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FACULTAD REGLADA. LA CONSTITUYE LA ATRIBUCIÓN OTORGADA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN EL TEXTO VIGENTE DEL ARTÍCULO 20-A DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL TRES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 75/2023. · Registro digital (IUS): 32159
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN AUXILIO DEL TRIB
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo III, Pág.2762.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 75/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN AUXILIO DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 6 DE DICIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al seis de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, auxiliado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, y el diverso que sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la atribución del Servicio de Administración Tributaria, prevista en el texto vigente del artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres, relativa a abstenerse de determinar contribuciones y sus accesorios, así como de imponer sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el monto total de los créditos fiscales no exceda de 3,500 unidades de inversión, se trata de una facultad reglada o discrecional.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO.

3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio remitido vía electrónica el trece de marzo de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron una posible contradicción entre los criterios sustentados por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 138/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 699/2018, y el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 218/2021, este último con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región.

4. Trámite de la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 70/2023, además, consideró que se actualizaba la competencia de la Segunda Sala para conocer del asunto, la cual se avocó a su conocimiento el catorce de abril siguiente.

5. Declaratoria de incompetencia. En sesión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la Segunda Sala del Alto Tribunal, por mayoría de cuatro votos, declaró su incompetencia para pronunciarse sobre la contradicción de criterios denunciada, en relación con el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, auxiliado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, y el diverso que sostuvo el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ordenando su remisión a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos y, en consecuencia, estimó improcedente la contradicción respecto del criterio restante.

6. Radicación del asunto. En el auto de doce de septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional Arturo Iturbe Rivas admitió a trámite la contradicción de criterios remitida por el Alto Tribunal, registrándola con el número 75/2023. En esa misma actuación, requirió al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito para que informara si seguía vigente el criterio que emitió con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada.

7. Desahogo de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con la temática de este asunto, de lo que tomó conocimiento.

8. Desahogo del Colegiado. En acuerdo de presidencia de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, en el que informó que desconocía si el criterio involucrado en la presente contradicción de criterios se encontraba vigente, en virtud de que fue emitido por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, en auxilio de sus labores; en consecuencia, en el mismo auto se requirió al Tribunal Auxiliar para que informara sobre la vigencia de su criterio.

9. Se hace declaratoria de vigencia y se confirma turno del asunto. En auto de presidencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se hizo constar la imposibilidad que existió para notificar al Tribunal Auxiliar el requerimiento de referencia, debido a que mediante el Acuerdo General 100/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la conclusión de sus funciones, y ante esa circunstancia, se tuvo por vigente el criterio que emitió en auxilio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito. En esa misma actuación, se confirmó el turno del asunto para la ponencia A, cuya titular es la Magistrada Silvia Cerón Fernández.

II. COMPETENCIA.

10. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8o. y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2o. del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción, territorio y domicilio, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de dos circuitos correspondientes a esta región (tercero y vigésimo).

III. LEGITIMACIÓN.

11. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes resolvieron uno de los criterios que constituyen la presente contradicción.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS.

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A. Criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 218/2021, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región.

13. Demanda de nulidad. Una persona acudió a la vía administrativa a demandar la nulidad de la resolución dictada en un recurso de revocación, a través de la cual, la Administración Desconcentrada Jurídica de Chiapas "1", confirmó la validez del oficio que determinó un crédito fiscal en su contra, por no expedir comprobantes fiscales digitales por internet por ventas al público en general por las enajenaciones conocidas por el periodo sujeto a revisión. En los motivos de ilegalidad planteados, la actora argumentó, entre otras cuestiones, que la resolución impugnada resultaba violatoria del artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pues a pesar de haberse actualizado los requisitos que ahí se prevén para la condonación de la sanción que le fue impuesta, la autoridad exactora optó por no otorgarle ese beneficio, sin motivar ni fundar su decisión.

14. Sentencia de nulidad. Seguido el trámite correspondiente, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Sala Regional Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

15. Demanda de amparo directo. En desacuerdo, la parte actora promovió demanda de amparo directo, la cual fue radicada ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con el número de expediente 218/2021, y una vez substanciado el procedimiento, en el acuerdo de presidencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se ordenó la remisión del asunto al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, para el auxilio en el dictado de la sentencia respectiva.

