SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SIGUE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO EN CASO DE CONCEDERLA RESPECTO DEL ACUERDO RELATIVO A LA CONVOCATORIA GENERAL PARA OBTENER PATENTE DE AGENTE ADUANAL PUBLICADA EL 22 DE JUNIO DE 2023, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JULIO DE 2023, QUE DEJÓ INSUBSISTENTE LA SEGUNDA FASE DE ESA CONVOCATORIA, PARA EL EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO SUSPENDAN, CANCELEN O REVOQUEN EL REGISTRO DE LA PERSONA QUEJOSA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 237/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito que corresponde a la Región Centro-Norte y conocen de la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, por conducto del Director General Jurídico de Aduanas, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 4, apartado B, fracción V, 8 y 25, fracciones XIV y XV, del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México(4) (autoridades responsables en los juicios de amparo de los cuales derivaron los fallos en contienda).
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 305/2023, en sesión de trece de julio de dos mil veintitrés, por mayoría de votos.
4. Criterio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 294/2023, en sesión de siete de julio de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 305/2023, y el sustentado por el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 294/2023.
7. El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
9. A partir de esta relatoría, se obtiene la siguiente información que permite establecer la existencia de la contradicción:
Ver información
10. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto a si la concesión de la suspensión provisional contra los efectos del Acuerdo relativo a la convocatoria general para obtener patente de agente aduanal divulgada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de dos mil veintitrés, que dejó insubsistente la segunda fase de esa convocatoria, para que las autoridades responsables no suspendan, cancelen o revoquen el registro de la persona quejosa a la convocatoria es o no contraria al orden público y al interés social.
11. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque pues ambos tribunales realizaron la interpretación de lo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, y un diferendo de criterios porque uno, consideró que, de concederse la suspensión, se transgredirían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, en tanto que la sociedad está interesada en que las fases o etapas de los pactos establecidos se desarrollen conforme a los lineamientos previstos; mientras que el otro sostuvo que con el otorgamiento de la medida cautelar provisional no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues la sociedad tiene interés en que se concedan patentes de agente aduanal con la finalidad de cumplir con los objetivos previstos en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
12. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes(6) cabe la pregunta siguiente: ¿Se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público en caso de conceder la suspensión provisional contra los efectos del Acuerdo relativo a la convocatoria general para obtener patente de agente aduanal divulgada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de julio de dos mil veintitrés, que dejó insubsistente la segunda fase de esa convocatoria para el efecto de que las autoridades responsables no suspendan, cancelen o revoquen el registro de la persona quejosa?(7)
13. En el entendido de que no son materia de esta contradicción de criterios otros temas abordados por los tribunales, como la naturaleza del acto reclamado, el acreditamiento del interés suspensional, si se trata de actos futuros e inciertos, los efectos de la suspensión y si podrían considerarse como restitutorios esos efectos, porque sobre ellos no existe un punto de toque y un disenso.
14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Décimo Séptimo y Vigésimo Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
V. Estudio
15. A fin de dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, resulta conveniente tener en cuenta que el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) prevé que en materia de amparo los actos reclamados son susceptibles de suspensión en los casos y con las condiciones indicadas en la ley reglamentaria y que, para efectos de su otorgamiento corresponde al juzgador, si la naturaleza del acto lo permite, hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
16. En correlación con el mandato constitucional, el numeral 128 de la Ley de Amparo(9) establece que la procedencia de la suspensión está supeditada a la concurrencia de dos requisitos: el primero, que lo solicite la persona quejosa y, el segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
17. Respecto de este último requisito, el texto del artículo 129 de la ley de la materia(10) estatuye, de forma enunciativa y no limitativa, los supuestos en los cuales se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además, confiere al órgano jurisdiccional de amparo la potestad de conceder la suspensión, de forma excepcional, en esos casos, cuando a su consideración la negativa de la medida suspensional pudiera causar mayor afectación al interés social.
18. El artículo 138 del mismo ordenamiento jurídico establece que para proveer sobre la solicitud de la suspensión, el juzgador debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al orden público e interés social.
