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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS INOPERANTES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LOS RECURSOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS EN LOS CUALES ADUCE QUE EL JUEZ DE DISTRITO VIOLÓ EN SU PERJUICIO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 145/2023. · Registro digital (IUS): 31689
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-08-25
Promovente: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.4003.

AMPARO EN REVISIÓN 145/2023. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. 14 DE ABRIL DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DANIEL JÁUREGUI QUINTERO. SECRETARIA: NORMA LETICIA PARRA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Resolución del caso como asunto de estricto derecho y análisis de los agravios. Es menester precisar que en virtud de que la inconforme tiene la naturaleza de autoridad responsable ejecutora, en lo que es materia de revisión, solamente serán objeto de análisis los motivos de disenso encaminados a controvertir el efecto dado al fallo protector que la vincula, sin que sea factible suplir la deficiencia de la queja pues, en el caso, opera el principio de estricto derecho, al ser una de las autoridades responsables quien interpone el recurso de revisión.

Sobre el particular, sirve de sustento la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1668, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 299699, que dice:

"REVISIÓN INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES DE ESTRICTO DERECHO. Sin prejuzgar de la juridicidad de una de las razones aducidas por el Juez de Distrito, para conceder la protección federal, basta con que esa razón no haya sido rebatida por la autoridad recurrente, para que se declare infundado el agravio que se analiza, ya que la revisión que en un juicio de amparo penal interpone la autoridad responsable, es de estricto derecho y, por ende, no cabe suplir la deficiencia de sus agravios."

Así, los motivos de disenso propuestos por la autoridad recurrente son inoperantes.

Este órgano de control constitucional considera que son inoperantes los motivos de disenso reseñados en los apartados 1, 3 y 4, debido a que la autoridad recurrente, precisamente como consecuencia de que tiene el carácter de ejecutora, carece de facultades para defender la constitucionalidad de las normas impugnadas, e inclusive invocar la actualización de alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, pues en el recurso de revisión su intervención legal se encuentra limitada a impugnar la sentencia que otorgó el amparo contra una ley y su acto de aplicación, única y exclusivamente en cuanto al efecto dado en la sentencia, el cual le ocasione algún perjuicio.

Por ello, debido a que sus argumentos se concentran toralmente en evidenciar la constitucionalidad de la norma cuestionada a fin de que se niegue el amparo solicitado por la parte quejosa, se tornan inoperantes, dado que la autoridad ejecutora recurrente no tiene legitimación para hacer valer en la revisión esos aspectos.

Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 65, Volumen 72, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 245890, que dice:

"REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA DEFENDER LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA. Si en una demanda de amparo se impugnan diversos ordenamientos legales así como su aplicación, y el Juez concede el amparo por considerar que varios de sus artículos son inconstitucionales, deben desecharse los agravios de las autoridades ejecutoras que pretendan defender la constitucionalidad de las leyes impugnadas, porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades ejecutoras carecen de legitimación procesal para sostener la constitucionalidad de los ordenamientos impugnados. Y si bien es cierto que las autoridades ejecutoras tienen legitimación para defender en revisión los actos de aplicación a ellas directamente reclamados en el juicio de amparo, también lo es que debe desestimarse el recurso si el Juez de Distrito no estudia dichos actos sino que los considera inconstitucionales porque se fundaron en leyes que estima violatorias de la Ley Fundamental."

Así como la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Volúmenes 187 a 192, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 232297, que dice:

"REVISIÓN. AUTORIDADES EJECUTORAS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tratándose de los amparos contra leyes, sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión las autoridades que expidieron y promulgaron la ley de que se trata; por tanto, a las autoridades de las que únicamente se reclamó el acto de aplicación, no les es dable hacer valer dicho recurso, cualesquiera que sean los agravios que invoquen y aun cuando la protección constitucional se haya hecho extensiva a los actos de aplicación. De esta manera, las responsables recurrentes no pueden interponer el recurso de revisión, aun cuando sólo hagan valer una causa de improcedencia sin invocar argumentos referentes al fondo del asunto, pues independientemente de que soliciten que se sobresea en el juicio o que se niegue el amparo a los quejosos, no están legitimadas para recurrir la sentencia del Juez de Distrito, si el amparo fue concedido por motivos de inconstitucionalidad de la ley reclamada y no por vicios propios de los actos de aplicación, así que la sentencia no afecta directamente el acto reclamado de las autoridades ejecutoras."

Luego, devienen también inoperantes los agravios destacados en el apartado 2, en los que señala que se infringen las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General, en virtud de que la Jueza de Distrito valoró incorrectamente las pruebas que obran en el juicio de amparo.

La inoperancia de la porción argumentativa en la que la autoridad recurrente aduce una incorrecta valoración de pruebas radica en que dichas inconformes dejan de señalar cuál o cuáles pruebas fueron ilegalmente valoradas con el dictado de la sentencia de amparo y, en su caso, los motivos de aquella inexacta valoración.

Luego, con base en esos argumentos no es factible analizar la legalidad de la sentencia recurrida, en tanto que de ellos no se extrae, siquiera, la causa de pedir, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 61, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 185425, cuyo rubro y texto dicen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

Respecto al punto en el cual reclama violación a los derechos fundamentales que prevén los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debe precisarse que este Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, se encuentra constreñido a resolver todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad y convencionalidad de normas aplicadas a la Ley de Amparo durante el trámite y resolución del juicio constitucional de amparo, por ello, es indispensable dar respuesta a la siguiente interrogante:

¿Por qué procede el examen de constitucionalidad o convencionalidad en los recursos internos del juicio de amparo?

Porque si el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su protección reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, en tanto que todas las autoridades –deberes generales– tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar aquellos derechos humanos; asimismo –deberes específicos– de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a esos derechos humanos; es inconcuso entonces que si el juicio de amparo y sus medios de impugnación –revisión, queja, reclamación, inconformidad, incidentes, tanto de inejecución como de repetición del acto reclamado y nulidad, entre otros– constituyen garantías para la protección de los derechos humanos y, por tanto, resultan medios o mecanismos procesales para reparar cualquier violación a un derecho humano; entonces, debe considerarse en vía de consecuencia que al no distinguir aquel mandato constitucional respecto de las garantías para la protección de los derechos humanos, el operador jurídico de amparo tampoco debe distinguir; ya que –incluso– el artículo 103, fracción I, de la Ley Fundamental,(5) al disponer que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, entre otros supuestos, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, tampoco hace la distinción acerca de qué tipo de autoridad.

Lo anterior es congruente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en aplicación de la Ley de Amparo que estuvo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, así como de la jurisprudencia integrada por su máximo intérprete, fue práctica común reflejada en las resoluciones pronunciadas en los diversos recursos establecidos en dicha legislación para analizar la legalidad de las determinaciones que eran susceptibles de impugnación dentro del juicio de amparo, la de desestimar ante su notoria inoperancia todos aquellos motivos de agravio en los que se imputara a los juzgadores de amparo violación a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, dicho criterio se sostuvo sobre la base de que no era acorde con la naturaleza recursal de los medios de impugnación, la de implementar un diverso medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, dentro de un mecanismo de esta clase y características, tal como lo es el juicio de amparo.

Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia P./J. 2/97, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital: 199492, cuyo tenor señala:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Sin embargo, en la medida en que se ha reconfigurado el sistema nacional de protección y defensa a los derechos fundamentales, a partir de la entrada en vigor de los decretos de reforma constitucional que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el seis y diez de junio de dos mil once, así como de la resolución pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el expediente varios 912/2010, en sesión de catorce de junio del mencionado dos mil once, por el que se recepcionó en el orden jurídico nacional la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Vs. México, no puede ni debe sostenerse que todo aquel planteamiento que pudiera efectuarse en cualquiera de los recursos previstos en la Ley de Amparo, en que se lleguen a alegar como disposiciones legales violadas los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, incluso, de algún tratado suscrito por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, pudiera llegar a adolecer de la inoperancia a que se refiere el criterio jurisprudencial integrado por el Pleno del Alto Tribunal del País.

