RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (ABROGADA), TIENE EL CARÁCTER DE REGLADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 98/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 9 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
CONSIDERANDO:
6. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo;(1) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, respecto de una cuestión relativa al ámbito administrativo (facultad prevista en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), del cual puede conocer esta Segunda Sala al tratarse de un tema materia de su especialidad, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, órgano emisor de uno de los criterios contendientes (**********).
8. TERCERO.—Fallos contendientes. Es pertinente tener en cuenta las consideraciones que en cada una de las sentencias sostuvieron los órganos señalados como contendientes; lo cual se realiza en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone expresamente su artículo 2o., párrafo segundo.
9. Al resolver por unanimidad de votos, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la revisión administrativa **********. (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó entre otras cuestiones, de manera sustancial, lo siguiente:
• Antecedente: Ese recurso derivó del juicio de nulidad que José Francisco Mainou García promovió contra la resolución dictada por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, a través de la cual se le impuso una sanción consistente en inhabilitación temporal por un año para laborar en el servicio público, con motivo de que incumplió la obligación de presentar la declaración de modificación de situación patrimonial oportunamente. Por su parte, el actor reclamó que se debió aplicar a su favor el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Y, al respecto, la juzgadora estableció como litis a examinar, si resultaba aplicable el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé que el titular del área de responsabilidades podrá abstenerse de imponer sanciones cuando se surta alguna de las hipótesis previstas en su párrafo segundo.
• Señaló que el empleo del vocablo "podrá", por parte del legislador, no debe interpretarse como sujeción al arbitrio de la autoridad, sino como condicionante a que se surtan los requisitos señalados en la norma invocada para que el infractor pueda acceder a tal beneficio.
• Dijo que, otorgar una connotación diversa a esa expresión conllevaría fomentar la ilegalidad y atentar contra la seguridad jurídica de los servidores públicos, ya que la autoridad decidiría arbitrariamente no aplicar sanción con quien guarde una relación estrecha o imponerla a quien le tiene animadversión, además de propiciar el tráfico de favores.
• Por lo cual, si al momento de sancionar al actor, la demandada tenía conocimiento de que éste presentó su declaración de situación patrimonial de forma espontánea el cinco de marzo de dos mil trece, es decir, previo al inicio del procedimiento disciplinario, es decir, que el actor subsanó la omisión reprochada, de acuerdo con el artículo 17 Bis, aquélla debió abstenerse de iniciar tal procedimiento y, en consecuencia, de imponerle alguna sanción, máxime que los efectos que produjo su omisión, se resarcieron con la exhibición de aquélla. Absteniéndose de analizar el resto de los conceptos de impugnación, al considerar que su examen no modificaría la decisión alcanzada.
• Contra ello, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal (**********), el cual insistió en la inaplicación al caso concreto del artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Sentencia. El Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida, sobre la base de los razonamientos siguientes:
"La norma reproducida (artículo 17 Bis) establece la posibilidad (bajo el empleo del vocablo ‘podrá’) de que las autoridades facultadas para instruir los procedimientos disciplinarios e imponer sanciones, se abstengan de hacerlo, siempre y cuando se surtan las condicionantes que prevé.
"En ese sentido, es importante esclarecer qué se debe entender por la palabra ‘podrá’, para lo cual se debe tener en cuenta que, según el Diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua Española el vocablo ‘poder’ tiene, entre otros significados, el de ‘tener expedita la facultad o potencia de hacer algo’ y ‘ser contingente o posible que suceda algo’.
"De ahí que, el uso del término ‘podrá’, en la expresión ‘la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario previsto en el artículo 21 de esta ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público’, denota la potestad que el legislador otorgó a las autoridades mencionadas para que, de acuerdo a su libertad de apreciación y de surtirse los requisitos que la propia norma prevé, actúen o se abstengan de obrar en el sentido mencionado.
"Por tanto, contrario a lo resuelto por la juzgadora, a través de la norma en examen, si bien el legislador condicionó el ejercicio de esa facultad al cumplimiento de determinados presupuestos, ello no implica que en todos aquellos casos en que se colmen la autoridad forzosamente deba otorgar ese beneficio al servidor público involucrado, lo que de ninguna manera se traduce en que la decisión de ejercer o no tal prerrogativa se sujete únicamente al arbitrio o capricho de la autoridad.
"Se afirma lo anterior, toda vez que, de acuerdo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados por ésta.
