DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE LOS PREVÉ, IMPLICA DESINCORPORAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE LA ESFERA JURÍDICA DEL CONTRIBUYENTE. DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 29/2012 (10a.) NO ES APLICABLE PARA FIJAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE LOS PREVÉ, POR VIOLAR LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 913/2023. 14 DE JUNIO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ALBERTO RAMÍREZ RUIZ. PONENTE: FERNANDO ROCHIN GARCÍA. SECRETARIOS: DAVID OROZCO PERAZA E IRVING ADRIÁN HERNÁNDEZ SALCIDO.
Tepic, Nayarit. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el catorce de junio de dos mil veinticuatro.
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión administrativo **********; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ********** promovió juicio de amparo indirecto contra el Gobernador; el Congreso; y el Recaudador de Renta de la Secretaría de Administración y Finanzas; de quienes reclamó en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la discusión, promulgación y aplicación de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en particular los artículos 21, fracción IX y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós, en relación con los numerales 11, 12 y 13, y 22, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.
SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y resolución. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, cuya Titular, mediante auto de diez de marzo de dos mil veintitrés(1) la admitió a trámite; ordenó su registro con el número **********; admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y le dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado de Distrito.
Seguido el juicio por sus trámites legales, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés(2) se llevó a cabo la audiencia constitucional, y el diecisiete de ese mismo mes y año, el Juez dictó sentencia la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
“(...)
PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa **********, contra los actos reclamados consistentes en los artículos 21, fracción IX y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós, a las autoridades responsables Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno, todos del Estado de Nayarit, conforme a los razonamientos jurídicos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa **********en contra de los actos reclamados consistentes en los artículos 11, 12, 13 y 22, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como los diversos ordinales 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, a las autoridades responsables Congreso, Gobernador Constitucional y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno, todos del Estado de Nayarit, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos y para los efectos señalados en los considerandos penúltimo y último. (...)”.
TERCERO. Interposición del recurso. Inconforme con la determinación anterior, la parte quejosa interpuso el presente recurso de revisión, del cual le tocó conocer, por razón de turno, a este Tribunal Colegiado de Circuito.
CUARTO. Admisión del recurso. Mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, el Presidente de este Tribunal Colegiado admitió a trámite el referido medio de impugnación, lo registró con el número **********, y mediante oficio lo notificó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló el pedimento.
QUINTO. Turno. El treinta de agosto de dos mil veintitrés, para los efectos del artículo 92 de la Ley de Amparo, el presente recurso de revisión se turnó a la ponencia del Magistrado Fernando Rochin García, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
En sesión ordinaria del veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó sentencia respecto a la autoridad recurrente Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit.
No obstante ello, ahora corresponde dictar sentencia por cuanto hace a la quejosa; de ahí que por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se returnó el asunto para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo, 38, fracción II, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, ya que se interpone contra una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, lugar en donde este Tribunal ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Consideración especial. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, haciéndose uso de medios electrónicos, en el entendido que así lo autoriza el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma diversas disposiciones que regulan la difusión de las videograbaciones de las sesiones públicas de los Tribunales Colegiados y Plenos de Circuitos publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintidós.
TERCERO. Oportunidad. El recurso se interpuso dentro del plazo de diez días que para tal efecto establece el artículo 86 de la Ley de Amparo,(3) tal como se ilustra con la siguiente tabla:
Ver tabla
CUARTO. Legitimación. De conformidad con lo previsto en los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, ********** autorizado en términos amplio de la parte quejosa, está legitimado para hacer valer el presente medio de impugnación, carácter que le fue reconocido en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés.
QUINTO. Consideraciones en torno a la publicidad del proyecto. Si bien en el juicio de amparo que se revisa se planteó la inconstitucionalidad de una norma general, debe señalarse que, como se verá más adelante, la materia de este asunto atañe únicamente a los efectos que se otorgaron al fallo protector, de ahí que no resultó necesario que se publicara el proyecto de la presente resolución en los términos previstos por el artículo 73 de la Ley de Amparo,(4) pues ello es exigible únicamente cuando se analiza la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, o bien, cuando se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo cual no ocurre en la especie.
Sobre dicha temática es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:
“Registro digital: 2007922 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 53/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 61. Tipo: Jurisprudencia.
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes.”.
