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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL CUANDO SE RECLAMA VÍA AMPARO INDIRECTO LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE SE VINCULÓ A PROCESO A LA PERSONA QUEJOSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 37/2026. · Registro digital (IUS): 34260
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-09-25
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRI
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Septiembre de 2026, Tomo IV, Volumen 2, Pág.633.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 37/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO. SECRETARIA: IRMA JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria presencial de trece de agosto de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 228/2025, con los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 241/2008, 496/2013, 475/2014, 530/2014 y 509/2017, los cuales dieron origen a la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."; el Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 128/2012, el cual dio origen a la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO)"; y, el Primero del Vigésimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 82/2023.

2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional consiste en determinar si existe contradicción de criterios entre los tribunales colegiados contendientes, a efecto de formular una pregunta genuina respecto a un tema jurídico.

I. ANTECEDENTES

3. Mediante oficio 195/2026, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por dicho órgano colegiado al resolver el amparo en revisión 228/2025, en contra del sostenido por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Sexto Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el amparo en revisión 190/2022; Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito (Región Centro-Norte) al resolver los amparos en revisión 241/2008, 496/2013, 475/2014, 530/2014 y 509/2017; Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el amparo en revisión 128/2012; Segundo del Vigésimo Noveno Circuito (Región Centro-Sur) al resolver el amparo en revisión 176/2023; y Primero del Vigésimo Sexto Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el amparo en revisión 82/2023.

4. Por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la registró bajo el consecutivo 46/2026 y determinó su incompetencia para conocer de la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a la Región Centro-Norte, a saber, Quinto en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito y Primero del Vigésimo Sexto Circuito, por lo que, en virtud de que los criterios que sustentaron correspondían a la materia penal, ordenó remitir a este Pleno Regional la versión digitalizada del citado proveído y de las constancias de cuenta.

5. Asimismo, dado que en la denuncia respectiva también se refería a los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Sexto Circuito y Segundo del Vigésimo Noveno Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Sur, se reservó pronunciarse sobre la competencia de ese Alto Tribunal y, en su caso, procedencia de una posible contradicción que se suscitara entre el criterio sustentado por los referidos Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur y el sostenido en la ejecutoria que se dicte en la presente contradicción de criterios, por lo que solicitó a este Pleno Regional que en el momento procesal oportuno se remita al Máximo Tribunal, por conducto del MINTERSCJN, la resolución que recaiga a la misma.

II. TRÁMITE

6. Mediante auto de Presidencia de quince de abril de dos mil veintiséis, se radicó la contradicción de criterios respectiva en este Pleno Regional con el número 37/2026, se certificó que se realizó la vinculación electrónica de los respectivos asuntos del índice de los Tribunales Colegiados contendientes; se admitió a trámite, se solicitó a los órganos colegiados en contienda, informaran si su criterio continuaba vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció y la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio.

7. De igual manera, se tuvo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicando que durante los últimos tres meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuyo tema tuviera relación con el establecido preliminarmente en esta contradicción de criterios; por último, se turnó electrónicamente la misma a la ponencia del Magistrado Miguel Ernesto Leetch San Pedro.

8. En proveídos de veintidós, veintitrés y veintiocho de abril de dos mil veintiséis, se tuvo a los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Segundo Circuito, Primero del Vigésimo Sexto Circuito y Primero en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente, informando que sus criterios correspondientes continuaban vigentes.

9. El uno de junio del año que transcurre, se solicitó nuevamente al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que informara si su criterio continuaba vigente o, en su caso, las consideraciones para tenerlo por superado o abandonado, así como la fecha en que aquello aconteció y la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio, en virtud de que hasta esa fecha había sido omiso al respecto.

10. Por acuerdo de diez de junio del actual, se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informando que su criterio continuaba vigente, con lo que se tuvo debidamente integrado el presente asunto, por lo que se confirmó el turno a la ponencia respectiva, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

III. PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE

11. Conforme al artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución puede ofrecer voluntariamente su opinión respecto a la contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Puede presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.

12. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.

IV. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de conformidad con los artículos 94, párrafo primero y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, y 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023.

14. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.

V. LEGITIMACIÓN

15. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Pleno del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano jurisdiccional perteneciente a la Región Centro-Norte y contendiente en la presente contradicción de criterios.

VI. CRITERIOS EN CONFLICTO

16. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios en comento, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de cada uno de los asuntos, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

A) Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 228/2025.

Antecedentes:

17. Una persona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra diversos actos reclamados, dentro de los que destacan, para efectos de la presente contradicción de criterios, la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución.

18. De dicha demanda de amparo le correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que la registró con el número ********** y la admitió a trámite. Durante la substanciación del juicio se recibieron los informes justificados de todas las responsables que fueron emplazadas, en los que negaron la existencia de lo reclamado, y se declararon inexistentes diversas autoridades ante su denominación imprecisa.

19. Entre dichos informes se encontraba el del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12, en funciones de trámite, quien a pesar de que negó los actos, reconoció que el once de febrero de dos mil veinticinco, su homólogo también adscrito a dicha unidad celebró una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión librada en la carpeta judicial **********, instruida contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia de delito de fraude genérico, en agravio de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

20. También informó que en la referida audiencia, el Ministerio Público formuló imputación y, posteriormente, se vinculó a proceso al quejoso por el delito aludido, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

21. El dos de junio de dos mil veinticinco, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia, en la que se sobreseyó en el juicio; por un lado, al considerar inexistentes los actos y, por el otro, respecto de la orden de aprehensión y su ejecución, al estimar que sobrevino un cambio de situación jurídica.

22. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que por auto de Presidencia de doce de agosto de dos mil veinticinco, lo registró bajo el consecutivo 228/2025 y lo admitió a trámite. Seguidos los trámites legales correspondientes, en sesión ordinaria de veintiséis de febrero de dos mil veintiséis, el órgano colegiado dictó sentencia en la que se confirmó la resolución recurrida y por razones parcialmente distintas se sobreseyó en el juicio de amparo, bajo las siguientes consideraciones:

Criterio contendiente

23. El Tribunal Colegiado indicó que estimaba ajustado a derecho que el juzgado revisado hubiera decretado el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por la totalidad de las autoridades, salvo por dos de ellas, respecto de la orden de aprehensión; en virtud de que la Jueza de Distrito advirtió que las responsables desconocieron la existencia de lo reclamado, sin que la parte quejosa aportara pruebas para desvirtuar esa negativa.

24. Señaló que correctamente la A quo tuvo por cierto los actos reclamados al Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 12 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la orden de aprehensión librada el once de enero de dos mil veinticinco, en la carpeta judicial ********** contra el quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia de delito de fraude genérico, en agravio de **********, sociedad anónima de capital variable, así como su ejecución.

25. No obstante, no compartía la determinación de la Jueza de primer grado, al tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de tales actos reclamados, pues no atendía a las tecnicidades de los actos procesales propios del sistema penal acusatorio ni a sus distinciones con los del sistema penal tradicional o mixto, ya que, en realidad, el contexto fáctico que regía en la instancia ordinaria demostraba que los efectos de la orden de aprehensión se encontraban consumados de modo irreparable.

26. Para motivar su postura, estimó necesario desarrollar el siguiente marco temático:

27. En principio, (i) reflexionaría sobre la naturaleza de la orden de aprehensión en el sistema mixto o tradicional; enseguida, (ii) analizaría la naturaleza de la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio.

28. A continuación, abordaría los componentes de dos causas de improcedencia del juicio de amparo: (iii) por cambio de situación jurídica y (iv) por actos consumados de modo irreparable.