"En tal sentido, las facultades discrecionales de la autoridad administrativa pueden estar expresamente señaladas en la ley, o bien, encontrarse, implícitamente, contenidas en el marco regulatorio que la rige, caracterizándose aquéllas por la libertad de apreciación que se otorga a la autoridad para actuar o abstenerse de hacerlo, con el propósito de lograr la finalidad que la ley señale.
"Esto es, la autoridad podrá elegir el tiempo y circunstancias en que aplica la ley, sin que ello suponga una autorización legislativa para una actuación arbitraria, pues sus actos estarán siempre acotados por los lineamientos que la ley establece y sujetos a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación.
"Por tanto, contrario a lo considerado por la juzgadora, tal interpretación no vulnera la seguridad jurídica del servidor público en contra del que se sustancia el procedimiento disciplinario, porque la autoridad a la que se otorga dicha facultad discrecional, al igual que cualquier otra con atribuciones susceptibles de afectar la esfera jurídica de los particulares, como se dijo, tiene la ineludible obligación de fundar y motivar su decisión, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional, impidiendo determinaciones arbitrarias.
"De ahí que, las facultades discrecionales, en estricto derecho, no implican legalidad inobjetable de la inexistencia o falta de expresión de motivos, ya que, como se dijo, están sujetas constitucionalmente a la existencia y exposición de razones y causas justas y equitativas y no arbitrarias e inmotivadas.
"Máxime que el otorgamiento de tales atribuciones, se justifica dentro del orden constitucional cuando, por ser extremadamente casuísticos los aspectos de la vida social que pretenden regularse, resulta materialmente imposible para el legislador conocer de antemano las posibles combinaciones de circunstancias que pueden presentarse.
"Sirve de apoyo a la conclusión alcanzada, la tesis aislada P. LXII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, cuyo contenido es: ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD.’ (la transcribió).
"En virtud de lo expuesto, se concluye que es inexacta la determinación de la juzgadora relativa a que la facultad que prevé el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es reglada, por lo cual la autoridad estaba constreñida a ejercerla al colmarse los requisitos señalados para tal efecto.
"En tal virtud, al quedar establecido que, tratándose de atribuciones discrecionales, la autoridad sólo debe justificar debidamente su decisión de llevarlas a cabo o abstenerse de hacerlo, es fundado el agravio del inconforme en el sentido de que la resolutora fue omisa en examinar las razones que al efecto expuso para sustentar su postura de no aplicar el multicitado beneficio, a saber, porque el actor es reincidente en el incumplimiento de la obligación de presentar oportunamente su declaración de modificación de situación patrimonial y la falta reprochada no es opinable o debatible, con independencia de que subsanó tal omisión en forma extemporánea.
"En consecuencia, no es dable que la Sala sustituya a la demandada en la apreciación de las circunstancias y en la potestad para actuar que le otorga el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino que, como órgano revisor de la legalidad, debió analizar esa determinación en atención a los argumentos planteados por el actor, lo que no realizó en torno a todos los tópicos propuestos.
"En tal sentido, con la finalidad de subsanar el yerro en que incurrió la juzgadora, se da noticia de que, para combatir lo resuelto por la enjuiciada, el actor expuso que no está probado en autos que haya sido sancionado previamente por la misma conducta, es decir, que es reincidente, ya que era necesaria la exhibición de las sentencias condenatorias, así como de los autos en que se declararon firmes.
"En primer término, es conveniente señalar que las infracciones cometidas en la prestación del servicio público, se sancionan con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, concretamente, mediante el procedimiento previsto en el artículo 21, el cual está a cargo del secretario de la función pública, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades.
"De ahí que, es inexacto que la determinación de que un servidor público es administrativamente responsable está contenida en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, dado que proviene de una autoridad integrante del poder ejecutivo que, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve lo conducente, por lo que no es factible la exhibición de la sentencia condenatoria, ante su inexistencia.
"Con independencia de lo anterior, conviene precisar que, tal como se desprende de la resolución impugnada, la demandada, se apoyó en la consulta al Registro del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, de la que advirtió que el actor fue sancionado con amonestación pública por haber omitido presentar la declaración de modificación de situación patrimonial en dos mil diez.
"De ahí que, la información así obtenida es suficiente para demostrar la sanción impuesta previamente y la conducta que la originó, lo que sirve para dilucidar lo relativo a la reincidencia del involucrado.
"Desde diverso aspecto, el demandante sostiene que, la enjuiciada debió considerar lo establecido en el oficio DG/311/736/2009, de tres de junio de dos mil nueve, mediante el cual el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública emitió una recomendación en relación con la forma en que se debe aplicar el artículo 17 Bis de la ley de la materia, en asuntos relacionados con la presentación extemporánea de las declaraciones patrimoniales.
