MULTA. LA PRESENTACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY, PERO ANTES DE LA CONCLUSIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO DA LUGAR A IMPONERLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMERO EN MATERIA PENAL Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 14 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTES: EDUARDO MEDINA MORA I. Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes estos últimos a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y el tema de fondo se relaciona con la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO.-La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado del que deriva uno de los criterios en contradicción, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor.
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el veinticinco de junio de dos mil quince, resolvió el amparo en revisión 27/2015, bajo las siguientes consideraciones:
"SEXTO.-Estudio de agravios. Resulta fundado el único agravio expuesto por el inconforme.
"Previo a su estudio precisa indicar que:
"1. Como ya se señaló la audiencia constitucional tuvo lugar a las nueve horas con cincuenta minutos del día cinco de noviembre de dos mil catorce, en la cual se hizo constar que la autoridad señalada como responsable ahora inconforme hasta ese momento no había rendido su informe con justificación, no obstante estar debidamente notificada, según la constancia que obraba a fojas diecinueve.
"2. El seis de noviembre de dos mil catorce **********, en su carácter de tesorero municipal del Ayuntamiento de **********, Michoacán, presentó su informe con justificación, en el que negó los actos reclamados, indicando que no había emitido vía Internet ninguna orden de pago a cargo del quejoso e indicó que este último había promovido diversa demanda de amparo; informe al cual acompañó las constancias que estimó pertinentes (fojas veintiuno a la sesenta y cinco).
"3. En acuerdo del siete de noviembre de dos mil catorce, el Juez de Amparo, ordenó agregar el informe de mérito, junto con las constancias que anexó; lo anterior, para los efectos legales conducentes.
"4. La sentencia recurrida se engrosó el veintiuno de noviembre de dos mil catorce.
"En el considerando segundo de esa resolución el Juez de Amparo, como ya se indicó, en términos del artículo 260 de la Ley de Amparo, impuso al recurrente una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el mes de octubre de dos mil catorce, ordenando girar oficio al administrador local de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que haga efectiva dicha sanción, y le comunicara lo anterior una vez que se cumpliera.
"Esa determinación del Juez Segundo de Distrito en el Estado, como legalmente lo argumenta el aquí inconforme es ilegal;
"Lo anterior es así, porque el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, establece:
"‘Artículo 260. Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que: ... II.’ (se transcribe)
"Del contenido de esa disposición, se obtiene que la multa a que alude esta última sólo es aplicable en los casos en que la autoridad responsable no rinde informe con justificación o lo hiciere sin remitir, en su caso, la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, y como el presupuesto del citado precepto no se da en el caso de que la autoridad que rinda su informe con justificación acompañándolo de las constancias conducentes, no procede imponérsele la sanción a que se refiere, aunque en el Juzgado de Distrito se reciba dicho informe con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.
"Por consiguiente, si en autos está demostrado como así lo señala el inconforme en el agravio a estudio, que no fue omiso en rendir su informe con justificación como ya se precisó posteriormente a la celebración de la audiencia constitucional y antes de que se emitiera la sentencia recurrida es inconcuso, que la actitud de la autoridad señalada como responsable ahora inconforme, aunque extemporánea no se ubica en un silencio total de esta última, es decir, aquélla no asumió una conducta contumaz. Por consiguiente, el Juez a quo, actuó contrario a derecho al imponer al inconforme la aludida multa.
"Es de invocarse en apoyo a lo antes considerado la tesis aislada, sustentada por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... del texto: ‘MULTA POR NO RENDIR INFORME JUSTIFICADO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE Y NO SE RECIBE EN TIEMPO.’ (se transcribe)
"También es de traer a cuenta en apoyo a lo antes considerado, la tesis P./J. 45/96 ... del texto: ‘MULTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 149 y 224 DE LA LEY DE AMPARO. NO GUARDAN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY.’ (se transcribe)
"Ahora, aun cuando ese criterio se forjó con sustento en la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que cobran aplicación al caso concreto bajo la vigencia de la actual ley, pues el numeral 149, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo abrogada es de contenido análogo al 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; máxime que el artículo sexto transitorio de la ley vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.
