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Modo: Corpus Pro

PECULADO. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4634/2025. · Registro digital (IUS): 34139
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-10
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.5.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4634/2025. 28 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRA MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIADO: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR Y ALEJANDRO VILCHIS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona fue declarada penalmente responsable de la comisión del delito de peculado y se le impuso pena de prisión de ********** años y ********** meses, entre otras sanciones. El sentenciado interpuso apelación, el cual fue resuelto en el sentido de modificar la sentencia recurrida, por lo que se disminuyó la pena de prisión a ********** años.

En contra, el sentenciado promovió amparo directo, en el que, entre otras cuestiones, planteó que el tipo penal de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, en sus porciones normativas “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, resultaba violatorio del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado determinó negar el amparo y sobreseer en el juicio. Inconforme, el quejoso y su defensor particular interpusieron recurso de revisión, en el que insistieron en la inconstitucionalidad de la norma.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4634/2025, interpuesto por ********** en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en sesión pública ordinaria virtual de cinco de junio de dos mil veinticinco, en el juicio de amparo directo **********.

La cuestión que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar si las porciones normativas “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, previstas en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, son o no violatorias del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

ANTECEDENTES

1. Causa penal **********. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán declaró penalmente responsable a ********** de la comisión del delito de peculado(1) y le impuso, entre otras sanciones, ********** años y ********** meses de prisión.

2. En esta resolución se tuvo por acreditado que el sentenciado, en su carácter de subdirector administrativo de la Clínica Hospital de Pátzcuaro, Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibió en administración $********** (********** pesos **********/100 M.N.), cuya cantidad distrajo de su objeto para uso propio, en el periodo comprendido entre el uno de julio de dos mil diez y el treinta y uno de julio de dos mil doce.

3. Toca penal **********. Inconforme, el sentenciado interpuso recurso de apelación. El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito, el doce de diciembre de dos mil veinticuatro, modificó la sentencia recurrida para imponerle al sentenciado la pena de dos años de prisión.

4. Amparo directo **********. En contra de la sentencia de apelación, ********** promovió amparo directo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito y en sesión de cinco de junio de dos mil veinticinco, negó el amparo y sobreseyó en el juicio.

5. Recurso de revisión. Inconforme, el quejoso y su defensor particular interpusieron recurso de revisión, que se remitió a este Alto Tribunal.

6. Trámite en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de cinco de agosto de dos mil veinticinco, la persona titular de la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el recurso de revisión 4634/2025, lo admitió a trámite y lo turnó para su estudio al Ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

7. Returno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el asunto fue radicado en este Tribunal Pleno y returnado a la Ponencia de la Ministra María Estela Ríos González, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

I. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal;(2) 81, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) y punto segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General número 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) porque se interpuso en contra de una sentencia de amparo directo que pronunció un Tribunal Colegiado de Circuito.

II. OPORTUNIDAD

9. La sentencia recurrida se notificó personalmente al recurrente el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, por lo que surtió efectos el día siguiente de conformidad con la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo.(6) De ahí que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la citada ley,(7) transcurrió del diecinueve de junio al dos de julio de dos mil veinticinco.(8) Por tanto, si el escrito de revisión se presentó el veintiséis de junio de la citada anualidad, su presentación es oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

10. El quejoso y su defensor cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que ese carácter se les reconoció en el amparo directo **********.

IV. CONSIDERACIONES PREVIAS

Conceptos de violación:

• Es inconstitucional el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, en sus porciones “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”; al violar el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, dado que esos términos no son claros, ni precisos ni exactos.

• El Tribunal de Apelación avaló la incongruencia entre lo sustentado por el Ministerio Público en sus conclusiones acusatorias, y lo que resolvió el Juez de la causa en su sentencia, pues consideró que había suplido las deficiencias del órgano acusador.

• La sentencia impugnada carece de fundamentación y motivación, porque el juez de la causa aplicó el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal vigente, y no el que estaba en vigor en la época de los hechos (dos mil diez), pues se introdujeron nuevos elementos.

• No constan pruebas idóneas que permitan establecer que se acreditaron los elementos del delito de peculado, aunque la responsable estima que se demostraron con la prueba circunstancial, la cual se valoró incorrectamente.

• El Tribunal responsable otorgó valor indiciario al profesiograma aportado por la persona moral ofendida, lo que causa agravio porque es de fecha posterior a la época de los hechos, y carece de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

• El quejoso se reservó su derecho a declarar y no ratificó el contenido del acta administrativa ni de las minutas de trabajo levantadas por personal de la moral ofendida, quienes no tenían facultades para realizar diligencias de carácter penal, además de que él no estuvo asistido por defensor.