"Al respecto, se debe precisar que, el oficio citado no obra en autos, sino que su contenido fue aplicado en un procedimiento disciplinario sustanciado en contra de diverso servidor público, por lo que en realidad el actor pretende beneficiarse de lo resuelto en otro asunto.
"Sin embargo, el análisis de la responsabilidad administrativa de los empleados públicos debe ser efectuado de forma individual, atendiendo a las características y particularidades del asunto, sin que puedan vincularse al estudio los criterios o determinaciones asumidas en relación con otros servidores, pues la autoridad debe resolver los procedimientos disciplinarios en ejercicio de su libertad de decisión.
"Máxime que, de la referencia que la autoridad hizo en aquel procedimiento al contenido de dicho oficio, se evidencia que, como lo reconoce el actor, se trata de una recomendación y, por ende, es la autoridad la que determina aplicarla o abstenerse de hacerlo, al no ser de observancia obligatoria, por lo que debe desestimarse su planteamiento. ..."
"• Consideraciones que dieron origen la tesis aislada I.1o.A.136 A (10a.) del tenor siguiente:
"‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES POTESTATIVA. La norma citada establece la posibilidad (bajo el empleo del vocablo ‘podrá’) de que las autoridades facultadas para instruir los procedimientos disciplinarios e imponer sanciones se abstengan de hacerlo, siempre y cuando se surtan las condicionantes que prevé. En tal sentido, se debe precisar que el uso del término ‘podrá’ denota la potestad que el legislador otorgó a dichas autoridades para que, de acuerdo a su libertad de apreciación y de surtirse los requisitos que la propia norma prevé, actúen o se abstengan de obrar en el sentido mencionado; de ahí que, a través de la norma en examen, si bien el legislador condicionó el ejercicio de esa facultad al cumplimiento de determinados presupuestos, ello no implica que en todos aquellos casos en que se colmen la autoridad, forzosamente, deba otorgar ese beneficio al servidor público involucrado, lo que de ninguna manera se traduce en que la decisión de ejercer o no tal prerrogativa se sujete únicamente al arbitrio o capricho de la autoridad, toda vez que, de acuerdo con la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos determinados por ésta, por lo que sus actos estarán siempre acotados por los lineamientos que la ley establece y sujetos a los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación."
10. En la revisión administrativa ********** (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), resuelta por mayoría de votos, en sesión de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, señaló entre otras cuestiones, de manera medular, lo siguiente:
• Antecedente: Ese recurso derivó del juicio de nulidad que José Armando López de la Vega entabló contra la resolución dictada por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, a través de la cual se le impuso una sanción consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión por un período de treinta días naturales, con motivo de que presentó de manera extemporánea su declaración de modificación patrimonial.
• En aquel juicio, el actor reclamó que se debió aplicar a su favor el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; respecto a lo cual la autoridad demandada contestó que no se actualizaba el supuesto ahí previsto, ya que la conducta imputada no era una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible; y, finalmente, se emitió sentencia en el sentido de que:
"... el hecho de que la omisión por la que se sanciona al hoy actor, se haya realizado por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año y que dicha omisión haya sido subsanada de manera espontánea, trae aparejada la obligación de la autoridad para abstenerse de sancionar al hoy demandante. Consecuentemente, si en el caso en estudio José Armando López de la Vega, debió presentar su declaración de modificación de situación patrimonial en mayo de 2014, empero, la misma fue presentada hasta el 28 de mayo de 2015, es indiscutible que fue presentada en forma extemporánea –como ambas partes lo reconocen– sin embargo, si el oficio citatorio número 16/005/0.1.1.-2472/2015, de 24 de septiembre de 2015, a través del cual se hizo del conocimiento del C. José Armando López de la Vega, la irregularidad que se le atribuye, le fue notificado al hoy actor hasta el 30 de septiembre de 2015, tal como se advierte de la cédula de notificación que obra a foja 137 de autos, la cual merece pleno valor probatorio, en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al ser un documento público, por lo que, es indiscutible que la omisión fue subsanada por el propio actor de manera espontánea, en consecuencia, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o fueron resarcidos.