16. Trámite de la demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado Auxiliar. Mediante auto de presidencia de once de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, se avocó al conocimiento del asunto, y en sesión ordinaria virtual de dieciséis de junio siguiente, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, determinaron conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, con sustento en las consideraciones siguientes:

"Los anteriores argumentos resultan fundados, como enseguida se explica.

"Para poder abordar el estudio del concepto de violación de que se trata, se parte del análisis de la ejecutoria que recayó a la contradicción de tesis 26/96, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 31/97, que invoca el quejoso como apoyo de sus discrepancias, la cual es del rubro y texto siguientes:

"‘VISITAS DOMICILIARIAS. NO ES DISCRECIONAL LA ATRIBUCIÓN DE CONCLUIRLAS ANTICIPADAMENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (Se transcribe)

"...

"De lo anterior, se puede arribar a lo siguiente:

"En el ámbito administrativo, la autoridad puede desplegar su actuación de dos formas: de manera reglada o discrecional.

"En el primer caso, la actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica, que señala la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición legal prevea.

"En cambio, en el segundo, la ley le otorga a la autoridad un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo cual permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso.

"En suma, se tiene que se estará en presencia de facultades regladas, cuando la autoridad en virtud de las leyes que rigen su competencia o bien, con motivo de una instancia o recurso de los particulares, deba pronunciarse al respecto, esto es, existe obligación de hacer.

"Tratándose de facultades discrecionales, partiendo de que existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la autoridad un amplio campo de aplicación, para decidir si debe obrar o debe abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, ha de entenderse que la base toral de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala y, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, o de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique arbitrariedad.

"Asimismo, en cuanto a la inflexión ‘podrá’, debe precisarse que el verbo poder es un verbo auxiliar que expresa la ausencia de obstáculos o inconvenientes para que se realice lo enunciado por el verbo principal en infinitivo, cuyo sujeto es el mismo que el de poder; por tanto, la esencia del verbo poder es la decisión de una cuestión, es tener la facultad para obrar.

"En el ámbito legislativo, el verbo poder puede adquirir un matiz de obligatoriedad, y en tal hipótesis se entiende como un deber; sin embargo, el descubrimiento de ese matiz no es sencillo, de manera que para la interpretación respectiva, debe atenderse al precepto legal en concreto para esclarecer el sentido exacto del texto que se interpreta.

"Finalmente, de dicha ejecutoria también se obtiene que, en materia fiscal, el legislador ha sido preciso al señalar la discrecionalidad de aquellas facultades que con tal carácter se le confieren a las autoridades, de modo que al no hacer esa precisión, es posible concluir que se trata de una atribución reglada, aun cuando su otorgamiento se encuentre precedido de la inflexión verbal ‘podrá’.

"Precisado lo anterior, conviene tener en cuenta que el artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria es del siguiente tenor:

"...

"En ese sentido, si en el caso se tiene que el dispositivo legal en comento establece que la autoridad fiscal ‘podrá’ abstenerse de ejecutar las facultades que ahí se enuncian, pero señala que esto ocurrirá cuando: a) el monto total de los créditos fiscales no exceda del equivalente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión; b) la contribución omitida corresponda a errores u omisiones no graves; y c) el contribuyente no haya sido beneficiado con antelación; es claro que la inflexión verbal ‘podrá’, conlleva un matiz de obligatoriedad, ya que el otorgamiento del aludido beneficio se encuentra condicionado al cumplimiento de determinados requisitos que, de satisfacerse, encaminan a la autoridad fiscal a su concesión, lo que desde luego denota la facultad reglada para la autoridad administrativa.

"Lo anterior así se afirma, porque si la propia norma establece las condiciones a satisfacer, para abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación; entonces, la autoridad fiscalizadora sólo debe constatar que efectivamente se actualicen dichas condiciones, por lo que no tendría sentido que se le faculte para discernir, aun de concurrir aquéllas, si es que debe o no actuar en esos términos.

