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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA AUN CUANDO LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE PENSIÓN Y PAGO DE DIFERENCIAS SE PRESENTA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE Y, POR TANTO, NO PROCEDE SOBRESEER EL JUICIO DE NULIDAD POR INEXISTENCIA DEL ACTO, YA QUE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD Y, DE SER PROCEDENTE, EMPLAZAR A LA COMPETENTE PARA QUE DEFIENDA LA LEGALIDAD DEL ACTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 577/2024. · Registro digital (IUS): 34286
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-02
Promovente: .
Localización: Duodécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO DIRECTO 577/2024. 9 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS AURELIANO VARONA AGUIRRE, CLAUDIA VERÓNICA MARTÍNEZ BACA Y ÓSCAR GARCÍA VEGA. PONENTE: CLAUDIA VERÓNICA MARTÍNEZ BACA. SECRETARIO: JOSÉ HUGO ROJAS MONROY.

Pachuca de Soto, estado de Hidalgo. Acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada vía remota el ***** de ***** de dos mil veintiséis.

VISTO, para resolver el juicio de amparo directo 577/2024, del índice de este tribunal colegiado; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Recepción de la demanda de amparo.

1. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veinticuatro,(1) ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ********** ********** ********** promovió juicio de amparo directo en contra de la autoridad y el acto siguientes:

III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Los CC. Magistrados que integran la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal (sic) y Administrativa.

IV. EL ACTO RECLAMADO: La Sentencia Definitiva dictada dentro del Expediente Administrativo **********, por los CC Magistrados que integran la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal (sic) y Administrativa.

2. Señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1o., 14, 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

SEGUNDO. Remisión de la demanda a este tribunal.

3. Mediante oficio número **********, de cuatro de junio de dos mil veinticuatro,(2) el magistrado presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa rindió su informe justificado; remitió la demanda de amparo, las constancias de notificación y emplazamiento a la parte actora y autoridad tercera interesada, respectivamente; acuerdo de cuatro de junio dos mil veintitrés; así como el expediente de nulidad **********, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, para la substanciación del juicio.

TERCERO. Admisión.

4. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el que, por auto de presidencia de trece de junio de dos mil veinticuatro,(3) ordenó la formación del juicio de amparo directo administrativo y su registro, lo que se hizo con el número de expediente 577/2024; la admitió a trámite; tuvo como autoridad tercera interesada a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual no formuló pedimento; e, hizo del conocimiento a las partes el derecho que les asistía para presentar alegatos, lo que no aconteció.

CUARTO. Turno.

5. Encontrándose los presentes autos en estado de resolución, mediante acuerdo de presidencia de cinco de julio de dos mil veinticuatro,(4) se turnaron a la ponencia del magistrado Pedro Gámiz Suárez para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 183 de la Ley de Amparo.

QUINTO. Nueva integración y returno.

6. Por Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, se informó la adscripción de la magistrada Claudia Verónica Martínez Baca a este tercer tribunal colegiado en sustitución del magistrado Pedro Gámiz Suárez, con efectos a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco.

7. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco,(5) se returnó el presente asunto a la magistrada Claudia Verónica Martínez Baca para su estudio y formulación del proyecto correspondiente, y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia.

8. Este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 94, párrafos primero, quinto y sexto, 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 170 y 189 de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro; además, con apoyo en el numeral SEGUNDO, fracción XXIX, número 1, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con el Acuerdo General 21/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, al cambio de denominación del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, ambos con residencia en Pachuca, Hidalgo; el inicio de funciones del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los tribunales colegiados del Circuito indicado; y a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo; toda vez que se trata de un juicio de amparo directo en el cual se reclama una sentencia definitiva dictada por la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano colegiado.

SEGUNDO. Oportunidad.

9. La demanda de amparo se presentó de forma oportuna, en términos del artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que se representa en la tabla siguiente:

Ver tabla

TERCERO. Legitimación.

10. La demanda de amparo fue promovida por ********** ********** **********, por propio derecho, actora en el juicio de nulidad en el que se dictó el acto reclamado y, por tanto, quien resiente directamente sus efectos; por ello, debe ser reconocida como quejosa en términos de los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 5º, fracción I, de la Ley de Amparo.

