ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. LXII-256, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2014, QUE PREVÉ AQUEL DELITO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. LXII-256, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2014, QUE PREVÉ EL DELITO RELATIVO, GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.
ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. EL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. LXII-256, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2014, QUE PREVÉ AQUEL DELITO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD EN MATERIA PENAL, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO No. LXII-256, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 9 DE JULIO DE 2014, QUE PREVÉ EL DELITO RELATIVO, GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.
I. DELITO DE ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD. VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).
II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE JULIO DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE ANTONIO MEDINA GAONA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de julio de dos mil quince.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Norma impugnada, autoridades emisora y promulgadora (fojas 1 a 14 del expediente principal). Por oficio PGR/349/2014, presentado el ocho de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando el artículo 171 Quáter, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado mediante Decreto No. LXII-256, en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de julio del citado año; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicho Estado.
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman violados y concepto de invalidez (fojas 2 a 14 del expediente principal). La parte promovente estimó violados los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e hizo valer como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
• La norma impugnada viola los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad en materia penal (en su vertiente de taxatividad) y el principio de legalidad reconocidos en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los motivos que se exponen enseguida, porque establece como conducta reprochable el poseer o portar, en la propia persona, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se capture a la persona, uno o varios instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material, que puedan ser utilizados para dañar o impedir el paso de los vehículos de particulares, de las fuerzas armadas o de las instituciones de seguridad pública y establece su sanción.
• Lo que viola el citado numeral 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, porque si bien se establece el tipo penal a sancionar (atentado contra la seguridad de la comunidad) de su propio contenido no se puede advertir que el legislador estatal haya dispuesto de forma clara y exacta la descripción típica, pues queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos que deben aplicar la norma en casos concretos la decisión sobre cuándo es que los instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material que posea o porte el sujeto activo podrán ser utilizados con el ánimo de dañar o impedir el paso de los vehículos conducidos por particulares o por los elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública.
• Acto seguido, el promovente cita el proceso legislativo en relación con este tipo penal -exposición de motivos-, así como el diario de debates del Congreso Local de treinta de junio de dos mil catorce y menciona que de la lectura de ambas transcripciones, se observa que la intención del legislador local al reformar la fracción I de la norma combatida, fue adecuar su contenido al criterio contenido en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia (sic es de Tribunal Colegiado de Circuito). En esta tesis, se señaló que, para que se acrediten los elementos del delito de "atentado contra la seguridad de la comunidad", es necesario que el Ministerio Público aporte pruebas que demuestren que el sujeto activo poseía o portaba uno o varios objetos con los que pudiera atentar contra alguien, y que no se prueba que tal posesión o portación lo era para fines laborales o recreativos.
• Ahora bien, haciendo un análisis comparativo entre el texto anterior y el vigente de la fracción I del artículo 171 Quáter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, se puede apreciar que el legislador estatal, al llevar a cabo la reforma señalada en el párrafo anterior, eliminó la parte final de la fracción I combatida que establecía: "y que no justifique que sea utilizado en actividades laborales o recreativas." Tal modificación produjo un cambio sustancial en el ejercicio de la autoridad judicial al aplicar la porción normativa impugnada, ya que de conformidad con el texto vigente, dicha autoridad (y no el sujeto activo) es quien debe de dar cierre o concluir la descripción típica. Es decir, antes de la reforma, la citada fracción no configuraba un concepto jurídico abierto, en cambio, la actual redacción constituye un concepto jurídico abierto que contraviene el principio de legalidad en la exacta aplicación de la ley penal. Lo anterior se corrobora mediante la comparación entre el texto anterior de la norma y el publicado en el decreto combatido:
Ver comparación
• Así, se estima que el Congreso Estatal reguló lo que en la dogmática jurídica se conoce como "tipo penal abierto" violando la garantía constitucional de exacta aplicación de la ley penal prevista en el citado artículo 14. Esto obedece a que de la lectura del tipo penal se deriva que, para que se actualice la hipótesis normativa, basta que el gobernado posea o porte alguno de los instrumentos enunciados en dicho tipo y que a criterio de la autoridad (ya sea de la autoridad investigadora o de la jurisdiccional), éstos puedan ser utilizados para la consecución de los fines descritos.