"En consecuencia, ante lo fundado del aludido motivo de disenso, lo que procede es revocar en la materia del recurso la sentencia en el aspecto antes indicado y, por consecuencia, dejar insubsistente el punto resolutivo tercero del fallo recurrido en el que se impuso la multa al aquí recurrente.
"En ese orden de ideas, al margen de la legalidad o ilegalidad de que el Juez de Amparo, no haya tomado en cuenta el informe con justificación al momento de emitir el fallo impugnado, es de señalarse que a nada práctico conduciría su estudio, en virtud del sentido de esta resolución."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el dos de abril de mil novecientos ochenta y seis, el amparo en revisión 128/84, sostuvo en la parte que interesa, lo siguiente:
"Ahora bien, la recurrente aduce que le ocasiona agravios la estimación efectuada por el a quo dado que, con toda oportunidad rindió su informe justificado, diecinueve días antes de la celebración de la audiencia constitucional (diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y tres) mediante el telegrama referido, pero que si este comunicado no llegó al momento de la celebración de dicha diligencia, no obstante la antelación con que se envió, esto indudablemente no es causa imputable a su autoridad y, por ende, le agravia la aplicación del artículo 149 de la Ley de Amparo.
"Resulta infundado lo anterior, aunque cierta la manifestación de haber rendido el informe justificado, inexacto que el mismo se hubiera hecho en forma oportuna como a continuación se verá:
"Pues bien, de los autos que integran el juicio de garantías número ********** aparece que mediante proveído admisorio de veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres, se ordenó solicitar de las responsables su informe respectivo que deberían rendir dentro del término de tres días, según el artículo 156 de la Ley de Amparo. Que la autoridad recurrente fue notificada de tal auto precisamente el cuatro de julio del citado año, como consta en la tarjeta acuse de recibo visible a foja 14 de los autos. Por lo que si la autoridad recurrente acredita haber rendido el informe mediante telegrama con fecha, primero de agosto de mil novecientos ochenta y tres, resulta incuestionable que dio cumplimiento para tal efecto en forma extemporánea, o sea después de los tres días que para ello disfrutaba lo que motivó que no obrara en autos, ya que si bien es cierto, que al hacer uso de la vía telegráfica, ejercitó el derecho que consagra el artículo 25 de la Ley de Amparo, también lo es que el mismo establece que: ‘... se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquéllas depositaren el escrito u oficio relativo en la oficina de correos o telégrafos que corresponde, dentro de los términos en que deben hacer dichas promociones conforme a la ley.’. Consecuentemente, al celebrarse la audiencia constitucional de diecinueve de agosto del año multimencionado y no encontrarse el informe justificado de la recurrente en autos, el Juez de Distrito estuvo en lo justo de haber obrado conforme a derecho, decretando la presuncionalidad de los actos reclamados a imponer multa en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo.
"Por tanto, infundados los agravios que esgrime la autoridad recurrente, debe confirmarse la sentencia en la parte recurrida, en la que se concede el amparo al quejoso ********** y, dejar firme la imposición de multa de doscientos pesos en favor del fisco federal."
Del criterio anterior, derivó la tesis que enseguida se reproduce:
"INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR CORREO O TELÉGRAFO. DEBE HACERSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE AMPARO.-Como el artículo 25 de la Ley de Amparo establece que: ‘... se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia ...’, resulta evidente que si la responsable rinde su informe fuera de los términos legales y fue recibido cuando ya se había celebrado la audiencia constitucional debe estimarse extemporáneo y, por ende, confirmarse la sentencia que presumió la certeza de los actos reclamados e impuso la multa a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo." (Séptima Época. Registro digital: 246952. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, materia común, página 341)
QUINTO.-De las consideraciones sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada.
En efecto, ambos Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo tema jurídico, esto es, con relación a si procede o no la imposición de una multa a la autoridad responsable cuando rinde su informe justificado de manera extemporánea, esto es, posteriormente a la celebración de la audiencia constitucional.
Ciertamente, para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, es ilegal la determinación del Juez de Distrito que impuso a la autoridad responsable una multa con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha sanción sólo es aplicable en los casos en que la autoridad no rinde su informe con justificación o lo hiciere sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, resultando que tal supuesto no se actualiza cuando dicha autoridad sí rinde su informe con justificación acompañándolo de las constancias conducentes, de modo que en el caso examinado, como se demostró que la autoridad no fue omisa en rendir su informe, pues lo hizo posteriormente a la celebración de la audiencia constitucional y antes del dictado de la sentencia recurrida, la actitud de la responsable no se ubicó en un silencio total y, por tanto, no asumió una conducta contumaz.
Lo anterior, con apoyo en la tesis de esta Sala de voz: "MULTA POR NO RENDIR INFORME JUSTIFICADO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITE Y NO SE RECIBE EN TIEMPO." y la diversa del Tribunal Pleno P./J. 45/96, de rubro: "MULTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 224 DE LA LEY DE AMPARO. NO GUARDAN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el toca penal 128/84, determinó que si la responsable rinde su informe fuera del término legal y fue recibido cuando ya se había celebrado la audiencia constitucional, debe estimarse extemporáneo y, por ende, confirmarse la sentencia que presumió la certeza de los actos reclamados e impuso la multa a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo.
Del criterio anterior, destaca el razonamiento relativo a que si la autoridad responsable rindió su informe justificado de manera extemporánea habiéndose celebrado la audiencia constitucional es de imponerse la multa prevista en el artículo 149 de la Ley de Amparo vigente en mil novecientos ochenta y seis, fecha en que fue dictada la resolución correspondiente.
De ahí que la materia de la contradicción de tesis consiste en determinar si se debe o no imponer una multa a la autoridad responsable que rindió su informe justificado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.
No es obstáculo a la conclusión anterior, que uno de los criterios se fundó en el contenido del artículo 149 de la Ley de Amparo vigente en mil novecientos ochenta y seis y la diversa resolución fue dictada el veinticinco de junio de dos mil quince, en la medida en que el aspecto atinente a la imposición de una multa derivada de la omisión de rendir el informe justificado de la autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo indirecto, se encuentra prevista en ambas legislaciones. Así se desprende de la legislación que enseguida se reproduce:
Ver reproducción
Aun cuando existen diferencias accesorias en las diversas reformas de las que ha sido objeto el artículo 149 de la Ley de Amparo, se advierte que en las citadas leyes se prevé la obligación por parte de las autoridades responsables de rendir su informe justificado dentro de un cierto número de días (cinco en el caso de la ley vigente en mil novecientos ochenta y seis y de quince días en la ley actual), que dicho término podrá ampliarse (si el Juez de Distrito estima que la importancia del asunto lo amerita, de acuerdo con el artículo 149, o bien, atendiendo a las circunstancias, de acuerdo con el artículo 117 de la ley actual), si la autoridad no rinde su informe o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada respectiva, se sancionará con una multa (primera parte del primer párrafo del artículo 149 antes citado y artículo 260, fracción II según, la nueva ley) y si el informe justificado es rendido fuera del plazo que señala la ley, será tomado en cuenta por el Juez siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de conocerlo.
De ahí que sustancialmente ambos preceptos aunque deriven de legislaciones diferentes, en los aspectos atinentes a la contradicción de tesis que se denuncia, prevén supuestos similares.
Tampoco es obstáculo a la existencia de la contradicción de tesis, que una de las ejecutorias fue emitida por mayoría de votos, ya que contiene el criterio del órgano jurisdiccional que la pronunció.
Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EXISTE AUN CUANDO LAS SENTENCIAS QUE CONTIENEN LOS CRITERIOS RELATIVOS HAYAN SIDO EMITIDAS POR MAYORÍA DE VOTOS.-Los artículos 184, fracción II, de la Ley de Amparo y 35, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden emitirse válidamente por mayoría de votos, de manera que, desde el punto de vista formal, contienen el criterio del órgano jurisdiccional que las pronuncia y, por ende, son idóneas para la existencia de contradicción de tesis." (Novena Época. Registro digital: 168699. Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, materia común, tesis 2a./J. 147/2008, página 444)
SEXTO.-Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se desarrolla:
En torno del informe justificado, esta Segunda Sala ha sostenido, entre otros aspectos, lo siguiente:
"INFORME JUSTIFICADO.-Justificación de las razones, expuestas en él. A la autoridad responsable le corresponde acreditar la legalidad de sus procedimientos, pues el artículo 16 de la Ley Fundamental, impone a todas las autoridades del país la obligación de fundar y motivar sus actos, para que el particular afectado conozca las causas que motivan la decisión, y esté en la posibilidad de defenderse, por los medios legales establecidos." (Amparo en revisión 4017/1963. Sedas italianas, S.A. Resuelto el 21 de noviembre de 1963. Boletín 1963, página 458)
"INFORMES JUSTIFICADOS.-Los rendidos por las autoridades responsables solamente tienen el valor que merece la aseveración de cualquiera de las partes cuando son rendidos sin la debida justificación." (Amparo en revisión 839/1963. Manuel Flores Solís. Resuelto el 11 de septiembre de 1963. Boletín 1963, página 379)
Así el informe justificado que debe rendir la autoridad no sólo es una carga procesal sino un deber que tiene dicha autoridad, cuyo contenido esencial consiste en establecer si son o no ciertos los actos que se reclaman y, en caso afirmativo, defender su constitucionalidad de los mismos o invocar, en su caso, las causas de improcedencia o de sobreseimiento en el juicio (contradicción de tesis **********).
Ahora bien, de los artículos 149 de la Ley de Amparo vigente en mil novecientos ochenta y seis y 117 y 260, fracción II, de la actual Ley de Amparo, antes reproducidos, se desprende la obligación relativa a que dicho informe sea rendido por la responsable con la suficiente anticipación para que sea del conocimiento de las partes y puedan imponerse de él.
Esto obedece a que el informe con justificación puede influir directa y determinantemente en el sentido del fallo, pues el propio precepto establece que aquél debe tener por objeto sostener y demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, o bien, hacer valer la improcedencia del juicio, exponiendo las razones y fundamentos legales y agregando las constancias necesarias que lo sustenten.
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que la obligación impuesta en los artículos 149 de la Ley de Amparo vigente en mil novecientos ochenta y seis y 117 de la actual ley, estriba en que en los juicios de amparo indirecto de los que conocen los Juzgados de Distrito, la responsable debe rendir su informe justificado con la suficiente anticipación que permita al quejoso conocerlo y pueda imponerse de su contenido.
Además, si la autoridad responsable no rinde el informe con justificación o lo hace sin exhibir las constancias que lo sustenten, se le impondrá una multa.
Ahora bien, mediante reforma al artículo 149, primer párrafo, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, el precepto de referencia fue modificado en los términos que a continuación se reseña y que perduró con idéntica redacción en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
Ver cuadro comparativo
Por su parte, el Tribunal Pleno haciendo un examen del contenido del referido artículo 149 de la Ley de Amparo (anterior a la actual y posterior a la ley vigente en mil novecientos ochenta y seis), en relación con el aspecto atinente a cuando los informes justificados no se rinden con anticipación a la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sostuvo la siguiente jurisprudencia P./J. 54/2000, al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, entre las sustentadas por la Segunda Sala y la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada en la página cinco, Tomo XI, correspondiente a abril de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.-Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen), por tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario."
De las consideraciones que le dieron origen a la citada jurisprudencia, se advierte que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, se abocó al análisis y discernimiento del artículo 149 de la Ley de Amparo reformada, en tanto que la interpretación de éste fue el motivo de discrepancia entre los criterios sustentados por las Salas contendientes en aquella contradicción, específicamente para determinar si el Juez de Distrito, de oficio, puede o no decretar el diferimiento de la audiencia para que el quejoso conozca el informe, cuando éste no fue rendido con la anticipación debida y el quejoso o el tercero perjudicado no lo solicitaron por no presentarse a la audiencia.
