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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2255/2015. QUEJOSA Y RECURRENTE: **********. 7 DE MARZO DE 2016. MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil catorce en la Oficialía de Partes de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, **********, por su propio derecho, promovió amparo directo en contra de la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, dictada por el referido órgano jurisdiccional en los autos del toca penal **********.
Señaló como derechos constitucionales violados los reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
SEGUNDO. Del asunto tocó conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo Presidente lo admitió y registró bajo el expediente D.P. **********, en acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce.
Una vez turnado el asunto, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil quince, el órgano colegiado dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado(1).
TERCERO. En contra de dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil quince ante la Oficialía de Partes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
CUARTO. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de treinta de abril de dos mil quince, tuvo por recibido el asunto y ordenó su registro bajo el expediente 2255/2015. Admitió el recurso, bajo la consideración de que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal. Ordenó turnar el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución y el envío de los autos a la Primera Sala para el trámite de radicación correspondiente.
QUINTO. Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil quince, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que esta se avocaba al conocimiento del asunto, por lo que ordenó el envío de los autos al Ministro ponente para su resolución.
SEXTO. En sesión de veinte de enero de dos mil dieciséis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó la remisión del asunto al Tribunal Pleno para su conocimiento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Tribunal(2). Lo anterior es así, toda vez que se trata de un amparo directo en revisión en el que subsiste la materia de constitucionalidad; así, aunque el asunto se encontraba radicado en la Primera Sala, se acordó su envío a este Tribunal Pleno al tratarse de un tema de interés excepcional.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la quejosa el viernes diez de abril de dos mil quince(3), por lo que surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el lunes trece. De manera que el plazo de diez días para interponer el recurso, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del martes catorce al lunes veintisiete de abril de dos mil quince, de los cuales se deben descontar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el jueves veintitrés de abril de dos mil quince ante la Oficialía de Partes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito(4), entonces su interposición es oportuna.
TERCERO. Antecedentes relevantes.
1. Hechos del caso. La Sala responsable tuvo por ciertos los hechos siguientes, lo que fue convalidado por el tribunal colegiado de circuito:
El veintidós de febrero de dos mil catorce, aproximadamente a las siete horas con treinta minutos, ********** y **********, en su carácter de personal operativo de la vía pública de la delegación Xochimilco, adscritos a la Dirección General Jurídica y de Gobierno del Área Operativa de Vía Pública de la citada delegación; **********, Coordinador Operativo del Área de la Subdirección de Transporte y Vialidad, así como los policías auxiliares ********** y **********, por órdenes de sus superiores, mediante los oficios ********** y **********, iniciaron un operativo para retirar a los comerciantes considerados informales de la colonia ********** de la citada delegación.
Aproximadamente a las ocho horas con veinticinco minutos, cuando se desarrollaba el operativo en las calles de ********** y **********, de la Colonia del Pueblo de **********, llegó la quejosa, **********, quien se ostentó como líder de los comerciantes informales de la zona y les manifestó "hijos de su pinche madre, yo me pongo porque me pongo, ustedes pinches gatos hambreados no van a impedir que mis comerciantes se instalen, no saben con quién se meten, yo conozco a los de la delegación y se van a quedar sin chamba".
********** le mencionó que se calmara, que ellos sólo estaban haciendo su trabajo. La quejosa lo empujó, así como a ********** y a **********. Luego, ********** manifestó al resto de los comerciantes que estaban en el lugar "ustedes pónganse, ustedes instálense, que estos pinches hambreados no nos van a impedir que nos pongamos".
Posteriormente, golpeó el rostro de ********** a quien lesionó en esa parte de la cara, al momento que le decía "pinche gato hambreado ni tú ni nadie nos va a quitar de aquí", oponiéndose de ese modo a que los agentes de la policía llevaran a cabo las funciones que les fueron encomendadas. Derivado de su conducta, la quejosa fue puesta a disposición de la representación social.
2. Ejercicio de la acción penal. Con motivo de los hechos narrados, la representación social determinó ejercer acción penal contra ********** y **********(5) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ultrajes a la autoridad previsto y sancionado por el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal.
3. Causa penal. El conocimiento del asunto correspondió al Juez Décimo Séptimo de Delito No Graves en el Distrito Federal, quien le asignó el número de causa penal **********. El siete de julio de dos mil catorce dictó sentencia condenatoria contra **********, mientras que a su coinculpado decidió absolverlo. Derivado de dicha sentencia, a la primera se le impuso una pena de prisión de diez meses quince días y cuarenta días multa, equivalente a la cantidad de ********** (**********); la absolvió de la reparación del daño material, le concedió los sustitutivos de la sanción privativa de la libertad y, finalmente, decretó la suspensión de los derechos políticos.
4. Apelación. Inconformes con dicha resolución, la quejosa y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación(6), del que conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien lo radicó con el toca penal **********. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, fue resuelto dicho recurso en el sentido de confirmar la sentencia recurrida.
5. Demanda de amparo. Contra el fallo anterior, la quejosa promovió juicio de amparo directo el once de noviembre de dos mil catorce. En su demanda señaló como autoridades responsables a la Magistrada de la Segunda Sala Penal y al Juez Décimo Séptimo Penal de Delitos No Graves, ambos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. A dichas autoridades les reclamó, respectivamente, la citada resolución de apelación y su ejecución.
De la demanda de amparo conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo Presidente la admitió a trámite mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la registró con el expediente D.P. ********** y desechó la demanda de amparo respecto a la autoridad que la quejosa denominó como Juez Décimo Séptimo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce la parte quejosa amplió sus conceptos de violación, lo que fue acordado favorablemente por el Presidente del tribunal colegiado por acuerdo de veintiuno siguiente. Luego, una vez turnado el asunto, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil quince, el órgano colegiado dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado.
La quejosa interpuso recurso de revisión contra la resolución anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil quince ante la Oficialía de Partes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. El veinticuatro siguiente, el Presidente del referido órgano colegiado tuvo por interpuesto el recurso de revisión y ordenó remitir los autos correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CUARTO. Procedencia. Para determinar si el recurso de revisión es procedente, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si en la sentencia recurrida se resolvió sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o se omitió decidir sobre tales cuestiones habiendo sido planteadas. Para tal efecto, es necesario considerar los argumentos expuestos por la quejosa en su demanda de amparo, las consideraciones emitidas en la sentencia reclamada y consecuentemente, los agravios hechos valer.
a) Conceptos de violación. La quejosa planteó en sus conceptos de violación, esencialmente, las consideraciones siguientes:
Refirió que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal es inconstitucional, ya que incumple con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, debido a que el tipo penal no contiene la descripción específica de la conducta de ultraje, lo que provocó arbitrariedades en su aplicación.
Señaló que la locución de "ultraje" es vaga, imprecisa, abierta y amplia, lo que vuelve inconstitucional el precepto impugnado, así como su aplicación. Sostuvo que tanto la responsable como el fiscal utilizaron de manera análoga el vocablo injurias para definir ultraje, lo que denota su inconstitucionalidad debido a que el diverso delito de injurias ya fue derogado en el Código Penal para el Distrito Federal.
Que se trasgredieron en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que cuando el juez emitió el auto de formal prisión no ponderó la ausencia del documento que constituyó el acto de molestia que derivó en la incompetencia de la autoridad administrativa. Aspectos que, dijo, trastocan el principio pro homine.
Que el acto reclamado vulneró el principio de imparcialidad contenido en el artículo 17 constitucional, ya que el a quo demostró una ponderación parcial a favor de los denunciantes, pues otorgó pleno valor probatorio a sus declaraciones, a pesar de que no cumplían con los requisitos contenidos en el numeral 255, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Sostuvo que la autoridad responsable en la sentencia reclamada trasgredió el precepto 20, apartado A, fracción V, de la Carta Magna que consagra el principio de igualdad procesal, debido a que utilizó un estándar distinto con el cual benefició a los denunciantes.
Del mismo modo, adujo que en la sentencia reclamada se omitió el estudio de la competencia de la autoridad administrativa. Esta, sostuvo la quejosa, realizó un operativo en una circunscripción territorial que no le pertenecía. Que el oficio que ordenó dicho operativo no reunió los requisitos establecidos en el numeral 16, primer párrafo, constitucional, y que por dicho motivo el acto vulnera sus derechos.