• La responsable, sobre un acta circunstanciada, oficio de la encargada del Despacho de la Dirección de la Clínica Hospital de Pátzcuaro, Michoacán, y el informe de la contadora pública **********, no advierte que esas pruebas si bien se desahogaron en la averiguación previa no se perfeccionaron por el Ministerio Público.

• Valora como pruebas copias de cheques y facturas; no obstante que se obtuvieron al margen de las exigencias legales y convalida un supuesto reconocimiento de culpabilidad externado por el quejoso en un acta administrativa, pero debió excluirse del material probatorio.

• La resolución reclamada no cumple con formalidades legales, se firmó por dos magistrados y un secretario en ausencia de la tercera integrante del Tribunal Colegiado de Apelación.

Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito:

• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 175, fracción IV de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos y autoridades que se mencionaron en la ampliación de la demanda de amparo.(9)

• El artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, en sus porciones normativas: a) “para su beneficio o el de una tercera persona física o moral”, y b) “distraiga”, no vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.(10) El contexto de la norma permite obtener su significado sin confusión para su destinatario, ya sea desde un lenguaje natural, gramatical o incluso jurídico; a quien está dirigida –servidor público-; y la conducta que se estima punible: la distracción de su objeto de bienes en dinero.

• El juez del proceso, como lo sostuvo la autoridad responsable, no suplió las conclusiones acusatorias, al estimar como elementos del delito de peculado: a) un servidor público, b) la distracción de su objeto, y c) por razón de su cargo reciba en administración, depósito, posesión o por otra causa, cosas pertenecientes al Estado, pues no varió la conducta que desplegó el quejoso.

• No ocasiona agravio la aplicación del artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal vigente. Al igual que el que estaba en vigor en la época de los hechos (dos mil diez), conserva los mismos elementos y pena de prisión; incluso el vigente es más benéfico, al no prever la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo o comisión pública, como sanción y además establece una multa menor.

• Es correcto que el Tribunal de alzada tuviera por acreditado el delito de peculado y la plena responsabilidad penal del quejoso en su comisión.

• El Juez de Distrito, convalidado por la responsable, realizó un correcto estudio de los medios de prueba desahogados, sin que los aportados por la defensa desvirtuaran las pruebas de cargo, generadas mediante la prueba indiciaria, por lo que no se vulnera el principio de presunción de inocencia.

Agravios:

• El Tribunal Colegiado, al declarar infundados los conceptos de violación sobre las porciones normativas “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, de la fracción I, del artículo 223 del Código Penal Federal, realiza una indebida interpretación y aplicación de las garantías de exacta aplicación de la ley penal en su vertiente de taxatividad y de seguridad jurídica, pues no atendió a que se trata de una norma vaga y ambigua, que genera incertidumbre y da paso a la arbitrariedad.

V. PROCEDENCIA DEL RECURSO

11. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y el Punto Tercero del Acuerdo General 3/2025 (12a.),(11) del Pleno de esta Suprema Corte, se actualiza el primer requisito de procedencia, debido a que el quejoso impugnó la constitucionalidad del artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, en sus porciones normativas “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga”, en contraste con el artículo 14, tercer párrafo, constitucional, en cuanto al principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad. El Tribunal Colegiado calificó de infundado el planteamiento y el recurrente lo combate en sus agravios.

12. También se actualiza el segundo requisito de interés excepcional,(12) debido a que no existe jurisprudencia de este Alto Tribunal que resuelva el tema de fondo planteado, lo cual adquiere relevancia para el orden jurídico nacional.

13. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la entonces Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1111/2015 analizó la constitucionalidad de las expresiones “distraiga” y “aplicación distinta” contenidas en el tipo penal de peculado previsto en la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal. Sin embargo, la procedencia de este recurso se justifica a fin de contar con un precedente obligatorio.

14. Por otra parte, no es procedente el recurso en cuanto a los conceptos de violación en los que se plantea la violación a los derechos a la no autoincriminación, a la privacidad y al principio de presunción de inocencia.

15. Respecto al derecho a la no autoincriminación, el Tribunal Colegiado apreció que la prueba acta administrativa o minuta de trabajo (aludida por el quejoso) no tiene el carácter de confesión y la valoró como indicio.

16. En cuanto al derecho a la privacidad, de acuerdo con la doctrina constitucional desarrollada por esta Suprema Corte,(13) la solicitud de estados de cuenta bancarios a la autoridad correspondiente se encuentra sujeta a control judicial previo; no obstante, tales documentos fueron proporcionados directamente por la persona moral oficial ofendida.