"Congruente con lo anterior, la autoridad demandada, se encontraba vinculada a aplicar en beneficio del actor la facultad reglada, prevista en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, esto es, debió abstenerse de sancionar al C. José Armando López de la Vega, al ubicarse en el supuesto establecido en el artículo en comento, de manera tal que, asiste la razón al demandante al señalar que sí le resulta aplicable lo establecido en el mencionado numeral 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
"La irregularidad anterior, ubica a la resolución impugnada en el supuesto de ilegalidad previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que dejó de aplicar las disposiciones legales debidas, a saber, el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 52, fracción II, del ordenamiento legal citado en primer término, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
"No pasa inadvertida, la refutación de la autoridad, consistente en que en el caso no es aplicable el beneficio establecido en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque en términos del artículo 13 de la citada ley, el incumplimiento a la obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial se considera grave.
"Argumento que es infundado, porque del contenido íntegro del artículo 17 Bis de la ley en comento, no se advierte que el legislador haya excluido la aplicación del beneficio contenido en dicho numeral a las conductas u omisiones consideradas graves, de ahí que si la ley no distingue, esta juzgadora no debe hacer tal distinción, como erróneamente pretende la autoridad, máxime que en el caso quedó plenamente acreditado que el actor sí se ubica en el presupuesto que contempla la aplicación del beneficio que establece el multicitado precepto, al haber subsanado la omisión atribuida de forma espontánea ..."
• Contra ello, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal (**********), el cual insistió en la inaplicación al caso concreto del artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
• Sentencia. El agravio de la recurrente era infundado (que es el que concierne detallar en este asunto) por una parte y por otra inoperante.
Que en la porción primera del único agravio se argumentó que la facultad prevista en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada) es potestativa, respecto de lo cual se invocó la tesis aislada I.1o.A.136 A (10a.), de título y subtítulo: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES POTESTATIVA.". Dicho argumento era infundado porque:
"Conviene señalar que, se procede al estudio de dicho argumento, no obstante que el tópico correspondiente no fue planteado en la contestación de la demanda, en atención a que en la sentencia recurrida la Sala Regional de Oriente introdujo el tema relativo a la obligatoriedad por parte de la autoridad administrativa de aplicar lo dispuesto en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el caso de que se actualicen los supuestos en él previstos.
"Ahora bien, el numeral en comento dispone: (lo transcribió).
"Como se puede advertir, el precepto emplea los términos ‘podrán abstenerse’.
"Sin embargo, en el ámbito legislativo el verbo ‘poder’ no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones, se utiliza en el sentido de ‘obligatoriedad’.
"En apoyo de lo anterior se invoca la tesis aislada 2a. LXXXVI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede localizar en la página 217, Tomo VI, agosto de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: ‘PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.’ (la transcribió).
"En el presente caso no es claro el sentido en el que el legislador utilizó el verbo ‘poder’, por lo que es necesario que este Tribunal Colegiado, dilucide el contenido normativo del precepto en cuestión, acudiendo para ello a los métodos de interpretación jurídica.
"En ese orden de ideas, debe indicarse que el precepto aludido fue adicionado a la ley mediante decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo de dos mil nueve.
"De la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo Federal, de veinticuatro de marzo de ese mismo año se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: (lo transcribió).
"De lo anterior, se desprende que la iniciativa del Ejecutivo Federal, se refiere a la necesidad de incorporar causas eximentes de responsabilidad, sujetas a determinadas condiciones.
"Además, se desprende que en la iniciativa se encontraban separados dos supuestos, el primero en el último párrafo del artículo 8 de la ley, utilizando los términos ‘no se considerará que existe incumplimiento’ y otro en el numeral 17 Bis con las palabras ‘deberán abstenerse’.
"Por otra parte, del dictamen de la Cámara de Origen, que fue la de diputados, de treinta de abril de dos mil nueve, se advierte lo siguiente: (lo transcribió).
"De lo anterior, se desprende que se estimó atinada la visión planteada en la iniciativa y que si bien se indicó que era necesario hacer una modificación, ello fue en atención a que no se consideró adecuada la ubicación del supuesto, previsto en el último párrafo del artículo 8 y se estimó conveniente incluirlo en el numeral 17 Bis. Además se destacó que para ambos supuestos, se establecían las condiciones consistentes en que se aplicaran por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año, con el propósito de fijar límites para tales casos de excepción, a efecto de no provocar impunidad.
"De lo restante del proceso legislativo no se desprenden otros elementos trascendentes para la resolución del punto de controversia sometido a consideración de este órgano judicial.