También alegó que en el acto reclamado se violó el derecho al debido proceso, debido a que, refirió, se omitió el desahogo de los careos procesales, a pesar de que se advertían contradicciones sustanciales entre los testigos de descargo.
Señaló que la autoridad responsable violó el principio de congruencia, pues no analizó los derechos fundamentales de presunción de inocencia, pro homine, in dubio pro reo y duda razonable. Refirió que solo tomó en cuenta el contenido de los videos contra la sentenciada, aun cuando no fueron certificados en su totalidad. Diligencia que, dijo, se realizó subjetivamente por la secretaria de acuerdos adscrita al juzgado de origen, de cuya reproducción no se logró escuchar todo lo que expresó.
Hizo valer que la sala responsable trastocó las reglas de valoración de las pruebas, ya que otorgó pleno valor probatorio a las versiones de los denunciantes y policías remitentes, no obstante que son similares, así como contradictorias respecto de la distancia y forma de detención de la quejosa. También sostuvo que del video se observó que sus denunciantes nunca estuvieron cerca de la sentenciada, por lo que, insistió, las declaraciones de aquéllos no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 255, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Sostuvo que se negó valor probatorio al documento público donde acreditó la actividad de comercio que ejercía en la vía pública; tres testimoniales de descargo; así como un DVD en cuyo interior había cinco videos del día de los hechos. Elementos probatorios de los cuales, adujo, se desprende que las referidas personas no estuvieron presentes cuando se cometió el delito, por lo cual podían emitir una versión diversa de los hechos.
Que en la audiencia para el desahogo de careos, no fueron debidamente aclaradas las contradicciones, pues los denunciantes y testigos de descargo se limitaron a ratificar sus declaraciones.
Asimismo, alegó que se conculcó en su perjuicio el principio de exhaustividad en virtud de que no se valoró la narrativa del coprocesado y el testimonio de descargo de **********. Adujo que el primero negó categóricamente que la quejosa haya intervenido en la comisión del delito que se le imputó, lo que se corroboró con la declaración de la segunda.
Finalmente, la parte quejosa citó diversas tesis para apoyar sus afirmaciones.
b) Consideraciones del tribunal colegiado de circuito. El órgano de control constitucional dividió en dos apartados centrales el estudio del asunto, a saber: el análisis de constitucionalidad del artículo tildado de inconstitucional y el de legalidad.
Respecto al análisis de la inconstitucionalidad del artículo respectivo. El tribunal colegiado estimó infundado el concepto de violación alegado por la quejosa relativo a la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal, que contempla el delito de ultraje a la autoridad, para lo cual consideró que éste no vulnera el artículo 14 constitucional en relación con el 1° constitucional.
Estimó que el delito de ultrajes no tenía coincidencia con el diverso de injurias. Destacó que el objeto de protección jurídica en cada delito es distinto, ya que por cuanto hace al delito de ultraje, es el desempeño del servicio público de una autoridad. El de injurias, dijo, tiene el carácter personal y ofende a las personas. El delito de ultrajes a la autoridad no es una ofensa personal, sino un antisocial cometido en agravio de la dignidad de las funciones que la autoridad ejerce.
En el mismo sentido estableció que cometía el delito de ultraje el individuo que producía una injuria u ofensa a la autoridad cuando realizaba sus funciones o por causa o razón de ellas.
Consideró que al instituir el legislador el tipo penal de ultrajes a la autoridad, el Estado garantizó el derecho fundamental a la seguridad pública y prevención de delitos, como obligación a cargo de cada una de las entidades que componen la Federación, incluido el Distrito Federal.
Luego, el órgano colegiado sostuvo que el delito de ultrajes no es un tipo penal abierto, pues el legislador estableció la conducta que pretendió castigar. Adujo que si bien en el tipo penal se hicieron referencias a elementos de carácter normativo, que requerían una valoración jurídica o cultural del juzgador, esto no significaba que se dejó a éste una función tipificadora de cierre o construcción final del ilícito. En todo caso, dijo, se trata del encuadramiento valorado del hecho conforme a esa clase de elemento típico que válidamente concurrió en la descripción del delito conforme a la técnica legislativa empleada, como aconteció en el ilícito de ultrajes a la autoridad, al referirse al verbo rector "ultrajar".
