y como acertadamente lo sostuvo la a quo, la resolución reclamada no constituye un acto de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, aquél no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominante o superior a las partes.
En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de quienes promovieron el amparo, cuenta habida que pueden obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta la esfera jurídica de los quejosos al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte el laudo correspondiente cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de los inconformes y, en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, tienen la posibilidad los inconformes de combatirla conjuntamente con el laudo si éste resultara desfavorable a sus intereses, sin que pueda considerarse como una afectación de grado predominante, como lo pretenden hacer valer los recurrentes, el hecho de que tengan que esperar más de un año en la tramitación del juicio, en el que se realizarán un sin fin de diligencias, porque la supuesta violación procesal puede quedar subsanada si obtienen un laudo favorable a sus intereses.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo."
Así como la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 232 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 157, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto ‘Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...’. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."
Aunado a lo anterior, se precisa que el artículo 159 de la Ley de Amparo establece cuáles son las violaciones cometidas dentro del juicio que deben ser impugnadas en amparo directo, dentro de las cuales se encuentra la que resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, al precisar lo siguiente:
"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad ..."
Por consiguiente, es evidente que, en el presente caso, tal y como lo consideró la Juez de Distrito, el amparo biinstancial no es la vía idónea para combatir la resolución a través de la cual se declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, sino el amparo directo que se promueva contra el laudo, en caso de que éste sea desfavorable a los intereses de los quejosos, haciendo valer tal cuestión como violación procesal dentro de los conceptos de violación que se planteen, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo.
Es aplicable al caso, en su parte conducente, la tesis aislada I.6o.T.195 L, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1427, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE COMBATIRSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL AL PROMOVERSE EL AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO RESPECTIVO.-El artículo 159 de la Ley de Amparo establece que: ‘En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.’, de lo que se sigue que procederá el amparo indirecto cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total del mismo; sin embargo, al promovente del amparo no se le puede equiparar a un tercero extraño a juicio cuando compareció a éste y tuvo la oportunidad de defenderse promoviendo el incidente de nulidad de actuaciones que previene el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los artículos 742, 743 y 752 de la propia ley, ya que si la resolución que se dicte en tal incidente le es adversa, debe hacerla valer como violación procesal al reclamar el laudo, en términos de la fracción V del propio artículo 159, que es la que específicamente contempla la resolución ilegal de un incidente de nulidad. Lo anterior se afirma, ya que si la citación a juicio fue en forma distinta de la prevenida por la ley, y no impidió a la parte demandada el conocimiento del juicio que se sigue en su contra, lo procedente es combatirlo a través del incidente de nulidad ya indicado, pues sería imposible jurídicamente analizar de manera aislada la actuación relativa al emplazamiento que efectuó el fedatario adscrito a la responsable, sin tomar en consideración la declaración que hizo la Junta respecto del incidente de nulidad propuesto por el demandado, ya que esta resolución es la que afecta la esfera jurídica del quejoso, pues en ella se determinó la improcedencia de la nulidad respecto del emplazamiento."
En consecuencia, procede confirmar el acuerdo recurrido y desechar de plano la demanda de garantías.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 83 y 85 de la Ley de Amparo; y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el acuerdo recurrido, dictado por la Juez Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal en el juicio de amparo 456/2007.
SEGUNDO.-Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Alfonso Raya Vázquez y Junior Club, S.A. de C.V., en términos del acuerdo recurrido.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran el Magistrado Marco Antonio Bello Sánchez, presidente en funciones; Magistrado Genaro Rivera; y licenciado Augusto Santiago Lira, secretario en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de quince de mayo de dos mil siete, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20360-ce5feefb/nulidad-de-notificaciones-por-irregularidades-en-el-emplazamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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