SEXTO. Vigencia de criterios. Las tesis jurisprudenciales invocadas en esta ejecutoria, están vigentes en tanto no se oponen a la Ley de Amparo en vigor, conforme lo prevé su artículo sexto transitorio.(5)
Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2010982, consultable en la página 705, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice lo siguiente:
“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.”.
SÉPTIMO. Innecesaria trascripción de la resolución recurrida y de los agravios. No se trascriben las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, ni en su caso los agravios hechos valer para controvertirla, porque el deber formal y material de exponer los argumentos legales que sustenten esta resolución, así como de examinar las cuestiones efectivamente planteadas, establecidas respectivamente en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo,(6) no depende de la reproducción literal de los aspectos que conforman la litis, sino de su adecuado análisis,(7) lo cual se realizará en párrafos subsecuentes.
OCTAVO. Consideraciones del fallo recurrido que deben quedar intocadas. Debe quedar jurídicamente intocada la concesión del amparo, puesto que, con independencia de que las razones inherentes sean o no legalmente correctas, lo cierto es que no se impugnaron efectivamente por la parte a quien pudo perjudicar.
Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
“Registro digital: 207016 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materia(s): Común Tesis: 3a./J. 20/91 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Abril de 1991, página 26 Tipo: Jurisprudencia.
REVISION. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo.”.
En esa medida, en atención a que del contenido de los agravios se observa que el recurrente aduce que el juez recurrido precisó erróneamente los efectos de la concesión, la litis en el caso a estudio se limitará a ese tópico, pues respecto a la impugnación de la constitucionalidad de los artículos 21 fracción IX y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós; es innecesario ocuparse de mayor análisis, toda vez que en nada variaría el sentido del fallo constitucional, en tanto que la parte quejosa no podría obtener mayores beneficios, como se explica en la presente ejecutoria.
Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia de la Primera Sala del Alto Tribunal, del contenido siguiente:
“Registro digital: 177819 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 78/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 298 Tipo: Jurisprudencia.
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE ESE RECURSO CUANDO LO QUE EL QUEJOSO COMBATE ES LA PRECISIÓN ERRÓNEA DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Por regla general, el quejoso no puede impugnar una sentencia que le es favorable a sus intereses, pues ello es contrario al principio de agravio personal y directo que rige en el juicio de amparo en todas sus etapas e instancias. Sin embargo, si lo que combate es que el Juez del conocimiento precisó erróneamente los efectos de dicha concesión, el referido medio de impugnación debe considerarse procedente, pues aunque la concesión del amparo aparentemente no puede agraviarlo al no poder obtener en segunda instancia mayores beneficios que los generados por la sentencia recurrida, al haberse declarado la inconstitucionalidad de una ley, los alcances de la sentencia protectora sí pueden tener ese efecto desfavorable, ya que puede traer consigo, incluso, que no se le restituya en el pleno goce de la garantía individual violada.”.
NOVENO. Decisión y justificación. El tercer agravio es fundado pero inoperante; en cambio, los motivos de disenso segundo, bis.1, bis.2 y bis.3, son fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida; siendo innecesario el estudio de los demás agravios.
El análisis de los agravios se hace a partir del principio de estricto derecho, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y, en el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis para aplicar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Ahora bien, para dar respuesta a las cuestiones planteadas en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo,(8) algunos de los motivos de disenso formulados por el agraviado serán estudiados de manera conjunta dada la estrecha relación que existe entre ellos; en tanto que, otros en un orden diverso al que se plantearon, ya que de conformidad con lo dispuesto por el numeral en cita, se puede realizar en esa forma, con la única condición que se analicen todos los puntos materia de debate.
Lo anterior conforme a la jurisprudencia (IV Región) 2º. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 29, abril de 2016, tomo III, página 2018, cuyo rubro y texto se citan:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso”.
En el tercer agravio, el inconforme sostiene en esencia que se omitió analizar el cuarto concepto de violación, consistente en que los efectos de la concesión de amparo debían ser para que la autoridad responsable, además de devolver la cantidad pagada de la contribución con su actualización, se debían imponer recargos por el tiempo en que perduró la falta de devolución a la presentación de la demanda.