29. Posteriormente, (v) traería a contexto los elementos necesarios para resolver la controversia y (vi) asumiría la decisión, en donde se demostraría que no es posible estimar que sobrevino un cambio de situación jurídica por dos razones estrechamente relacionadas: una (vi.1.) material o sustancial y otra (vi. 2.) formal o estructural; finalmente, (vi. 3.) justificaría por qué la consumación irreparable de los actos es la causal con debida adecuación y preferencia frente a alguna otra.

i) La naturaleza de la orden de aprehensión en el sistema mixto o tradicional

30. Adujo que en el sistema mixto o tradicional abrogado el primer acto procesal a través del cual se manifestaba la pretensión punitiva del Estado era la consignación.

31. En ese momento, el agente del Ministerio Público materialmente presentaba la averiguación previa ante el juez de la causa, mediante la que ejercía acción penal, con o sin detenido, contra una persona a quien señalaba como probable responsable de la comisión de hechos constitutivos de delito. En este instante iniciaba el proceso penal.

32. Indicó, que dentro de las diversas pretensiones que la institución ministerial podía realizar cuando ejercía acción penal sin detenido, se encontraba la solicitud de una orden de aprehensión. Cuando se requería ese mandamiento de captura, el juez de la causa debía resolver en el sentido de librarla o negarla. En este último caso lo podía hacer por vicios formales (fundamentación, motivación, congruencia, etcétera) o de fondo (porque la conducta no configura delito o la persona no era responsable del hecho).

33. Que en el primer supuesto (orden librada), el proceso continuaba conforme a sus formalidades. En el segundo (orden negada), el procedimiento cesaba para que el Ministerio Público subsanara las insuficiencias formales; o bien, por razones de fondo, el proceso concluía por sobreseimiento, lo que implicaba una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.

34. Mencionó que al respecto, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 25/2011, con número de registro digital 162063, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN.", determinó que la orden de aprehensión, como su propio nombre lo indicaba, era una actuación judicial que tenía por efecto restringir de manera provisional la libertad personal o ambulatoria del indiciado, con el objeto de sujetarlo a un proceso penal por el o los delitos por los que ésta se libraba.

35. Por lo anterior –destacó el Máximo Tribunal– que el indiciado podría promover los medios de defensa que se encontraran a su alcance, entre ellos, el juicio de amparo indirecto, a fin de combatir esa determinación judicial, cuestionando no sólo aspectos formales –fundamentación y motivación del acto reclamado y falta de valoración de pruebas de descargo, entre otras cuestiones–, sino también vicios de fondo, tendentes a demostrar que no se actualizaban el cuerpo del delito que se le imputaba ni su probable responsabilidad.

36. El Alto Tribunal agregó, que cuando se concediera el amparo para efectos, era factible que la autoridad responsable, al momento de revisar de nueva cuenta el acto reclamado, reconsiderara en torno a su subsistencia; es decir, aun tratándose del amparo concedido por vicios formales, era incierta la futura existencia de la orden de aprehensión, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva diera la autoridad responsable, mientras que, si se concedía el amparo liso y llano, en ese caso, quedaba destruido el acto reclamado y sus efectos; lo que implicaba que la concesión del amparo podía hacer nugatoria la expectativa que tuviera la víctima u ofendido de obtener la reparación del daño dentro del proceso penal que en ese momento se le siguiera al indiciado.

37. Sostuvo la entonces Primera Sala, que lo anterior era así, con independencia de que conforme a la legislación aplicable, al revocarse la orden de aprehensión, el Ministerio Público pudiera estar en condiciones de continuar con la averiguación previa, pues lo cierto era que la concesión del amparo pondría fin al proceso penal hasta ese momento instruido y, por lo tanto, también pondría fin a la perspectiva de que la autoridad jurisdiccional decretara a favor del ofendido la reparación del daño, en su carácter de pena pública.

ii) Naturaleza de la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio

38. Señaló que a diferencia de aquel sistema, en la lógica del proceso penal acusatorio y adversarial, se distinguía entre actos, fases y etapas procesales, las cuales se suceden unas a otras. Esta distinción permitía comprender que, en este sistema, el ejercicio de la acción penal no se traducía en el inicio del proceso. Al efecto transcribió los artículos 48, 211 y 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a los actos procesales, las etapas del procedimiento penal y los efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso.

