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Modo: Corpus Pro

IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EXISTE CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA EL EFECTO DE DEJAR INSUBSISTENTE LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE DECRETÓ A FAVOR DEL IMPUTADO LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 35/2023. · Registro digital (IUS): 31883
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo IV, Pág.3707.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 35/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADO JESÚS RAFAEL ARAGÓN. SECRETARIO: LUCINO CORDERO ESTUDILLO.

III. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; virtud a que se trata de una posible contradicción de criterios, sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 6/2021, 7/2022 y 1/2023, en sesiones de dos de diciembre de dos mil veintiuno, veintidós de septiembre de dos mil veintidós y veinte de abril de dos mil veintitrés, respectivamente; el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 5/2022, en sesión celebrada por videoconferencia de siete de julio de dos mil veintidós; y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 3/2021, en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, Tribunales Colegiados de Circuito que forman parte de la Región en que este Pleno ejerce jurisdicción.

17. Se precisa que inicialmente el Juez denunciante señaló como criterio denunciado el sustentado en el incidente de inejecución de sentencia 1/2013 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; sin embargo, previos requerimientos e informe respectivo, se desprendió que el número correcto del incidente de inejecución de sentencia denunciado es el 1/2023 del índice del citado Tribunal Colegiado; por lo que la presente contradicción se seguirá respecto del criterio sostenido en el último número de incidente, que en efecto corresponde con el tema a dilucidar en la presente contradicción.

IV. LEGITIMACIÓN

18. La denuncia de contradicción de criterios fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien dictó las determinaciones que fueron objeto de revisión en los incidentes de inejecución de sentencia 1/2023, 5/2022 y 3/2021, del índice del Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, respectivamente, por lo que dicho juzgador está legitimado para presentar la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo. En el caso, el Juez de Distrito denunció la probable contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 6/2021, 7/2022 y 1/2023; con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al fallar el incidente de inejecución de sentencia 5/2022; y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 3/2021.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

19. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer el que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar sentencia.

A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en los incidentes de inejecución de sentencia 6/2021, 7/2022 y 1/2023.

A-1. Antecedentes relacionados con el incidente de inejecución de sentencia 6/2021

20. Acto reclamado. Se promovió demanda de amparo indirecto en la que se señaló, como acto reclamado, la calificación de la legal detención, el auto de vinculación a proceso, así como la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, todos dictados dentro de la causa penal del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro con sede en Puebla.

21. Amparo indirecto. Por razón de turno correspondió del conocimiento de tal asunto al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien después de celebrar la audiencia constitucional dictó la sentencia respectiva, en la que negó el amparo contra el acto reclamado consistente en la calificación de la detención; y concedió la protección constitucional contra los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva justificada; para el efecto de que el Juez de Control dejara insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado; y dejó a salvo la jurisdicción para que se pronunciara en relación con la medida cautelar.

22. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en sesión de veinte de mayo de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida.

23. A través de oficio el Juez de Control responsable informó que se encontraba imposibilitado para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, virtud a que un diverso Juez concedió a la parte quejosa la suspensión condicional del proceso y ordenó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva.

24. Determinación de imposibilidad jurídica por el Juez de Distrito. En auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito decretó la imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, al concederse a la parte quejosa la suspensión condicional del proceso y ordenó la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva.

25. El indicado juzgador federal ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, con el objeto de tramitar el incidente de inejecución respectivo.

26. Por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, lo radicó con el número 6/2021, quien en sesión de dos de diciembre de dos mil veintiuno, declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia.

27. En razón de que las consideraciones que sustentaron su criterio guardan identidad con las demás ejecutorias dictadas en los incidentes de inejecución de sentencia 7/2022 y 1/2023, éstas se abordarán de manera conjunta en el párrafo cuarenta y uno a cuarenta y siete de esta resolución.

A-2. Antecedentes relacionados con el incidente de inejecución de sentencia 7/2022

28. Acto reclamado. Se promovió demanda de amparo indirecto en la que se señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad laboral.

29. Amparo indirecto. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, en la que negó la protección constitucional contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso y concedió el amparo solicitado en contra de la imposición de las medidas cautelares.

30. Los efectos del amparo concedido fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente el pronunciamiento realizado en torno a la imposición de medidas cautelares, y sin abrir debate entre las partes, dictara una nueva resolución en la que reiterara las medidas cautelares impuestas, es decir, la presentación periódica; la prohibición de salir del Estado de Puebla; la prohibición de molestar a las víctimas; y la suspensión temporal de sus funciones como elemento de seguridad; enseguida, establecer las formas en que la suspensión temporal de determinada actividad del quejoso habrá de ejecutarse, garantizando el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del quejoso.

31. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito quien, en sesión de doce de julio de dos mil veintidós, confirmó la sentencia sujeta a revisión.

32. La Jueza de Distrito requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector, con los apercibimientos correspondientes; así, el once de agosto de dos mil veintidós, se recibió el informe por parte de la Jueza de Control, quien comunicó que se encontraba impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que fue concedida la suspensión condicional a la parte quejosa, por un plazo de once meses, y en términos del artículo 179 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordenó la suspensión de las medidas cautelares.

33. Determinación de imposibilidad jurídica por el Juez de Distrito. En proveído de quince de agosto de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimento al fallo protector, y remitió los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para el trámite del incidente de inejecución de sentencia.

34. Por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien radicó el incidente de inejecución de sentencia con el número 7/2022, y en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia.

35. En razón de que las consideraciones que sustentaron su criterio guardan identidad con las demás ejecutorias dictadas en los incidentes de inejecución de sentencias 6/2021 y 1/2023, éstas se abordarán de manera conjunta en el párrafo cuarenta y uno a cuarenta y siete de esta resolución.

A-3. Antecedentes relacionados con el incidente de inejecución de sentencia 1/2023

36. Acto reclamado. Se promovió demanda de amparo indirecto en la que se señaló como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva justificada así como su confirmación.

37. Amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien celebró la audiencia constitucional y dictó la sentencia respectiva en la que concedió el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez responsable declarara insubsistente la resolución con la que impuso la medida cautelar de prisión preventiva, y fijara una diversa a la solicitada, o bien, prescindiera de fijar alguna; concesión de amparo que se hizo extensiva al acto reclamado consistente en la confirmación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.

38. En razón de que el efecto de esa sentencia implicaba la libertad del quejoso, el Juez de Distrito requirió el cumplimiento inmediato; así, la autoridad responsable informó que se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que modificó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria e impuso al quejoso diversas medidas y, además, concedió la suspensión condicional del proceso a la parte quejosa por el plazo de ocho meses.

39. Determinación de imposibilidad jurídica por el Juez de Distrito. En proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, el Juez de Distrito declaró actualizada la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria, y ordenó remitir los autos del juicio de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, con el objeto de tramitar el incidente de inejecución de sentencia.

40. En cumplimiento a lo anterior y por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número de incidente de inejecución de sentencia 1/2023, y en sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, lo declaró infundado.

Consideraciones de las ejecutorias que adoptó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, para sustentar sus determinaciones.

41. El Tribunal Colegiado, al resolver los incidentes de inejecución de sentencia 6/2021, 7/2022 y 1/2023, consideró que no obstante que la autoridad responsable se encuentra impedida legalmente para dar cumplimiento en sus términos a la ejecutoria de amparo, debido a que el quejoso se acogió a un mecanismo alterno de solución de controversias –suspensión condicional del proceso–; lo cierto es que, dada la naturaleza de dicho mecanismo, por el momento no es dable pronunciarse respecto del cumplimiento al fallo protector, pues el éxito de dicho procedimiento está sujeto a que el quejoso cumpla con las condiciones impuestas por el Juez de Control, lo que dará lugar a la extinción de la acción penal y posterior sobreseimiento, de conformidad con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

42. Además, precisó que tal imposibilidad de cumplimiento es temporal, mientras dure o subsista la suspensión condicional del proceso otorgada al imputado.

43. Señaló que asumir que en la especie existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de mérito, en este momento, traería como consecuencia que se archivara el expediente de amparo, en el que se concedió la protección constitucional al quejoso.

44. Empero, si ante un Juez de Control se determinara que aquél dejó de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas, necesariamente se tendría que continuar con el procedimiento ordinario, sin que hubiere una determinación de vinculación a proceso –en su caso– que lo sustentara; e indicó que en relación con el acto reclamado consistente en las medidas cautelares que le fueron impuestas, éstas actualmente sólo están suspensas.

45. Refirió que si la autoridad responsable determinara, por cualquier causa, la revocación de la aludida suspensión condicional del proceso, éste tendría que reanudarse y continuar en todas sus etapas, supuesto en el cual, las medidas cautelares que le fueron impuestas a la parte quejosa, volvería a surtir sus efectos y podría prorrogarse, sin que al quejoso se le respetara su derecho de audiencia, conforme a lo dicho en la sentencia de amparo, que le otorgó la protección constitucional reclamada.

46. Por tanto, consideró que en atención a que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, el Juez de Distrito debe esperar a que se cumpla el plazo decretado por el Juez de Control para el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso y, posteriormente, requerir a éste para que, en su caso, remita las constancias relativas al sobreseimiento firme de la causa penal; y así estar en posibilidad de declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector.

47. Por lo que declaró infundado el incidente de inejecución de sentencia y ordenó al Juez de Distrito que, una vez que fenezca el plazo de la suspensión condicional del proceso, requiera al mismo para que, en su caso, remita las constancias relativas al sobreseimiento firme de la causa penal, y en ese sentido esté en aptitud de declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con el fallo protector.

B. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en el incidente de inejecución de sentencia 5/2022.

48. Acto reclamado. Se promovió demanda de amparo indirecto en la que se señaló como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el auto de vinculación a proceso.

49. Amparo indirecto. Por razón de turno correspondió el conocimiento al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, en la que negó la protección constitucional respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso; y concedió por cuanto hace a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.

50. Los efectos para los que se concedió el amparo respecto de la medida cautelar fueron que la autoridad responsable citara a las partes a una audiencia, en la cual dejara insubsistente la medida precautoria, consistente en la prisión preventiva justificada y, en su lugar, atendiendo al debate que en su momento tuvo lugar; prescindiera de señalar que el carácter de extranjero y la estancia irregular del imputado, son suficientes para imponer la prisión preventiva justificada; y siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia, de manera fundada y motivada resolviera lo que conforme a derecho corresponda con relación a la prisión preventiva solicitada.

51. Al causar ejecutoria la sentencia de amparo, el Juez de Distrito requirió el cumplimiento a la autoridad responsable; así, a través de oficio la Jueza de Control responsable informó que celebró audiencia de suspensión condicional del proceso en favor de la parte quejosa, la cual le fue concedida dicha salida alterna y, por ende, ordenó su inmediata libertad; no obstante, el Juez Federal requirió a la autoridad responsable copia certificada del oficio que giró al director del centro penitenciario.

52. Primera determinación de imposibilidad jurídica por el Juez de Distrito. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito consideró que existía imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo; en consecuencia, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno.

53. Incidente de inejecución de sentencia. Por razón de turno, correspondió conocer del incidente de inejecución de sentencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número **********, y en sesión de quince de abril de dos mil veintiuno, resolvió reponer el procedimiento de ejecución, para el efecto de que el a quo recabara la boleta de libertad de la parte quejosa y comunicara a las partes que contaban con el plazo legal de quince días para interponer el recurso de inconformidad.

54. El Juez de Distrito requirió a la Juez de Control y al director del centro penitenciario de Puebla, copia certificada de la boleta de libertad de la parte quejosa; y, por auto de seis de mayo de la referida anualidad, tuvo por cumplido el indicado requerimiento; posteriormente, remitió los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito a efecto de continuar con la sustanciación del incidente de inejecución dentro del toca **********; no obstante, por acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado ordenó devolver los autos al Juzgado de Distrito, toda vez que el incidente citado ya había sido resuelto.

55. Segunda determinación de imposibilidad jurídica por el Juez de Distrito. El dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Juez Federal determinó que subsistía la imposibilidad jurídica para tener por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, ordenó turnar los autos del juicio de amparo a los Tribunales Colegiados en Materia Penal en el Estado de Puebla, para el trámite del incidente de inejecución correspondiente. 56. Remisión del incidente de inejecución al Tribunal Colegiado. El cual inicialmente fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito; no obstante, fueron remitidos los autos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito para resolver sobre la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo; quien en acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, lo radicó con el número 5/2022, y en sesión de siete de julio de dos mil veintidós, determinó que fue correcta la determinación del Juez de Distrito; y, por ende, resolvió declarar la imposibilidad legal para cumplir con la ejecutoria de amparo.

Consideraciones que adoptó el Segundo Tribunal en Materia Penal del Sexto Circuito, para sustentar su determinación.

57. Determinó que es correcta la determinación del Juez de Distrito al decretar la imposibilidad jurídica de cumplir con la sentencia protectora de derechos fundamentales; pues existe imposibilidad legal para dar cumplimiento al fallo protector, en virtud de la libertad del quejoso con motivo de la suspensión condicional del proceso decretada a su favor en la causa penal de origen, ya que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, dejó de surtir efectos.