"Lo expuesto hasta el momento, permite concluir que la facultad prevista en el artículo 17 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no es discrecional, como pretende la autoridad recurrente, sino obligatoria en los casos en que se surtan las condiciones previstas en el mismo –reglada–, como se estableció en la sentencia recurrida, en suma, por las siguientes razones:
"a) La iniciativa de ley, se refirió a la necesidad de incorporar causas eximentes de responsabilidad, sujetas a determinadas condiciones. Por lo tanto, esa naturaleza implica que no pueden estar condicionadas a la discrecionalidad de la autoridad administrativa.
"b) En la iniciativa de ley, se empleaban los términos ‘no se considerará que existe incumplimiento’ y ‘deberán abstenerse’, lo que denota un carácter reglado en las normas.
"c) En el proceso legislativo en general en ningún momento se hizo referencia a la discrecionalidad de la autoridad administrativa como un elemento relevante para la aplicación de las eximentes de responsabilidad.
"d) En el dictamen de la Cámara de Origen, se estimó atinada la visión planteada en la iniciativa.
"e) Si bien en el dictamen de la Cámara de Origen, se modificó la iniciativa, ello fue, únicamente, para reubicar uno de los supuestos, a fin de que quedaran previstos en un solo numeral; y,
"f) En el dictamen de la Cámara de Origen, se destacó que para no provocar impunidad, se establecían las condiciones, consistentes en que las eximentes de responsabilidad, se aplicaran por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año. Únicamente se hizo referencia a éstas, sin abrir la posibilidad a la discrecionalidad de la autoridad administrativa
"En conclusión, contrario a lo que pretende la recurrente, se estima que el artículo 17 Bis de marras prevé una facultad reglada y no discrecional.
"Cabe señalar que no se advierte que esta interpretación cause una falta de armonía con los restantes preceptos de la ley, sino únicamente el establecimiento de eximentes de responsabilidad vinculantes no sometidas a la discrecionalidad de la autoridad administrativa.
"Por las razones expuestas no se comparte el criterio contenido en la tesis aislada I.1o.A.136 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que invoca la autoridad recurrente, la cual se puede consultar en la página 3085, Libro 35, Tomo IV, octubre de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de octubre de 2016 a las 10:30 horas», del tenor siguiente: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES POTESTATIVA.’ (la transcribió de nueva cuenta). ..."
• Consideraciones que dieron origen la tesis aislada VI.1o.A.113 A (10a.), del tenor siguiente:
"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE REÚNEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (ABROGADA), LA AUTORIDAD QUEDA OBLIGADA A ABSTENERSE DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE IMPONER SANCIONES. El precepto mencionado dispone que las autoridades administrativas ‘podrán’ abstenerse de iniciar el procedimiento disciplinario o de imponer sanciones administrativas a un servidor público cuando se reúnan las condiciones en él previstas. Ahora, conforme a la tesis aislada 2a. LXXXVI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito legislativo el verbo ‘poder’ no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de ‘obligatoriedad’. Así, del proceso legislativo que dio origen a ese artículo se desprende lo siguiente: a) la iniciativa de ley se refirió a la necesidad de incorporar causas eximentes de responsabilidad, sujetas a determinadas condiciones; b) en la iniciativa de ley se emplean los términos ‘no se considerará que existe incumplimiento’ y ‘deberán abstenerse’; c) en ningún momento se hizo referencia a la discrecionalidad de la autoridad administrativa como un elemento relevante para la aplicación de las eximentes de responsabilidad; d) en el dictamen de la Cámara de Origen se estimó atinada la visión planteada en la iniciativa; e) si bien en dicho dictamen se modificó la iniciativa, ello fue únicamente para reubicar uno de los supuestos a fin de que quedaran previstos en un solo numeral; y, f) en el dictamen aludido se destacó que para no provocar impunidad, se establecían las condiciones consistentes en que las eximentes de responsabilidad se aplicaran por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año. Por tanto, dado que la necesidad de incorporar causas eximentes de responsabilidad, sujeta a d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27887-84230b63/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-la-facultad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. A QUIENES INTEGRAN EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL LES ES APLICABLE TANTO LA LEY FEDERAL DE RES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DESDE EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO, LA AUTORIDAD PUEDE CLASIFICAR COMO GRAVE LA CONDUCTA REPROCHADA AL SERVIDOR PÚBLIC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PU (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRIT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA FACULTAD DISCRECIONAL PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA PARA QUE LA SECRETARÍA DE L (I.7o.A.24 A (10a.))
- PROFESIONISTAS, PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS. (s/clave)
- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO SE SURTE CUANDO LOS BENEFICIOS ADICIONALES A LAS (I.7o.A.589 A)
- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI SE REÚNEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (ABROGADA), LA AUTORIDAD QUEDA (VI.1o.A.113 A (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis