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Modo: Corpus Pro

BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA DE PLANO O NIEGA LA SOLICITUD RELATIVA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 83/2025. · Registro digital (IUS): 34185
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-21
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL EXTINTO PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.314.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 83/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL EXTINTO PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS MIGUEL ERNESTO LEETCH SAN PEDRO, VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL Y ANGÉLICA IVETH LEYVA GUZMÁN. PONENTE: VERÓNICA ALEJANDRA CURIEL SANDOVAL. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de diez de junio de dos mil veintiséis, dicta la siguiente:

Sentencia

1. Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios originada entre los sustentados por el extinto Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

2. Los puntos jurídicos a comprobar son: i) verificar si la contradicción de criterios se actualiza; ii) si aún es pertinente resolverla y, de ser el caso, iii) definir si cuando en amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales, con independencia del que se trate o la ley que lo prevea, previamente debe agotarse o no el principio de definitividad.

I. Trámite de la denuncia

3. El cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, el autorizado del recurrente en el amparo en revisión 93/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito denunció la contradicción suscitada entre el criterio de dicho órgano jurisdiccional, contra lo determinado por el extinto Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.P. J/59 P (10a.), con registro digital 2020657, de rubro:

“BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA DE PLANO O NIEGA LA SOLICITUD RELATIVA, CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SE TRATE O EN QUÉ LEY ESTÉ PREVISTO.”.

4. Por acuerdo de seis de noviembre posterior, la presidencia de este Pleno Regional registró el expediente con el número 83/2025; sin embargo, declaró carecer de competencia legal para conocer de la denuncia y la remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 1a./J. 136/2024 (11a.) de la desaparecida Primera Sala del Tribunal Supremo del país, con registro digital 2029374, cuyo contenido dice:

“CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ENTRE UN PLENO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE DIFERENTE CIRCUITO, PERO DE LA MISMA REGIÓN. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ES COMPETENTE PARA RESOLVERLA.

Hechos: Los integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito denunciaron ante un Pleno de la Región Centro-Sur la posible contradicción entre su criterio y el sustentado por un extinto Pleno de un diverso Circuito, pero de la misma Región.

La Presidenta del Pleno Regional determinó que dicho órgano jurisdiccional era legalmente incompetente, pues consideró que correspondía conocer del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Criterio jurídico: La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que pertenezcan a diferentes Circuitos, sin importar que estén adscritos a la misma Región.

Justificación: Del artículo segundo transitorio del Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que se modifica el rubro y se adiciona un punto Cuarto del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte un supuesto competencial específico conforme al cual este alto tribunal determinó conservar su competencia legal para conocer de aquellas contradicciones de criterios que se susciten entre un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado, siempre que se trate de distintos Circuitos.

En aplicación de ese supuesto competencial, corresponde al Pleno o a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las denuncias de contradicción de criterios entre los sustentados por un Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de diferente Circuito, aun cuando ambos órganos pertenezcan a una misma Región.”.

6. Por resolución correspondiente a la sesión de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 253/2025, determinó carecer de competencia legal para conocer de la denuncia formulada y ordenó devolver el asunto a este Pleno Regional.

7. Lo expuesto, en virtud de que los criterios en contradicción provienen de órganos jurisdiccionales pertenecientes a la misma región (centro-norte), esto es, entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito -Nuevo León- y el extinto Pleno en Materia Penal del Primer Circuito -Ciudad de México-.

8. Asimismo, determinó interrumpir la obligatoriedad de la jurisprudencia 1a./J. 136/2024 (11a.) -antes transcrita-, dado que se interpretó un supuesto previsto en un transitorio de un Acuerdo General que ya no se encontraba vigente.

9. Mediante proveído de siete de abril de dos mil veintiséis, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibidas las constancias remitidas por la Suprema Corte, acordó el reingreso de la contradicción de criterios, la admitió a trámite y fue turnada preliminarmente a la ponencia de la Magistrada Verónica Alejandra Curiel Sandoval.

10. Además, realizó la aclaración en cuanto a que, conforme con el transitorio Tercero del Acuerdo General 108/2022 emitido por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de Circuito de referencia concluyó funciones después de su última sesión en el año dos mil veintidós.