19. La Suprema Corte ha establecido que se afecta el orden público y el interés social cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, como se advierte de la tesis de jurisprudencia(11) que dice:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."
20. Por disposiciones de orden público, debe entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio.
21. El interés social refiere al hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público.
22. Así, el orden público y el interés social constituyen nociones íntimamente vinculadas dado que la primera, tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que la segunda, alude a la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle algún mal, desventaja o trastorno.
23. En esos términos lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una parte de la ejecutoria de la cual derivó el criterio jurisprudencial 2a./J. 42/2005,(12) de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. RESULTA IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR QUE OBLIGAN A FRACCIONADORES, CONSTRUCTORES O PROMOTORES, A REGISTRAR ANTE LA PROCURADURÍA RESPECTIVA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE CASA HABITACIÓN Y DE USO TEMPORAL DE INMUEBLES MEDIANTE EL SISTEMA DE TIEMPO COMPARTIDO.", Como se aprecia de la transcripción siguiente:
"... El segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, señala los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, ese señalamiento no es limitativo sino enunciativo; y el propio precepto, al enumerarlos se refiere a esos casos, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.
"En relación con lo anterior, se señala que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público.
"En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el ‘interés social’, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría ..."
24. La apariencia del buen derecho, el otro extremo de la ecuación de ponderación a que se refiere el artículo 138 de la ley de la materia, es un principio que se consideró rector de la suspensión por el Pleno del Máximo Tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96,(13) de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO."
25. En la ejecutoria respectiva, el Alto Tribunal destacó que siguiendo la doctrina,(14) la apariencia del buen derecho permite un asomo a la existencia del derecho en pugna, a través de un examen preliminar y superficial que permita descartar las pretensiones frívolas o manifiestamente temerarias, un cálculo sobre las posibilidades de que la sentencia pueda reconocer la existencia del derecho, como se aprecia de la reproducción de la parte que dice:
"... No cabe ninguna duda, y la doctrina es unánime al respecto, de que la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo participa de la naturaleza de una medida cautelar. Por tanto, le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su naturaleza.
"Entre los presupuestos esenciales de las medidas cautelares se encuentra el de la verosimilitud del derecho, también denominado fumus boni iuris. Si la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva, la fundabilidad de la pretensión que constituye objeto de la medida cautelar no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Resulta, en consecuencia, suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho.
"En esa virtud, la verosimilitud del derecho no importa la definitiva viabilidad de la pretensión de quien solicita la medida: basta que exista el derecho invocado. La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo anterior obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra.
"Generalmente, por tratarse de una cuestión de derecho, el presupuesto queda satisfecho con el alcance de fundamentación del derecho, en la exposición llevada a cabo por los peticionarios en su escrito de demanda.
"Como apunta Piero Calamandrei en su Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, página 76, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945:
"‘...si para emanar la medida cautelar fuese necesario un conocimiento completo y profundo sobre la existencia del derecho, esto es, sobre el mismo objeto en relación al cual se espera la providencia principal, valdría más esperar ésta y no complicar el proceso con una duplicidad de investigaciones que no tendrían ni siquiera la ventaja de la prontitud.’
"El otro requisito específico de la pretensión cautelar es el peligro en la demora (periculum in mora), esto es, que en razón del transcurso del tiempo los efectos de la decisión final resulten prácticamente inoperantes: se basa en el temor fundado en la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue y que, de no hacerlo en forma inmediata, se corre el riesgo de que en el supuesto de recaer sentencia definitiva favorable, ésta permanezca incumplida. ..."
26. Al aplicar estas premisas a la suspensión en amparo, el Alto Tribunal concluyó que por virtud de la apariencia del buen derecho, el órgano jurisdiccional debe hacer una apreciación del orden público y del interés social, así como de la naturaleza de la violación aducida y el daño que pueda sufrir el derecho del particular, de modo que de resultar que aquél es mayor que éste, deberá negarse la suspensión, como se constata con la parte del fallo que enseguida se copia:
"... De lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones:
"a) La suspensión de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.