Ello es así, en virtud de que pudiera acontecer que en el juicio de amparo se llegara a implementar, o debiera haberse llevado a cabo un ejercicio de control difuso sobre algún precepto reglamentario del juicio de defensa constitucional, o bien, que ésa fuera la materia de análisis en el juicio de amparo, al poder imputarse a la autoridad responsable un inadecuado ejercicio de control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad en la emisión, en el ámbito de su competencia, de algún acto autoritario. Supuestos en los que sería válido llegar a estructurar algún motivo de inconformidad o agravio respecto de las determinaciones emitidas durante la tramitación del procedimiento de defensa a los derechos fundamentales, tomando como referente las disposiciones constitucionales o convencionales en que se reconociera la protección de alguno de los derechos humanos.

Asimismo, podría ser susceptible de impugnación dentro de los recursos previstos en la Ley de Amparo alguna resolución de trámite o definitiva, partiendo el agravio correspondiente de la imputación a la autoridad de amparo de haber efectuado una inadecuada interpretación de los contenidos del artículo 1o. constitucional y, en dicho escenario, el motivo de inconformidad no adolecería de la inoperancia reflejada en la jurisprudencia citada.

Postura fijada no sólo en la resolución del expediente varios 912/2010, sino desarrollada en múltiples tesis,(6) las cuales partieron de la premisa implícita de que los tribunales de amparo sí tienen competencia para realizar ese tipo de control de constitucionalidad,(7) y de que están obligados a ello en términos de los artículos 1o., 103, fracción I y 133 constitucionales, conforme a los cuales todas las autoridades jurisdiccionales del país tienen el deber de realizar ex officio, en el ámbito de sus competencias, control de constitucionalidad; con lo cual supera el derecho jurisprudencial de que en los medios de impugnación previstos para el juicio de amparo no procedía tal examen, con base en que se desnaturalizaría la vía y se ejercería un control constitucional dentro y sobre otro control de constitucionalidad, como lo es el juicio de amparo.(8)

Viene al caso, el derecho (sic) jurisprudencial P./J. 2/2022 (11a.),(9) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Libro 10, febrero de 2022, Tomo I, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2024159, de rubro y texto siguientes:

"CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)].

"Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado.

"Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado.

"Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: ‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA.’ y ‘CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.’, porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." Este criterio deriva de la ejecutoria de la contradicción de tesis 351/2014, consultable en la página 5, Libro 13, mayo de 2022, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro digital: 30601, la que, en lo conducente, determinó:

"... esta Suprema Corte, en una nueva reflexión y apartándose del criterio que en una anterior integración había fijado en el amparo directo en revisión 1046/2012, estima que la respuesta a la interrogante planteada es en el sentido de que los órganos del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de amparo, deben realizar control de constitucionalidad ex officio, tanto de las disposiciones procesales que aplican durante el trámite y resolución del juicio de amparo, es decir, de la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la primera; como de cualesquiera normas substantivas o adjetivas aplicadas en el acto reclamado (o en el procedimiento que, en su caso, le preceda) de las que tengan conocimiento al ejercer su competencia como órganos de control concentrado de constitucionalidad en el juicio de amparo, directo o indirecto."

Tanto es así, que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país ha determinado que el Tribunal Colegiado de Circuito puede incurrir en violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando, por ejemplo, en una sentencia de amparo desconoce la cosa juzgada y su consecuente infracción al principio de tutela judicial efectiva, como se advierte de la justificación del derecho jurisprudencial 1a./J. 82/2022 (11a.), visible en la página 4516, Libro 14, junio de 2022, Tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro digital: 2024849, de rubro: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. AL ANALIZARLA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NO PUEDEN IGNORAR PRESUPUESTOS PROCESALES QUE HAN ADQUIRIDO LA NATURALEZA DE COSA JUZGADA, COMO LO ES LA COMPETENCIA.", al considerar en su ejecutoria correspondiente que:

"... 63. El agravio resulta fundado tomando en cuenta que efectivamente esta Primera Sala en el criterio referido estableció que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Federal y, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión.[6]

"64. Que si bien este derecho se ve afectado por aquellas normas que imponen requisitos impeditivos u obstaculizadores, no todos los requisitos para acceder a un proceso pueden ser considerados inconstitucionales, como ocurre con aquellos que respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como lo son la admisibilidad de un escrito; la legitimación activa y pasiva de las partes; la representación; la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; la competencia del órgano ante el cual se promueve; la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción, y la procedencia de la vía.[7]

"65. Dentro de este tipo de requisitos, es importante tener en cuenta que este Alto Tribunal encuentra la institución de cosa juzgada, la cual implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un interés público; llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos.[8]

"66. Luego, cuando las decisiones adoptadas por los tribunales derivan en la concesión del amparo, su ejecución puede generar dos tipos de actos por parte de las autoridades responsables:

"1 Los relativamente libres, esto es, los realizados por la autoridad responsable en ejercicio de sus atribuciones propias.

