SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU OTORGAMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 7, 12, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS, DE LA LEY QUE REGULA LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT, NO DEBE CONDICIONARSE AL REFRENDO DEL PERMISO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN ABROGADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 123/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ MUÑOZ.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, y 41, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Vigésimo Cuarto Circuito, con jurisdicción en la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver, inicialmente, los recursos de queja 53/2023, 54/2023, 55/2023 y 56/2023, en sesión de nueve de febrero de dos mil veintitrés y, posteriormente, el recurso de queja 72/2023, en sesión de veinte de febrero siguiente.
4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver, primigeniamente, los recursos de queja 110/2023, 112/2023 y 114/2023, en sesión de trece de febrero de dos mil veintitrés y, ulteriormente, el recurso de queja 157/2023, en sesión de veintidós del mes y año indicados.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 53/2023, 54/2023, 55/2023, 56/2023 y 72/2023, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar los recursos de queja 110/2023, 112/2023, 114/2023 y 157/2023.
7. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 53/2023, analizó, en una parte de su ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
8. En los expedientes relativos a los recursos de queja números 54/2023, 55/2023 y 56/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, se plantearon hechos similares a los antes narrados, la decisión del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, fue también similar y las consideraciones del tribunal fueron las mismas a las antes descritas.
9. En tanto que en el recurso de queja 72/2023, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver características
10. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar el recurso de queja 110/2023 analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver hechos y consideraciones
11. En los expedientes relativos a los recursos de queja números 112/2023 y 114/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, se plantearon hechos similares a los antes narrados, la decisión del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, fue también similar y las consideraciones del tribunal fueron las mismas a las antes descritas.
12. En tanto que en el recurso de queja 157/2023, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito analizó, en una parte de la ejecutoria, un asunto con las siguientes características:
Ver cuadro
13. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales decidieron sobre la suspensión provisional concedida a la parte quejosa respecto de los efectos y consecuencias de los artículos 7, 12, segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad federativa citada,(5) que establecen, en síntesis, que:
• El permiso para enajenar bebidas alcohólicas es intransferible y tendrá una vigencia de tres años a partir del pago de derechos, así como que cada año deberá revalidarse acatando los requisitos legales y ante la falta de revalidación se entenderá por renunciado el permiso;
• Los establecimientos deberán contar con instalaciones adecuadas según lo establezca la Secretaría de Administración y Finanzas; estar ubicados a una distancia lineal no menor a 200 metros de escuelas y templos, y en caso de encontrarse a una distancia menor a la precisada, deberá presentarse carta firmada de no inconveniente con copia de la credencial para votar con fotografía de la persona representante de dicho establecimiento;
• Esta ley entra en vigor a partir del uno de enero de dos mil veintitrés y se abroga la legislación del mismo nombre publicada el veinticinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis;
• Los permisionarios o propietarios de los establecimientos tendrán un plazo de sesenta días naturales para regularizarse; y,
• Los procedimientos y recursos en trámite a la fecha de entrada en vigor de esa norma general se seguirán sustanciando conforme a las disposiciones de la anterior hasta su conclusión.
14. Importa aclarar que no es materia de esta contradicción la procedencia de la suspensión provisional respecto de los preceptos mencionados, pues sobre el particular no hubo discrepancia entre ambos órganos colegiados.
15. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque analizaron las condiciones para que surta efectos la suspensión provisional respecto de las consecuencias y efectos de la normativa precisada, concedida para que no se aplicaran a la parte quejosa las disposiciones reclamadas.
16. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo relativo a la eficacia de la suspensión, como se aprecia de la siguiente tabla:
Ver tabla
17. Así, existe un diferendo pues mientras uno de los tribunales concedió la medida sin imponer condición alguna para su eficacia, el otro estimó que debía condicionarse al cumplimiento de la obligación de refrendar el permiso de venta de alcoholes dentro del primer bimestre del año prevista en el artículo 23, fracción VIII, de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit abrogada.