• Con base en los principios de certeza y exacta aplicación en materia penal, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito. Esa descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado cabe precisar que para determinar la tipicidad de una conducta, el legislador debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, el de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley.
• Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, que permita la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. De esta forma, el legislador al crear los tipos penales, debe redactar el supuesto de hecho que configura el delito de la forma más precisa y clara posible, a fin de acatar los principios de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley penal, lo que no se cumplió en la norma combatida.
• Lo anterior se robustece si se considera que los destinatarios de la hipótesis punitiva en comento no tendrán la certeza sobre si la simple posesión o portación de los instrumentos enumerados en la fracción I del artículo 171 Quáter son o no constitutivos del delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, ya que quien lo determinará será la autoridad.
• En este contexto, resulta pertinente precisar que el referido artículo 14 constitucional consagra el principio de legalidad, consistente en la exacta aplicación de la ley penal, pero no sólo se circunscribe a los meros actos de aplicación, ya que para su cabal cumplimiento, la ley debe ser concebida sin ambigüedades y en forma tal que los términos descriptivos del tipo penal especifiquen los elementos respectivos, es decir, el delito y la pena deben ser claros, precisos y exactos, a fin de evitar confusión en su aplicación y/o evitar causar demérito en la defensa del procesado. Lo que apoya con las siguientes tesis de la Primera Sala, de rubros: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR."
• Por ello, la norma cuestionada genera que la autoridad jurisdiccional sea la que realice una función tipificadora de cierre o construcción final de la descripción típica, lo que se traduce en una violación a precepto constitucional en cita.
• Para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos es necesario que en los códigos punitivos se señalen tanto la conducta como la pena de manera clara y precisa, no dando cabida a interpretaciones confusas o indeterminadas que lleven a los gobernados a un estado de incertidumbre jurídica y a una actuación arbitraria del juzgador, cuya consecuencia sería hacer nugatoria la justicia tanto para la víctima u ofendido como para el procesado, situación que iría en detrimento de la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.
• Asimismo, los instrumentos descritos en la fracción impugnada tienen amplios usos y puede haber infinidad de causas por las cuales un gobernado pueda poseerlos o portarlos, y que no tenga el ánimo de la comisión de algún ilícito.
• Así las cosas, el legislador no especificó si todas aquellas personas que por razón de su profesión, trabajo u oficio, actividades recreativas posean o porten tales instrumentos, queden exentos de la actualización de la hipótesis normativa contemplada por el tipo penal. En este sentido, el legislador criminaliza cualquier posesión o tenencia de los instrumentos enunciados en la fracción I de la norma combatida, sin considerar que no en todas las circunstancias el poseer o portar instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material conlleva la comisión del delito de atentado contra la comunidad.
• Los razonamientos expuestos también suponen una violación al principio de legalidad y retroactividad establecidos en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece:
"Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad.
"Nadie puede ser condenado por acciones y omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión de delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
• El sentido y alcance del anterior mandato ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que los Estados están obligados a definir las acciones u omisiones consideradas como delictivas de la manera más clara y precisa. Es decir, la construcción de los tipos penales debe contener una clara definición de la conducta incriminada, donde se fijen sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles.(1) La citada Corte ha señalado que "[l]a ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el cambio al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana."(2)
• Concluye que la norma impugnada es inconstitucional, puesto que no se apega a ese estándar, por las razones expuestas.
