RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. EN SU PROCEDIMIENTO PUEDEN OFRECERSE NUEVAS PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA FALTA DE FIABILIDAD DE AQUELLAS EN LAS QUE SE FUNDÓ LA CONDENA.
AMPARO EN REVISIÓN 328/2024. 13 DE JUNIO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN. PONENTE: KARLA GISEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JORGE REYES RAYA.
Mexicali, Baja California, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, correspondiente a la sesión de trece de junio de dos mil veinticinco.
Vistos los autos, para resolver el amparo en revisión penal 328/2024-I, relativo al juicio de amparo 287/2022-VI, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito que se presentó el veinticinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, **********, por conducto de su defensor particular licenciado **********, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal por las autoridades y contra los actos siguientes:
[...]
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
H. TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio para ser debidamente emplazada el ubicado en EDIFICIO DE TRIBUNALES EN EL CENTRO DE GOBIERNO, DEL CENTRO CÍVICO Y COMERCIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
C. JUEZ ÚNICO DEL SISTEMA PENAL TRADICIONAL con domicilio ubicado en EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CALLE SUR SIN NÚMERO DE LA COLONIA BELLAVISTA DEL PRIMER CUADRO EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
a) El Acuerdo de fecha siete de abril del dos mil uno emitido dentro del Procedimiento de Reconocimiento de Inocencia del Sentenciado que se reclama hasta este momento por ser el acto en el cual se han materializado los perjuicios del mismo y en donde SIN FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN, se desecharon prácticamente la totalidad de las pruebas novedosas A PRIORI, sin que la Ley de los permitiera, máxime que se trata de un procedimiento extraordinario, PROLONGANDO CON ELLO LOS MÁS DE VEINTE AÑOS DE ESTAR PRESO POR UN DELITO QUE NO COMETIÓ, afectándosele de manera directa e irreparable por cada día adicional que transcurre sin que se le permita acreditar como la Ley permite su Inocencia y reconocerla así VEINTE AÑOS DESPUÉS DE QUE FUE INJUSTAMENTE SENTENCIADO.
b) La Audiencia de Reconocimiento de Inocencia y sentencia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil veintidós en donde se niega la procedencia del mismo y se materializan las violaciones procesales que trascendieron al fondo del asunto, acto contrario a la Constitución y a las Leyes aplicables al asunto”.
[...]
SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado (ahora Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana); por auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós,(1) se admitió la demanda a trámite, registrada como expediente número 287/2022-VI, se solicitó a las responsables el informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional.
TERCERO. Seguido el juicio de amparo en sus etapas procesales, el treinta de agosto de dos mil veintitrés,(2) el A quo, celebró la audiencia constitucional y el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro,(3) dictó la sentencia respectiva, en la que por una parte sobreseyó el juicio por cuanto hace al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y por otra negó el amparo solicitado contra la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad.
CUARTO. Inconforme con la anterior sentencia, la parte quejosa **********, por conducto de su defensor particular licenciado **********, interpuso el recurso que nos ocupa, el cual se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro y se remitió el cinco de agosto de dos mil veinticuatro, a este Órgano Judicial.(4)
QUINTO. Mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veinticuatro(5) se admitió el recurso de revisión, el que se registró con el número de amparo en revisión administrativo 328/2024-I.
SEXTO. El treinta de octubre de dos mil veinticuatro,(6) conforme al numeral 92 de la Ley de Amparo, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Jorge Alberto Garza Chávez, para la elaboración del proyecto de resolución.
SÉPTIMO. El presente asunto fue listado para resolverse en sesión de ocho de abril de dos mil veinticinco, sin embargo, en dicha sesión, el proyecto de sentencia propuesto no alcanzó mayoría, por lo que se returnó el asunto a la ponencia de la Magistrada Karla Gisel Martínez Martínez.
OCTAVO. Mediante oficio SEADS/1526/2025, signado por el Secretario Técnico AA de la Comisión de Adscripción, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción a este órgano jurisdiccional del Secretario en Funciones de Magistrado Félix Arturo Castillo Ramírez.
NOVENO. A partir del uno de mayo de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva integración de este Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, está conformada por los Magistrados Karla Gisel Martínez Martínez y Juan Manuel García Arreguín, así como por el Secretario en Funciones de Magistrado Félix Arturo Castillo Ramírez.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, cuya sede se encuentra en la jurisdicción de este Órgano Colegiado y por tratarse de un asunto en materia penal.
La competencia se fundamenta en lo dispuesto en los preceptos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e), 83 y 84, de la Ley de Amparo; 35 y 210, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los artículos 1º, fracción XV, 2º, fracción XV, numerales 1º y 3º, fracción XV, primer párrafo, y tercero transitorio, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del propio año, y que entró en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO. La sentencia impugnada se notificó por lista a la parte quejosa aquí recurrente, el seis de febrero de dos mil veinticuatro,(7) surtió sus efectos al día siguiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que, el plazo de diez días que dispone el artículo 86 de la propia ley, transcurrió del ocho al veintiuno del citado mes y año; por ende, si el recurso se presentó el día de su vencimiento, se concluye que se interpuso en tiempo.
Los días hábiles fueron ocho, nueve, del doce al dieciséis y del diecinueve al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
Los días inhábiles fueron diez, once, diecisiete y dieciocho de febrero de dos mil veinticuatro, por corresponder a sábados y domingos, conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo.
TERCERO. La sentencia recurrida se apoya en las consideraciones siguientes:
[...]
“Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en:
La resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de reconocimiento de inocencia en el toca penal ********** del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California.
Lo anterior no obstante que la parte quejosa refiera que reclama en forma destacada el proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, emitido en el citado toca penal, mediante el cual se desecharon diversas probanzas, toda vez que dicha determinación, deberá analizarse como una violación procesal en forma conjunta con el acto reclamado en el capítulo correspondiente.
Tercero. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado y sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa; motivo por el cual debe sobreseerse en el presente asunto.
Lo que se corrobora con las constancias que en copia auténtica anexó la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, de las que no se advierte la participación del referido Juez de Control en los actos emitidos en el Toca Penal **********; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte que el Juez Único de Primera Instancia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no emitió la resolución reclamada por el quejoso.
Por tanto, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y sin prueba en contrario que la desvirtúe, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Cuarto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, consistente en la resolución de veinticuatro de marzo dos mil veintidós, emitida en el toca penal **********, que declaró infundado el reconocimiento de inocencia presentado por el quejoso, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado.
Circunstancia que quedó corroborada con la copia auténtica del disco versátil digital que anexó la autoridad responsable a su informe, relacionado con el toca penal **********, así como con las copias certificadas de la resolución emitida en dicho expediente; probanzas a la que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro: “VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.”
Quinto. En relación con el acto reclamado consistente en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de reconocimiento de inocencia en el toca penal ********** del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, las partes no invocaron causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se actualice algún supuesto de improcedencia, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad esgrimidos por el promovente del amparo.
Sexto. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción.
Séptimo. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que se deba suplir de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
En sus conceptos de violación, la parte quejosa señala que la determinación reclamada carece de fundamentación y motivación, dado que los Magistrados no admitieron las pruebas consistentes en el expediente personal de ********** -Juez de la causa- y copia certificada de la causa penal instruida en contra de ********** y copia certificada del expediente seguido en contra de ********** -madre de la víctima- por los mismos hechos por los que fue sentenciado el aquí quejoso; pruebas con las cuales señala que pretende demostrar la capacidad del juzgador de origen, la colusión entre funcionarios y con ello lograr la anulación de las Apruebas desahogadas en la causa penal.
De igual forma, la parte quejosa señala que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales al desechar las pruebas testimoniales a cargo de **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, pues con dichas pruebas aduce se acreditaría la falta de una adecuada defensa durante el procedimiento y la falta del carácter profesional de los peritos forenses que intervinieron en su proceso penal, así como la negativa de información, con la finalidad de anular las pruebas de origen.