"b) El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. "c) Dicho requisito, aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.
"d) El examen de la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado, encuentra además su fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho subjetivo que se dice violado.
"e) En todo caso, tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que solo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que solo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho.
"f) Dicho examen deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión. ..."
27. Es relevante destacar que, de lo antes reseñado, no deriva la afirmación de que la suspensión debe negarse si existe afectación al orden público y al interés social. El mandato jurisprudencial indica que debe negarse si esa afectación, existiendo, es mayor al daño sufrido por el particular en su derecho.
28. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal, al emitir la ejecutoria de la cual derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 16/96(15) de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO.", Señaló que la apariencia del buen derecho implica descartar una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, como se aprecia de la siguiente reproducción:
"... La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Ello obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra.
"Según Piero Calamandrei, en su obra titulada Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, por cuanto se refiere al primer elemento señalado, el conocimiento cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidad y de verosimilitud, porque declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal y en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, dice, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho con sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar y expresa este tratadista: ‘El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis, solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad.’
"En relación con el segundo de los indicados elementos, el propio autor manifiesta que el problema del juez en sede cautelar no es el de examinar si el derecho del reclamante está en peligro, sino el de ver si este peligro sería susceptible de agravarse e incluso de transformarse en daño irreparable, cuando, para determinar las medidas más aptas para prevenirlo, se hubiese de esperar hasta la emanación de la providencia principal y añade que la providencia cautelar se dirige no a eliminar definitivamente el peligro que amenaza el derecho, sino a eliminar el peligro que derivaría del retardo de la providencia definitiva.
"En otras palabras, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable.
"Diversos autores concuerdan en la asimilación de la suspensión del acto reclamado, con las medidas cautelares, entre ellos ...
"Por otra parte, la suspensión tiene sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure el proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre dicho daño o su amenaza. Sin este peligro, es decir, si no hay materia qué frenar con la suspensión, para que el objeto del proceso se mantenga íntegro durante el tiempo que dure, no hay medidas cautelares.
"La medida cautelar exige, por ello, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que es el que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales, es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho; así, cuando existe la presunción de que la demanda es fundada, el Juez debe acogerla provisionalmente, pues es suficiente, en tal supuesto, la invocación de un derecho justificado a primera vista de la demanda. ..."
29. En estas condiciones se sentaron las bases del sistema de ponderación dispuesto en el numeral 138 de la Ley de Amparo, interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2009(16) de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."
30. En la ejecutoria de la cual derivó esa tesis jurisprudencial, la Superioridad insistió en que conforme al criterio del Pleno del que se ha dado noticia, debe confrontarse la apariencia del buen derecho con el orden público y el interés social para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión, como se aprecia de la siguiente reproducción:
"... Como se advierte, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte sostuvo desde la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, que para cumplir con el contenido de la fracción X del artículo 107 de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.
"Asimismo, estableció el Tribunal Pleno que el estudio de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como presupuestos de la medida suspensional, debe hacerse sin dejar de observar los demás requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo.
"En consecuencia, si jurisprudencialmente está determinado que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso y del peligro en la demora, se concluye que no es posible pretender que el juzgador realice un estudio aislado de esos presupuestos de la suspensión, respecto de las demás condiciones para otorgar la medida cautelar, considerando que para hacer cualquier pronunciamiento sobre ella, en los casos en que no proceda decretarla de oficio, debe mediar la solicitud de la parte interesada, la que deberá demostrar que tiene un interés suspensional porque la ejecución del acto reclamado le puede ocasionar algún perjuicio de difícil reparación, aspectos que se encuentran previstos en las fracciones I y III del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, pero que se relacionan estrechamente con el peligro en la demora.
"De igual manera, el juzgador debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, debe confrontar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.
"En esa virtud, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la medida. ..."
31. No sobra señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual deriv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32150-1a5aa9ea/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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