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Modo: Corpus Pro

DELITO DE PECULADO EN SU MODALIDAD DE COMISIÓN POR OMISIÓN. EL ARTÍCULO 237 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, EN SU PORCIÓN "OMITA DESTINARLOS", NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 422/2025. · Registro digital (IUS): 34298
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-09
Promovente: *.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO EN REVISIÓN 422/2025. 8 DE ABRIL DE 2026. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, la Jueza de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Colima dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********** y ********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado.

En contra de dicha determinación, interpusieron recurso de apelación. La Sala Penal confirmó la vinculación a proceso de las acusadas. Inconformes, promovieron demanda de amparo indirecto en la que, entre otras cuestiones, plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 114, fracción II, y 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima. En resolución, el Juzgado de Distrito sobreseyó y negó la protección constitucional solicitada.

En contra, interpusieron recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento determinó solicitar a esta Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto. Dicha solicitud fue registrada como reasunción de competencia y el Pleno de este Alto Tribunal decidió, en sesión de uno de octubre de dos mil veinticinco, reasumir su competencia originaria para conocer del medio extraordinario de defensa.

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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 422/2025, interpuesto por ********** y **********, por propio derecho, en contra de la resolución de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el amparo indirecto ********** de su índice.

El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si subsiste el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito respecto del artículo 114, fracción II, en su porción normativa "237 Bis" del Código Penal para el Estado de Colima; y, en el supuesto de que no subsista, deberá revisarse su constitucionalidad a la luz del principio de seguridad jurídica. Asimismo, se deberá analizar si el diverso artículo 237 Bis de ese mismo ordenamiento es compatible con el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

1. Auto de vinculación a proceso. El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, la Jueza de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Colima, en la causa penal **********, dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********** y ********** por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado en el artículo 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima.

2. Los hechos por los cuales el Ministerio Público solicitó la vinculación fueron, en esencia, los siguientes: **********, en su carácter de Tesorera Municipal de **********, Colima, elaboró los presupuestos de egresos para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, mismos que fueron aprobados por la Comisión de Hacienda Municipal y en los que se proyectó un gasto público de $********** y $**********, respectivamente. No obstante, en ambos ejercicios omitió destinar los recursos asignados a diversas partidas de servicios personales y prestaciones laborales autorizadas en el presupuesto por un monto que ascendió, por ambos ejercicios, al total de $**********. Dicha omisión se realizó con el conocimiento y responsabilidad de **********, quien, en su calidad de Presidenta Municipal en el periodo 2015-2018, era la ejecutora de las determinaciones del cabildo.

3. Recurso de apelación. En contra de esa resolución, ********** y ********** interpusieron recurso de apelación. De éste correspondió conocer a la Segunda Sala Penal Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y lo registró bajo el número de toca penal **********. En sentencia de veintidós de mayo siguiente, la Alzada confirmó la resolución recurrida.

4. Demanda de amparo indirecto. Mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, ********** y **********, ambas por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de diversas autoridades y actos.(1)

5. Sentencia de amparo indirecto. El nueve de agosto de dos mil veinticuatro, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en el juicio de amparo indirecto ********** de su índice, celebró audiencia constitucional. El doce de noviembre siguiente dictó sentencia en el sentido de sobreseer el medio de control constitucional y negar el amparo a la parte quejosa.(2)

6. Recurso de revisión. En desacuerdo con esa determinación, las promoventes del amparo, por propio derecho, interpusieron recurso de revisión por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veinticuatro, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el que lo registró como amparo en revisión ********** de su índice.

7. Recurso de revisión adhesivo. El siete de enero de dos mil veinticinco, la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima, por conducto de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, se adhirió al recurso principal por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Órganos Colegiados de ese Circuito Judicial.

8. Returno. Por oficio SECNO/STCCNO/343/2025 de veintiséis de marzo de dos mil veinticinco, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal comunicó que la citada comisión determinó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región apoyaría en el dictado de las sentencias al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima.