Además de lo anterior, consideró que tampoco se trastocó en perjuicio de la quejosa el principio de taxatividad y prohibición analógica contenido en el artículo 14 constitucional, debido a que, sostuvo, el legislador estableció las sanciones tanto pecuniaria como privativa de la libertad. Sobre el particular invocó la tesis con el título "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS".
Aseveró el tribunal colegiado que para cumplir con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, tanto la autoridad jurisdiccional, al aplicar la ley, como el legislador al crearla, deben considerar que el tipo penal esté claramente formulado, sin vaguedades o imprecisiones que permitan la arbitrariedad de su aplicación.
Concluyó que toda vez que el precepto analizado determinó en forma clara, sin vaguedades ni imprecisiones, en relación con el delito de ultrajes a la autoridad, tanto su descripción como las sanciones que han de imponerse, el mismo no vulneró el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad.
En distinto punto, la autoridad recurrida estimó que fueron respetados los derechos fundamentales de la quejosa contenidos en los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los diversos 9, 10, 11, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que atañen a las formalidades esenciales del procedimiento.
El tribunal colegiado consideró que la autoridad responsable dio trato idéntico a todas las personas que intervinieron en el proceso, ubicadas en las mismas circunstancias y valoró bajo el mismo estándar los medios de convicción ofrecidos por la partes. Al respecto invocó la tesis del rubro "PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE."
Enseguida, el órgano de control constitucional estimó infundada la violación alegada relativa a los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133 constitucionales, ya que se advertía que se respetaron los derechos humanos y prerrogativas que protegen a la solicitante de amparo reconocidos por la ley suprema, así como los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.
Apoyó sus razonamientos en las tesis con los títulos "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." y "DERECHOS HUMANOS. LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN DEBEN PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZARLOS, ASÍ COMO INTERPRETAR Y APLICAR RETROACTIVAMENTE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EXPEDIDA CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL 11/2012 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, NO SOLO EN FAVOR DEL SUJETO ACTIVO DEL DELITO, SINO TAMBIÉN DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO."
Respecto a las cuestiones de legalidad. Consideró esencialmente que la sala responsable no trasgredió las reglas de valoración de las pruebas, toda vez que las mismas fueron analizadas en términos de los artículos 245, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Derivado de lo anterior, consideró legal que la responsable tuviese por acreditado el delito y responsabilidad penal de la quejosa en la comisión de este, para lo cual citó las pruebas por las que estimó probado lo anterior. Con motivo de ello, afirmó que no se vulneró en perjuicio de la ahora recurrente el principio de presunción de inocencia, ya que, dijo, las pruebas aportadas por el órgano acusador son suficientes y eficaces para desvirtuar tal presunción.
Del mismo modo, estimó legales los argumentos de la responsable respecto a la individualización de la pena, para lo cual expuso las razones del porqué concluyó de dicha forma.
c) Recurso de revisión. Los agravios de la recurrente se dividen en dos puntos centrales, a saber: sobre cuestiones de constitucionalidad y legalidad. Así, en esencia, en ellos sostuvo:
Aspectos de constitucionalidad. La quejosa considera que la resolución recurrida le causa perjuicios, porque indebidamente declara infundada la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad. Insiste en que el artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional, es decir, el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad, al no definir qué debe entenderse por "ultrajar".
En apoyo a su argumento invocó la tesis con el rubro "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."
Refiere que es vaga e imprecisa la descripción típica del delito de ultrajes, pues puede entenderse de obra y palabra. Que el propio tribunal colegiado para explicar qué debe entenderse por "ultrajar" tuvo que apoyarse en la tesis del rubro "ULTRAJE A LA AUTORIDAD. SE CONFIGURA ESTE DELITO CUANDO LA ACCIÓN DEL ACTIVO SOBRE EL PASIVO ES SUFICIENTE PARA AFECTAR EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, REVELANDO UNA CONDUCTA OFENSIVA Y DENOSTADORA CONTRA LA AUTORIDAD, YA SEA DE OBRA O DE PALABRA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."
Por lo anterior, dice, es evidente que al no establecerse una descripción jurídica clara, se permite que el juez utilice la acepción general de ultrajar, así como que de forma analógica y arbitraria aplique la tesis con el rubro "INJURIAS; ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.", lo que denota la inconstitucionalidad del numeral en cuestión.
