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TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LOS ARTÍCULOS 6o., 47, 47 BIS Y 47 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, ES DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA. TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. LOS ARTÍCULOS 6o., 47, 47 BIS Y 47 TER DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA CONSTITUYEN UN SISTEMA NORMATIVO QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE TURÍSTICO LOCAL, SUJETO A UN PERMISO EVENTUAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 129/2025. · Registro digital (IUS): 34245
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-11
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.391.

AMPARO EN REVISIÓN 129/2025. 14 DE MAYO DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS FRANCELIA YARISSELL RIVERA TOLEDO Y EDWIGIS OLIVIA ROTUNNO DE SANTIAGO, Y DE HÉCTOR GERARDO LAMAS CASTILLO, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: FRANCELIA YARISSELL RIVERA TOLEDO. SECRETARIO: EDWIN JAHAZIEL ROMERO MEDINA.

La Paz, Baja California Sur, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el catorce de mayo de dos mil veintiséis.

V I S T O S, para resolver los autos del amparo en revisión administrativa 129/2025.

TRÁMITE DEL RECURSO

I. Ante el Juzgado de Distrito

1. Interposición. Por escrito presentado vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el trece de marzo de dos mil veinticinco,(1) **** ****** ********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado ***** ******* ******, interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional de diez de febrero de dos mil veinticinco, terminada de engrosar el veintiséis de febrero siguiente por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en el expediente del juicio de amparo indirecto **********.

2. El escrito de expresión de agravios consta en el presente recurso, razón por la que no se transcribe su contenido.

3. El dieciocho de marzo de dos mil veinticinco,(2) el titular de dicho órgano jurisdiccional tuvo por interpuesto el citado medio de impugnación, ordenó correr traslado con el mismo a las demás partes y en su oportunidad, la remisión al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto de Circuito en turno, para los efectos conducentes.

II. Ante el Tribunal Colegiado de Circuito

4. Remisión. El cuatro de abril de dos mil veinticinco,(3) se recibió el oficio 7439/2025, por el que la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, remitió escrito de agravios y el juicio de amparo indirecto **********.

5. Admisión. Mediante acuerdo de siete de abril de dos mil veinticinco,(4) se registró con el toca 129/2025 y se admitió el presente recurso; asimismo, de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Amparo, se ordenó notificar a las partes que contaban con el plazo de cinco días para interponer, en su caso, revisión adhesiva; además, se corrió traslado con copia de los agravios al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

6. Turno. En auto de nueve de julio de dos mil veinticinco, se turnó el presente expediente a la ponencia del Secretario en Funciones de Magistrado Gonzalo Mayorquín Llamas, para que formule proyecto de resolución.

7. Manifestaciones. Por auto de cinco de agosto de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el escrito signado por ****** **** ******, en su carácter de autorizado de la quejosa **** ****** ********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, mediante el cual hizo diversas manifestaciones, mismas que se tuvieron por formuladas y, en su caso, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.

8. Returno. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, se returnó el asunto a la ponencia a cargo de la Magistrada Francelia Yarissell Rivera Toledo, para la formulación del proyecto correspondiente.

9. Este asunto se listó el treinta de marzo de dos mil veintiséis para verse en sesión ordinaria virtual de nueve de abril siguiente, en la cual se determinó dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de una causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, para que hiciera las manifestaciones que estimara pertinentes.

10. En proveído de diez de abril de dos mil veintiséis, en cumplimiento a lo descrito en el párrafo anterior, la Presidencia de este Tribunal Colegiado, ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, mismo que fue notificado por lista el trece de abril siguiente.

11. El diecisiete de abril de dos mil veintiséis, se tuvo al recurrente haciendo manifestaciones respecto a la vista otorgada.

12. El veinte de abril de dos mil veintiséis, se devolvieron los autos a la ponencia de la Francelia Yarissell Rivera Toledo.

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS:

I. Competencia legal

13. Este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, es legalmente competente para conocer del presente amparo en revisión,(5) ya que se interpone contra una sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado Baja California Sur, con sede en La Paz, donde este tribunal ejerce jurisdicción.

II. Legitimación

14. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, en tanto que quien lo suscribe es **** ****** ********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado ***** ******* ******, personalidad reconocida por el Juzgado recurrido en auto de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro,(6) en el juicio de amparo indirecto **********, a quien le afecta la sentencia recurrida.