Además, precisó la quejosa, que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales de seguridad jurídica, pues señala que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no existe capítulo alguno que permita desechar pruebas “a priori” a la sentencia, pues señala que se recibirán las pruebas que se hayan ofrecido y refiere que las testimoniales que ofreció, tienen la finalidad de anular las pruebas de origen, pues por una parte aduce que los testigos ********** y **********, carecían de título y cédula profesional, por lo que no podían dar fe de las actuaciones del ministerio público y por otra, que los testigos ********** y **********, carecían de carácter profesional, pues si bien certificaron como médicos legistas la muerte de la víctima, no contaban con los requisitos para ser médicos legistas; en tanto, la testigo **********, fue coacusada por los mismos hechos ante el Consejo Tutelar de Menores y se le absolvió, quien fue asesorada por sus abogados, lo que considera un conflicto de intereses pues sus familiares **********, ********** y **********, fueron quienes pagaron su defensa.
También puntualizó que la autoridad responsable prejuzgó ilegalmente el desechamiento de las pruebas periciales de criminología y psicología ofrecidas, pues con dichas pruebas novedosas pretendía acreditar los avances de la ciencia, de las cuales no tenía conocimiento y resultaban necesarias para acreditar hechos que antes desconocía.
De igual manera, señaló que la responsable transgredió sus derechos humanos al desechar la junta de peritos, reconstrucción de hechos, informe de la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, informe del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense asociación civil y careos, pues contrario a lo argumentado por la responsable, considera que dichas pruebas son supervinientes, porque no sabía que tenía derecho a probar, pues carecía de abogado.
Finalmente, expuso que la resolución reclamada viola la garantía de seguridad jurídica y legalidad, en virtud de que la autoridad responsable no tomó en consideración la falta de una defensa adecuada pues señaló que sus defensores carecían de título y cédula profesional cuando lo representaron durante el procedimiento.
Al efecto citó las tesis y jurisprudencia de rubros siguientes:
“ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA”.
“NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)".
“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. PROCEDE LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA TESTIMONIAL Y LOS CAREOS OFRECIDOS POR EL INCULPADO, A CARGO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE INTERVINIERON EN UNA DILIGENCIA DE CATEO”.
“RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO NO HAY QUE AGOTARLOS. (VIOLACIONES DIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN)”.
“RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. ES INFUNDADA LA SOLICITUD SI EN ÉSTA SÓLO SE ARGUMENTA QUE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA SE REALIZÓ UNA INCORRECTA VALORACIÓN DEL MATERIAL PROBATORIO, SIN OFRECER PRUEBAS NOVEDOSAS”.
Como se anticipó, dichos argumentos son infundados, pues al analizar la resolución reclamada, este órgano de control constitucional estima que es conforme a lo establecido en el artículo 19 constitucional, como a continuación se explica.
De las constancias que integran el toca penal de origen, no se advierte vulneración a los derechos fundamentales del quejoso, ni a las leyes que rigen el procedimiento de reconocimiento de inocencia, aún analizados en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, inciso a) penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
En efecto, la resolución reclamada, emitida por la Sala responsable, en la que determinó que la solicitud sobre reconocimiento de inocencia es improcedente, al no justificarse alguno de los supuestos normativos a que se refiere el artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es conforme al orden constitucional.
Para avalar la anterior postura, se precia el contenido del artículo 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente:
"Artículo 486. Reconocimiento de inocencia.
Procederá cuando después de dictada la sentencia aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en las que se fundó la condena”
Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el reconocimiento de inocencia se conceptúa como una institución de carácter extraordinario y excepcional, que, reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente, precisamente, porque se haya evidenciado la imposibilidad de que hubiere cometido el delito.
Tal criterio se contiene en la tesis de rubro:
“RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA E INDULTO. SON INSTITUCIONES DIFERENTES CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS, POR LO QUE EL PRIMERO NO CONSTITUYE UN MEDIO PARA OBTENER EL SEGUNDO” [...]
Asimismo, en dicho criterio se determinó que la obligación del sentenciado radica en demostrar que es inocente, no sólo que no es culpable en la forma en que fue condenado, porque entonces se pretendería convertir a esa institución en un medio más para corregir una imprecisión o una deficiencia técnica de la sentencia, originada en ella misma o desde la acusación, pero donde subyace la inquebrantable demostración de que el enjuiciado es responsable del delito por el que se le juzgó. Además, la Primera Sala del Alto Tribunal puntualizó que el reconocimiento de inocencia no tiene por objeto abrir otra instancia para que se valoren nuevamente los elementos probatorios, sino busca la anulación de los que fundaron la sentencia condenatoria, puesto que la base de todo incidente de reconocimiento de inocencia lo constituye la aparición de datos comprobables que desvirtúen los medios probatorios que sirvieron de sustento y fueron determinantes para orientar el sentido de las sentencias condenatorias que al respecto fueron emitidas.