Es decir, se debió ordenar a la autoridad exactora calcular y pagar los recargos generados a partir del momento del pago de la contribución, atendiendo a las tasas y formas que impone la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, en relación con la Ley de Ingresos para la Federación del respectivo ejercicio fiscal, ello de conformidad con los artículos 35 y 37 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.
Considera que conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone que se debe restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, en la sentencia recurrida se debió analizar dicho tema y decretarse las medidas pertinentes para que las cosas vuelvan al estado en guardaban antes de la violación.
El motivo de agravio, como se dijo, es fundado, pues el operador jurídico fue omiso en pronunciarse al respecto; sin embargo, a la postre resulta inoperante, pues la quejosa señala que la exactora deberá calcular y pagar los recargos generados a partir del momento de pago de la contribución, conforme a los artículos 35(9) y 37(10) del Código Fiscal del Estado de Nayarit, cuando dichos preceptos no establecen ese parámetro, para la devolución de cantidades pagadas indebidamente.
Si bien, el artículo 34(11) del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece la procedencia del pago de recargos en los casos del pago de lo indebido a la autoridad exactora previsto en el numeral 33(12) del mismo código; no prevén expresamente la procedencia del pago de recargos como indemnización al contribuyente por el retardo en la devolución del derecho por revalidación declarado inconstitucional en la sentencia de amparo. Debe precisarse que, si bien es cierto los preceptos legales interpretados, expresamente establecen la posibilidad del pago de recargos como indemnización a favor del contribuyente, dichas hipótesis evidentemente se refieren a supuestos ajenos y distintos a la devolución de una contribución derivada de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que establece el tributo. De ahí la inoperancia del cuarto concepto de violación.
Es aplicable de manera ilustrativa la jurisprudencia del Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito, del rubro y texto:
“Registro digital: 2023742. Instancia: Plenos de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Común, Administrativa. Tesis: PC.XXVII. J/1 A (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III., página 2559. Tipo: Jurisprudencia
DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO POR LA DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD POR JURISPRUDENCIA TEMÁTICA, SE AGOTAN CON LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD ENTERADA ACTUALIZADA, SIN QUE PROCEDA EL PAGO DE INTERESES Y RECARGOS (CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes respecto del alcance de los efectos restitutorios de la sentencia que concedió el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, pues uno de los Tribunales Colegiados sostuvo que tales efectos se cumplen con el reintegro al quejoso de la cantidad enterada actualizada, sin que proceda el pago de intereses y recargos, mientras que los otros sostuvieron que además de la devolución del pago actualizado, deben sumarse el pago de intereses y recargos.
Criterio jurídico: El Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito determina que los efectos de la sentencia que otorga el amparo contra el derecho de alumbrado público declarado inconstitucional por jurisprudencia temática, están satisfechos con la devolución al quejoso de la cantidad enterada con su respectiva actualización, sin que sea procedente el pago de intereses y recargos.
Justificación: En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el efecto de una sentencia de amparo contra una ley fiscal se agota al devolver al quejoso la cantidad enterada actualizada, de ahí que no puede comprender el pago de intereses y recargos pues además de que ello rebasaría el objeto de la protección federal, los artículos 25 a 28 del Código Fiscal Municipal del Estado de Quintana Roo, no prevén expresamente la procedencia del pago de intereses y recargos como indemnización al contribuyente por el retardo en la devolución del derecho de alumbrado público declarado inconstitucional en la sentencia de amparo.”.
Por otra parte, en el segundo agravio la parte recurrente sostiene en esencia que si bien el juez de Distrito determinó conceder el amparo respecto la inconstitucionalidad del artículo 22 fracción VII, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; sin embargo, los efectos de la sentencia resultan erróneos e incongruentes, porque al haber sido declarada inconstitucional la fracción VII, del artículo en comento, de manera unilateral, se aplicó en la sentencia recurrida otra normativa, es decir, la fracción XXVII (sic) de la mencionada normatividad, la cual también es inconstitucional por infringir el principio de proporcionalidad tutelado por el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna.
Asimismo, afirma que el cobro de la cuota mínima, aunque pudiera brindar un trato igualitario, no excluye que también fue fijada en función de un elemento ajeno al costo del servicio público, pues tampoco existe certeza de su proporcionalidad.