11. Sin embargo, era procedente analizar su postura y, en su caso, resolver el fondo del asunto, con base en la tesis aislada PR.P.CN.7 K (11a.) del entonces Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte -denominación anterior de este órgano colegiado-, con número de registro digital 2028060, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. PROCEDE ANALIZAR LAS POSTURAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES, AUN CUANDO UNO HAYA CONCLUIDO FUNCIONES.

Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes concluyó funciones antes de la tramitación y emisión de la sentencia que resolvió la contradicción de criterios.

Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que aun cuando alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes haya concluido funciones antes de la resolución de la contradicción de criterios, procede analizar su postura y, en su caso, resolver el fondo, a efecto de privilegiar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Justificación: En términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios tiene como finalidad eliminar la inseguridad jurídica provocada por la oposición de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, mediante el establecimiento de una jurisprudencia que unifique el criterio que debe prevalecer en lo subsecuente. En consecuencia, aunque uno de los contendientes haya concluido funciones, si su criterio continúa vigente o no existe noticia de que lo haya abandonado, procede su análisis y, en su caso, resolver el fondo de la contradicción, ya que el objeto de estudio es la discrepancia de criterios jurídicos vigentes.”.

12. Durante la tramitación procesal del asunto el Tribunal Colegiado de Circuito implicado informó que su criterio continuaba vigente, que no existía ninguna condición que afectara su firmeza y habilitó su expediente electrónico.

13. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó que durante los últimos tres meses no se encontró radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con la presente.

14. En fecha veintisiete de abril de dos mil veintiséis, al estar integrada la contradicción de criterios, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia. El dos de junio siguiente se listó para verse en sesión.

15. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae) con relación a esta contradicción de criterios, como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

II. Competencia

16. Al pertenecer los órganos jurisdiccionales implicados a la región centro-norte y versar el asunto sobre la materia penal, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte tiene competencia legal para resolver la contradicción de criterios denunciada.

17. De conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y 2 del Acuerdo General 108/2022, ambos del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, reformados por los diversos 1/2024 y 38/2023.

18. No inadvertimos que si bien dentro de los supuestos de procedencia de las contradicciones de criterios que prevén los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226 de la Ley de Amparo, no se contempla la posibilidad de que se suscite una entre un extinto Pleno de Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito adscritos a la misma región.

19. Lo cierto es que ello es una consecuencia lógica de la reforma constitucional de once de marzo de dos mil veintiuno, pues aquella implicó un cambio en la conformación, denominación y facultades de los órganos jurisdiccionales competentes para la resolución de contradicciones -por lo que naturalmente no se previó el supuesto denunciado-.

20. Sumado al hecho de que los extintos Plenos de Circuito y los actuales Plenos Regionales no coexistieron.

21. De modo que lo anterior no significa que la presente denuncia implique un supuesto normativo distinto a los ya previstos para fijar la competencia, pues lo que subyace en este caso es que la contradicción de criterios se suscitó entre órganos colegiados de diferentes circuitos, pero de una misma región (centro-norte), entre los cuales no existe una regla sobre la prevalencia de un criterio sobre otro.

22. Dicho argumento fue expresado por la Suprema Corte en la anteriormente referida contradicción de criterios 253/2025.

III. Legitimación

23. La denuncia de contradicción de criterios fue formulada por parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haber sido presentada por el autorizado del recurrente en el amparo en revisión involucrado en la denuncia de contradicción.

IV. Criterios en contienda

24. Las circunstancias y los argumentos que derivan de los asuntos que originaron la denuncia de contradicción de criterios, son los siguientes:

? Primer criterio ?

El entonces Pleno en Materia Penal del Primer Circuito en la jurisprudencia PC.I.P. J/59 P (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 21/2018 [hoy de criterios]

25. Contexto. El Pleno de Circuito mencionado resolvió el asunto, en el cual se analizaron los criterios divergentes sustentados por el Cuarto y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.

26. Los criterios contendientes partieron de la misma problemática jurídica, originada por la tramitación de los beneficios preliberacionales.

27. El núcleo del debate consistió en establecer si la negativa o el desechamiento de dichos beneficios incide en la libertad personal del solicitante y, por ende, si se actualiza alguna excepción que exima al quejoso de agotar el principio de definitividad en el juicio de amparo.

