DERECHOS POR REVALIDACIÓN ANUAL DE PERMISOS EN EL RAMO DE ALCOHOLES. LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, 21, FRACCIÓN IX, Y 27 DE LA LEY QUE REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, AMBAS DEL ESTADO DE NAYARIT, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1112/2025 (CUADERNO AUXILIAR 315/2026) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, CON APOYO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 8 DE MAYO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS LORENA GARCÍA VASCO REBOLLEDO Y LIZBETH HERNÁNDEZ RIBBÓN, Y DE VLADIMIR ASSAEL TORRES LÓPEZ, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: LIZBETH HERNÁNDEZ RIBBÓN. SECRETARIA: LUCERO EDITH FERNÁNDEZ BELTRANI.
Xalapa, Veracruz. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en sesión ordinaria virtual correspondiente al ocho de mayo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el toca de amparo en revisión administrativo 1112/2025 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit.(1)
PROBLEMA A RESOLVER
Analizar la legalidad de la sentencia recurrida que, por un lado, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otro negó, la protección constitucional solicitada en relación con los preceptos de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos ml veinticinco, y de la Ley que Regula los Establecimientos de Bebidas Alcohólicas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos que antecedieron al juicio de amparo indirecto. El veintinueve de enero de dos mil veinticinco, ********** solicitó el otorgamiento del trámite de revalidación anual de su permiso de alcoholes **********.
2. Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit calculó y cobró la cantidad de **********, por concepto de derecho de revalidación y/o refrendo de permiso para venta de bebidas alcohólicas. Lo anterior, en términos del artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, en el supuesto en el que se ubica su negocio de giro minisúper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas alcohólicas, con la aplicación de un descuento del 20% (veinte por ciento).
3. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veinticinco, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección Federal, en contra del a) Congreso, b) Gobernador y la c) Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit, de quienes reclamó el artículo 20, inciso A), fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco y su acto de aplicación.
4. Admisión y trámite del juicio de amparo indirecto. El veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, radicó la demanda con el expediente **********; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; sin que realizara pronunciamiento alguno en relación con la existencia de parte tercera interesada.(2)
5. Audiencia constitucional y sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. El nueve de junio de dos mil veinticinco, la titular del Juzgado de Distrito del conocimiento celebró la audiencia constitucional y en esa misma fecha dictó sentencia.
6. En aquélla, fijó como actos reclamados al Gobernador y Congreso del Estado de Nayarit, la aprobación, expedición y promulgación del artículo 20, inciso A), fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco; y en relación con la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, la aplicación de dicha disposición, mediante la imposición, recaudación y cobro de derechos respectivo.
7. Asimismo, tuvo en cuenta que aun cuando no se reclamaron de manera destacada, en la demanda de amparo sí se controvirtió la constitucionalidad de los artículos 21, fracción IX, y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit
8. Por un lado, la a quo decretó el sobreseimiento del juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia, por inexistencia de los actos reclamados a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. Esto, al concluir que la imposición, recaudación y cobro de derechos por revalidación anual de permiso de venta de bebidas alcohólicas impugnado, no fue emitido por dicha autoridad.
9. Asimismo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 217 del propio ordenamiento legal y la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS.”, declaró la improcedencia de la acción constitucional intentada en contra de la imposición, recaudación y cobro de derechos por revalidación anual de permiso de venta de bebidas alcohólicas impugnado, fue emitido por la Dirección de Recaudación de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit; autoridad que no fue señalada como responsable por el quejoso, a pesar de que así se le requirió mediante auto de diez de abril de dos mil veinticinco.
10. Decisión que apoyó en la tesis 2ª. CLXIV/98 sustentada por la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, intitulada: “DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.”
11. Finalmente, desestimó los agravios hechos valer en contra del artículo 20, inciso A), fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco y los diversos 21, fracción IX, y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en dicha entidad y, en consecuencia, negó el amparo solicitado respecto de aquéllos.
12. Recurso de revisión y trámite. En su contra, el veintitrés de junio de dos mil veinticinco, **********, en su carácter de autorizado del quejoso **********, interpuso recurso de revisión. El cual fue radicado y admitido con el toca 1112/2025, por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante proveído de treinta de octubre siguiente.
13. La admisión del medio de defensa se notificó a las partes mediante lista publicada el treinta y uno de octubre posterior, incluido al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción del Tribunal auxiliado. A las autoridades responsables, por oficios 16348/2025 al 16350/2025.
14. El Representante Social no formuló pedimento. Las autoridades responsables no se adhirieron al recurso de revisión.
15. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, se turnó el asunto a la ponencia de la magistrada Lourdes Sinaí Navarrete Larios para formular el proyecto de resolución.