18. La tabla inserta revela que este diferendo se aprecia desde las sentencias dictadas en los recursos de queja 53/2023, 54/2023, 55/2023 y 56/2023 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y en los recursos de queja 110/2023, 112/2023 y 114/2023 del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, pues mientras uno modificó el auto del juzgado para conceder la suspensión sin condición alguna, el otro lo modificó para condicionarla al requisito ya señalado, y se corrobora con los fallos recaídos a los recursos de queja 72/2023 y 157/2023, en donde se hicieron pronunciamientos frontales sobre la referida condición.
19. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis de jurisprudencia del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(6)
20. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿La eficacia de la suspensión provisional otorgada respecto de los artículos 7, 12, segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit, publicada el dos de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la entidad federativa citada, debe someterse a la condición de refrendar el permiso de venta de alcoholes dentro del primer bimestre del año que establece el artículo 23, fracción VIII, de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados a la Producción, Almacenamiento, Distribución y Enajenación de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Nayarit abrogada?
21. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 53/2023, 54/2023, 55/2023, 56/2023 y 72/2023, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al fallar los recursos de queja 110/2023, 112/2023, 114/2023 y 157/2023.
V. Estudio
22. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el apartado IV, es pertinente tener presente que el artículo 17 de la Carta Magna(7) prevé el derecho de acceso a la justicia que imparten los tribunales y encomienda a las leyes la previsión de los requisitos y formalidades necesarios para hacer efectivo tal derecho.
23. Con miras al cumplimiento de ese objetivo, las medidas cautelares previstas en las leyes se erigen como los instrumentos al alcance de los juzgadores para conservar la materia del litigio hasta su conclusión y/o evitar una grave o quizá irreparable afectación a las partes durante la tramitación del asunto.
24. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de la cual derivó la tesis de jurisprudencia de rubro: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO.",(8) dijo:
En principio, debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.
El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica.
Para el procesalista Piero Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo; y, por otra, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El tratadista citado define a la providencia cautelar, como la "anticipación previsoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma". (Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Bibliográfica Argentina, 1945, página 45)
En opinión de Humberto Briseño Sierra, la medida cautelar no busca la posibilidad de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se ignora cuando aquélla se dicta, sino que "busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva" (Derecho Procesal, Vol. IV, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1970, página 293).
Las medidas cautelares suelen clasificarse en: 1) personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes; 2) conservativas o innovativas, en función de que tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso principal; y 3) nominadas o innominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las medidas pertinentes con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la ejecución de la futura y probable sentencia del proceso principal.
25. De esta exposición se sigue que las medidas cautelares tienen como finalidad, entre otras, hacer posible la ejecución de la sentencia, ya sea evitando obstáculos que puedan impedirlo (conservativa) o adelantando los efectos del fallo (innovativa).
26. Esta consideración se corrobora con lo sostenido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la sentencia de la cual derivó la tesis jurisprudencial de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007).",(9) en donde sostuvo:
En la doctrina, las medidas cautelares suelen ser calificadas también como providencias o medidas precautorias, y se definen como los instrumentos que puede decretar el juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso.
Las medidas cautelares tienden, por un lado, a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia; y por otro lado, a lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica.
27. En el mismo sentido, la doctrina constitucional ha señalado, al interpretar textos normativos similares a los antes invocados, que la provisión de medidas cautelares desempeña un papel crucial en el acceso a la justicia:
La tutela cautelar forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24.1 CE, pues el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que consiguen las medidas cautelares da sentido al proceso, protege el cumplimiento de lo acordado, y consigue que la tutela que dispensan Jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva. La tutela judicial no tendría trascendencia práctica, y sería meramente quimérica, en muchos casos, sin las medidas cautelares.
A tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional, la tutela cautelar, además de integrarse en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, constituye, en el proceso contencioso administrativo, una consecuencia de la universalidad del control jurisdiccional que ejercen Jueces y tribunales sobre la actividad administrativa STC 14/1992, 10 de febrero (Tol 25194) "La configuración de la tutela cautelar como manifestación de la tutela judicial efectiva de cualesquiera derecho o intereses legítimos limita al legislador impidiendo que excluya la adopción de medidas cautelares por los órganos judiciales. De la tutela judicial deriva el derecho a ‘la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares’."(10)
28. Queda precisado así que las medidas cautelares tienen un carácter estrictamente instrumental cuyo sentido y alcance se encuentran referidos a la sentencia.
29. Tratándose del juicio de amparo, el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 de la Carta Magna(11) establece que en los juicios de amparo, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión considerando la naturaleza de la violación alegada y un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 30. El artículo 128 de la ley de la materia(12) establece los requisitos que deben reunirse de manera concurrente para el otorgamiento de la medida cautelar, a saber, que la solicite el agraviado (fracción I), y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II); y el artículo 138 del mismo ordenamiento jurídico(13) establece que ante la solicitud de la suspensión, el juzgador debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al orden público e interés social.
31. La Suprema Corte ha establecido que se afecta el orden público y el interés social cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría(14) y el artículo 129 de la Ley de Amparo(15) establece de manera enunciativa diversas hipótesis en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público y, excepcionalmente, permite que aun cuando se actualice alguna de tales hipótesis, se conceda la suspensión si a consideración del juzgador la negativa de la medida cautelar puede causar mayor afectación al interés público.
32. Por su parte, la apariencia del buen derecho es un principio rector de la suspensión que, sin soslayar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite un asomo a la constitucionalidad del acto reclamado, una decisión anticipada y superficial sobre la existencia del derecho en pugna que mediante un cálculo de probabilidades lleve a concluir preliminarmente que la sentencia definitiva se emitirá en sentido favorable al gobernado.(16)
33. La satisfacción de los requisitos previstos para el otorgamiento de la suspensión permite al tribunal de amparo resolver sobre la procedencia de la medida cautelar, la modalidad en la cual se otorga y, en su caso, sobre sus efectos.
34. Específicamente, la facultad del órgano de amparo de condicionar la eficacia de la suspensión está prevista en el numeral 147, párrafo primero, parte final, de la Ley de Amparo vigente que establece:
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos."
35. En una primera aproximación al texto se observa que utiliza la expresión pudiendo establecer, la cual, según el Diccionario de la Lengua Española alude a tener expedita la facultad o potencia de hacer algo(17) y el término potencia, en su acepción filosófica, se refiere a aquello que está en calidad de posible y no en acto.(18)
36. Así, la interpretación lingüística del precepto revela que el órgano jurisdiccional tiene la facultad de decidir si impone ciertas condiciones a fin de que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
37. Esta facultad se enmarca en el contexto de la discrecionalidad otorgada al tribunal de amparo a que se refiere la exposición de motivos contenida en la iniciativa presentada ante la Cámara de Senadores el diecinueve de marzo de dos mil nueve y que dio lugar a la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en la parte que dice:
"Suspensión del acto reclamado.
"En materia de suspensión del acto reclamado, se propone establecer el marco constitucional a fin de prever un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, y al mismo tiempo cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural.
"Para tal efecto, se privilegia la discrecionalidad de los Jueces consagrando expresamente como elemento a considerar para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito éste reconocido por la Suprema Corte de Justicia y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas.