9. Así, el ocho de abril de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región tuvo por recibido el expediente citado y registró el asunto con el número auxiliar **********.

10. Solicitud de facultad de atracción. En sesión ordinaria remota en línea celebrada el cuatro de julio de dos mil veinticinco, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado Auxiliar citado solicitaron a esta Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión reseñado.

11. Resolución de la solicitud. El asunto fue registrado como Solicitud de Reasunción de Competencia 66/2025 del índice de este Alto Tribunal. En sesión de uno de octubre de dos mil veinticinco, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de seis votos, resolvió reasumir la competencia originaria para conocer del amparo en revisión **********, cuaderno auxiliar **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.

12. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el tres de octubre de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su registro como amparo en revisión 422/2025; así como su turno a la Ponencia del Señor Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

13. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del amparo en revisión, en términos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo y 16, fracción III, de la Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo General Plenario 2/2025 (12a.), punto Segundo, fracciones IV y VIII, inciso a),(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.

14. Lo anterior, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juzgado de Distrito que analizó un asunto de naturaleza penal.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

15. No es necesario hacer pronunciamiento sobre la oportunidad y legitimación para la interposición del recurso de revisión principal y del adhesivo, debido a que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya analizó tales aspectos, concluyendo que dichos medios de impugnación se interpusieron en tiempo y por parte legitimada.

III. PROCEDENCIA

16. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión es procedente porque se interpone en contra de una sentencia emitida por un Juzgado de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se plantea la incompatibilidad de los artículos 114, fracción II, y 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima con los principios de seguridad jurídica y de legalidad en su vertiente de taxatividad, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

17. Además, sobre el tema referido no existe precedente judicial alguno y, por esa razón, para esta Suprema Corte la solución del asunto implicará la fijación de un criterio de interés para el orden jurídico nacional. Máxime, que el Tribunal Pleno de esta Alta Corte, en sesión de uno de octubre de dos mil veinticinco, resolvió reasumir la competencia originaria para conocer del amparo en revisión, por mayoría de seis votos.

18. En consecuencia, se surten los extremos de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83, de la Ley de Amparo.

IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

19. Para dar paso al estudio del fondo de la cuestión planteada, es conveniente exponer sucintamente los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo indirecto en torno a la inconstitucionalidad de los artículos 114, fracción II, y 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima; las consideraciones del Juzgado de Distrito sobre dicho planteamiento; los argumentos de agravio sugeridos por el recurrente para cuestionar el sobreseimiento decretado y la subsistencia del planteamiento constitucional en comento; y, finalmente, los agravios hechos valer en la revisión adhesiva.

20. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, la parte quejosa hizo valer, esencialmente, los argumentos que se resumen a continuación:

a) Inicialmente, planteó la inconstitucionalidad del artículo 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima pues, dijo, su contenido es contrario al principio de legalidad, toda vez que la conducta tipificada al incluir el verbo rector consistente en "omitir" no reviste la naturaleza tradicional del delito de peculado.

b) Por ello, estimó que esa norma trasgrede lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como el diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c) Enseguida, dio cuenta con los elementos del delito de peculado "tradicional": (i) un sujeto activo que se desempeñe como servidor público; y, (ii) que éste, para su beneficio o el de una tercera persona, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, depósito, posesión o por cualquier otra causa.

d) Afirmó que es inconcuso que el legislador de Colima haya establecido otra variante de esta conducta, que comprende que el servidor público que recibe o administra los recursos públicos omita destinarlos al fin para el que estaban previstos.

e) En su concepto, el Congreso local aprobó una sanción penal que no genera, en sí misma, un perjuicio traducido en el detrimento al erario público; y, en el caso concreto, al erario municipal.

f) Señaló que dicha norma deviene inconstitucional pues el Congreso responsable no sometió a una verdadera discusión y aprobación la iniciativa de ley que adicionaba este tipo penal, de ahí que advirtió que se trató de una vulneración al principio de legalidad y taxatividad en materia penal.