17. Por último, con relación al principio de presunción de inocencia, el Tribunal Colegiado validó la legalidad de la valoración de las pruebas de cargo(14) y estimó legal la acreditación del delito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión.

18. En ese contexto, el Tribunal Colegiado analizó los anteriores planteamientos en un plano de estricta legalidad; por tanto, no resulta procedente el recurso de revisión en estos aspectos.

VI. ESTUDIO DE FONDO(15)

19. El artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Federal dispone:

Artículo 14.

[...]

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

20. Conforme a este precepto sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas.(16)

21. Esta Suprema Corte ha sostenido que este mandato no sólo impone obligaciones a la autoridad jurisdiccional, sino también a la legislativa en el sentido de que prevea tanto la conducta delictiva como la sanción aplicable con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica en las personas.(17)

22. El mandato de taxatividad sólo obliga al legislador a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable.(18) Para analizar el grado de suficiencia en la claridad de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma disposición normativa, así como al contexto en el cual se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios.

23. Expuesto lo anterior, la norma general impugnada establece textualmente:

Artículo 223. Comete el delito de peculado:

[...]

I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

[...].

24. Resulta infundado el agravio planteado por el recurrente, porque tal como precisó el Tribunal Colegiado del conocimiento, las porciones normativas “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga” no vulneran el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad; son lo suficientemente claras y precisas.

25. El contexto de la norma permite obtener su significado sin confusión para sus destinatarios, ya sea desde el lenguaje natural, gramatical o, incluso, jurídico.(19)

26. Desde un punto de vista gramatical es factible determinar el significado de los vocablos beneficio,(20) tercera persona(21) y distraer.(22) El primer término se asocia a “bien que se recibe”, “utilidad” o “ganancia económica”. El segundo se refiere a “persona que media entre otras” y “persona distinta de las que intervienen en un asunto”. Mientras que el tercero alude a “apartar, desviar, alejar” y “malversar fondos”.

27. El tipo penal del delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, contiene los siguientes elementos:

a) El sujeto activo tiene el carácter de servidor público;

b) Distrae de su objeto, para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular; y,

c) Por razón de su cargo, el activo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa.

28. Así pues, el tipo penal está destinado a sancionar a la persona servidora pública que aparte, desvíe o aleje de su finalidad el dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa del Estado o un particular, que por virtud de su cargo hubiera recibido en administración, depósito, posesión o por otra causa, y esto lo realice para obtener un bien, utilidad o ganancia para sí misma o para una persona distinta de ella que puede ser física o moral.

29. La extinta Primera Sala de este Alto Tribunal se pronunció sobre el significado del término “distraer” en el delito de peculado en la tesis aislada de rubro: “PECULADO, CONCEPTO JURÍDICO DE “DISTRAER EN EL DELITO DE”,(23) y en el amparo directo en revisión 1111/2015, en los que se estableció que tal expresión debía entenderse como “cambiar la finalidad jurídica del bien confiado”.(24)

30. De esta manera, se entiende con suficiente precisión que la conducta prohibida por el delito de peculado, prevista por la fracción I del artículo 223 del Código Penal Federal, consiste en que la persona servidora pública cambie la finalidad del dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa del Estado o un particular, que por virtud de su cargo hubiera recibido en administración, depósito, posesión o por otra causa, y esto lo realice para obtener un bien, utilidad o ganancia para sí misma o para otra persona física o moral.

31. Más aún que si la norma analizada está dirigida a las personas servidoras públicas, es evidente que se entiende con claridad por sus destinatarias, al encontrarse inmersas en el contexto en que se desenvuelve la norma.

32. En conclusión, dado que los vocablos “para su beneficio o el de una tercera persona” y “distraiga” son lo suficientemente claros y precisos como para identificar la conducta prohibida, y que para establecer su significado no se recurre a la analogía ni a la mayoría de razón, se determina que la fracción I del artículo 223 del Código Penal Federal cumple con el principio legalidad en su vertiente de taxatividad.

VII. DECISIÓN

33. Al resultar infundado el agravio del recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Por todo lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** en contra de la autoridad y el acto precisados en esta ejecutoria.

Notifíquese conforme a derecho corresponda. En su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa apartándose de los párrafos 14 al 18 (antes 12 al 16), Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf, Figueroa Mejía, Guerrero García y Presidente Aguilar Ortiz apartándose de los párrafos 14 al 18 (antes 12 al 16). Las personas Ministras Esquivel Mossa y Presidente Aguilar Ortiz se reservan su derecho de formular sendos votos concurrentes.(25)

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman el señor Ministro Presidente y la señora Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

**********En términos de los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Previsto en el artículo 223, fracción I, y sancionado en el penúltimo párrafo de ese ordinal, en relación con el 212, primer párrafo, del Código Penal Federal.

2. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...]

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia de recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; [...].

3. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: [...]

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. [...].

4. Artículo 16. - - - La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: [...]

IV. Del recurso de revisión en amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; [...].

5. SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución: [...]

VIII. Los amparos en revisión: [...]

b) Substanciados en la vía directa, en los que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la SCJN el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, en términos del artículo 107, fracción IX, de la CPEUM. [...].

6. Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: [...]

II. Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos de la presente Ley. Tratándose de aquellas personas usuarias que cuenten con Firma Electrónica, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando llegado el término al que se refiere la fracción II del artículo 30, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario o actuaria la razón correspondiente, y [...].

7. Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.

8. Previo descuento de los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veinticinco, por ser inhábiles -sábados y domingos-, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

9. El quejoso se dolió, como actos destacados, de la aplicación del artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, que atribuyó al Juez de primera instancia y al Tribunal de Alzada; ante la eventual inconstitucionalidad de la norma, sólo tendrá el alcance de dejar insubsistente la sentencia definitiva contra la que se promovió el amparo, sin producir efecto respecto de las autoridades que intervinieron en el proceso formal donde se creó la ley combatida.

10. Al respecto, el Tribunal Colegiado sobre la base de la jurisprudencia de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”, y del amparo directo en revisión 3050/2024, del índice de la anterior Primera Sala, que originó el criterio de rubro: “DELITO DE PECULADO. EL ARTÍCULO 223, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN LA PORCIÓN “APLICACIÓN DISTINTA”, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD”, respondió el argumento del quejoso.

11. Define la procedencia del recurso de revisión, en los términos siguientes:

[...] II. En la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de alguna norma general, la interpretación directa de algún precepto constitucional, de un derecho humano establecido en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, que el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de dichas cuestiones, y [...].

12. Acuerdo General 3/2025 (12a.)

CUARTO. Criterios orientadores sobre el interés excepcional. Para efectos de este Acuerdo General, se considerará que un asunto reviste interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, entre otros, en los siguientes supuestos:

I. El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la SCJN, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o derechos humanos;

II. El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

III. Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la CPEUM, o de derechos humanos, o

IV. La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la SCJN en materia constitucional o de derechos humanos.

13. Cfr. Jurisprudencia 1a./J. 188/2025 (11a.), de rubro: “SECRETO BANCARIO. EL ARTÍCULO 142, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN SU TEXTO CORRESPONDIENTE A LA REFORMA QUE SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 17 DE JUNIO DE 2016, VULNERA EL DERECHO A LA VIDA PRIVADA”, Primera Sala, Undécima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 2, página 1286, registro 2031038.

14. Como lo destacó esta Suprema Corte en diversos criterios jurisprudenciales.

Cfr. Jurisprudencia 1a./J. 2/2017 (10a.), de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO”, Primera Sala, Décima Época, Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo I, página 161, registro 2013368.

15. Para el estudio de fondo, se retomarán algunas de las razones jurídicas empleadas por la extinta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 1111/2015, en el que se abordó el análisis de la expresión normativa “distraiga”, contenida en la fracción IV del artículo 223 del Código Penal Federal, y se estimó que no resultaba violatoria del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

16. Cfr. Tesis aislada P. XXI/2013, Tribunal Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XX, mayo de 2013, tomo 1, página 191, registro 2003572, de rubro: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS”.

17. Cfr. Jurisprudencia 1a./J. 10/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de 2006, página 8, registro 175595, de rubro: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR”.

18. Cfr. Tesis aislada CXCII/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI, junio de 2013, tomo 1, página 605, registro 2003897, de rubro: “TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE”.

19. Cfr. Jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”, Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 131, registro 2006867.

20. Beneficio:

(Del lat. beneficium).

1. m. Bien que se hace o se recibe.

2. m. utilidad (? provecho).

3. m. Labor y cultivo que se da a los campos, árboles, etc.

4. m. Acción de beneficiar (? extraer sustancias de una mina).

5. m. Acción de beneficiar (? ceder créditos).

6. m. Conjunto de derechos y emolumentos que obtiene un eclesiástico de un oficio o de una fundación o capell

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34139-43267ddb/peculado-el-articulo-223-fraccion-i-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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