"2 Los vinculados, a cuya realización se ve constreñida la autoridad responsable con la única posibilidad de proceder apegada a las directrices fijadas en la ejecutoria que concedió el amparo.

"67. En ese sentido, cuando lo decidido en la sentencia de amparo vincula totalmente a la autoridad responsable tales decisiones gozan del imperio de la autoridad de cosa juzgada siendo inmutables y por lo tanto no son susceptibles de analizarse en un amparo posterior.

"68. Por el contrario, si lo decidido por la autoridad responsable deriva del cumplimiento de una ejecutoria en la que se le concedió libertad de jurisdicción, dichos temas sobre los cuales conservó libertad serán susceptibles de ser analizados en un ulterior juicio de amparo.

"69. Referido lo anterior, se advierte que el planteamiento de la parte quejosa es atendible pues cuestiona la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado en relación con las mencionadas figuras, de manera que, si existiera cosa juzgada, su desatención en el caso concreto mediante la aplicación del criterio de la Primera Sala, implicaría convalidar una vulneración directa a la Constitución.

"70. Esto es así, pues aun cuando de manera aislada la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado en relación con la competencia y la improcedencia de la vía no constituye una cuestión de constitucionalidad, al estar vinculada con el alcance del principio de tutela judicial efectiva y la aplicación del criterio de la Primera Sala, en relación con la figura de cosa juzgada, debe considerarse como materia del amparo directo en revisión.

"71. Si bien la función que ejerce este tribunal no consiste, en principio, en determinar la correcta interpretación de la ley, sí lo es, cuando la interpretación de la autoridad responsable o del Tribunal Colegiado de Circuito tiene el potencial de vulnerar la Constitución, siendo posible encontrar una intelección que la torne compatible con ésta, por lo que la opción de una modalidad sobre otra implica pronunciarse sobre el ámbito de constitucionalidad.

"...

"76. La interpretación del Tribunal Colegiado también violenta el principio de seguridad jurídica, pues al decretar la improcedencia de la vía mercantil, priva al recurrente del goce del derecho adquirido a acudir ante un Juez competente, congruente además con el principio de impartición de justicia pronta y expedita, pues al tratarse de una cuestión inmodificable, las personas sujetas a la jurisdicción del Estado tiene certeza sobre la competencia por razón de la materia que opera en el caso y de las consecuencias que ello apareja, aunado a que permite que el asunto sea resuelto de manera más rápida, toda vez que la competencia por materia ya no puede ser objeto de análisis.

"77. Por tanto, cuando una autoridad desconoce un pronunciamiento definitivo sobre competencia, aun cuando se apoye en un criterio emitido con posterioridad por este Alto Tribunal, causa una situación de inseguridad jurídica en las personas sujetas a la jurisdicción del Estado al modificar la competencia que ya era irrebatible, indiscutible e inmodificable.

"...

"83. Por tanto, la interpretación que realizó el Tribunal Colegiado en relación con el presente asunto, fue incorrecta al desconocer que la verdad legal competencial consiste en que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y resolver del juicio natural son el Juzgado Noveno en Materias Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos."(10)

No obstante la procedencia del examen de constitucionalidad, incluso del de convencionalidad, la vulneración de preceptos constitucionales en trato que aduce la parte recurrente resulta inoperante, porque ha de puntualizarse que no es un particular que sea titular de esos derechos humanos, sino que se trata de una persona moral oficial, esto es, una autoridad del Estado Mexicano que, desde luego, no es titular de derechos fundamentales en este caso, sino la titular de obligaciones tanto generales como específicas.

En efecto, si el artículo 1o. constitucional dispone en su párra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31689-e2618e6a/agravios-inoperantes-de-la-autoridad-responsable-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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