AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ANALIZAR LAS PRUEBAS PRESENTADAS, SI DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO AL ACTUALIZARSE DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO AL ACTUALIZARSE DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.
AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ANALIZAR LAS PRUEBAS PRESENTADAS, SI DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO AL ACTUALIZARSE DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.
AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO AL ACTUALIZARSE DE MODO MANIFIESTO E INDUDABLE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.
QUEJA 118/2017. 7 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: BERNARDINO CARMONA LEÓN. SECRETARIO: VICENTE IVÁN GALEANA JUÁREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Punto de estudio. Los agravios son inoperantes e infundados, tal como se explica:
La lectura del acuerdo impugnado permite advertir que la demanda fue desechada al estimarse actualizada, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
Ello, bajo el argumento esencial de que la notificación reclamada no es de imposible reparación, ya que es un acto netamente procesal, al hacerse del conocimiento de la parte quejosa el inicio del procedimiento; es decir, únicamente la obliga a comparecer al procedimiento de evaluación correspondiente del que puede, incluso, no resultar afectada.
A su vez, la lectura del escrito respectivo permite advertir que la parte recurrente vierte dos agravios, en los que aduce que es ilegal la resolución recurrida, al violar e interpretar en su perjuicio los artículos 61, fracción XXIII, 77, fracción I y 113 de la Ley de Amparo, puesto que el resolutor federal desecha su demanda omitiendo el estudio de los conceptos de violación que hizo valer contra los defectos e irregularidades de la notificación para la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior LINEE-04-2017, con número de referencia **********, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete.
En la cual, refiere, aparece una firma facsímil que supuestamente pertenece a la maestra **********, en su carácter de directora general de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual tuvo conocimiento a partir del día veintisiete de junio del año dos mil diecisiete, al ingresar a su correo electrónico personal (**********) y que, por tratarse de una firma o rúbrica facsímil es ilegal, lo cual reiteró tanto en el capítulo de antecedentes, como en sus conceptos de violación.
Las manifestaciones sintetizadas en líneas precedentes son inoperantes.
Lo anterior es así, porque al haberse desechado la demanda, ello impidió que el resolutor federal se ocupara del análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo.
En efecto, el sentido de la resolución impugnada no sólo liberaba a la autoridad de amparo de abordar tal estudio, sino que la imposibilitaba.
De lo contrario, su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda de amparo, ante la existencia de una causa notoria de improcedencia es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
Es de invocarse, por identidad de razón, la jurisprudencia III.5o.C. J/7, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, cuyos rubro y texto son:
"DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, POR LO QUE SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE IMPUGNAN ESA OMISIÓN.-Como el desechamiento de la demanda de garantías obedece a la existencia de una causa notoria de improcedencia, ello significa que existe un obstáculo jurídico que impide la decisión de fondo de la controversia constitucional, motivo por el que son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la falta de estudio de los conceptos de violación."(11)
Asimismo, la parte recurrente aduce que es ilegal la resolución recurrida, porque el resolutor federal omitió estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados, los cuales afectan sus derechos humanos y laborales, así como sus intereses patrimoniales protegidos por la Constitución Federal.
Dicho planteamiento es inoperante.
En efecto, al actualizarse en el juicio de amparo un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, por ende, el desechamiento de la demanda de amparo, ello constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado.
De tal forma que no causa agravio alguno a la parte quejosa (ahora recurrente) el desechamiento, en virtud del cual se omite el estudio de fondo del asunto; esto es, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.