III. Oportunidad

15. El recurso interpuesto resulta oportuno; en efecto, el artículo 86(7) de la Ley de Amparo, dispone que el recurso de revisión debe interponerse dentro del plazo de diez días contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la determinación recurrida, como enseguida se explica:

a) La sentencia recurrida se notificó a la recurrente por vía electrónica a través del Portal de Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil veinticinco.(8)

b) La notificación surtió efectos el mismo día conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo.(9)

c) El plazo transcurrió del veintiocho de febrero al trece de marzo de dos mil veinticinco; sin considerarse el uno, dos, ocho y nueve de marzo de dos mil veinticinco, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo estipulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo.(10)

d) Toda vez que el presente recurso se presentó vía electrónica el trece de marzo de dos mil veinticinco, es claro que su presentación fue oportuna.

IV. Antecedentes del juicio de amparo

16. Mediante escrito electrónico presentado el cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, **** ****** ********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado ***** ******* ******, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto de las autoridades que se indican:

"III. Autoridades Responsables:

Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, tienen el carácter de autoridades responsables.

1. Gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Calle Isabel La Católica e Ignacio Allende Col. Centro, C.P. 23000 La Paz, Baja California Sur. México.

2. Secretario general de Gobierno del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Calle Isabel La Católica e Ignacio Allende Col. Centro, C.P. 23000 La Paz, Baja California Sur. México.

3. Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad. Medio ambiente y Recursos Naturales del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Calle Isabel La Católica e Ignacio Allende Col. Centro, C.P. 23000 La Paz, Baja California Sur. México.

Autoridades anteriores del Estado de Baja California Sur, que tienen el carácter de ordenadoras al haber emitido el Decreto reclamado, y tienen su residencia en los recinto oficiales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que por su sola emisión causa perjuicios a los intereses de la hoy quejosa.

4. Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur. con domicilio en Blvd. (sic) Constituyentes de 1975 47, Club Campestre. C.P. 23090 La Paz, Baja California Sur.

5. C.C. (sic) Inspectores adscritos a la Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur, con domicilio en Blvd. (sic) Constituyentes de 1975 47, Club Campestre, C.P. 23090 La Paz, Baja California Sur.

6. Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, con domicilio en Carretera Transpeninsular km 34.5 y calle Luis Barragán, San José del Cabo, Baja California Sur.

7. Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos, con domicilio en Carretera Transpeninsular km 34.5 y calle Luis Barragán, San José del Cabo, Baja California Sur.

8. C.C. (sic) Inspectores Municipales de Transporte adscritos a la Dirección de Transporte de Los Cabos. Unidad dependiente de la Dirección de Seguridad Pública. Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, con domicilio en Carretera Transpeninsular km 34.5 y calle Luis Barragán, San José del Cabo, Baja California Sur.

9. C.C. (sic) Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, dependientes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, con domicilio en Carretera Transpeninsular km 34.5 y calle Luis Barragán, San José del Cabo, Baja California Sur.

Estas últimas, por ser las autoridades ejecutoras en quienes recaen las facultades de imponer sanciones y revocar permisos, así como realizar las inspecciones, verificaciones y vigilancias señaladas en el Decreto hoy impugnado, en perjuicio de los intereses de la quejosa.

IV. Acto reclamado:

De todas las autoridades responsables, reclamamos el ‘Decreto por el cual se Adicionan los artículos 47 Bis 47 Ter del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur’, emitido por el Gobernador del Estado de Baja California Sur, el Secretario General de Gobierno y la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur el lunes 20 de septiembre de 2024, con el número 68 para que entre en vigor el día de su publicación."

17. De la demanda de amparo, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, cuyo titular en auto de nueve de diciembre de dos mil veinticuatro, la radicó bajo el número de expediente **********, y admitió la demanda de amparo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados.

18. Seguida la secuela procesal, el diez de febrero de dos mil veinticinco, el Juez de Distrito, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia terminada de engrosar el veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, en la que se resolvió lo siguiente:

"ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** ****** *********, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, por conducto de su apoderado legal ***** ******* ******, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables destacadas en los resultandos primero y tercero de esta sentencia, por los argumentos jurídicos indicados en los considerandos tercero y quinto reclamados a las autoridades responsables."

19. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa, interpuso el presente recurso de revisión.