TERCERO.-Trámite (fojas 22 a 25 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia de once de agosto de dos mil catorce, se ordenó formar y registrar el asunto con el número 95/2014 y, por razón de turno, se designó al señor Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de doce siguiente, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes: Legislativo que emitió las normas impugnadas y Ejecutivo que las promulgó; lo anterior, para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.-Informe de la autoridad emisora (fojas 79 a 103 del expediente principal). El Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, bajo los argumentos que a continuación se sintetizan:
• Debe reconocerse la validez del artículo 171 Quáter, fracción I, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y no se actualiza ninguna violación a los principios de seguridad jurídica y de legalidad que prevé el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, pues el proceso legislativo tuvo como esencia adecuar la norma en relación al atentado contra la "seguridad de la comunidad", y sancionar conductas que, financiadas por la delincuencia organizada, son realizadas por personas que tienen como fin la generación de información sobre la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, que causan daño de manera importante a la sociedad como conjunto.
• De la interpretación literal del artículo impugnado, en su fracción I, se obtienen dos elementos de relevancia: a) una acción de poseer o portar en el vehículo que se le encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture, uno o varios instrumentos que puedan ser utilizados para agredir; y, b) que no se justifique que su posesión o portación sea con fines laborales o recreativos; por lo que, para que se acrediten dichos elementos es necesario que el Ministerio Público aporte pruebas que demuestren que el sujeto activo poseía o portaba uno o varios objetos con los que se pudiera atentar contra alguien, y que no se pruebe que tal posesión o portación lo era para fines laborables o recreativos, pues la finalidad es sancionar conductas que financiadas por la delincuencia organizada, son realizadas por individuos que tienen como fin la generación de información sobre la actuación de las autoridades encargadas de la seguridad pública, que laceran de manera importante a la sociedad como conjunto.
• El contenido de la norma coincide con el criterio emitido en la tesis VIII.1o. (X Región) 3 P, visible en la página 2448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, número de registro digital: 2004391, Décima Época, cuyos rubro y texto dicen: "ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE DELITO Y QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE ACREDITAR."(3)
• De lo anterior se advierte que la norma que se tilda de inconstitucional se ajusta incluso a los parámetros del criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, al interpretar precisamente el artículo 171 Quáter, fracciones I y II, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, que es precisamente en términos generales el contenido de la norma general cuya validez se solicita, respecto a los elementos que constituyen el delito denominado atentados a la seguridad de la comunidad, en cuyo caso, como dice el Ministerio Público es quien debe acreditar los elementos a que se refiere el criterio referido, y el incriminado acreditar su defensa sin que pase desapercibido para esta autoridad legislativa que la interpretación de la que se habla fue antes de la reforma en cuestión, sin que a consideración de este órgano legislativo la modificación actual de la norma en estudio haya producido un cambio sustancial en el ejercicio de la autoridad judicial al aplicar la porción normativa impugnada, lo que no es cierto, ya que el sujeto activo en su caso o en su momento procesal oportuno y con base en el derecho de audiencia que se aplica dentro de los procesos penales, tiene o surge la posibilidad de probar el aspecto a que se refiere de la porción normativa el promovente de la acción de inconstitucionalidad, por lo que esta autoridad informante considera que no se ha controvertido el principio de seguridad jurídica y legalidad.
• Tomando en cuenta el criterio sustentado y referido con anterioridad por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, para que se acredite el segundo elemento del delito, se advierte que anteriormente se encontraba en la legislación penal del Estado, lo que revela la necesidad de que el Ministerio Público aporte pruebas que demuestren que el sujeto activo poseía o portaba uno o varios objetos con los que pudiera atentar contra alguien, y que no se pruebe que tal posesión o portación lo era para fines laborales o recreativos, lo que es imprescindible para la representación social acreditar los hechos y obviamente los elementos constitutivos de cada conducta delictiva tanto a nivel de averiguación previa como ante la autoridad jurisdiccional ante quien se ventile el proceso respectivo, luego la autoridad persecutora de los delitos adscrita al tribunal del conocimiento, como el incriminado, pueden objetar y oponerse mediante los mecanismos legales procedimentales, en contra de las pruebas o medios de convicción que ambas partes aporten durante el proceso penal que se instruya, es decir, existe una igualdad procesal protegida por el propio artículo 14 constitucional, que se constriñe ésta a una equidad justiciable, al existir la oportunidad que constitucionalmente se concede a las partes que participan en un proceso penal.