CUARTO. Certeza del acto reclamado.

11. El acto reclamado en el presente juicio de amparo directo es cierto, toda vez que de las constancias que integran el juicio de nulidad **********, se prueba que el treinta de abril de dos mil veinticuatro,(6) la sala regional y auxiliar emitió la sentencia que lo constituye; máxime que así lo reconoció dicha autoridad al rendir su informe justificado.

QUINTO. Consideración previa.

12. No se transcriben las consideraciones que rigen a la sentencia reclamada ni los conceptos de violación hechos valer en su contra, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo.

13. Sin que con ello se violen los principios de exhaustividad y congruencia, en razón de que se analizarán los planteamientos efectivamente hechos valer en el escrito correspondiente.

14. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164618, cuyo rubro y texto son:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

SEXTO. Estudio.

15. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa son esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo previsto en el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

16. Conviene precisar que, en el amparo directo en revisión 463/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controvierta el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones.

17. Lo anterior, debido a que los sujetos beneficiados con la suplencia de la deficiencia de la queja de ambos tipos de relaciones –laborales o administrativas– continúan en la posición desfavorecida que origina el deber del juzgador de amparo de auxiliarlos cuando de oficio advierta que sufrieron una violación a sus derechos humanos o a las garantías para su defensa, pues lo único que ocurre es que en lugar de enfrentar un desequilibrio procesal en los juicios entablados con motivo de un trabajo remunerado, ahora lo sufren respecto de los beneficios de seguridad social que las leyes les confieren cuando aspiran a percibir una pensión.

18. Lo cual los coloca en una situación igual o de menor posibilidad de defensa, pues es un hecho notorio que en estos casos la pretensión que se exige por vía judicial prácticamente se limita a lo suficiente para poder subsistir durante la jubilación, el desempleo por cesantía en la vejez, la invalidez e incluso la orfandad o viudez de los beneficiarios del pensionista, lo cual por lógica consecuencia, también les impide hacer erogaciones para contratar los servicios legales profesionales que correspondan.

19. Supuesto que se actualiza en el presente caso, dado que la quejosa impugnó el silencio administrativo –negativa ficta– que atribuyó a la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con su escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintitrés,(7) por medio del cual solicitó el aumento del concepto 01 de su pensión por jubilación y el pago de las diferencias acumuladas por el periodo de cinco años.

20. Una vez puntualizado lo anterior, según se advierte de los autos del juicio de nulidad **********, la sala responsable resolvió que lo procedente era sobreseer en dicha controversia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo –inexistencia del acto reclamado–, al considerar que la negativa ficta no se había configurado, debido a que la solicitud de incrementos de la cuota diaria pensionaria se presentó ante una autoridad incompetente y debió hacerse valer ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del lugar en donde la actora tiene radicado su pago.

21. Ahora, con el objeto de exponer los motivos por los que el fallo reclamado no se encuentra ajustado al orden normativo, se considera oportuno abordar el tema relativo al silencio administrativo y sus consecuencias.

22. En la teoría jurídico-administrativa, el silencio administrativo se refiere a la institución en la que, ante la omisión del órgano de la administración pública (en una concepción amplía) de resolver, dentro del plazo legal para ello, las peticiones, procedimientos o impugnaciones de los administrados, se crea la presunción legal de haberse resuelto el asunto en cuestión, ya sea estimando o desestimando, cuya finalidad es no mantener al administrado en un estado de incertidumbre jurídica.

23. Así, es posible diferenciar entre los actos expresos, en los que la administración pública manifiesta su voluntad mediante un acto concreto, y los actos presuntos, que son aquellos en los que, por mandato de la norma, se imputa a la administración pública que debió resolver en un plazo determinado y no lo hizo, una respuesta predeterminada, ya sea positiva o negativa –no existe manifestación externa de la voluntad–.

24. Así, el acto presunto nace desde la fecha del vencimiento del plazo máximo en el que debería haber una resolución expresa.

25. Debido a que la administración pública debe resolver los procedimientos dentro de los plazos que las leyes establezcan para tal objeto, el silencio administrativo se trata de una forma de terminar un procedimiento administrativo, cuando no hay acto administrativo expreso de resolución, a través de una ficción jurídica como si se hubiera resuelto, cuando en realidad no lo hizo.

26. El silencio de la administración pública puede clasificarse en positivo o estimatorio, cuando produce efectos beneficiosos para el interesado, o bien, negativo o desestimatorio, cuando esos efectos son perjudiciales; en ese sentido, se puede hablar de:

a) Afirmativa ficta: se ha definido como la ficción legal que produce todos los efectos jurídicos de una resolución estimatoria; cuando se despliegan sus efectos, se entenderá como un acto administrativo finalizador del procedimiento y la administración pública únicamente podrá, posteriormente, dictar y notificar una resolución confirmatoria.

b) Negativa ficta: es la ficción legal que entiende producido el rechazo o desestimación de la solicitud del administrado, facultándolo para interponer los recursos que procedan en contra del acto administrativo; en este caso, la norma prevé la prerrogativa a favor del gobernado de impugnar la resolución que se presume recaída en sentido desfavorable, con el evidente objetivo de obligar a la autoridad a que le dé a conocer al interesado los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la resolución negativa ficta.

c) Confirmativa ficta: es similar a la negativa ficta, en cuanto a sus efectos desestimatorios, sólo que a diferencia de ésta última, el silencio de la autoridad recae a un recurso; por tal razón, sus consecuencias también son distintas, ya que en la negativa ficta se entiende que la petición fue resuelta negativamente por la autoridad, mientras que en la confirmativa ficta debe entenderse que la autoridad resolvió en el sentido de confirmar el acto recurrido.

27. Ahora, tratándose de la administración pública federal, el silencio administrativo y sus consecuencias encuentran su fundamento en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece lo siguiente:

"Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo."

28. De la lectura de la norma transcrita se advierte que, se incorporaron dos instituciones jurídicas que derivan del principio del silencio administrativo, por un lado, la negativa ficta, que exige para su configuración la existencia de una petición del particular a la administración pública y la inactividad de ésta por más de tres meses desde la petición (primer párrafo), y por otro, la confirmativa ficta, que opera cuando se recurre mediante el recurso de revisión una resolución negativa ficta y ésta, a su vez, no se resuelve dentro del mismo término, cuya consecuencia es tener por confirmada en sentido negativo la resolución recurrida (segundo párrafo).

29. Como se ve, la negativa ficta prevista por el numeral en comento, presume que la respuesta recaída a una solicitud es en sentido negativo siempre que la autoridad no la resuelva dentro del plazo de tres meses; ya que lo que busca evitar que el solicitante se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que legalmente debe resolver, de modo que, al transcurrir el citado lapso desde la presentación de la petición, el legislador federal considera que esa actitud omisa del órgano de autoridad hace presumir que su decisión es en sentido negativo.

30. Así, la actitud pasiva de la autoridad hace surgir el derecho del promovente para impugnar la resolución ficta en cualquier tiempo posterior al plazo previsto por la ley (siempre que no se haya dictado y notificado la resolución escrita), y así obligar a la autoridad a que en la contestación de la demanda le dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución negativa ficta y que éste al conocerlos, pueda objetarlos y probar en juicio su ilegalidad.

31. Ahora, como se adelantó, contrario a lo que sostuvo la responsable, se advierte que se configuró la resolución negativa ficta, no obstante que la autoridad ante la cual se presentó el escrito de petición sea incompetente por razón de territorio; toda vez que, si bien la quejosa no presentó su promoción en la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del lugar de radicación de su pago, lo cierto es que, ese extremo no es obstáculo para que se surta la consecuencia jurídica prevista por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

32. Lo anterior, ya que la circunstancia de que dicho numeral no detalle expresamente que la negativa ficta también se configura cuando el escrito se presenta ante una autoridad incompetente, ello no significa una restricción al derecho de seguridad jurídica que asiste al particular ante el silencio de la Administración Pública, debido a que la propia legislación, en su artículo 42, segundo párrafo, dispone lo siguiente:

Artículo 42. (...)

Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente, salvo que éste aperciba al particular en el sentido de que su ocurso se recibe sólo para el efecto de ser turnado a la autoridad competente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se exhiba.

33. De lo recién trascrito, se observa que, cuando un escrito es presentado ante una autoridad administrativa incompetente, ésta lo remitirá de oficio a la que tenga competencia en el plazo de cinco días hábiles; supuesto en el que se tendrá como fecha de presentación de la petición, aquella en que se recibió por parte de la dependencia que carece de atribuciones para atender lo solicitado.

34. En ese sentido, si bien la competencia del órgano administrativo está conformada por el conjunto de atribuciones o facultades que le corresponden, las cuales se encuentran generalmente en forma expresa y, por excepción, tácitamente dentro de los ordenamientos legales aplicables en cada caso, lo cual genera certeza jurídica a los gobernados respecto de qué órgano del Estado es al que corresponde afectar válidamente su esfera jurídica.

35. Sin embargo, aun en aquellos casos en los que la autoridad alegue no tener competencia legal para responder congruentemente una petición emitida por algún gobernado, es indispensable que en el acuerdo que dicte, cite en forma expresa y clara aquellos preceptos que fijan su competencia y, por tanto, delimitan su campo de acción, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de estimar que carece de competencia para atender los planteamientos del administrado, en acatamiento de lo ordenado por el numeral 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá remitir el escrito correspondiente a la autoridad que resulte competente, todo ello dentro del plazo de cinco días.

36. Sobre tales premisas, es lógico establecer que cuando la autoridad contesta dentro del plazo respectivo, señalando que carece de competencia legal para resolver y demuestra tal circunstancia de manera fundada y motivada, y actúa en el sentido que dispone el precepto 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se integra la negativa ficta, pues la respuesta que debe darse a la petición de un particular debe provenir de autoridad facultada para hacerlo.

37. En ese sentido, si declara carecer de competencia legal para conocer de la petición o declina competencia en otra autoridad, para no estimar configurado el silencio administrativo, es necesario que haya citado los fundamentos y motivos relativos a esa determinación y, en el plazo legal, haberla enviado al órgano administrativo que correspondiera; de lo contrario, debe considerarse emitida una evasiva a contestar y, por ende, configurada la negativa ficta.

38. En el caso, el escrito de petición fue presentado desde el seis de septiembre de dos mil veintitrés(8) ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que el plazo de tres meses previsto por el artículo 17, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, feneció el seis de diciembre siguiente, sin que la citada autoridad demandada acreditara que emitió y notificó la respuesta respectiva en ese plazo; lo que efectivamente trae como consecuencia que deba reconocerse que se actualizó el silencio administrativo y, por ende, la negativa ficta.

39. Sin que pase inadvertido el oficio de contestación **********(9) que exhibió la autoridad demandada; sin embargo, en primer término, fue notificado hasta el trece de diciembre de dos mil veintitrés, es decir, con posterioridad a que feneció el plazo de tres meses con el que contaba la autoridad demandada para dar respuesta y a que se promoviera la demanda de nulidad; y, en segundo lugar, únicamente respondió que carecía de competencia para realizar el trámite, sin expresar el fundamento legal de su decisión y omitiendo pronunciarse respecto del artículo 42 ya citado; de ahí que, no pueda considerarse que con ese comunicado haya cumplido con su obligación de dar debida respuesta.

40. Con base en lo expuesto, este tribunal colegiado considera que, contrario a lo resuelto en la sentencia reclamada, la resolución negativa ficta se configura cuando se reúnen los requisitos legales para ello, aun cuando la petición sea ingresada por conducto de una autoridad incompetente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 17 y 42, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; por ende, no era procedente decretar el sobreseimiento en el juicio administrativo de origen, por inexistencia del acto impugnado conforme el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

41. Sirve de apoyo, la tesis aislada II.3o.A.23 A (11a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que se comparte por este órgano; consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, septiembre de 2023, Tomo V, página 5623, registro digital 2027106; que es del tenor siguiente:

NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA AUN CUANDO LA PETICIÓN SE PRESENTE ANTE UNA AUTORIDAD INCOMPETENTE. Hechos: En un juicio contencioso administrativo federal, la parte quejosa demandó la nulidad de la negativa ficta recaída al escrito por el que solicitó a la Delegación Estatal Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el incremento de su cuota pensionaria y el pago correspondiente. La Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa consideró inexistente dicha resolución, ya que la dependencia ante la que se presentó la petición manifestó que la aplicación de los incrementos anuales de la cuota pensionaria y el pago solicitados correspondían a una delegación estatal diversa (Puebla). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución negativa ficta puede configurarse cuando se reúnen los requisitos legales para ello, aun cuando la petición sea presentada ante una autoridad incompetente. Justificación: Lo anterior, de conformidad con los artículos 17 y 42, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues de no permitir que se configure la negativa ficta cuando se presente la solicitud ante una autoridad incompetente, se violaría el derecho de petición, consistente en que a todo escrito o instancia debe recaer una contestación expresa, pues dicha autoridad podría argumentar que no estaba obligada a contestar porque no se le dirigió el escrito a ella, o bien, que carece de facultades para hacerlo; mientras que la competente pudiera sostener que tampoco estaba compelida porque no se presentó la solicitud ante ella, generando un estado de indefensión para el particular, pues además de que tales aspectos procesales liberarían a una y a otra autoridad de contestar lo pedido, evitarían sus obligaciones y consecuencias reguladas en la ley referida, generando un estado de incertidumbre jurídica que los preceptos citados y los derechos fundamentales de petición, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia pretenden abolir, por el hecho de no presentar la solicitud ante la autoridad que corresponda.

42. Por otra parte, la sala responsable también pasó por alto que no quedó evidenciado en el juicio quién es la autoridad competente para conocer y resolver respecto de la solicitud de la ahora quejosa, ya que la demandada únicamente sostuvo que debía realizar su trámite en la Delegación Estatal del lugar de radicación del pago de su pensión.

43. No obstante, resulta trascedente que se conociera cual es la autoridad pensionaria competente a efecto de que, conforme el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se ordenara su emplazamiento, pues será ésta quien, en su caso, contestará los argumentos que la actora expuso en contra de la resolución de negativa ficta y expondrá los motivos y fundamentos que sustenten su legalidad, dando incluso oportunidad para ampliar su demanda.

44. En efecto, de conformidad con el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la sala responsable debió emplazar a juicio a la autoridad que resulta competente para resolver sobre el fondo de lo pedido por la actora, toda vez que, de los artículos 5, fracción III, inciso f), 60, fracciones II, III, VIII, X, XI, XII y XXII, 79, 80 y 81 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 8 y 14 fracción XVII, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales de dicho instituto, se advierte que son unidades administrativas desconcentradas del instituto, las delegaciones estatales y regionales, las cuales tienen atribuciones específicas para resolver sobre las materias de su competencia territorial.

45. Además, que la demarcación de las delegaciones es la de la entidad federativa en la que se encuentren establecidas; que a los delegados se les confiere, entre otras atribuciones, las que se establecen en el artículo 60, fracción XXII (la cual remite a su vez a las diversas II, III, VIII, X, XI y XII de ese mismo precepto) del estatuto orgánico, indicándose expresamente que deben ejercerlas en el ámbito de su circunscripción, ya sea por él o por conducto, de su subdelegado de prestaciones.

46. En ese sentido, la sala responsable debió advertir que otra autoridad, distinta a la demandada, debe ser parte en el juicio contencioso federal, por ser quien finalmente debe conocer sobre la pretensión de la actora y, de oficio, requerir a la demandada original a fin de que proporcionara la información necesaria para conocer quién es la autoridad competente y ordenar su emplazamiento, corriéndole traslado con la demanda de nulidad a fin de que, de ser el caso, la contestara y se apersonara en el juicio.

47. Por las razones que informa, sirve de apoyo la jurisprudencia PC.II.A. J/5 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del S

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34286-75fa890f/negativa-ficta-se-configura-aun-cuando-la-solicitud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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