Es de invocarse, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia IV.2o.C. J/11, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que se comparte, cuyos rubro y texto son:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.-Resultan inoperantes los agravios en que se argumenta la omisión de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta que lo anterior no sólo libera al a quo de abordar el estudio del fondo del asunto, sino que le impide realizarlo pues, de lo contrario, su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."(12)
Es verdad que el criterio de trato hace referencia al recurso de revisión, sin embargo, dicha cuestión atiende a que en la Ley de Amparo abrogada, el recurso procedente contra el desechamiento de una demanda lo era, precisamente, el recurso de revisión, tal como se advierte del artículo 83, fracción I.(13)
En cambio, en la Ley de Amparo vigente, el medio de defensa procedente contra un auto desechatorio de demanda es el recurso de queja, de conformidad con su artículo 97, fracción I, inciso a).(14)
Por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición", puede sostenerse, válidamente, que son inoperantes los agravios vertidos en el recurso de queja, a través de los cuales se impugna la omisión de estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya que, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dicha cuestión no sólo libera al juzgador de amparo de abordar el estudio del fondo, sino que le impide realizarlo pues, de lo contrario, su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
Por otra parte, la recurrente considera ilegal el auto impugnado, porque el resolutor federal omitió estudiar a conciencia la prueba instrumental de actuaciones del juicio natural de donde emanan los actos reclamados, sin que fundara ni motivara tal análisis (sic) de dicha probanza, ya que es omiso en analizar todas y cada una de las constancias procesales que integran los autos del juicio natural y que éstas forman parte de la prueba instrumental de actuaciones; que, al no hacerlo así, le causa graves perjuicios, al no cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.(15)
Dicho planteamiento es inoperante.
Ello, en virtud de que, se insiste, el desechamiento de la demanda derivó de que se advirtió la actualización de forma manifiesta e indudable, de una causal de improcedencia, bajo el argumento esencial de que la notificación reclamada no es de imposible reparación.
De ahí que si el estudio de las causales de improcedencia es previo al del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, es evidente que no procede analizar las constancias o pruebas exhibidas con la demanda de amparo, ya que ellas únicamente servirían, en su caso, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, puesto que resultaría ilógico y contrario a la técnica del amparo, analizar primero un problema de fondo, para determinar después que no es procedente el juicio.
Es de invocarse, por el espíritu que la inspira, la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyos rubro y texto son:
"SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. PRUEBAS PRESENTADAS Y NO ANALIZADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO.-Dado que el estudio de las causales de sobreseimiento del juicio de garantías es previo al del fondo del asunto por ser una cuestión de orden público, el Juez de Distrito no tiene por qué analizar las pruebas presentadas en el procedimiento de amparo, ya que las mismas sólo servirían, en su caso, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Resultaría ilógico y contrario a la técnica, analizar primero un problema de fondo, para determinar después que no es procedente el juicio de amparo."(16)
Asimismo, en lo conducente, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, y que a la letra dice:
"SOBRESEIMIENTO, ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO, NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO CUANDO SE DECRETA EL.-Si al fallar en un juicio de garantías se actualiza una causal de improcedencia y en consecuencia se decreta el sobreseimiento, jurídicamente no deben analizarse ni valorarse las pruebas exhibidas, pues esta circunstancia debe realizarse sólo cuando se estudia el fondo de la controversia planteada."(17)
Por último, es inoperante el agravio en el cual se aduce que con el dictado de la sentencia impugnada el resolutor federal viola las "garantías individuales" y derechos fundamentales de audiencia, debido proceso legal, equidad procesal y seguridad jurídica, que establece a su favor la Carta Magna.
Ello es así, en virtud de que los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que no pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados, al ser los encargados de salvaguardar las garantías y derechos fundamentales contra los actos de las autoridades que afecten aquellos tutelados por la Carta Magna; y si bien estamos frente a un recurso de queja, el mismo no puede tener el alcance de poner al Juez de Distrito en la misma posición que a una autoridad responsable, pues de hacerse, no se cumpliría con el fin teleológico de la acción de amparo, dado que se ejercería un control constitucional sobre otro órgano de igual índole, lo cual no es propio de la técnica que rige el dictado de las sentencias en esta materia.
Apoya dicha afirmación la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno del Alto Tribunal, que dispone:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."(18)
Ante la inoperancia evidenciada, este Tribunal Colegiado encuentra un impedimento técnico para abordar, en su caso, la aplicabilidad de los criterios invocados por la parte recurrente, en apoyo de su dicho.
Tiene aplicación la jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que se comparte, cuyos rubro y texto son:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA.-Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo."(19)
Por otro lado, en el escrito de agravios también se aduce que es ilegal la resolución recurrida, porque el resolutor federal no tomó en cuenta lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el cual dispone que para el caso de que la demanda de amparo no cumpliera con los requisitos de ley, debió prevenirla para subsanar las irregularidades y no desecharla.
Es infundado dicho planteamiento.
Ello es así, porque al estimarse actualizada de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia, a ningún fin práctico conduciría algún requerimiento de los previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo.
De ahí que resultaría ociosa una prevención en ese sentido.
Dicho de otro modo, la figura de la prevención prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo no es apta a efecto de declarar la improcedencia del juicio, ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica de los actos reclamados, si se actualiza la causal de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales a que alude dicho dispositivo legal, pues a ningún fin práctico conduciría integrar un expediente de amparo al que no se dará trámite.
De ahí lo infundado del argumento correspondiente.
De igual manera, la parte recurrente aduce que es ilegal el auto impugnado, porque no está plenamente acreditada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia; de ahí que, en su opinión, no debió desecharse la demanda de amparo, sino admitirse.
Es infundado el planteamiento de referencia.
Ello es así ya que, como correctamente lo determinó el resolutor federal, el acto reclamado no es de imposible reparación, sino un acto netamente procesal al hacerse de su conocimiento el inicio del procedimiento de evaluación; es decir, únicamente se le comunica a la parte quejosa (ahora recurrente) el inicio del procedimiento de evaluación correspondiente, del que puede, incluso, no resultar afectada.
En efecto, el inicio del procedimiento de evaluación docente, como acto intraprocesal, no se encuentra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo, porque no se trata de un acto que pueda tener una ejecución de imposible reparación, pues no existe en la Constitución Federal ni en la Ley General de Servicio Profesional Docente, alguna proscripción en el sentido de no reinstalar a los docentes separados cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento, o de la actuación procesal correspondiente.
De ahí, se insiste, lo infundado del planteamiento.
Es de invocarse, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE.-La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto."(20)
Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 37/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone:
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA RELATIVA A LA DECLARACIÓN SOBRE LOS HECHOS U OMISIONES IMPUTADOS, PARA VERIFICARSE EN UN LUGAR DISTINTO AL EN QUE SUCEDIERON Y LA CITACIÓN PARA ESA DILIGENCIA, NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-El señalamiento de la audiencia prevista en los artículos 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, derogado en materia federal pero aplicable a los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal, y 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la cual inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa, para verificarse en un lugar distinto al en que sucedieron los actos u omisiones imputados y, en vía de consecuencia, la citación a esa diligencia, no afectan el derecho sustantivo de audiencia del servidor público, por lo que no son actos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto por no actualizarse el supuesto del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, los procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos no podrían paralizarse por esta razón, aunado a que no se limita el derecho del gobernado de declarar, ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga."(21)
Por último, son infundadas las manifestaciones a través de las cuales se aduce, de manera reiterada, que con el dictado del auto de desechamiento existe una violación a los derechos humanos que consagra a su favor la Carta Magna.
Ello se sostiene, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, modificó el sistema jurídico mexicano para incorporar el conocido principio pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, previsto en los artículos 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo cierto es que este cambio de paradigma no implica que, en cualquier caso, el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo de la litis planteada en la demanda o en el recurso, según se trate, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia o de legitimación del promovente, previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución del conflicto de que se trate, por lo que la integración de ese principio y de los instrumentos internacionales de referencia al nuevo marco constitucional de respeto de los derechos humanos, por sí mismos son insuficientes para declarar procedente lo improcedente o para reconocerle legitimación a quien no la tiene, para promover un medio de defensa extraordinario, como lo es el juicio de amparo.
Ello es así, se insiste, porque el hecho de que en la resolución impugnada el resolutor federal haya considerado actualizada, de modo manifiesto e indudable, una causal de improcedencia, no significa que no tiene acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer a la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver favorablemente a sus intereses, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones.
Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."(22)
Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, que establece:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.’, reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser cons
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27696-398571ad/agravios-inoperantes-en-el-recurso-de-queja-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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