Al abordar el estudio del artículo 149 de la Ley de Amparo, el Pleno de este Tribunal Constitucional precisó los supuestos y las consecuencias que el informe con justificación trae consigo, en los términos siguientes:
1. La autoridad debe, en primer lugar, negar o admitir la existencia de los actos que se le reclaman.
2. Si admite la certeza, entonces deberá exponer las razones para defender la constitucionalidad del acto.
3. Al defender la constitucionalidad del acto, la autoridad puede acompañar documentos o constancias de actos respecto de los cuales el quejoso afirme desconocer, o bien, dicho desconocimiento se desprenda de la lectura de la demanda.
4. También puede la autoridad hacer valer causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio.
Derivado de estos supuestos, es que el carácter del informe con justificación adquiere relevancia ya que puede incidir en forma determinante en el sentido del fallo y, por ello, el artículo 149 establece la posibilidad de diferir y suspender la audiencia constitucional, para que el quejoso tenga conocimiento de aquél y pueda alegar o probar lo conducente.
Como lo advirtió el Pleno de este Alto Tribunal, al introducir el legislador con las reformas de once de enero de mil novecientos ochenta y ocho, que el informe debe ser presentado cuando menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, se pone de relieve que el objeto de dicho dispositivo es que el informe sea rendido en forma oportuna, para que se haga del conocimiento de las partes y puedan imponerse de su contenido.
De ahí que la interpretación del precepto se tornara más estricta en aquellos casos en los que el informe no se rinde con la anticipación prevista en la ley, pues esa tardanza es imputable únicamente a la responsable y, por ello, no puede redundar en perjuicio del quejoso, por lo que el Tribunal Pleno estimó que con mayor razón debe dársele a conocer dicho informe, además de que el Juez debe contar con todos los elementos para llegar a la verdad material, es decir, para establecer si la autoridad que actuó en ejercicio de sus funciones, violó los derechos fundamentales del gobernado, lo que justifica que dicho Juez de oficio pueda diferir la audiencia cuando el informe justificado es rendido sin la anticipación debida.
Dadas las razones anteriores, es que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional y el quejoso o el tercero perjudicado no comparece a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe y estén en aptitud de preparar y ofrecer las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo, ello en razón de que tal actuación no debe verificarse con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el último párrafo del propio precepto.
Lo anterior constituyó el tema medular del criterio plasmado en la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante que la jurisprudencia reproducida, se refiere a la Ley de Amparo reformada en mil novecientos ochenta y ocho, que prevé reformas posteriores a la vigente en mil novecientos ochenta y seis y es anterior a la Ley de Amparo en vigor, destaca el aspecto atinente al diferimiento o suspensión de la audiencia constitucional que debe realizar el Juez de Distrito cuando los informes justificados no se rinden dentro del término legal, lo que tiene como finalidad que las partes puedan conocer el contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo, a fin que de exista un equilibrio entre las partes, entre otras finalidades y el Juez podrá, en su caso, diferir o suspender la audiencia según lo que proceda a solicitud del quejoso o tercero perjudicado.
Precisado el marco normativo relacionado con la obligatoriedad de la autoridad para que rinda su informe justificado en términos de lo dispuesto en los artículos 149 de la Ley de Amparo anterior y 117 de la actual Ley de Amparo, procede examinar el aspecto atinente a la imposición o no de una multa a la autoridad responsable como consecuencia del incumplimiento de tal obligación, en específico cuando rinde su informe justificado con posterioridad a la celebración de la audiencia.
Al respecto, cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en diversos precedentes que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, pues considera que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico como parte de la potestad punitiva del Estado y que en uno u otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida, por lo que ha concluido este Alto Tribunal que dada esa similitud puede acudirse a los principios penales que en su caso serían aplicables al procedimiento administrativo sancionador sólo en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
Apoya la anterior consideración la jurisprudencia del Tribunal Pleno que en seguida se reproduce:
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.-De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26364-14013dfe/multa-la-presentacion-del-informe-justificado-fuera-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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