También destacó la Primera Sala que la razón esencial del reconocimiento de inocencia radica en que, una vez dictada la sentencia que ha adquirido el carácter de irrevocable, aparezcan nuevos elementos probatorios, diversos de aquéllos en que se fundó la sentencia condenatoria, que la desvirtúen, surgiendo la necesidad de hacer cesar sus efectos, ya que sólo con base en pruebas desconocidas, que no hayan (sido materia de análisis en el proceso que le fue instaurado, es con las que el sentenciado puede demostrar, de manera indubitable, que no es responsable del ilícito por el cual se le condenó.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto:
"RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. CON EXCEPCIÓN DE LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LAS EMITIDAS EN UN PROCESO PENAL, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN Y EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO RESPECTO DE DIVERSOS COPROCESADOS DEL SOLICITANTE, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO DOCUMENTOS PÚBLICOS SUPERVENIENTES” [...]
Bajo ese escenario, son infundados los argumentos de la parte quejosa, puesto que las consideraciones en las que sustentó la solicitud de reconocimiento de inocencia, las soporta bajo la premisa de que no contó con una defensa adecuada, que los testigos de asistencia del ministerio público no eran licenciados en derecho y que los médicos legistas que intervinieron en la causa penal no contaban con la calidad de peritos en medicina legal y forense y, por ende, las pruebas que fueron valoradas en el proceso, lo que a su juicio demuestra su inocencia ya que no tuvo una defensa técnica adecuada y que por esa razón se cometieron violaciones a esos derechos humanos.
Lo anterior toda vez que este órgano de control constitucional considera que el acto reclamado cumple con la debida fundamentación y motivación que debe estar provisto, ya que la Sala responsable congruentemente expresó con precisión los artículos aplicables al caso y expresó las razones particulares adecuadas por las cuales determinó que la solicitud sobre reconocimiento de inocencia resultaba improcedente.
En efecto, la resolución de la Sala responsable es conforme al orden constitucional y legal, pues establece que, en el presente caso, no se actualizan los supuestos de procedencia de tal solicitud, previstos en el numeral 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el quejoso no ofreció algún medio de convicción superveniente, que dada la naturaleza del reconocimiento de inocencia, resultaba suficiente y necesario para demostrar, de manera plena, que las pruebas en las cuales se sustentó la sentencia condenatoria se hayan declarado falsas o que aparezcan documentos que las invaliden.
Es decir, como lo destacó la responsable, el hecho de que el quejoso haya ofrecido como pruebas durante la tramitación de la solicitud de reconocimiento de inocencia diversas documentales que pudieran acreditar que durante el procedimiento no contó con una defensa adecuada o que el testigo de asistencia del fiscal no era licenciado en derecho; ello no implica que, necesariamente, las pruebas desahogadas y que fueron sustento para emitir la sentencia condenatoria, devengan ilícitas.
Lo anterior toda vez que las pruebas que se ofrecieron no satisfacen los requisitos de procedencia para el reconocimiento de inocencia, dado que no son pruebas novedosas y supervenientes que demuestren de manera plena que el delito por el cual se le dictó sentencia condenatoria no se cometió, tampoco demuestra que no participó en su comisión, ni mucho menos son eficaces para desacreditar formalmente las pruebas en las que se fundó la condena.
Ello, pues como se estableció en la sentencia definitiva, existen pruebas directas que determinaron su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja.
De tal suerte que el quejoso parte de una premisa equivocada, toda vez que lo que pretende controvertir, ya fue materia de estudio en primera y segunda instancia, así como en el amparo directo 77/2004, que le fue negado por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, lo que constituye cosa juzgada.
En efecto, como lo señaló la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado de referencia, se pronunció sobre la detención del quejoso y, además, destacó que no existió violación a sus derechos fundamentales que se pudiera reparar a través del juicio de amparo.