"Toda vez que al prever de manera concreta los supuestos específicos que generan la acción de prescindir, dicha facultad adquiere el carácter de reglada, en la medida que la atención de la autoridad queda ajustada al marco fijado por la legislación, que establece la conducta específica que debe seguirse ante la actualización de las hipótesis que la misma exige y en armonía con esta, excluyendo que pueda dotársele con la connotación de una facultad discrecional, pues en sentido contrario, la normativa en cuestión no deja margen de libre apreciación a la autoridad para determinar la forma de su actuar.

"En términos similares interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 152 de la Ley Aduanera, vigente de 1998 a 2001, en la jurisprudencia 2a./J. 58/2018 (10a.), la cual se invoca como sustento y es del tenor siguiente: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (ABROGADA), TIENE EL CARÁCTER DE REGLADA.’ (Se transcribe)

"En ese contexto, aun cuando el verbo poder es susceptible de interpretarse de dos maneras, a saber: 1. como una facultad para obrar; y 2. como un deber; en el caso concreto se refiere a un deber, pues lo cierto es que atendiendo a la redacción del precepto legal en comento, es dable afirmar que contiene una facultad reglada, ya que utiliza la inflexión verbal ‘podrá’, con un sentido de obligatoriedad, condicionada al cumplimiento de los requisitos que ahí se prevén.

"Así, para que la autoridad fiscalizadora pueda aplicar el beneficio o excepción de imponer un apercibimiento por escrito, en lugar de la sanción correspondiente a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, requiere que, una vez que se establezca que el monto total del crédito fiscal no exceda del equivalente en moneda nacional a 3,500 unidades de inversión, que se trate de la primera ocasión en que se le aplique la excepción; y, que la contribución omitida corresponda a errores u omisiones no graves.

"Lo que hace manifiesto la facultad reglada para la autoridad administrativa.

"Conclusión que además es congruente con la finalidad que persiguió el legislador, al reformar la Ley del Servicio de Administración Tributaria e introducir la disposición en estudio, la cual –cabe aclarar–, se introdujo como artículo 20-B y no como artículo 20-A, pues del estudio de los procesos legislativos que dieron pauta a dicha reforma, se evidencia que entre otras cosas, se buscó eliminar la facultad discrecional con que contaban las autoridades fiscales. ..."

B. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 138/2022.

17. Demanda de nulidad. Una persona promovió demanda de nulidad en contra del oficio emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Veracruz-2 del Servicio de Administración Tributaria, en el que se le impuso una multa por impedir el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad exactora. La accionante argumentó que la resolución reclamada era ilegal, entre otras cuestiones, porque la autoridad demandada no se abstuvo de sancionarla, pese a que se cumplieron los requisitos que exige el artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, para la condonación de multas.

18. Sentencia de nulidad. Seguido el trámite correspondiente, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

19. Demanda de amparo directo. En desacuerdo, la actora promovió demanda de amparo directo, la cual fue radicada ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el número de expediente 138/2022, y en sesión ordinaria virtual de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, sus Magistrados integrantes, por mayoría de votos, negaron la protección constitucional solicitada, con base en las siguientes consideraciones: "OCTAVO. Examen de los conceptos de violación.

"Los conceptos de violación son infundados.

"....

"Son infundados los reseñados motivos de inconformidad, en virtud de que la facultad de abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de imponer sanciones del Servicio de Administración Tributaria es discrecional, pero una vez que decide ejercer esa atribución debe atenderse lo dispuesto en el artículo 20-A de la Ley relativa.

"...

"En este caso, la facultad prevista en el artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria es discrecional, ya que el ente administrativo, en un principio, tiene plena libertad para ponderar si las contribuciones omitidas corresponden a errores u omisiones no graves y, con ello, la pertinencia de abstenerse, o bien, de determinar contribuciones y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación.

"Sin embargo, una vez que decide abstenerse, la autoridad fiscal debe verificar que concurran los elementos ahí previstos, a saber: a) que ningún contribuyente pueda beneficiarse de esta excepción dos veces; b) que el monto total de los créditos fiscales no exceda del equivalente en moneda nacional a tres mil quinientas unidades de inversión; y c) que los contribuyentes beneficiados por esta excepción reciban un apercibimiento por escrito; los cuales deben estar debidamente fundados y motivados, pues constituyen límites razonables establecidos por el legislador para evitar la arbitrariedad y permitir que esa clase de actos sean controlados por la autoridad jurisdiccional.