39. Acotó que de acuerdo con lo que disponía el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acción penal se materializaba con la solicitud del Agente del Ministerio Público de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando solicitara la orden de aprehensión o comparecencia; por su parte, el proceso penal iniciaba hasta la celebración de la audiencia inicial. 40. Que partiendo de esa premisa, la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio, en términos generales, era un acto procesal que acontecía previamente a que iniciara el proceso penal, ya que de acuerdo con lo que se disponía en el título VI, capítulo III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, era una forma de conducción del investigado hacia el juez de control para que el agente del Ministerio Público formulara imputación en su contra; en otras palabras, era una medida instrumental tendiente a que el imputado sea llevado al proceso para la celebración de la audiencia inicial.

41. Refirió que por ello, a diferencia de lo que acontecía en el sistema tradicional o mixto, en el sistema penal acusatorio no era posible que, al momento de resolver sobre una orden de aprehensión, se juzgara ni se prejuzgara, con trascendencia al proceso, sobre el hecho delictuoso ni respecto la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; tampoco se permitía que, en caso de negarse, se concluyera por esta vía el proceso penal, debido a que, por razones lógicas, no podría terminar lo que aún no ha iniciado.

42. Mencionó que por el contrario, en el párrafo cuarto del artículo 143 del ordenamiento adjetivo invocado se establecían dos reglas que se debían observar en caso de que se negara una orden de aprehensión por vicios de forma y de fondo.

43. Precisó que en la primera (por vicios de forma) consistía en que, en caso de que la solicitud de orden de aprehensión no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control debe prevenir al Ministerio Público en la misma audiencia en que la hubiere solicitado o por el sistema informático para que realice las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual la persona juzgadora podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en su ejecución.

44. Mientras que la segunda (por vicios de fondo) determina que no se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señala el Ministerio Público en su solicitud resultan no constitutivos de delito.

45. Sin embargo –dijo–, debido a la naturaleza de la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no se establecía la posibilidad de que, conforme a las citadas reglas, se diera por terminado el proceso, pues, en caso de que se actualizara alguna de ellas, tan solo conllevaba la ineficacia de la forma de conducción del imputado al proceso elegida por el Ministerio Público.

46. Enseguida el Tribunal Colegiado hizo referencia a las consideraciones vertidas por la anterior Primera Sala del más Alto Tribunal en el país, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), con número de registro 2021956, de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."

47. En tales consideraciones el Alto Tribunal indicó que con motivo de la reforma al artículo 16 constitucional, de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció la implementación de un nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y adversarial.

48. Que como parte de dicha reforma constitucional, el constituyente decidió desterrar los formalismos legales que representaran un obstáculo para la eficaz procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, lo que llevó a reducir el estándar probatorio para la emisión de una orden de aprehensión, aunque ello en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos.

49. La desaparecida Sala aclaró que el legislador, para modificar los requisitos o elementos constitucionales para librar una orden de aprehensión, indicó que era necesario racionalizar la exigencia probatoria que debía reunir el Ministerio Público para plantear los hechos ante el Juez y solicitar el mandamiento de captura –en comparación con el sistema anterior–, para transitar a un nivel internacionalmente aceptado. Así en el marco del sistema acusatorio, bastaría con que el órgano de acusación presentara a la persona juzgadora datos probatorios que establecieran la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en su comisión, sea como autor o como partícipe.

50. Que tales elementos para el constituyente resultaron suficientes para justificar racionalmente que el imputado fuese presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y que éste, a su vez, pudiera ejercer plenamente su derecho a la defensa, en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio.