16. El tres de marzo de dos mil veintiséis, la magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, ordenó la remisión y/o vinculación del presente expediente y sus anexos a este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en donde se registró con el consecutivo electrónico 315/2026. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiséis, se turnó a la magistrada Lizbeth Hernández Ribbón para la formulación del proyecto correspondiente.
17. Lista y sesión. El presente asunto fue listado por primera ocasión el diecisiete de abril de dos mil veintiséis, para discutirse en sesión de veintitrés siguiente, en la que, con fundamento en el artículo 184, último párrafo, de la Ley de Amparo, se decidió retirarlo.
18. El veintinueve de abril posterior, nuevamente, se listó el presente asunto para discutirse en sesión de ocho de mayo de dos mil veintiséis.
19. De conformidad con el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, ahora Órgano de Administración Judicial, por el que se adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativo a la publicidad de proyectos de sentencia tratándose de resoluciones sobre constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en la fecha en que el asunto se listó, se publicó el proyecto de sentencia respectivo.
I. COMPETENCIA
20. Este Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región es competente para conocer del presente amparo en revisión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 35, fracción II, y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el punto Cuarto, fracción I, inciso b), del Acuerdo General 2/2025 de tres de septiembre de dos mil veinticinco del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.(3)
II. OPORTUNIDAD
21. El recurso de revisión principal es oportuno en razón de haberse presentado dentro del plazo de diez días que prevé el artículo 86(4) de la Ley de Amparo.
22. Es así, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por lista al quejoso, ahora recurrente, el diez de junio de dos mil veinticinco.
23. Acto procesal que surtió sus efectos al día siguiente, que lo fue el once de marzo de ese año, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción II,(5) de la ley de la materia.
24. Por tanto, el plazo de diez días para interponer el medio de defensa, transcurrió del doce al veinticinco de junio de dos mil veinticinco. Sin contar los días: catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio; por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo.
25. De ahí que, si el escrito de expresión de agravios principal se presentó electrónicamente el veintitrés de junio de dos mil veinticinco, es oportuno.
III. LEGITIMACIÓN
26. En términos de los artículos 5°, fracción I, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, ********** está legitimado para impugnar la sentencia recurrida, dado que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo que se revisa, por lo que puede resentir una afectación en su esfera jurídica con motivo de aquélla.
27. Asimismo, de conformidad con el artículo 6°, primer párrafo, de la ley de la materia, ********** en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene personalidad para recurrir la sentencia de amparo en representación del quejoso, toda vez que le concedió tal carácter en la demanda de amparo. Además, la jueza de Distrito le reconoció dicha calidad en el acuerdo de admisión de veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco.
IV. CUESTIÓN PREVIA
28. Conforme al artículo 76 de la Ley de Amparo, se deben resolver todas las cuestiones planteadas; por tanto, basta con ocuparse de ello, sin que sea necesario transcribir la sentencia recurrida ni los agravios propuestos.(6)
En relación con las constancias digitales que se tienen a la vista para la solución del recurso de revisión.
29. Se estima conveniente puntualizar que para la solución del presente asunto se tienen a la vista las constancias que integran el toca de revisión, así como el juicio de amparo indirecto, resguardados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los órganos jurisdiccionales del entonces Consejo de la Judicatura Federal, las cuales conforman el expediente digital en términos del artículo 3°, párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 3°, fracción III, y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del anterior Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo aquél, ahora Órgano de Administración Judicial.
V. ESTUDIO
30. Antes de emprender el estudio correspondiente, se precisa que los agravios serán analizados con base en el principio de estricto derecho, dado que no se está en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo para la aplicación del principio de suplencia de la queja.
31. Asimismo, se destaca que serán abordados en un orden diverso al propuesto y, en su caso, de manera conjunta y en atención al principio de mayor beneficio, tal y como está previsto en los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo, respectivamente.
En relación con la precisión de los actos reclamados.
32. En parte del primero de ellos, el recurrente se inconforma con la precisión de los actos reclamados que realizó la juzgadora.
33. Lo anterior –aduce- que no sólo se impugnó el artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, sino el cálculo, determinación e imposición del cobro por concepto de revalidación anual del permiso de alcoholes.
34. Sin embargo, la a quo limitó la controversia al contenido de una fracción de la referida disposición y excluyó el acto administrativo de aplicación, como acto reclamado, en violación al principio de congruencia.
35. Lo aducido es infundado.
36. Es así, pues de la sentencia recurrida, se aprecia que la juzgadora fijó los actos reclamados en los siguientes términos:
“SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO.
En conformidad con el dispositivo 74, fracción I de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de amparo, consisten en:
Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, la aprobación, expedición y promulgación de:
a) El artículo 20, inciso A), fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
De la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, reclama:
La ejecución de los normativos reclamados, a través de la imposición, recaudación y cobro de derechos y por vicios propios.
No pasa inadvertido que la parte quejosa no reclamó de manera destacada los artículos 21, fracción IX, y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit.
No obstante, de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que, en sus conceptos de violación, también reclama esos preceptos normativos; de ahí que la precisión de los actos reclamados se hizo en los términos descritos.
Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil, Novena Época, de rubro:
‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD’”.
37. De la anterior transcripción se aprecia que, contrariamente a lo aducido por el recurrente, la jueza de Distrito tuvo como actos impugnados no sólo el artículo 20 de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil veinticinco, sino también la imposición, recaudación y cobro de derechos por concepto revalidación de permisos de alcoholes, como acto de ejecución y aplicación, reclamado por vicios propios.
38. De ahí que no exista la incongruencia, en los términos expresamente aducidos por el recurrente.
39. En la inteligencia de que este Tribunal Colegiado considera que la juzgadora sí debió precisar como actos destacados, el contenido de los diversos artículos 21, fracción IX, y 27 de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, controvertidos en los conceptos de violación.
40. Lo anterior, puesto que igual que el artículo 20 de la Ley de Ingresos de dicha entidad, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, constituyen el sistema normativo que regula el pago de derechos por revalidación de permiso de alcoholes; y así se hizo valer en el ocurso constitucional.
41. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 100/2008(7) emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas.”
42. Sin embargo, en el caso concreto, el hecho de que la juzgadora no lo hubiera hecho así, no irroga perjuicio al peticionario del amparo, dado que de los considerandos de estudio, se aprecia que la a quo sí analizó los conceptos de violación hechos valer en contra de sendos artículos de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit.
43. Esto, al margen de la legalidad de las consideraciones que expresó para desestimarlos, lo cual será motivo de examen más adelante.
44. De ahí lo infundado del agravio analizado.
En relación con el sobreseimiento decretado en relación con la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.
45. Por otro lado, en la parte restante del primer agravio, el recurrente se inconforma con el sobreseimiento decretado por inexistencia del acto atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.
46. Lo anterior, explica, pues del propio recibo impugnado y la orden de pago se aprecia que fue expedido bajo la razón institucional de dicha Secretaría, utilizando sus sistemas oficiales y autorizado por personal administrativo adscrito a la estructura centralizada de dicha dependencia.
47. Máxime que los artículos impugnados establecen que la Secretaría de Administración y Finanzas es la autoridad competente para fijar las bases, recibir la solicitud, calcular e, inclusive, realizar el cobro de derechos por permisos de alcoholes. Esto, aun cuando dichas operaciones se deleguen operativamente a sus unidades administrativas subordinadas, como es el caso de la Dirección de Recaudación.
48. Ello, pues la competencia no desaparece con motivo de la distribución interna de funciones, pues la Secretaría mantiene la titularidad formal y jerárquica de las funciones fiscales que legal y constitucionalmente le corresponden.
49. Lo aducido es fundado pero ulteriomente inoperante, por los motivos que se expresan a continuación.
50. De la sentencia recurrida se advierte que la jueza Federal estimó inexistente el acto atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, so pretexto de que el Reglamento Interior de dicho organismo prevé que la recaudación de contribuciones estatales, corresponde a diversa autoridad exactora que lo es: la Dirección de Recaudación de Ingresos, perteneciente a la aludida Secretaría.
51. Motivo por el cual concluyó que dicho ente señalado como responsable no realizó el cobro material de los derechos contemplados en la ley impugnada; y, por tanto, el cobro que se le atribuyó es inexistente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y de la tesis de rubro: “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIEN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN.”
52. Consideraciones que, como se adelantó, resultan inexactas.
53. Lo anterior, dado que la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable tiene su razón en el hecho de que el pago de derechos por la expedición de la revalidación, constituye una autoliquidación a cargo del contribuyente.
54. En efecto, el cobro controvertido no actualiza un acto de autoridad en sentido estricto, susceptible de impugnarse por vicios propios, sino una conducta derivada del cumplimiento voluntario de una obligación prevista en una norma general.
55. Esto, pues el pago por concepto de revalidación anual de permisos se origina en la decisión del propio gobernado de ubicarse en la hipótesis normativa correspondiente, al solicitar la continuidad de la autorización administrativa que le permite desarrollar su actividad comercial, sin que medie una determinación unilateral, imperativa o coercitiva por parte de la autoridad.
56. Si bien la autoridad administrativa interviene en la recepción del pago, en la validación del trámite y en la expedición del comprobante correspondiente, tales actuaciones no constituyen un acto de autoridad autónoma, sino actos instrumentales o de ejecución derivados de la solicitud del propio particular.
57. Es decir, no se advierte la emisión de una resolución administrativa que imponga una carga de manera directa y obligatoria, sino la materialización de un procedimiento iniciado por el gobernado en ejercicio de su interés de continuar operando bajo el régimen de permisos.
58. En ese sentido, la actuación de la autoridad no implica el ejercicio de una potestad sancionadora ni de determinación fiscal en sentido estricto, sino la simple gestión administrativa de un trámite condicionado al cumplimiento de requisitos legales previamente establecidos, entre ellos, el pago del derecho correspondiente.
59. De ahí lo ulteriormente inoperante del agravio formulado, dado que la inexistencia del acto sí actualiza en el caso concreto, pero por tratarse de una autoliquidación de la contribución.
60. Ilustra al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007(8) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora.”
61. Sin que la anterior circunstancia conlleve la necesidad de dar vista parte quejosa en términos de lo que dispone el artículo 64 de la Ley de Amparo, dado que de conformidad con la jurisprudencia P./J. 5/2017 (10a.)(9) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, OBLIGA AL TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN AMPARO INDIRECTO, A DAR VISTA AL QUEJOSO CON SU ACTUALIZACIÓN, PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CUANDO NO SE HUBIESE SOBRESEÍDO EN PRIMERA INSTANCIA POR ESA CAUSAL.”, tal obigación surge cuando la causal se advierte hasta la sede revisora y, en este caso, el motivo de sobreseimiento se decretó desde la sentencia de primer grado impugnada.
Sobre la improcedencia decretada respecto del acto concreto de aplicación.
62. Por otro lado, en parte de su segundo agravio, el recurrente se inconforma con la improcedencia de la acción decretada respecto del acto concreto de aplicación, por vicios propios, so pretexto de que no señaló como autoridad emisora a la Dirección de Recaudación de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit.
63. Lo anterior, insiste, pues dicho acto fue correctamente atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas de la entidad de que se trata; por lo que la autoridad exactora fue claramente identificada.
64. Sostiene que no es válido afirmar que de conformidad con el artículo 36, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien tiene el carácter de autoridad responsable, emisora del acto reclamado, es la Dirección de Recaudación de Ingresos, dado que ello es contrario a la teoría de la unidad jerárquica de la administración pública.
65. Lo aducido es infundado, por un lado, e inoperante, por otro.
66. En efecto, es infundado porque–como ya se explicó- en términos de la jurisprudencia de rubro: “AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO.”, si de los artículos 35, fracción XIII, 36, fracción XIV, y 37, fracción I, de dicho ordenamiento, se advierte que la facultad de recaudar los ingresos que se obtengan del cobro de pago de derechos, es propia de la Dirección General de Ingresos, a través de la Dirección de Recaudación de Ingresos y del Departamento de Control de Recaudaciones, de la Secretaría de Administración y Finanzas, entonces, es esa Dirección a la que debió atribuirse el acto de ejecución impugnado y no a la Secretaría, pues su titular no tiene facultades materiales para ello.
67. Asimismo, el planteamiento resulta inoperante porque, como se aprecia del auto de diez de abril de dos mil veinticinco, la jueza de Distrito requirió al quejoso y le otorgó el plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtiera efectos la notificación del referido proveído, a fin de que señalara como autoridad responsable a la referida Dirección General de Ingresos, como emisora del acto de ejecución impugnado, sin que el impetrante así lo hubiera hecho.
68. De ahí que resulte válido que decretara la improcedencia del juicio constitucional en contra del acto de aplicación, en términos de la tesis 2ª. CLXIV/98 sustentada por la entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, intitulada:
“DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE.”
69. Lo anterior, ya que a pesar de que se le otorgó la oportunidad de enmendar la demanda constitucional, el quejoso no lo hizo, por lo que precluyó su derecho para ello; lo que trae como consecuencia la improcedencia de la acción de amparo, al no integrarse la litis correctamente, ante la falta de señalamiento de la autoridad que efectivamente emitió el acto reclamado.
70. Por lo expuesto, también resulta inoperante lo aducido en el cuarto agravio hecho valer, por el que el recurrente se inconforma, en esencia, con la falta de estudio de los conceptos de violación expresados por vicios propios, en contra del aludido acto de aplicación.
71. Esto, ya que el sobreseimiento del juicio constitucional por dicho acto, impide el examen del fondo del asunto, por cuanto al referido acto en concreto, se refiere.
72. Ilustra al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 10/96(10) emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34174-855b697e/derechos-por-revalidacion-anual-de-permisos-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 7, 12, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, DE LA LEY QUE REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDI (PR.A.CN. J/11 A (11a.))
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