"El referido precepto legal es del tenor literal siguiente:

"...

"El primer párrafo del precepto legal transcrito establece implícitamente la facultad discrecional del Servicio de Administración Tributaria para abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación.

"Se afirma lo anterior, en virtud de que el verbo ‘poder’ empleado por el legislador en el citado artículo, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede adquirir distintos significados, por un lado, se entiende como la facultad para obrar, pero también puede adquirir un matiz de ‘obligatoriedad’ y, en esa hipótesis, implica un deber.

"Sin embargo, descubrir ese matiz no es sencillo, por lo que para la interpretación del verbo ‘poder’ debe atenderse a la disposición normativa en la que se haya inserto, la institución o figura jurídica que se regula, a la finalidad de la norma, o bien, a otros preceptos con los que tenga relación para desentrañar el sentido exacto del texto que se interpreta, puesto que dicho verbo ‘poder’, por sí solo, no es determinante para llegar a la conclusión de que la disposición normativa otorga una facultad reglada o discrecional.

"Estas consideraciones se sustentan en la tesis aislada 2a. LXXXVI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital: 197908), consultable en la página doscientos diecisiete del tomo sexto, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y siete de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.’

"En ese orden de ideas, se considera que el vocablo ‘podrá abstenerse’ utilizado por el legislador en el citado artículo 20-A de la Ley el Servicio de Administración Tributaria, es un término permisivo o facultativo que establece tácitamente la facultad discrecional de la autoridad fiscal para abstenerse de llevar a cabo la determinación de contribuciones y sus accesorios, así como de imponer las sanciones correspondientes a las infracciones descubiertas con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación.

"Máxime que se trata de una excepción a la obligación de los contribuyentes, como regla general, de contribuir al gasto público y de pagar las contribuciones y multas a su cargo, prevista en los artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. del Código Fiscal de la Federación.

"Es así, dado que el referido precepto legal establece una exención o condonación a la obligación de los contribuyentes de pagar las contribuciones y sus accesorios, así como las multas impuestas por infracciones a las leyes fiscales y, por ello, se justifica que el legislador haya dejado el ‘poder’ o margen de libre apreciación al Servicio de Administración Tributaria para que decida si determina las contribuciones omitidas y sus accesorios e impone sanciones, o bien, si se abstiene de obrar en esos términos.

"Además, la exención o condonación establecida en el artículo 20-A de la Ley del Servicio de Administración Tributaria no constituye un derecho que puedan exigir los contribuyentes, sino un beneficio voluntariamente otorgado por el legislador por políticas económicas, pues implica el perdón, remisión de la deuda o renuncia al cobro de una contribución o aprovechamiento que deben pagar los contribuyentes para el sostenimiento del gasto público.

"Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis aislada 1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital: 2007975), consultable en la página setecientos nueve del tomo primero del libro decimosegundo, correspondiente a noviembre de dos mil catorce de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.’

"También corrobora lo considerado, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 77/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital: 167135), consultable en la página doscientos noventa y cuatro del tomo vigésimo noveno, correspondiente a junio de dos mil nueve de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, QUE OTORGA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA FACULTAD PARA CONCEDERLA, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’

"...

"Lo expuesto corrobora que, según se vio, el legislador no estableció un derecho a favor de los contribuyentes en el artículo 20-A de la mencionada legislación, sino una facultad discrecional del Servicio de Administración Tributaria para hacer más eficaces sus recursos humanos y financieros en el ejercicio de sus actos de fiscalización y, por ello, el gobernado no puede obligar a la autoridad a que aplique o haga efectivo ese beneficio, pues esta última tiene libertad y margen de apreciación para abstenerse o ejercer dichas atribuciones. ..."

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

20. Por cuestión de orden, es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

21. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

22. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32159-2c2639a5/facultad-reglada-la-constituye-la-atribucion-otorgada-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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