• Al emitir la porción de la norma la cual se solicita su invalidez se emplean términos claros, precisos y excluyentes entre sí, a fin de evitar confusión entre los destinatarios o arbitrariedad de la autoridad judicial con motivo de su aplicación.
• Para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, no implica que el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa, además el principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto a los cuales no pueden ser sujetos activos, pues están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas a lo que se concluye que la norma general que ahora se controvierte es precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia visible (...), que dice: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.", así como la diversa: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, NO VIOLA ESE PRINCIPIO."
• Que la intención de la autoridad legislativa de incorporar al Código Penal la fracción impugnada, fue la de sancionar conductas relacionadas por la delincuencia organizada, con la finalidad de contribuir con la potestad atribuida por las leyes que otorgan la competencia respectiva para legislar, para coadyuvar a lograr los objetivos pretendidos por la sociedad, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados, pues no tendría razón de ser la seguridad pública, sino buscar con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías, de ahí que el Constituyente originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan otorgado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho, se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos, disminuir significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejerzan en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones o propiedades de derechos, por ello es imprescindible la participación del órgano legislativo que ahora represento, para evitar la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes de una sociedad debidamente constituida y no exista la inobservancia del legislador en actuar en consecuencia a la creación o reformas a las legislaciones correspondientes para evitar o aminorar las acciones de aquellos grupos delictivos que pretendan dañar a la sociedad, sin embargo, el legislador con la intención de la protección a los integrantes de una sociedad, conlleva al respeto al estado de derecho que rige al Estado Mexicano.
• El delito en cuestión no es similar ni contiene los elementos constitutivos a las conductas delictivas que prevé el artículo 168 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, pues los mismos tienen diferencias a simple vista autónomas que se rigen por los elementos objetivos y subjetivos diferentes, sin embargo en ambas conductas se deben atender a los hechos y a las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión en que se realice la finalidad del sujeto activo.
• Es de apreciarse que la fracción I del artículo 171 Quáter del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, no contraviene el principio de proporcionalidad de las penas contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal, pues al momento de tasar la penalidad que se establece en dicha norma general, no sólo acudió a la relevancia o importancia del bien jurídico protegido si no que fijó la sanción de prisión en atención a la incidencia del delito y la afectación al bien jurídico protegido, dada la elevada concurrencia de la conducta incriminada, así como la lesión que en su comisión genera a la sociedad, propiciando el despliegue de los delitos graves por la delincuencia organizada, fueron las razones que llevaron a este órgano legislativo a imponer como pena corporal para el delito de atentados a la seguridad de la comunidad y la gravedad de la sanción, tomando en cuenta la política criminal implementada con motivo de la situación de seguridad pública que subsistía en la época de tipificación del antijurídico, acontecimiento que no sólo debe ser observado por el Juez del conocimiento al individualizar la pena si no que debe tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, además constituye un mandato para el legislador que implica la obligación de verificar que exista una adecuación entre la gravedad del delito y de la pena.
• No asiste razón al promovente en sus argumentos de impugnación porque tales aspectos se analizaron en el procedimiento legislativo, al tomar en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa respectiva que dio origen al Decreto mediante el cual se reformó la norma general atacada de invalidez.