51. El Alto Tribunal resaltó, que previamente –en el amparo en revisión 1090/2017– había sostenido que en el artículo 16 de la Constitución Federal se consagraba un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales se encontraba el derecho a la libertad personal, entendida como una categoría específica equivalente a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, estableciéndose, además, que en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de aprehensión era una forma de conducción del imputado al proceso penal.

52. Asimismo, estableció que la orden de aprehensión constituía una forma de conducción excepcional que tenía como finalidad llevar a la persona investigada ante la presencia de un Juez de control para que la representación social le formulara la imputación que existía en su contra.

53. Para ello, el Ministerio Público debía convencer al Juez de que el citatorio o la orden de comparecencia –las cuales eran otras formas de conducción del imputado al proceso, aunque menos restrictivas– eran insuficientes para conducir al imputado ante él y que, por tanto, la orden de aprehensión era la única forma idónea para lograr dicho cometido y, con ello, estar en aptitud de formular la imputación respectiva, formalizar la investigación y continuar con la secuela procesal.

54. La Sala precisó, que las formas de conducción del imputado al proceso se encontraban previstas en los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tenían por objeto lograr que el imputado se encontrara presente ante el Juez de control para iniciar con el proceso penal; es decir, que tales formas tenían como única finalidad guiar o dirigir a una persona al proceso penal para que, en una audiencia, frente a un juez de control, entre otras cuestiones, el fiscal formulara imputación.

55. Que en relación con lo anterior, la propia extinta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 164/2025 (11a.), con número de registro digital 2030784, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN COMO MEDIO DE CONDUCCIÓN AL PROCESO PENAL. REQUISITOS PARA SU LIBRAMIENTO PREVIO A QUE SE FORMULE IMPUTACIÓN (ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)", estableció los requisitos que debía de contener la resolución judicial en la cual, con fundamento en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se librara una orden de aprehensión previamente a que se formulara imputación.

56. Al respecto, como requisitos formales señaló:

1) Nombre y apellidos de la persona que se pretende detener;

2) La causa penal instruida por su posible participación en la comisión de un hecho probablemente constitutivo de un delito previsto y sancionado por el ordenamiento aplicable;

3) El Juez de Control que la pronunció; y,

4) La fecha en que se expidió.

57. Como requisitos materiales:

1) La finalidad legítima perseguida con la adopción de la medida restrictiva de la libertad personal;

2) La idoneidad de la medida, de tal forma que se justifique que es adecuada para la investigación ministerial y, en su caso, conseguir la vinculación al proceso;

3) La necesidad de la medida, de manera que se justifique la inaplicación de otras para conducir a esa persona al proceso; y,

4) La proporcionalidad de la medida, de forma que la restricción de la libertad personal de la persona incoada se justifique en función de los beneficios o ventajas acaecidos sobre la finalidad legítima perseguida con su adopción.

58. Para la Sala, con los requisitos formales se otorgaba certeza y seguridad jurídica al particular, y se aseguraba la prerrogativa de defensa contra una detención que no cumpliera con las exigencias constitucionales. Los materiales permitían cumplir con los estándares de protección emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a las restricciones legítimas a la libertad personal.

59. Asimismo enfatizó que para dotar de una justificación razonable a esos requisitos materiales, la resolución jurisdiccional correspondiente debía contener necesariamente lo siguiente:

I) Subrayar que no se trata de una medida punitiva, sino de una resolución judicial cuyo propósito es exclusivamente asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso, esto es, colocarla a disposición del Juez que la reclama en las instalaciones del juzgado respectivo.

II) Referir directamente cuáles fueron los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público para sustentar la lesión o puesta en riesgo, de forma real, actual e inminente, sobre un bien jurídico tutelado por el ordenamiento.

III) Argumentar la necesidad de cautela, con fundamento en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 168 a 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y

IV) Señalar, de forma destacada, que el efecto de la orden de aprehensión concluye cuando la persona queda a disposición del jue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34260-631cfc64/improcedencia-del-juicio-de-amparo-por-cambio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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