Además, se omitió ponderar que la norma no cumplía con el principio de proporcionalidad tributaria, porque no hay un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio; máxime que la ley de ingresos vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, establecía como cuota para revalidar una cantidad de 50% menos que la norma impugnada, por lo que el Estado busca un lucro, aunado a que la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya conlleva la actualización del valor en forma anual, con base en el cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no obstante ello, el legislador impuso un aumento en el número de (UMA); entonces se deduce que no se generó con base en el costo real que la prestación del servicio genera.
En apoyo de los anteriores argumentos, cita la jurisprudencia del rubro: “DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÙBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.”
También sostiene que el juez de distrito partió de una premisa errónea al imponer en los efectos de la sentencia el cobro de la cuota mínima, pues aunque pudiera brindar un trato igualitario, no excluye que también ésta fue fijada en función de un elemento ajeno al costo del servicio público, de ahí que tampoco existe certeza de la proporcionalidad, al igual que las demás fracciones que integran el artículo impugnado.
En sustento de los motivos de queja cita los siguientes criterios de rubros: “DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, INCISO C), II, INCISO D) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES” “SENTENCIA DE AMPARO. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE LA MATERIA”, “LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN”, “AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.”, “CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA” y “AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS”
Los anteriores agravios son fundados y suficientes para modificar los efectos del fallo protector recurrido, por las razones que a continuación se exponen.
-Proposiciones contextuales.
Con el objeto de facilitar el entendimiento de la manera en la que se resolverá este asunto, se traen a cuenta algunos antecedentes procesales, mismos que se observan de las constancias que se remitieron a este órgano jurisdiccional para la substanciación del caso a estudio.
De inicio, debe enfatizarse que la aquí recurrente reclamó en el juicio constitucional los siguientes actos:
a) Los artículos 21, fracción IX, y 27, de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós.
b) Así como el diverso 22, fracción VII, en relación con artículos 11, 12, 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, así como los diversos ordinales 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit.
Substanciado el procedimiento, el juez de distrito dictó la sentencia; para ello, en primer lugar, negó el amparo respecto de los actos visibles en el inciso a), al considerar que los conceptos de violación dirigidos contra dichos artículos eran inoperantes.
En cuanto al inciso b) que interesa para la resolución del caso a estudio, debe destacarse que el A quo estimó que el artículo primordialmente reclamado –la fracción VII del artículo 22 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés-, resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, previstos en la fracción IV, del artículo 31 de la Constitución General de la Republica.
En ese contexto, el A quo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, partiendo de la base de que tratándose del pago del refrendo, su proporcionalidad tampoco guarda relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución de esos servicios, por lo que la “tasa de causación” de dicha contribución es inconstitucional.
Y de equidad, pues los causantes deberán pagar una mayor o menor cantidad dependiendo siempre del giro del comercio, lo que provoca que las personas que acudan a solicitar la prestación de dichos servicios, sean tratados en forma desigual frente a la norma tributaria, lo cual ocasiona que por un mismo servicio se paguen cuotas diferentes.
Así, el juez federal estimó que el principal efecto de los principios de proporcionalidad y equidad es controlar que el costo que representa para el Estado la prestación del servicio y el pago por el otorgamiento de dicha prestación, sea justo y equitativo.
En esas condiciones, la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (impugnada), en particular, el artículo 22, fracción VII, en relación con los diversos numerales 11, 12 y 13, para determinar el monto de la contribución, al establecer la cuota por revalidación del permiso de alcoholes expedido a favor del accionante de amparo toma en cuenta un elemento ajeno, y no el costo del servicio que presta el Estado a través de la administración pública, pues el valor de ese refrendo no tiene relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución de esos servicios, con la cual la “tasa” tributaria es inconstitucional.
Así, el A quo estimó que el hecho de que los causantes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del servicio, provoca que las perso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33043-3f9b5d77/derechos-por-la-expedicion-de-permisos-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR E (XXIV.2o.3 K)
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LOS ACTOS Y OMISIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIV (XXIV.1o. J/4 A (11a.))
- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO INDIRECTO CUANDO LA PARTE QUEJOSA ADUCE TENER I (XXIV.1o.10 A (11a.))
- LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS DEL ESTADO QUE LAS EMITEN O PROMULGAN CUANDO LA SENTENCIA IMPUGNADA DEJA INT (I.11o.A.1 K (12a.))
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