28. Se precisó que cada órgano colegiado sostuvo una postura concreta y distinta al respecto.

29. El Cuarto Tribunal Colegiado consideró que esa clase de actos reclamados sí afectan la libertad personal de quien solicita el amparo; por tanto, se satisface el supuesto de excepción para agotar el principio de definitividad.

30. En tanto que el Sexto Tribunal Colegiado determinó que dichos actos reclamados no afectan la libertad personal de quien solicita el amparo; por tanto, no se satisface el supuesto de excepción para agotar el principio de definitividad.

31. Las particularidades relevantes de los asuntos de los que conocieron dichos órganos de amparo, son las siguientes:

Ver cuadro

32. El Pleno de Circuito determinó actualizar la configuración de la contradicción, a pesar de que los órganos contendientes analizaron actos reclamados materialmente distintos, toda vez que divergían tanto en el beneficio preliberacional solicitado como en la legislación que lo regula.

33. Para ello estableció que tales aspectos eran irrelevantes, ya que tanto la remisión parcial de la pena como la libertad anticipada operan como beneficios preliberacionales. Consecuentemente, de acuerdo con la ley, su otorgamiento debe solicitarse ante el juez de ejecución de sanciones.

34. Por tanto, decretó la existencia de la contradicción de criterios entre los tribunales en confrontación y formuló la pregunta a responder a efecto de dirimir la discrepancia de posturas, en los siguientes términos:

¿Es o no necesario que se agote el principio de definitividad cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales de que se trate, por afectar la libertad personal?

35. Resolvió que la respuesta a dicha interrogante debía ser en sentido negativo, es decir, que no era necesario que se agotara el principio de definitividad.

36. Argumentos que sustentan el criterio. Estableció que si bien la determinación señalada era susceptible de impugnarse mediante los medios ordinarios de defensa, lo cierto es que, por su naturaleza jurídica, causa una afectación a la libertad personal del solicitante de amparo.

37. Por ello, al tratarse de un acto que niega o desecha de plano un beneficio preliberacional, no era menester agotar el principio de definitividad previo al juicio de amparo, conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo.

38. Sustentó su postura con diversos criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se estableció que el derecho a la libertad personal que tiene el hombre, le es propio y deriva de su naturaleza; la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos.

39. Señaló que no existe un ordenamiento jurídico que ofrezca una definición precisa de los actos que impactan la libertad personal (de forma directa o indirecta). Que esta falta de un concepto tajante dificulta que el juzgador constitucional determine cuándo procede el juicio de amparo sin necesidad de agotar previamente el principio de definitividad.

40. De ahí que, agregó, la interpretación jurídica a través de la jurisprudencia define supuestos específicos para regular esos casos, esto es, su objetivo es unificar el derecho y prevenir la arbitrariedad de las autoridades jurisdiccionales, quienes están obligadas a cumplir con los criterios establecidos por los órganos facultados expresamente para ello.

41. Asimismo, añadió que a través de diversos criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como valor preponderante que toda persona acusada de un delito y cuya libertad personal se vea afectada, tenga a su alcance el juicio de amparo indirecto. Esto con el fin de analizar la constitucionalidad del acto reclamado y reparar de manera efectiva cualquier violación a sus derechos fundamentales.

42. Ello, dijo, ya que el juicio de control constitucional significa la última instancia para combatir cualquier posible transgresión a los derechos humanos dentro o fuera del proceso penal.

43. Por ende, estableció que si en el juicio de amparo biinstancial la parte quejosa controvierte la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales (con independencia de cuál se trate o en qué ley estén previstos), se actualiza la excepción prevista en el inciso b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

44. De manera que no era necesario que se agotara el principio de definitividad previo a la presentación de la demanda, ya que conforme a su naturaleza jurídica, constituye un acto que afecta indirectamente la libertad personal y la esfera de derechos del agraviado.

45. Añadió que, aun cuando la privación de la libertad derivara de una sentencia condenatoria, la restricción de este derecho subsiste. Por lo tanto, independientemente de que la solicitud haya sido desechada de plano o negada en el fondo del asunto, el resultado práctico era el mismo: el interno no logra obtener el beneficio preliberacional que demanda.

46. Por lo que al afectarse indirectamente la libertad personal del quejoso, era innecesario exigir el agotamiento del principio de definitividad cuando se impugnen resoluciones judiciales que desechen de plano o nieguen la solicitud de beneficios preliberacionales.

47. De ese precedente derivó la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/59 P (10a.), con registro digital 2020657, cuyo texto a la letra dice:

“BENEFICIOS PRELIBERACIONALES. ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA DE PLANO O NIEGA LA SOLICITUD RELATIVA, CON INDEPENDENCIA DE CUÁL SE TRATE O EN QUÉ LEY ESTÉ PREVISTO.

Conforme al artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto indique para tal efecto, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que éste constituye un medio de defensa extraordinario (principio de definitividad). Sin embargo, el precepto legal invocado prevé excepciones al referido postulado, en atención a la naturaleza jurídica del reclamo del quejoso en el escrito de demanda. Entre ellas encontramos los actos tendentes a afectar la libertad personal del agraviado, la cual puede darse tanto de manera directa como indirecta. En ese orden de ideas, se actualiza la excepción de referencia cuando en el juicio de amparo biinstancial el quejoso controvierte la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales (con independencia de cuál se trate o en qué ley esté previsto), ya que conforme a su naturaleza jurídica, constituye un acto que afecta indirectamente su libertad personal y su esfera de derechos, pues aun cuando tal privación es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará restringido de la misma como consecuencia de dicha determinación que posee esas características, pues al margen de que se le haya desechado de plano su solicitud o bien, negado (al momento de dirimirse el fondo del asunto), lo cierto es que invariablemente, en cualquiera de dichas hipótesis, el impetrante no consigue satisfacer su pretensión, que es la de que se le otorgue el beneficio preliberacional requerido. De ahí que la resolución que dirime lo conducente respecto a la solicitud de beneficios preliberacionales determina –de alguna manera– la permanencia del sentenciado en su situación de privación de libertad personal, pudiendo afectar su reinserción social, ya que lo que éste pretende a través de la petición de tales características, es que pueda compurgar su pena de prisión en menor tiempo o realizarlo en condiciones distintas al internamiento como incentivo para lograr satisfactoriamente dicha reinserción; pero al desestimarse, desecharse o negarse la solicitud, se fija la estadía del sentenciado en su situación de privación de la libertad personal, pues ocasiona que continúe compurgando la pena de prisión impuesta en las condiciones y por el quantum decretado en la sentencia condenatoria. Por lo que al afectarse indirectamente la libertad personal del quejoso, es innecesario que agote el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo cuando se trata de resoluciones como las indicadas.”.

? Segundo criterio ?

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 93/2022

48. Hechos relevantes. Una persona con sentencia condenatoria solicitó al Juez de Ejecución de Penas los beneficios de libertad preparatoria y de remisión parcial de la pena, en relación con la pena de prisión impuesta en un proceso penal. La solicitud fue desechada por notoriamente improcedente.

49. Contra esa determinación el sentenciado promovió juicio de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito que conoció de la demanda negó la protección constitucional solicitada.

50. Inconforme con la resolución, el quejoso interpuso el recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito en cita conoció del asunto y dictó sentencia: revocó la resolución recurrida y sobreseyó el juicio de amparo.

51. Lo anterior, al considerar que el quejoso debió agotar previamente el recurso de apelación previsto en el artículo 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

52. Razonamientos del órgano colegiado. Sostuvo que el acto reclamado -desechamiento de la petición de beneficios preliberacionales-, atento a su naturaleza jurídica, no era susceptible de ser impugnado mediante amparo indirecto.

53. Dado que en su contra resulta procedente el recurso de apelación que prevé el artículo 132, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

54. Medio ordinario de defensa que tiene por efecto modificar, revocar o nulificar el acuerdo reclamado, el cual debió interponerse previamente a instar la acción constitucional.

55. Por lo que al no agotarse el principio de definitividad, dijo, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

56. Añadió que no se estaba frente a ninguna de las excepciones que enumera el aludido precepto legal, en el entendido de que si bien el quejoso se encontraba restringido de su libertad personal, ello obedecía al carácter de sentenciado y compurgaba una pena de prisión.

57. Esto es, que la restricción y afectación del quejoso derivaba de la sentencia condenatoria mediante la cual le fue impuesta una pena privativa de libertad; por lo que el acto reclamado no afectaba la misma al grado de exonerarlo de agotar el principio de definitividad.

58. Por ende, revocó la resolución recurrida -negativa de amparo- y sobreseyó el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia.

V. Existencia de la contradicción de criterios

59. Con base en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 39, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, determina la configuración de la divergencia de criterios denunciada.

60. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la actualización de una contradicción de criterios basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

61. Para la existencia de una discrepancia de criterios deben constituirse las siguientes exigencias:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.

b. Entre las interpretaciones realizadas exista, al menos, un razonamiento en discrepancia que verse sobre un mismo problema jurídico; y

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un planteamiento sobre la manera de responder la cuestión jurídica que sea preferente a cualquier otra que también sea legalmente posible.

62. Tales requerimientos se satisfacen en el presente caso, por lo que, como hicimos mención, sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el extinto Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

63. Los aludidos órganos colegiados contendientes, al analizar las cuestiones litigiosas de las que conocieron, se vieron en la necesidad de resolver una misma cuestión jurídica para llegar a una solución determinada.

64. Esto es, analizaron un tema jurídico que fue sometido a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si cuando en amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales, con independencia del que se trate o la ley que lo prevea, previamente debe agotarse el principio de definitividad.

65. Advertimos que en los argumentos desarrollados por los órganos colegiados implicados se ha dado un punto de controversia, pues fijaron posturas enfrentadas sobre la temática anteriormente precisada.

66. Para el entonces Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, no es necesario que se agote el principio de definitividad cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales de que se trate, por afectarse indirectamente la libertad personal del solicitante.

67. Esto es, aun cuando la privación de la libertad derivara de una sentencia condenatoria, la restricción a ese derecho subsistía.

68. En cambio para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito debe interponerse, previamente a instar la acción constitucional, el recurso de apelación; por lo que al no haberse agotado el principio de definitividad, operaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

69. Sin que en el caso se actualizara excepción alguna, porque si bien el quejoso se encontraba restringido de su libertad personal, ello obedecía a su carácter de sentenciado y compurgaba una pena de prisión.

70. De acuerdo con lo anterior, resulta claro que los cuerpos colegiados contendientes partieron de un mismo supuesto de hecho, ya que resolvieron sobre si cuando en amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales, con independencia del que se trate o la ley que lo prevea, previamente debe agotarse o no el principio de definitividad.

71. Lo precisado nos permite constatar que se satisfacen los requisitos enumerados como “a” y “b”, para la configuración de la contradicción de criterios, puesto que ambos órganos ejercieron su arbitrio judicial al pronunciarse sobre el mismo problema jurídico, así como diversos posicionamientos que dan lugar a la formulación de un planteamiento para responder a esa cuestión.

72. De la discrepancia entre los criterios contendientes surge la siguiente interrogante:

Cuando en amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales, con independencia del que se trate o la ley que lo prevea ¿previamente debe agotarse o no el principio de definitividad al verse afectada la libertad personal del quejoso?

73. Por lo tanto, podemos afirmar que el requisito “c” para la existencia de la contradicción de criterios también se cumple.

74. Consecuentemente, las exigencias para la actualización de la contradicción de criterios están satisfechas, mismas que fueron definidas por el Pleno y la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 72/2010 y 1a./J. 22/2010, con registros digitales 164120 y 165077, cuyos títulos disponen:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.”.

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.”.

75. De esta manera, ante la acreditación de la divergencia de criterios, es conveniente que este Pleno Regional realice un pronunciamiento a fin de fijar el verdadero sentido de una solución jurídica al problema que examinaron los órganos colegiados implicados y declarar la situación que deba prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria.

76. Ello, con la finalidad de garantizar que se aplique de manera uniforme y correcta, así como brindar seguridad jurídica.

VI. Estudio

77. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte determina que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio en el sentido de que: cuando en amparo indirecto se reclama la resolución judicial que desecha de plano o niega la solicitud de beneficios preliberacionales, con independencia del que se trate o la ley que lo prevea, no es necesario que previamente deba agotarse el principio de definitividad.

78. En primer lugar, es necesario destacar que el artículo 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, establece:

“Artículo 61. El juicio de am

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34185-27034694/beneficios-preliberacionales-cuando-se-reclama-la-resolucion-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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