g) La hipótesis combatida, según las quejosas y contrario a lo que debiera entenderse por "peculado", tiene los siguientes elementos típicos: (i) un sujeto activo con la calidad de servidor público; (ii) que dicho sujeto recibe o administra recursos públicos; (iii) que omita destinarlos para el fin previsto de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables; o, (iv) que los aplique a un fin distinto a lo establecido por las mismas.

h) Además, para que una conducta de peculado sea punible, necesitan cumplirse, al menos, tres parámetros: primero, que sea una acción dolosa, con conocimiento de su ilicitud, pues el peculado no se encuentra dentro de las hipótesis susceptibles de sanción como delito culposo; segundo, que sea una conducta de acción, no de omisión, en tanto este se consuma en el momento en que se ocasiona el daño patrimonial a la administración pública; y, tercero, que se dirija a causar un detrimento en el patrimonio, en este caso, del Municipio.

i) A su entender, la norma impugnada carece de todo lo anterior y, por esa misma razón, vulnera el principio de taxatividad. Sobre este tópico, recordó las consideraciones sostenidas por esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 2/2014 y 95/2014.

j) Bajo esas premisas, sustentó que la descripción típica contenida en el numeral tildado de inconstitucional resulta ambigua, pues en la conducta omisiva no se precisa cómo es que se afecta al bien jurídico y cómo se consuma el delito ahí contemplado.

k) Esto, pues el injusto de peculado realmente se actualiza en el momento en que el servidor público distrae o saca los bienes de la esfera del poder de la administración pública y los incorpora a su ámbito de disposición, o al de un tercero, y es entonces cuando queda consumado, pues es ahí que se origina un verdadero perjuicio al ente público.

l) Añade que la hipótesis de "omisión" genera una ambigüedad en el tipo penal. Ello es así, pues esos recursos aún se encuentran en el peculio de la administración; es decir, no se les ha dado destino y, por ende, esa conducta no deviene delictiva por no existir un menoscabo en el organismo público.(4)

m) Más adelante, recordó los antecedentes históricos de la tipificación del peculado, mismos que, señala, tuvo sus orígenes en el delito de "abuso de autoridad" y no fue hasta la reforma al Código Penal Federal de 5 de enero de 1983 cuando cambió su denominación a "peculado."

n) De esa guisa, concluyó que las acepciones de esta conducta han sido, al menos, cinco: (i) el hurto de caudales del erario cometido por quien los administra; (ii) el hurto de caudales del Estado; (iii) el hecho que un servidor público se apropie, use o permita el uso indebido de bienes del Estado o de empresas institucionales administradas o en que sea parte el Estado, ya sea para su provecho o de un tercero; (iv) el hurto de propiedades del erario, cometido por aquél quien tiene confiada su administración; y (v) la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquél a quien corresponde su custodia o gestión.

o) Así, indicó la parte quejosa, el artículo 237 Bis, en la porción normativa impugnada ("omita destinarlos"), no comparte la naturaleza jurídica del peculado, razón por la que no puede ser clasificado como tal y menos aún ser sancionado en los mismos términos.

p) Incluso, citó el contenido de este delito en las legislaciones locales para evidenciar que en ninguna de ellas se incluye el "omitir" como verbo rector de esa conducta, y ello es exclusivo el Código Penal para el Estado de Colima.

q) En diverso concepto de violación, reclamó la aplicación tácita del artículo 114, fracción II, del Código sustantivo supracitado. En síntesis, señaló que ese precepto legal, al considerar el peculado como un delito de naturaleza imprescriptible, es inconstitucional por violentar el principio de legalidad.

r) Afirmó que la finalidad de determinar la imprescriptibilidad de un delito "obedece a la obligación estatal de velar por la justicia y evitar la impunidad en su más amplio sentido, en situaciones de excepción, limitadas a condiciones o situaciones político sociales muy concretas, y que por lo mismo, puede considerarse que determinados crímenes, por su naturaleza se consideren imprescriptibles, que puedan afectar la convivencia de un país, pues justamente atacan y precaven la alteración de la convivencia social."

s) Por tanto, dijo la parte quejosa, "la clasificación del peculado como delito imprescriptible no cuenta con sustento jurídico tanto legal, como Constitucional o Convencional susceptible de invocar, que permita justificar su inclusión como delito imprescriptible."

21. Sentencia recurrida. Con motivo de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, el Juzgado de Distrito emitió las consideraciones jurídicas siguientes:

a) De manera preliminar, estableció que, aun cuando la quejosa señaló como acto reclamado la publicación del decreto que adicionó el artículo 237 Bis y modificó la fracción II del diverso 114 del Código Penal para el Estado de Colima, no formuló ningún concepto de violación tendiente a atacar la norma por vicios propios. Razón por la que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo,(5) únicamente respecto a la publicación de la norma general reclamada y atribuida a la Gobernadora del Estado de Colima.

b) En un segundo orden de ideas, determinó que se actualizó la diversa causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto del proceso legislativo del numeral 114, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima.

c) Para abordar este tema, dijo que la impugnación de una norma general en el juicio de amparo puede darse si es autoaplicativa (al entrar en vigor) o heteroaplicativa (al existir un acto concreto de aplicación). En el caso de las segundas, indicó, es indispensable que se demuestre la individualización del efecto de la norma en la esfera jurídica del quejoso que sea posterior a su entrada en vigor.(6)

d) Así, y contrario a lo sostenido por la parte promovente del amparo, determinó que el acto de aplicación del artículo 114, fracción II, combatido no fue acreditado. Lo anterior, pues del análisis del auto reclamado no observó que la autoridad responsable haya referido a la imprescriptibilidad del hecho imputado; pues únicamente se limitó a analizar la legalidad del auto de vinculación a proceso impugnado e, incluso, señaló, dicho planteamiento no fue motivo de disenso en el recurso de apelación que ameritara un pronunciamiento al respecto.

e) Por esas razones, estimó que las quejosas no comprobaron de manera fehaciente el acto de aplicación del artículo –y de ahí su interés jurídico– para someterla a control, en tanto no se observó que se demostrara indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por la norma y, así, se afectara su esfera jurídica.

f) Por estas consideraciones, declaró el sobreseimiento del juicio de amparo. Una vez delimitada la litis constitucional, entró al estudio de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa.

g) En primer lugar, determinó que el artículo 237 Bis impugnado cumple con el principio de exacta aplicación de la ley penal, ya que describe de manera clara y precisa la conducta sancionada. No existe indeterminación normativa, como incorrectamente señalaron las quejosas, pues el tipo señala la calidad del sujeto activo, el objeto material (recursos públicos) y la conducta omisiva sancionada.

h) El Juez sostuvo que el legislador local tiene potestad para definir modalidades típicas, incluida la omisión en el uso o aplicación de recursos. Agregó que la omisión de asignarlos a su finalidad constituye una conducta que puede encuadrarse dentro del concepto amplio de distracción de los recursos públicos. En otras palabras, la inclusión del verbo "omitir" es válida y no desnaturaliza el delito de peculado.

i) Por otro lado, consideró que no existió violación al principio de taxatividad, pues no existe ambigüedad en la descripción típica del numeral combatido. En efecto, el artículo 237 Bis delimita objetivamente la conducta prohibida, por lo que no induce a interpretaciones arbitrarias. La norma establece cuándo se configura la omisión (en el momento en que no se destinan los recursos al fin previsto), qué recursos abarca y cuál es el deber jurídico incumplido, lo que excluye cualquier vaguedad.

j) Advirtió que la alegada ausencia de discusión parlamentaria es un tema interno del proceso legislativo que no afecta de manera directa derechos fundamentales de la parte quejosa. Mientras la norma haya sido emitida conforme a los requisitos formales mínimos y esté vigente, señaló, no existió una violación constitucional que haya de ser reparada por esta vía.

k) Después, desechó el argumento consistente en que el peculado exige siempre un detrimento económico. Esto, pues indicó que la tutela penal del patrimonio público permite sancionar conductas que comprometen la correcta administración de recursos, aun cuando no exista una apropiación ni salida material del erario. La simple omisión de destinarlos al fin autorizado, por lo tanto, constituye una afectación al bien jurídico y es una modalidad de "comisión por omisión" de esa conducta penalmente relevante.

l) En esa línea, sostuvo que la existencia de un beneficio personal es irrelevante para la configuración de esta modalidad de peculado. Por ello, el legislador puede sancionar modalidades que protejan la administración pública en sentido amplio, sin exigir necesariamente un lucro. La omisión de aplicar recursos conforme a su destino basta para que la conducta pueda ser penalmente relevante.

m) Por último, sí existieron datos de prueba suficientes que establecen la comisión del delito de peculado, en su modalidad de "comisión por omisión", y la probable responsabilidad de las quejosas en su participación. Motivo por el cual determinó que el auto de vinculación a proceso se encuentra ajustado a derecho. No existió una violación a derechos procesales de la parte quejosa.

n) Finalmente, el Juez estableció que resultó innecesario que la autoridad de alzada, de manera oficiosa, analizara las causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito, más aún porque, como recordó, no fue motivo de disenso en el recurso de apelación.

o) Por las anteriores consideraciones, sobreseyó el juicio y negó el amparo a la parte quejosa en contra de los actos que en ese medio de control constitucional reclamaron.

22. Recurso de revisión. En desacuerdo con la resolución del Juzgado de Distrito, la parte quejosa formuló los siguientes agravios:

a) Aduce que, erróneamente, el Juzgador de Amparo tuvo por actualizada la causal de sobreseimiento en la hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto del artículo 114, fracción II, del Código Penal para el Estado de Colima.

b) Contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, las ahora recurrentes consideran que su legitimación se encontró debidamente acreditada en el momento en que fueron directamente afectadas con el acto de aplicación.

c) Reconoce que su situación jurídica se ve alterada por tratarse de una aplicación tácita de la ley. La imprescriptibilidad de esa conducta es perpetua y causa un perjuicio directo contra las que suscriben, pues estarán sujetas a una investigación que, en sus palabras, "nunca se archivará".

d) Además, se trata de una norma que no cuenta con fundamento constitucional o internacional que legitime esa potestad punitiva de manera perpetua.

e) En su concepto, el daño a sus derechos humanos, mediante la aplicación de este numeral, es de tracto sucesivo, en tanto genera una amenaza clara y concreta de afectación a su libertad, su seguridad jurídica y su presunción de inocencia.

f) De ahí que la solución brindada por el Juez de Distrito, consistente en que carecen de interés jurídico, es incorrecta, restrictiva y deja de lado la aplicación tácita del precepto legal que regula como imprescriptible el delito de peculado. La sentencia recurrida debió de abordar de manera objetiva la afectación a los derechos sometidos a consideración.

g) Esto, indica, se traduce en que el momento en que, efectivamente, se verifica la aplicación del numeral combatido es cuando se les atribuye a las recurrentes su probable responsabilidad en ciertos hechos que son imprescriptibles.

h) Adicionalmente, refiere que un pronunciamiento realizado por el Tribunal de Alzada no varía la naturaleza inconstitucional que se reclama, pues se trata de una ley que modifica el régimen de prescripción de los delitos y que genera efectos jurídicos concretos: la perpetuidad de los plazos de prescripción.

i) Esto impacta, dice, desde el inicio de su vigencia a todas aquellas personas que pueden estar sujetas a la investigación o acusación de delitos considerados como imprescriptibles. Por ello, señala, se trata de una disposición autoaplicativa y no heteroaplicativa, como incorrectamente lo sostuvo el Juez de Distrito, pues no existe un plazo de prescripción para que el poder punitivo del Estado esté limitado temporalmente.

j) De ahí que, al emitir la resolución del recurso de apelación en la que se confirmó el auto de vinculación a proceso, se les sujetó de manera implícita y tácita a las reglas de la prescripción. Por eso mismo, la resolución recurrida, al negar el interés legítimo de la parte quejosa, limita el acceso a la justicia y vulnera el derecho humano a un recurso judicial efectivo, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

k) Insiste en que la imprescriptibilidad del delito de peculado, tal y como es regulado en el Código sustantivo de la materia, deviene inconvencional, pues no guarda los parámetros de gravedad y las violaciones fundamentales que suponen a los derechos humanos: su impacto social y al orden jurídico no amerita que su persecución no se extinga a través del paso del tiempo.

l) Por su parte, aquellos delitos que sí pueden estar sujetos a la investigación y sanción perpetua son únicamente los delitos graves, particularmente los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Entonces, si el peculado no se asocia con este tipo de conductas relacionadas con violaciones graves de derechos humanos, en inconcebible que sea imprescriptible, además de que no está previsto en ningún tratado internacional (como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Estatuto de Roma).

m) Expone que esa disposición es violatoria del principio de seguridad jurídica, en tanto este se instituye como un pilar fundamental de cualquier sistema legal e implica que los gobernados deben conocer con certeza cuáles son las normas que rigen su conducta y confiar en que, después de cierto tiempo, los actos cometidos en el pasado no sean susceptibles de ser modificados o perseguidos por normas o situaciones posteriores.

n) Refiere que esa norma violenta el principio de proporcionalidad, pues se trata de una medida que es excesiva y desmedida; que, finalmente, se convierte o equipara en una pena. De ahí que sea contrario al artículo 22 de la Constitución general.

o) En ese tenor, cita que el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el derecho a las personas a no ser sometidas a penas crueles, inhumanas o degradantes y que las penas sean proporcionales al delito cometido. Por ello, perpetuar una investigación al pretender que estos hechos son imprescriptibles vulnera este principio.

p) En un segundo agravio, insiste en que el artículo 237 Bis del Código Penal para el Estado de Colima trasgrede el principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, pues, en los mismos términos que en su demanda de amparo, reitera que los verbos rectores del delito, consistentes en "omitir" y "destinar", generan una incertidumbre jurídica y afectan los derechos de las personas imputadas en tanto no permiten obtener su significado penal.

q) Por ello, afirma que la jurisprudencia 1a./J. 83/2004 no es aplicable en el caso concreto, como desacertadamente lo señaló el Juez de Amparo, pues el principio de taxatividad en materia penal exige que las leyes no solo sean claras en su redacción, sino además que no permitan interpretaciones contradictorias o imprecisas, al tenor de la jurisprudencia 1a./J. 54/2014.

r) Además, indica que el artículo impugnado no deja claro cómo es que se verifica el detrimento patrimonial ni el proceso de cómo éste se reduce si la omisión realmente afectó los recursos públicos. Apunta que esta "laguna legal" genera una incertidumbre por el desconocimiento de los elementos subjetivos y normativos de la sanción penal.

s) Argumenta que el tipo penal cuya constitucionalidad se combate tiene como consecuencia que se penalicen conductas en las cuales no existe una intención de cometer un delito; sugiere que la omisión de destinar los recursos puede derivar de una cuestión administrativa que retrase la asignación de los fondos que genera una sanción excesiva de esa conducta.

t) En otro orden de ideas, plantea que ese artículo no tiene una adecuada justificación, por lo que se aleja de los estándares de razonabilidad y congruencia del sistema penal mexicano, pues el hecho que no se contemple en otros ordenamientos penales locales vulnera el principio de igualdad ante la ley.

u) Contrario al dicho del Juez, d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34298-f5aa875e/delito-de-peculado-en-su-modalidad-de-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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