"Sin embargo, para asegurar su correcta aplicación, se establece la obligación del Juez de realizar un análisis ponderado entre la no afectación del interés social y el orden público y la apariencia de buen derecho. Con esto se logra que la medida cautelar sea eficaz y que no se concedan suspensiones que molestan la sensibilidad de la sociedad."(19)
38. De lo anterior se constata un diseño normativo en el que, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, en vez de atender a requisitos rígidos derivados de la ley, se privilegiará la discrecionalidad de los juzgadores en materia de amparo, tal como se observa de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 146/2019, de la que derivó la tesis jurisprudencial de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.",(20) en la que el Pleno del Alto Tribunal estimó lo siguiente:
"En ese sentido, bajo la nueva regulación del juicio de amparo, en lo concerniente a la suspensión, se privilegia la discrecionalidad de los juzgadores en materia de amparo; de modo que, en principio, todo acto reclamado es susceptible de ser suspendido (con las excepciones expresas que establezca la Ley de Amparo, como por ejemplo, las referidas en los artículos 128 y 129) y esto deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, pues, como lo expuso el legislador en el proceso de creación de la actual Ley de Amparo, ‘la necesidad de acudir al proceso para obtener la razón, no puede perjudicar a quien tiene la razón’.(21)
"Ahora bien, una lectura sistemática de los artículos 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo vigente que regulan la suspensión del acto reclamado, también pone en relieve que el Juez de amparo, para determinar si un acto en específico debe o no ser suspendido, en vez de atender a requisitos rígidos derivados de la ley, deberá realizar una ponderación entre distintos elementos como son la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención a disposiciones de orden público."
39. Sobre este aspecto, conviene invocar un extracto de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar, en sesión de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la contradicción de tesis 36/2018, de la cual derivó la tesis de jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."(22)
"42. Lo anterior pues dentro de los procedimientos judiciales rigen los principios iura novit curia (el tribunal es el que conoce el derecho), da mihi factum, dabo tibi ius (dame los hechos, que yo te daré el derecho) y pro actione (en caso de auténtica duda, optar por la interpretación más favorable a la prosecución o estudio de la acción), conforme los cuales el Juez es perito en derecho y, por tanto, cuenta con los conocimientos, sensibilidad jurídica, capacidad intelectual y experiencia necesaria para advertir cuál es el motivo de inconformidad esencialmente propuesto y así deducir la pretensión planteada, en aras de impartir justicia de la manera más completa posible.
"43. En este sentido, el órgano de amparo se constituye en un verdadero perito en materia jurídica y como tal, está en aptitud de determinar si una vez satisfechos los diversos requisitos para otorgar la medida, la materia de la suspensión es apta o no para (I) conservar de la materia del juicio o (II) podrían implicar la producción de un daño irreparable para el quejoso.
"44. Establecer lo contrario; es decir, imponer al solicitante del amparo que sea preciso en cuanto a los efectos de la suspensión implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, con lo que la posibilidad de obtener la suspensión se haría prácticamente nugatoria ante la omisión o error en la solicitud del accionante y, con ello, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva.
"45. Lo anterior porque el exigir al quejoso la precisión pormenorizada en cuanto a la materia de la suspensión, se traduciría en un tecnicismo poco sensato y falto de razonabilidad, en razón de que el Juez cuenta no sólo con la sensibilidad, experiencia y conocimientos para dilucidar y determinar tanto la pretensión del quejoso como si la ejecución del acto reclamado podría dejar sin materia el juicio o causar un daño de difícil o imposible reparación, sino además porque no existe algún precepto en la Ley de Amparo conforme al cual el quejoso deba precisar cuál es el efecto de la suspensión solicitada."
40. Un ejemplo del uso de esta potestad se halla en la tesis jurisprudencial de rubro: "SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO. LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA OTORGADA CONTRA EL CORTE DE TAL SERVICIO, CUANDO SE PRETENDA LA RESTITUCIÓN NO RESTRINGIDA DE ÉSTE, DEBE CONDICIONARSE A QUE EL QUEJOSO GARANTICE SU PAGO."(23)
41. En la misma Ley de Amparo se encuentran otros supuestos en donde es el propio legislador quien ha dispuesto la condición a la cual debe sujetarse la eficacia de la suspensión, de manera que la facultad del tribunal está ceñida a los límites impuestos en la norma especial de que se trate; por ejemplo, garantías económicas tratándose de créditos fiscales (artículo 135), o de actos que afecten la libertad personal (artículo 168), o de conductas de hacer o de no hacer tratándose de órdenes de privación de la libertad personal (artículo 162).
42. De esas cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31665-101857cf/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. LA PERSONA TITULAR DE UN JUZGADO DE DISTRITO PERTENECIENTE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERO (PR.A.C.CN.2 K (12a.))
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