58. Indicó que si la concesión de la protección constitucional fue para los efectos de que se dejara insubsistente la prisión preventiva justificada, y en su lugar, de manera fundada y motivada resolviera lo que conforme a derecho correspondiera; y con posterioridad se aprobó la salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso a favor de la parte quejosa, se levantó la medida cautelar impuesta consistente en la prisión preventiva justificada y se ordenó su inmediata libertad; era inconcuso que existía imposibilidad jurídica para que la Jueza de Control responsable cumpliera con el fallo protector, porque jurídicamente no era posible dejar insubsistente un acto que, desde un punto de vista legal, ya no surtía efecto alguno, al haber cesado sus efectos con la puesta en libertad del quejoso. Por tanto, declaró la imposibilidad legal para cumplir la ejecutoria de amparo.

C. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 3/2021.

59. Acto reclamado. Se promovió demanda de amparo indirecto en la que se señaló como acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

60. Amparo indirecto. Por razón de turno correspondió del conocimiento al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió el amparo a efecto de dejar insubsistente la medida precautoria de prisión preventiva oficiosa impuesta a la parte quejosa y emitiera una diversa, en la que se abstuviera de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

61. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, las partes terceras interesadas interpusieron recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en sesión de seis de agosto de dos mil veintiuno, en la materia de la revisión confirmó la sentencia impugnada.

62. El Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la decisión amparadora.

63. Determinación de imposibilidad material por el Juez de Distrito. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, determinó la imposibilidad material para cumplir de forma íntegra con el fallo protector; en razón de que la autoridad responsable le informó que se concedió a la imputada la suspensión condicional del proceso, por el plazo de doce meses y, por ende, la suspensión de la medida cautelar de prisión preventiva, y dejó en libertad a la persona encausada.

64. Posteriormente, remitió los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno para la tramitación del incidente de inejecución respectivo; por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien lo radicó con el número 3/2021, y en sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno declaró fundada la imposibilidad de cumplir la ejecutoria dictada en el juicio de amparo.

Consideraciones que adoptó el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito para sustentar su determinación.

65. El tribunal declaró fundada la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria dictada en el juicio de amparo, que dio origen al incidente de inejecución de sentencia.

66. Señaló que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo, en tanto que la decisión amparadora estaba encaminada a que se impusiera a la imputada y quejosa medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa; pero, al haberse suspendido condicionalmente el procedimiento, así como la medida cautelar y quedado la peticionaria en libertad impide que sea posible material (y también jurídicamente) continuar el trámite, celebrar audiencia y resolver en ella lo procedente, puesto que la medida cautelar combatida en amparo se encuentra suspendida, lo cual ocasiona que exista imposibilidad material (y jurídica) para que la autoridad responsable cumpla con dicha sentencia de amparo.

VI. CONSIDERACIÓN PREVIA

67. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer.

68. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. VIII/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, diciembre de 1993, visible en la página 41, registro digital: 206390, de rubro y texto siguientes: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU RESOLUCIÓN NO ES NECESARIO QUE ÉSTAS TENGAN EL CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA. El procedimiento para dirimir contradicciones de tesis no tiene como presupuesto necesario el que los criterios que se estiman opuestos tengan el carácter de jurisprudencia, pues los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo no lo establecen así."

69. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, consultable en la página 319, registro digital: 190917, de contenido siguiente:

70. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

71. Se precisa que si bien en dos incidentes de inejecución de sentencia(1) se analizaron otros actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, además de las medidas cautelares; para efecto de la presente resolución sólo se tomará en cuenta el punto de contradicción que versa sobre las consideraciones de cada uno de los Tribunales Colegiados denunciados consistentes en la concesión del amparo atendiendo a las medidas cautelares (prisión preventiva justificada y/o necesaria, prisión preventiva oficiosa y la suspensión temporal de una determinada actividad) y sobre la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo cuando fue concedida la suspensión condicional del proceso; ya que sobre este tema existió pronunciamiento expreso de los tres Tribunales Colegiados.

72. Ello en razón de que el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, en los incidentes de inejecución de sentencia 5/2022 y 3/2021 de su índice, respectivamente, no realizaron pronunciamientos respecto de diverso acto reclamado, como pudiera ser la vinculación a proceso; además de que tampoco se hizo en el incidente de inejecución de sentencia 1/2023 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

73. Por lo que en el presente asunto no se dilucidará sobre la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo respecto de la concesión de amparo contra el auto de vinculación a proceso por haberse concedido la suspensión condicional del proceso, como se asentó en el rubro de la tesis aislada que derivó de los incidentes de inejecución denunciados 6/2021 y 7/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. NO EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LOGRARLO RESPECTO DE UNA EJECUTORIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL CONTRA EL AU

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31883-6b76e65a/imposibilidad-juridica-para-el-cumplimiento-de-la-ejecutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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