• Resulta importante precisar que al suprimir la parte final del artículo que refería "y que no se justifique sea utilizado en actividades laborales o recreativas", no se está ante un "tipo penal abierto", como indebidamente lo sostiene el promovente de la acción de inconstitucionalidad, contrariamente a esta afirmación se considera que la parte conducente en cuestión de dicha norma, no se deja al arbitrio del operador jurídico, la facultad de cierre o concluir la descripción típica, si no como ya se dijo, la representación social o el inculpado tienen la oportunidad durante la averiguación o el proceso que se impute de aportar los medios de convicción necesarios e idóneos para sostener la acusación o la defensa en el proceso que se instruya al incriminado y en cuanto a "sin causa justificada" pone en posibilidades de que exista a favor del sujeto activo (contrario sensu) una razón que justifique la posesión o portación consigo, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture uno o varios de los instrumentos a que se contrae el tipo penal tal como acontece en otros delitos, pues no es a criterio de la autoridad judicial, sino de las partes involucradas en el proceso, en su participación o la no intervención en la conducta que se atribuya al incriminado.
• Es relevante informar el fin con el cual el sujeto activo posea o porte el instrumento, esto es, que la conducta se realice sin un fin lícito, es decir, para que se actualice la configuración del ilícito de atentado a la seguridad de la comunidad en el supuesto que se prevé en la norma general en cuestión, debe atenderse a los hechos y a las circunstancias del lugar, tiempo, modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del instrumento; se afirma lo anterior, en razón a que cuando se establece sin causa justificada se refiere a la forma en la que se realiza y no a la materialidad y al objetivo con que fueron creados, independientemente que hayan sido fabricados para una actividad laboral recreativa, como una de las causas de justificación pueden portarse con la finalidad de utilizarlos para dañar o impedir el paso a los vehículos conducidos por los particulares o por los elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública, situación similar acontece con el delito de portación de arma prohibida en la legislación de las entidades de Morelos y Querétaro, y que ese Alto Tribunal ha establecido que deben atenderse las circunstancias a los hechos que revelen la finalidad del sujeto activo, independientemente de la naturaleza del instrumento que se porte, lo que se considera debe tomarse en cuenta en los casos concretos que estén en el supuesto de la norma combatida. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial (...) Primera Sala (...) que dice: "PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO DEBE DE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL INSTRUMENTO QUE SE PORTE (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y MORELOS)."
•Ningún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que el legislador defina los vocablos utilizados en las leyes pues tal exigencia implica una labor interminable e impráctica, de ahí lo indebido de argumentar que una ley sea inconstitucional por la irregularidad en su redacción. Es aplicable a tal argumento la jurisprudencia (...) Primera Sala (...) que dice: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS."
• Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declare la validez de la norma impugnada.
QUINTO.-Informe de la autoridad promulgadora (fojas 45 a 70 del cuaderno principal). El Poder Ejecutivo, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Si bien es cierto que el Código Penal para el Estado de Tamaulipas se reformó en los términos señalados, también lo es que con dichas modificaciones no se está ante una violación a los principios de seguridad jurídica y de legalidad consagrados por los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el proceso legislativo al que se le atribuyen, tuvo como esencia adecuar en relación con la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, bajo el rubro: "ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 171 QUÁTER, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE DELITO Y QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE ACREDITAR."
• Es decir, atendiendo al pronunciamiento de ese Tribunal Colegiado, la redacción del texto anterior representa complejidad para justificar que la posesión o portación del objeto encontrado sea con fines laborales o recreativos; puesto que como bien fue sostenido por dicho tribunal, para que se acredite ese segundo elemento del delito como anteriormente se encontraba en el Código Penal Estatal, es necesario que el Ministerio Público aporte pruebas que demuestren que el sujeto activo poseía o portaba uno o varios objetos con los que pudiera atentar contra alguien, y que no se pruebe que tal posesión o portación lo era para fines laborales o recreativos. Sin embargo, generalmente en autos sólo obra el parte informativo y su ratificación, así como la fe judicial de objetos, y con ello, solamente se demuestra que se tuvieron a la vista los mismos, mas no que aquéllos puedan ser utilizados para agredir y que constituye el segundo de los elementos del delito.
• Se disiente de la postura del procurador general de la República, pues por el contrario, co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25864-6fec769d/atentado-contra-la-seguridad-de-la-comunidad-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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