VI. Firme sobreseimiento

20. Debe quedar firme el sobreseimiento, decretado en el considerando tercero, relativo a la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio ambiente y Recursos Naturales del Estado de Baja California Sur; Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur; Inspectores adscritos a la Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur; Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos; Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos; Inspectores Municipales de Transporte adscritos a la Dirección de Transporte de Los Cabos; y agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos; reflejado en el resolutivo único del fallo recurrido.

21. Lo anterior, ya que la parte recurrente no formula algún planteamiento tendente a controvertir el aspecto que ahí se dilucida.

22. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 62/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 174177

Instancia: Primera Sala

Novena Época

Materia: Común

Tesis: 1a./J. 62/2006

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 185

Tipo: Jurisprudencia

REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí y cada una de ellas sustenta la declaratoria de inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la parte recurrente que controvierten sólo una de esas consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que revisten autonomía, el recurrente se encuentra en posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese orden de ideas, cuando alguna consideración de la sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no expresa agravio en su contra, tal consideración debe declararse firme."

VI. Estudio y decisión

23. Es innecesario el análisis de los agravios expresados por la parte recurrente, porque este Tribunal Colegiado de oficio advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, aunque por diversas razones a las expuestas en la sentencia recurrida; cuyo análisis es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo.

24. Previo a exponer las razones por las que procede confirmar la sentencia recurrida, es necesario tomar en cuenta que, del escrito de demanda de amparo indirecto y anexos, así como de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

• La quejosa es una persona jurídica, cuyo objeto social consiste, entre otros, en el establecimiento y explotación del servicio público federal de autotransporte de pasajeros y turismo.

• Cuenta con permiso para la operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de turismo en caminos y puentes de jurisdicción federal, en su clasificación de turístico de lujo; permiso al que fueron incluidos diversos vehículos de su propiedad.

• El veinte de septiembre de dos mil veinticuatro, fue publicado el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 68, el decreto por el cual se adicionan los artículos: 47 Bis y 47 Ter del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur.

• Con motivo de la entrada en vigor del decreto referido, la quejosa promovió el amparo indirecto en contra de las citadas normas generales reglamentarias; ello al considerar, desde su punto de vista, que se trata de disposiciones autoaplicativas y le afectan desde su vigencia, sin necesidad un acto posterior de aplicación. La quejosa señaló, como autoridades responsables:

• Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur.

• Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California Sur.

• Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

• Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur.

• Inspectores adscritos a la Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur.

• Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos.

• Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos.

• Inspectores Municipales de Transporte adscritos a la Dirección de Transporte de Los Cabos.

• Agentes de Seguridad Pública y Tránsito de Los Cabos.

25. Una vez celebrada la audiencia constitucional, se dictó sentencia en la que el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo,(11) ante la inexistencia del acto reclamado, atribuido a las autoridades responsables Secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur; Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur; Inspectores adscritos a la Dirección de la Unidad de Transporte y Movilidad del Estado de Baja California Sur; Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos; Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Los Cabos; Inspectores Municipales de Transporte adscritos a la Dirección de Transporte de Los Cabos; y agentes de Seguridad Pública y Tránsito de Los Cabos.

26. Ello, en razón de que las citadas autoridades responsables al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la quejosa aportara prueba idónea para desvirtuar esa negativa o para acreditar su existencia.

27. Por otra parte, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, respecto a las normas generales reclamadas, al considerar que es improcedente, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo.

28. Concretamente, porque para que la peticionaria demostrara su interés jurídico, tenía que acreditar que a la fecha de presentación de la demanda, contaba con permiso eventual para la prestación del servicio de transporte público en su modalidad de turismo, para así acreditar que la simple entrada en vigor de la norma impugnada le afecta, ya que le impone la obligación de: 1) acreditar que el servicio de transporte público fue contratado con setenta y dos horas de anticipación a la prestaciones; y 2) registrar los servicios previamente contratados en el Sistema de Información de Servicios de Transportación, previamente contratados. Ello, porque de ese modo se corroboran las circunstancias y posición individual frente a las disposiciones de la normatividad reclamada, lo que, señaló, no sucedió en el caso, porque la quejosa cuenta con permiso por tiempo indefinido, de ahí que no le son aplicables las reglas establecidas en los artículos reclamados.

29. En ese entendido, indicó que la quejosa exhibió un permiso para la operación y explotación de los Servicios de Autotransporte Federal de Turismo, otorgado por el Director General el Centro SCT Baja California Sur, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; sin embargo, dicha documental resultaba insuficiente para demostrar la afectación al derecho subjetivo de la quejosa, pues no se desprende que esté en el supuesto hipotético que sugiere la norma, ya que, si bien se comprobó que la quejosa cuenta con permiso para la operación y explotación de servicios de autotransporte federal de turismo en caminos y puentes de jurisdicción federal, empero, no demostró que a la fecha de presentación de la demanda, tenía permiso eventual y que por tanto, esta constreñida a cumplir con las obligaciones que le imponen los artículos combatidos.

30. Lo anterior, porque el permiso que exhibió, relativo a la operación y explotación de los Servicios de Autotransporte Federal de Turismo, únicamente acredita que la quejosa tiene permiso por tiempo indefinido para realizar la prestación del servicio de transporte público en su modalidad de turismo; sin embargo, de dicha documental no se advertía que la quejosa se encontrara en el supuestos establecido en los artículos 47 Bis y 47 Ter del Reglamento de la Ley de Transporte en el Estado de Baja California Sur; por tanto, las normas tildadas de inconstitucionales no imponían carga a la quejosa con su sola entrada en vigor, al no acreditar que contaba con permiso eventual para ubicarse en el supuesto hipotético del decreto reclamado. Lo que conllevaba a que se actualizara la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo.

31. Acotado lo anterior, como se anunció este Tribunal Colegiado advierte que debe confirmarse la sentencia de sobreseimiento por falta de interés jurídico, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, aunque por razones diversas a las estimadas por el Juez de Distrito, se explica.

32. Inicialmente, es necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 32/2005,(12) acotó que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar del análisis que se haga de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los argumentos de la quejosa en los que plantea una afectación inmediata por su sola vigencia.

33. Lo cual, requiere un análisis profundo; sobre todo, tomando en cuenta que, el presente asunto, implica determinar la naturaleza de un sistema normativo al que pertenecen las normas atacadas; respecto a lo cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 88/2019 (10a.),(13) ha establecido que tal determinación requiere de un análisis profundo y consideraciones interpretativas complejas, no sólo de la demanda de amparo y sus anexos, sino también de las circunstancias fácticas particulares que se narran en la misma, las normas que conforman el sistema en cuestión, así como los alegatos y pruebas ofrecidos por las partes.

34. Sin que ello implique que la sentencia respectiva tenga que forzosamente contener un pronunciamiento de fondo respecto de la validez de todas las disposiciones reclamadas, pues al estudiar lo relativo a la procedencia del juicio habrá de analizarse si éstas efectivamente componen un sistema normativo y pronunciarse sobre la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las mismas.

35. Así, en el amparo contra normas generales, es menester realizar el examen de diversas cuestiones, como son la identificación precisa de los actos reclamados a través del examen integral de la demanda de amparo, la identificación de la naturaleza de las normas que se combatan, esto es, si son de naturaleza autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, y en este último caso, identificar el primer acto de aplicación en perjuicio del promovente; luego examinar la procedencia del juicio de amparo, todo lo cual implica un complejo examen de índole jurisdiccional, propio de los órganos judiciales federales.

36. Para examinar la procedibilidad del juicio de amparo contra normas generales, esto es, la naturaleza de la disposición jurídica reclamada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en Pleno(14) que si el acto reclamado se hace consistir en norma, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de disposiciones autoaplicativas, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, por lo que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa.

37. En este orden, acorde a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 55/97,(15) para verificar la naturaleza de las disposiciones reclamadas se debe hacer un análisis jurisdiccional a fin de dilucidar su naturaleza, ya sea autoaplicativa, por no establecer condición alguna para su individualización, o bien heteroaplicativa, cuando se observa que para que nazca la obligación que refieren las normas se requiere de un acto de particular o de autoridad, esto es, que su sola vigencia no vincula al gobernado a su cumplimiento, pues su aplicación jurídica o material en un caso concreto se halla sometida a la realización de un evento.

38. Precisado lo anterior, este órgano colegiado advierte que por el hecho de que hayan entrado en vigor al día siguiente de su publicación las normas generales reclamadas, ello, por sí solo no traduce en que sean normas de naturaleza autoaplicativa, y además que, por ese simple hecho, ya le causen agravios y perjuicios a la quejosa.

39. Es así, puesto que la vigencia de las normas por sí sola no incide en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada disposición, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien, si tales obligaciones surgen con la entrada en vigor de la norma de que se trate, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre precisamente en el supuesto normativo correspondiente.

40. En ese entendido, para evidenciar la naturaleza heteroaplicativa de las disposiciones reclamadas, y que por tanto, requieren de un acto concreto de aplicación para afectar el interés jurídico de la quejosa, resulta necesario tomar en consideración que forman parte de un sistema normativo.

41. En efecto, la moral quejosa reclama los artículos 47 Bis y 47 Ter del Reglamento de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur; sin embargo, el primero de tales preceptos, remite expresamente a los diversos 6 y 47 de ese mismo reglamento, los cuales resulta necesario introducir a la litis, porque están estrechamente relacionadas con la materia de impugnación, por constituir un sistema normativo, como enseguida se verá.

42. Las citadas disposiciones, establecen lo siguiente:

"Artículo 6o. Los concesionarios del autotransporte federal, a efecto de estar en posibilidad de prestar el servicio de que se trate en los tramos de jurisdicción estatal, deberán contar con el permiso correspondiente expedido por la ‘Dirección’."

"Artículo 47. Una vez detectada por la ‘Dirección’ una necesidad de transporte eventual, emergente o extraordinaria, que rebase la capacidad de los concesionarios de la ruta o zona de que se trate, para el trámite y otorgamiento de permisos eventuales se seguirá el procedimiento siguiente:

I. Solicitud por escrito de la persona interesada ante la Dirección de Transporte, la cual contendrá los siguientes requisitos:

a) Nombre o razón social del solicitante, adjuntando la documentación que lo acredite;

b) Domicilio;

c) Modalidad de servicio;

d) Tipo de unidad o unidades con que se pretende prestar el servicio;

e) Proyecto de cantidad de vehículos con que se prestará el servicio; y

f) Frecuencia del servicio.

II. Tratándose de necesidades emergentes de transporte, una vez recibida la solicitud, la ‘Dirección’ lo hará del conocimiento inmediato del Consejo Municipal de Transporte que corresponda para que éste emita su opinión al respecto en un plazo que no deberá exceder de 48 horas; la ‘Dirección’ con los estudios técnicos correspondientes y, tomando en consideración la opinión del Consejo Municipal de Transporte, emitirá la resolución en un término que no excederá de 72 horas contado a partir de la presentación de la solicitud;

III. Tratándose de necesidades eventuales o extraordinarias, se seguirá en lo conducente el procedimiento establecido en la fracción anterior, excepto los plazos de que dispondrán las autoridades ahí referidas, para lo que el Consejo Municipal de Transporte deberá emitir su opinión en un plazo de 10 días hábiles y la ‘Dirección’ su resolución en 5 días hábiles, a partir del vencimiento del plazo anterior; y

IV. Antes de entregarse el permiso eventual correspondiente, el beneficiaria deberá presentar póliza de seguro del viajero y daños contra terceros, así como el vehículo o vehículos para su inspección y el pago de derecho del mismo."

"Artículo 47 Bis. El permiso a que se refiere el artículo 6 de este reglamento deberá cumplir con los requisitos del artículo 47, sujetándose además en todo momento a los requisitos y modalidades establecidos en la Ley de Transporte para el Estado y en el presente reglamento; para el presente caso, dicho permiso solo se otorgará para el servicio público de Autotransporte de Turismo.

En caso de obtener la autorización del permiso eventual por parte de la Dirección, los concesionarios o permisionarios federales solo podrán realizar el ascenso y descenso de turistas en vías de jurisdicción estatal, siempre y cuando los mismos acrediten que el servicio de transporte público se encuentre previamente contratado con setenta y dos horas de anticipación a la prestación del servicio, la omisión de lo anterior, dará lugar a la aplicación de sanciones y en su caso revocación inmediata del permiso eventual."

"Artículo 47 Ter. Los concesionarios o permisionarios federales en todo momento deberán registrar los servicios previamente contratados en el Sistema de Información de Servicios de Transportación Previamente Contratados, con el fin de otorgar certidumbre legal a los servicios, asimismo, al encontrarse realizando servicio de transporte público en jurisdicción estatal, se obligan a cumplir con las disposiciones que emanen de la Ley de Transporte para el Estado de Baja California Sur y el presente reglamento, sujetándose a las obligaciones que le correspondan, así como a las inspecciones, verificaciones y vigilancias en materia de transporte estatal."

43. Las transcritas disposiciones constituyen un sistema normativo, acorde a los parámetros que para tal definición ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.),(16) los cuales implican fi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34245-e7025aa9/transporte-para-el-estado-de-baja-california-sur · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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