Aspecto de legalidad. Sobre estos puntos la quejosa insiste en que los servidores públicos no fundaron ni motivaron su acto de molestia para impedir que se realizara la actividad del comercio en la vía pública, es decir, sobre valoración y existencia de pruebas, para lo cual citó la tesis con el rubro "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO."
Asimismo, refiere que el tribunal colegiado omitió examinar un concepto de violación relativo a circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como de los servidores públicos y de diversas pruebas que obran en el sumario, como testigos de descargo y diversas videograbaciones. Reitera que existe insuficiencia probatoria por lo que no debió dictársele sentencia de condena. Invocó las tesis con los rubros "OFENDIDO, VALOR DE SU DECLARACIÓN.; TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES." y "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE."
Finalmente, solicita la suplencia de la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
Ahora bien, para determinar si el presente recurso es procedente, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación responderá las siguientes preguntas: A. ¿Cuál es el parámetro normativo relativo a la procedencia del amparo directo en revisión? y B. ¿En el presente caso existió alguna cuestión de constitucionalidad en la demanda de amparo, el tribunal colegiado lo realizó o bien, omitió hacerlo, que permita hacer procedente el recurso de revisión que nos ocupa?
A. ¿Cuáles son los parámetros normativos relativos a la procedencia del amparo directo en revisión? La llamada "cuestión de constitucionalidad" conforme al Acuerdo General 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede actualizarse de las siguientes maneras:
a) Si en la sentencia se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,
b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
B. ¿En el presente caso existió algún planteamiento de constitucionalidad, ya sea en la demanda de amparo, en la sentencia del tribunal colegiado o en ambos, que haga procedente el recurso? La respuesta a esta interrogante es afirmativa.
Lo anterior se afirma, porque de la lectura de lo expuesto claramente se aprecia que la parte quejosa, **********, reclamó la inconstitucionalidad del artículo 287 del Código Penal para el Distrito Federal. Por su parte, el tribunal colegiado examinó dicha cuestión, concluyendo que la norma es constitucional. Finalmente, en el presente recurso, ********** refiere que fueron incorrectas las consideraciones del órgano colegiado e insiste en la inconstitucionalidad del numeral en cuestión.
Asimismo, el tema materia del recurso que es la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad permitirá fijar un criterio de importancia y trascendencia, pues dará lugar a un pronunciamiento novedoso, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado en relación con la cuestión constitucional planteada, actualizando así el requisito de procedencia establecido en el inciso b), del Punto Primero y párrafo primero del Segundo Punto, del Acuerdo General Plenario 9/2015 mencionado.
QUINTO. Estudio de los agravios. La quejosa aduce que el delito de ultrajes a la autoridad viola el derecho fundamental de seguridad jurídica ya que vulnera el principio de taxatividad de la ley penal, y que por tanto no cumple con el principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, alega que los delitos deben ser claros y precisos para que los imputados sepan qué conducta es la que se pune y no existan interpretaciones que conduzcan a que se sancionen conductas que son lícitas. Así, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.
Finalmente, arguye que en el tipo penal no se precisa qué es un ultraje y cómo se debe acreditar que se encuentra en funciones un servidor público.
Los agravios son fundados, dado que la norma general impugnada vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
El principio de taxatividad, cuya vulneración alega la recurrente, ha sido materia de reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha precisado su fundamento, definición y alcances, así como la forma de analizar su cumplimiento.
En la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 95/2014(7), se reseñan los principales pronunciamientos sobre este tema y se fija el parámetro de control constitucional, en que se funda la decisión de este asunto.
En el referido precedente, quedó establecido que el principio de taxatividad está reconocido en los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 9 de la citada Convención, establece el principio de legalidad, en los términos siguientes(8):
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
En la interpretación de esa norma convencional, se atendió a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de Fermín Ramírez vs. Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco (párrafo 90) y el Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos noventa y nueve (párrafo 121), respectivamente, cuyo contenido es el siguiente:
90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que 'nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable', el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas 'acciones u omisiones' delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido:
[...] Con respecto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80186-28e526a0/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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