De lo que se tiene que lo alegado por el quejoso ya fue materia de análisis en primera instancia, segunda instancia y en el juicio de amparo directo, lo que implica que legalmente constituye cosa juzgada; circunstancia que reviste las sentencias judiciales de inmutabilidad, convirtiendo las situaciones legales que se resuelven en juicio, obligatorias e inalterables, con lo cual se impide que en un asunto posterior -como de algún modo aquí se pretende- se revise lo ya resuelto en una sentencia firme.
Por otra parte, de igual forma resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos en contra del proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, en el cual se determinó no tener por recibidas las documentales consistentes en el expediente personal del licenciado ********** -actual Juez de Garantías-; copia certificada de la causa penal instruida en contra de **********; el expediente del procedimiento por infracciones del índice del Consejo Tutelar de Menores instruido en contra de **********; el expediente personal de Juan Salvador Moreno Pichardo que como catedrático se lleva en la Universidad Autónoma de Baja California; las testimoniales a cargo de **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********; las periciales en materia de criminología y psicología; la junta de peritos; reconstrucción de hechos; informes de autoridad a cargo de la Dirección General de Profesiones y del Consejo Mexicano de Medicina Legal y forense, así como careos; pues como lo señaló la autoridad responsable al momento de emitir el acuerdo de desechamiento, dichas pruebas no tienen la calidad de supervenientes, ya que con ellas el quejoso solo pretende controvertir las pruebas que fueron desahogadas en la etapa de instrucción del proceso y analizadas en sentencia, así como la capacidad de la persona juzgadora y demostrar una supuesta colusión orquestada en su contra para condenarlo.
En ese sentido, al no contar dichas probanzas con la calidad de supervinientes, resulta conforme al orden legal que la autoridad responsable las haya desechado por no ser acorde a lo establecido en el numeral 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues como se precisó, solamente pretenden controvertir aspectos que han quedado resueltos en forma definitiva.
En ese tenor, esa calidad legal de las decisiones judiciales supone límites objetivos conforme a los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, y subjetivos que se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, que en principio se trata de quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso, que por regla general, no pueden sustraerse de sus efectos.
Al respecto son ilustrativas las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas como:
“COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” [...]
“COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS” [...]
En consecuencia, si la condena ilegal que alega el sentenciado, por las posibles violaciones a sus derechos fundamentales de adecuada defensa e indebida valoración de la prueba, fueron temas que quedaron definidos y agotados con la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dos, emitida por un órgano jurisdiccional de alzada, desde esa fecha constituye cosa juzgada; además, fue materia de estudio en una ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado que negó la protección constitucional.
Por tanto, si el tema ya fue analizado en definitiva y con carácter de cosa juzgada por autoridades judiciales de control constitucional, es improcedente pretender que la misma materia -así sea vía incidental- se someta al análisis del tribunal responsable que en el recurso de apelación sólo puede ser de legalidad.
De modo que la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos en litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, a través de los jueces.
Así, el imperio de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, por tanto debe respetarse con todas sus consecuencias legales; en el entendido que deriva de un proceso desahogado ante las autoridades jurisdiccionales competentes, donde las partes tuvieron adecuada oportunidad de ser escuchadas en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones. De ahí que el resultado de esa tramitación bajo las reglas que rigen el debido proceso no puede ser desconocido, pues uno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33688-386869be/reconocimiento-de-inocencia-en-su-procedimiento-pueden-ofrecerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO FISCAL. SI FUE ADMITIDA NO PUEDE SER DESECHADA POSTERIORMENTE. (s/clave)
- AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. EN MATERIA PENAL NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE LA CEDULA PROFESIONAL SE TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCION GENERAL DE PROF (s/clave)
- RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. SI LA SOLICITUD RESPECTIVA SE PRESENTÓ DURANTE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL MARGEN DE QUE EL SOLICITANTE HAYA SIDO JUZ (XXIV.2o.4 P (10a.))
- VIOLACIONES SUSTANCIALES COMETIDAS DURANTE LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO, CASO EN QUE LA SUPREMA CORTE ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO POR. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis