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Modo: Corpus Pro

DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 169, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7676/2025. · Registro digital (IUS): 34384
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-11-06
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Noviembre de 2026.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7676/2025. 23 DE ABRIL DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. AUSENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Durante el periodo del veinticinco de julio de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, el quejoso fue designado únicamente como comisionado temporal para la entrega-recepción de la Dirección Jurídica del Instituto de Educación de Aguascalientes. No obstante, durante dicho periodo desplegó, sin serlo, funciones de Director Jurídico.

El Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Primer Partido Judicial con sede en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes dictó sentencia absolutoria a su favor por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al determinar que no quedó acreditada la existencia de dicho ilícito y, por ende, tampoco su responsabilidad penal. Inconformes, los agentes del Ministerio Público interpusieron recurso de apelación, en el cual se revocó la sentencia de primera instancia, al estimar que quedó acreditada la existencia del delito de ejercicio indebido del servicio público, así como la responsabilidad penal del aquí recurrente. Inconforme, el sentenciado promovió juicio de amparo directo, el cual le fue negado por el Tribunal Colegiado del conocimiento. Posteriormente, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual es objeto de análisis en la presente ejecutoria.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7676/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El problema que el Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar si el artículo 169, fracción I del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, que prevé el delito de ejercicio indebido del servicio público, viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al constituir una ley penal en blanco.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. Durante el periodo del veinticinco de julio de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, ********** fue designado únicamente como comisionado temporal para la entrega-recepción de la Dirección Jurídica del Instituto de Educación de Aguascalientes. Dentro de sus funciones se encontraban las de recibir los recursos materiales, humanos, económicos e información, propios del área, así como su resguardo para posteriormente entregarlos a la persona que asumiera la Titularidad de la Dirección. Sin embargo, no contaba con las atribuciones para conducirse como Director Jurídico.

2. No obstante, durante dicho periodo desplegó, sin serlo, las funciones de Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, realizando las siguientes acciones: En fechas de veintinueve de agosto, diecinueve de septiembre, nueve de octubre y en dos ocasiones el once de diciembre, todos de dos mil catorce, solicitó a la Secretaría de Finanzas y Administración, mediante la documentación de requisición y abastecimiento, se efectuaran pagos a **********, por concepto de asesoría profesional, relativa al expediente **********, del Juzgado Quinto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes.

3. Posteriormente, el tres de diciembre de dos mil catorce, suscribió el oficio en el que se ostentó como Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes. En este señaló a la supervisora de zona **********, Centro de Desarrollo Educativo **********, que el personal de la dirección jurídica a su cargo estaría a disposición de atender y asesorar al personal docente y administrativo en torno a las condiciones generales de trabajo.

4. El nueve de enero de dos mil quince celebró un contrato de prestación de servicios ostentándose como Director Jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes.

5. Finalmente, hasta el quince de enero de dos mil quince, le fue otorgado oficialmente el puesto en mención y el veintitrés del mismo mes y año, tomó posesión del cargo.

6. Proceso penal. En virtud de los hechos narrados, fue procesado penalmente y el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de juicio oral **********, el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Primer Partido Judicial con sede en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, dictó sentencia absolutoria a favor de ********** por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al determinar que no quedó acreditada la existencia de dicho ilícito y, por ende, tampoco su responsabilidad penal.

7. Toca de apelación. Inconformes con dicha resolución, los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, quien lo registró con el número de toca **********.

8. Mediante resolución de cinco de octubre de dos mil veintitrés, la Sala determinó modificar la sentencia de primera instancia, al estimar que quedó acreditada la existencia del delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto en el artículo 169, fracción I, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en perjuicio del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como la responsabilidad penal de **********.(1)

9. En consecuencia, ordenó al Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Primer Partido Judicial con sede en el municipio de Aguascalientes, Aguascalientes para que llevara a cabo la celebración de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.(2)

10. Demanda de amparo directo. En contra de dicha determinación, ********** promovió demanda de amparo directo, de la cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con el número **********.(3)

11. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión ordinaria virtual de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco, los integrantes del Tribunal Colegiado determinaron negar el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso.(4)

12. Recurso de revisión. En desacuerdo con dicha decisión, el veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, el quejoso interpuso recurso de revisión.

13. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído de dos de enero de dos mil veintiséis, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió el recurso de revisión y lo registró con el número 7676/2025. Asimismo, lo turnó al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión en amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como del Punto Segundo, fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; y Acuerdo General Número 3/2025 (12a.) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal de misma fecha, en el que se regula la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo.

15. Lo anterior, porque el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal en el que se alega la existencia de una cuestión de constitucionalidad de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

II. OPORTUNIDAD

16. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada de forma personal a la parte quejosa el martes once de noviembre de dos mil veinticinco por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el miércoles doce del mismo mes y año.

17. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del jueves trece al viernes veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco, descontándose los sábados y domingos quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil veinticinco y jueves veinte de noviembre, por haber sido inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; así como el lunes diecisiete de noviembre del mismo año, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.(5)

18. En ese sentido, si el escrito de recurso de revisión se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el miércoles veintiséis de noviembre de dos mil veinticinco, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

19. Esta Suprema Corte considera que ********** cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que se le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO

A. Cuestiones previas necesarias para resolver el asunto

20. A fin de resolver sobre la procedencia de este recurso de revisión, es necesario reseñar los argumentos esenciales expuestos en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por el recurrente.

21. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, el quejoso hizo valer, en esencia, los motivos de disenso siguientes:

a) Señaló que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Primero. En este concepto de violación señaló, que el artículo 169 fracción I del Código Penal para el Estado de Aguascalientes es inconvencional e inconstitucional ya que vulnera los principios de legalidad y taxatividad en materia penal.

c) Afirmó que se trata de un tipo penal “abierto o en blanco” en virtud de que no precisa qué tipo de funciones se sancionan al ejercerse sin nombramiento; no define con claridad qué se entiende por “empleo, cargo o comisión”; y, no establece qué tipo de nombramiento es exigible ni quién tiene la facultad de otorgarlo. Por lo tanto, genera total incertidumbre sobre cuál es la acción u omisión que se prohíbe.

d) Destacó que tanto el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, como la Ley Federal del Trabajo, admiten la posibilidad de desempeñar funciones sin nombramiento formal, por lo que no puede ser exigido como elemento esencial de responsabilidad penal.

e) Consecuentemente, solicitó que se declarara la inaplicación del artículo 169, fracción I, del Código Penal para Estado de Aguascalientes.

f) Segundo. Indicó que la sentencia reclamada vulnera sus derechos fundamentales porque se dictó una condena privativa de libertad sin respetar las formalidades esenciales del procedimiento, ni el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, al corregir indebidamente la valoración probatoria de primera instancia, fundarse en testimonios indirectos, revalorar pruebas sin inmediación y desestimar aquellas que acreditaban que actuó bajo órdenes del superior jerárquico, afectando con ello su derecho de defensa y la debida motivación de la resolución.

g) Tercero. Indicó que se le atribuye indebidamente la calidad de Director Jurídico antes de su nombramiento formal, pues los actos en que se apoyó la condena —requisiciones de pago, un oficio y un contrato— no implicaban usurpación de funciones, ya que podían realizarse por otros servidores públicos; además, no fueron acreditados en juicio, y el quejoso actuó como comisionado temporal y no como titular del cargo.

h) Cuarto. afirmó que la Sala Penal vulneró sus derechos de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica al desconocer que el contrato de nueve de enero de dos mil quince fue suscrito por el Director General, quien, como máxima autoridad administrativa, le otorgó la orden y facultad jerárquica para intervenir en su firma. Asimismo, reprochó que la condena se haya sustentado en testimonios de oídas o sin conocimiento directo, destacando que uno de ellos justificaba la asignación de funciones ante la inexistencia de vacantes. También señaló que la Sala incurrió en un error fáctico al afirmar que solicitó pagos ante una dependencia inexistente dentro del Instituto, lo que, a su juicio, evidencia la falta de sustento jurídico y probatorio de la sentencia.

i) Quinto. Afirmó que se vulneraron sus derechos de legalidad, debido proceso, inmediación y contradicción porque la declaración de un testigo fue incorporada por lectura en la audiencia de juicio, lo que le impidió contrainterrogarlo y ejercer adecuadamente su defensa, dejando la condena sustentada en un dicho no confrontado.

j) Sexto. Señaló que la separación de procesos entre coimputados decretada en juicio vulneró sus derechos de debido proceso, defensa adecuada y seguridad jurídica, pues impidió el desahogo de pruebas ofrecidas en la causa del otro coimputado que favorecían su teoría del caso, colocándolo en desventaja procesal y afectando los principios de igualdad procesal y contradicción.

k) Séptimo y octavo. Hizo valer que la sentencia vulneró sus derechos de legalidad y debido proceso al omitir reconocer y analizar la contestación presentada por su defensa al recurso de apelación, afirmando erróneamente que las partes no formularon respuesta alguna, lo que implicó no atender ni motivar los argumentos de la defensa, y solicitó que se deje sin efectos la resolución de alzada para que se emita una nueva en la que se valoren dichos planteamientos.

l) Noveno. Afirmó que la Sala Penal incurrió en una suplencia indebida de la queja a favor del Ministerio Público, ya que el recurso de apelación carecía de agravios específicos y razonados, por lo que debió desecharse conforme al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dijo que la condena se dictó al subsanar oficiosamente las deficiencias del recurso, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica, y añadió que los argumentos presentados en un escrito separado no podían considerarse válidos al haber sido dirigidos a autoridad distinta y no estar vinculados formalmente al recurso inicial.

m) Décimo. Insistió en que la Sala realizó una suplencia indebida de la queja del Ministerio Público, al tener por fundado un agravio con base en un oficio cuya existencia no fue acreditada en juicio, apartándose del principio de estricto derecho que rige la apelación contra sentencias absolutorias. Señaló que la Sala construyó oficiosamente razonamientos no planteados por la Fiscalía, incurrió en contradicciones al reconocer que ingresó como subdirector jurídico y comisionado temporal, y negó después sus facultades. De esa manera, desconoció la prueba testimonial y la normatividad aplicable que facultaban al Director General para encomendarle funciones, por lo que su actuación no debió considerarse ejercicio indebido del servicio público.

n) Décimo primero. Se omitió aplicar el principio pro persona, al no interpretar las pruebas de la manera más favorable, pues su actuación no constituyó ejercicio indebido de funciones, ya que se limitó a cumplir órdenes jerárquicas del Director General, quien era el verdadero representante legal del instituto. Sostuvo que resulta contradictorio imputar responsabilidad al subordinado que actuó bajo instrucciones del titular del bien jurídico y que, conforme a la normativa laboral aplicable, su conducta estaba justificada aun sin nombramiento formal.

o) Décimo segundo. La Sala Penal valoró indebidamente la prueba y omitió aplicar las causas de justificación previstas en el artículo 27 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, pues su actuación estuvo autorizada por el Director General, se realizó en cumplimiento de órdenes jerárquicas y obligaciones laborales, sin intención de causar daño. Afirmó que los hechos no fueron una decisión propia, sino el resultado de una orden directa de la máxima autoridad, lo que excluye la tipicidad y la antijuridicidad de su conducta.

p) Décimo tercero. Se le condenó sin acreditar daño ni peligro concreto alguno, pues conforme al Código Penal local la conducta debe afectar un bien jurídico tutelado. Criticó que la Sala hubiera considerado el delito como de mera conducta, prescindiendo de un resultado material, lo que —a su juicio— desconoce los principios de lesividad e intervención mínima, y afirmó que, al no existir daño ni riesgo, su conducta no fue típica, por lo que debe confirmarse la absolución de primera instancia.

q) Décimo cuarto. Se vulneró su derecho a la presunción de inocencia y se aplicó incorrectamente la ley penal al atribuirle dolo sin precisar el resultado de los actos ni acreditar el nexo causal, lo que implicó una indebida valoración probatoria. El Tribunal de Alzada incumplió su deber de verificar de oficio la acreditación del delito y la responsabilidad penal, por lo que la condena se impuso sin prueba suficiente, en contravención a los parámetros de exhaustividad y a la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala.

22. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El órgano jurisdiccional negó el amparo solicitado, conforme a las siguientes consideraciones:

a) Sobre la alegada inconstitucionalidad del artículo 169, fracción I del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en primer lugar, detalló que el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal, derivado del artículo 14 constitucional, exige que los tipos penales describan con precisión suficiente las conductas prohibidas, sin necesidad de un nivel de detalle absoluto. Explicó que los tipos penales en blanco no son inconstitucionales por sí mismos, sino únicamente cuando remiten a normas reglamentarias o administrativas y no a leyes en sentido formal y material.

b) Una vez que aplicó esos criterios, concluyó que el artículo impugnado no viola el principio de taxatividad, pues describe claramente la conducta prohibida: ejercer funciones públicas sin contar con nombramiento o sin haber tomado posesión del cargo. Precisó que el tipo penal protege un bien jurídico legítimo —la legalidad y certeza en el ejercicio de la función pública— y que sus elementos (sujeto activo, conducta, objeto, elemento normativo y dolo) se encuentran claramente delimitados.

c) Asimismo, señaló que los términos cuestionados por el quejoso son elementos normativos válidos, cuya concreción se obtiene del derecho administrativo, lo cual está permitido por la jurisprudencia y la dogmática penal. En consecuencia, determinó que el precepto no constituye un tipo penal en blanco, satisface la exigencia de exacta aplicación de la ley penal y no vulnera los derechos fundamentales invocados, por lo que el concepto de violación resultó infundado.

d) En lo relativo a los conceptos de violación encaminados a sostener que existió una suplencia de la deficiencia de la queja en el recurso de apelación del Ministerio Público, el órgano colegiado concluyó que no existió tal, pues la apelación penal se rige por el principio de agravio y, si bien no pueden construirse oficiosamente agravios inexistentes, el órgano de alzada sí puede interpretar de manera integral los motivos de inconformidad expresados, aun cuando carezcan de técnica depurada.

e) Indicó que, en el caso, al analizar conjuntamente el escrito de apelación y su anexo, la Sala Penal advirtió agravios suficientes, concretos y razonados para controvertir la sentencia absolutoria, limitándose a confrontarlos con la motivación del tribunal de enjuiciamiento, sin introducir argumentos ajenos al recurso, por lo que no se vulneraron los derechos de legalidad ni de seguridad jurídica del quejoso.

f) El órgano de amparo concluyó que no se actualizaron violaciones procesales, al estimar que los planteamientos del quejoso —relativos a la incorporación de pruebas, valoración testimonial, inmediación, contradicción y separación de procesos— no generaron indefensión real ni afectaron el sentido del fallo. Señaló que las irregularidades alegadas, aun cuando hipotéticamente existieran, no fueron determinantes porque la sentencia condenatoria se sustentó en un acervo probatorio plural y suficiente, y no en una prueba aislada.

g) Asimismo, precisó que la revaloración probatoria en apelación no implicó una reapertura del juicio, sino una corrección razonada de la motivación del Tribunal de Enjuiciamiento. En cuanto a la escisión de causas y a la forma de incorporación de ciertos medios de prueba, sostuvo que el quejoso no acreditó de manera concreta qué pruebas dejaron de desahogarse ni cómo ello habría modificado el resultado del proceso, por lo que los agravios resultaron infundados o inoperantes, al no demostrarse afectación efectiva a los derechos de defensa, contradicción o debido proceso.

h) Respecto a la testimonial que se incorporó mediante lectura, indicó que el testigo falleció antes de la audiencia de juicio oral, por lo que se acreditó la excepción prevista en el artículo 386, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, señaló que a dicho testimonio no se le otorgó valor pleno, sino que se tomó como indicio. Al respecto citó lo resuelto por este Alto Tribunal en el amparo directo en revisión 20/2023, del que derivó la jurisprudencia 1a./J. 138/2024 (11a.), de rubro: “DECLARACIONES O INFORMES DE TESTIGOS FALLECIDOS ANTES DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER SU INCORPORACIÓN MEDIANTE LECTURA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, INMEDIACIÓN E IGUALDAD PROCESAL.”(6)

i) Al analizar la posible violación formal de la sentencia reclamada, el Tribunal Colegiado determinó que la Sala Penal sí cumplió con el deber de fundamentación y motivación, pues expuso de manera clara las razones jurídicas y probatorias por las cuales revocó la absolución y sostuvo la condena. Señaló que no era exigible que la autoridad responsable respondiera de forma expresa y aislada a cada argumento de la defensa, sino que bastaba con que analizara la litis esencial y justificara su decisión de manera congruente.

j) También precisó que la omisión de mencionar determinados escritos o alegatos no generó indefensión, ya que los temas sustantivos fueron efectivamente examinados, por lo que la resolución combatida satisface los requisitos formales constitucionales y no vulnera los derechos de legalidad ni de debido proceso del quejoso.

k) En otro orden de ideas, en cuanto a que la autoridad responsable hizo una indebida valoración probatoria, el órgano de amparo concluyó que el actuar de la Sala se ajustó a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, y que no implicó una sustitución indebida del Tribunal de Enjuiciamiento, sino una corrección razonada de deficiencias en la motivación absolutoria. Precisó que la Sala analizó de manera integral y conjunta los medios de prueba —testimoniales y documentales— y explicó por qué otorgó mayor credibilidad a aquellos que acreditaban que el quejoso ejerció de facto funciones propias del cargo de Director Jurídico sin nombramiento, descartando razonadamente las versiones exculpatorias.

l) Añadió que la sentencia no se apoyó en testimonios de oídas como prueba única o decisiva, sino en un acervo plural que permitió tener por demostrados los hechos y el dolo, superando el estándar de duda razonable. En ese contexto, sostuvo que no se vulneró la presunción de inocencia, pues la condena se sustentó en pruebas suficientes y debidamente motivadas, sin apreciaciones arbitrarias ni inferencias ilógicas.

m) Adicionalmente, concluyó que no se vulneró el principio pro persona, ya que dicho principio no autoriza a interpretar las pruebas o la ley penal de forma contraria a su sentido normativo ni a convalidar conductas ilícitas, sino únicamente a optar, entre interpretaciones válidas, por la que otorgue mayor protección a los derechos humanos.

n) Señaló que, en la especie, no existían interpretaciones igualmente válidas que permitieran eximir de responsabilidad al quejoso, pues quedó acreditado que ejerció funciones públicas sin nombramiento ni toma de posesión, por lo que no era jurídicamente posible una lectura más favorable sin desnaturalizar el tipo penal. En consecuencia, estimó que la Sala Penal aplicó correctamente la ley y valoró la prueba conforme a derecho, sin desconocer el principio pro persona ni los derechos fundamentales invocados.

o) En respuesta a los argumentos esgrimidos por el quejoso, con relación a que actuó bajo consentimiento o instrucciones de su superior jerárquico, que no se acreditó daño o peligro concreto al bien jurídico y que se le condenó sin acreditar un resultado material ni un nexo causal, el Tribunal Colegiado los calificó de infundados.

p) Lo anterior, en virtud de que no se acreditaron causas de justificación ni la inexistencia de daño o nexo causal, al estimar que el quejoso no actuó al amparo de una orden jurídicamente válida ni en cumplimiento de un deber legal, pues el consentimiento o instrucciones del superior jerárquico no eliminan la antijuridicidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público. Precisó que el bien jurídico protegido no es la voluntad del superior, sino la legalidad y certeza en el ejercicio de la función pública, la cual se ve afectada con el solo ejercicio de funciones sin nombramiento ni toma de posesión, sin que sea necesario acreditar un daño patrimonial concreto.

q) Asimismo, sostuvo que el dolo quedó demostrado por la conciencia del quejoso sobre la falta de investidura formal, y que el nexo causal se configura con la realización misma de los actos propios del cargo, por lo que la conducta fue típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, determinó negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso.

23. Agravios. En desacuerdo con la determinación del Tribunal Colegiado, el quejoso interpuso recurso de revisión en el que hizo valer los motivos de disenso siguientes:

a) En primer lugar, sostiene que el Tribunal Colegiado indebidamente declaró constitucional el tipo penal contenido en la fracción I, del artículo 169 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, e insiste en que vulnera los principios de legalidad y taxatividad contenidos en el artículo 14 constitucional, en virtud de que no describe con claridad y precisión la conducta prohibida.

b) Reitera que el artículo impugnado constituye un tipo penal abierto, ya que no define qué “funciones” son penalmente relevantes; no precisa qué debe entenderse por “empleo, cargo o comisión”; no establece qué tipo de nombramiento es exigible; ni quién es la autoridad competente para otorgarlo.

c) Lo anterior impide al destinatario de la norma conocer con certeza qué conductas están prohibidas y permite aplicaciones arbitrarias.

d) Sostiene que el Tribunal Colegiado suplió las deficiencias del legislador, al dotar de contenido al tipo penal combatido mediante dogmática penal, categorías del derecho administrativo y referencias a la organización del servicio público, lo que —a su juicio— constituye una interpretación extensiva o integradora prohibida, contraria al principio nullum crimen, nulla poena, sine lege.

e) Reprocha que el órgano de amparo haya validado que el contenido del tipo penal se complete “después” con normas administrativas o criterios judiciales, cuando la definición del delito le corresponde exclusivamente al poder legislativo.

f) Se queja de que el Tribunal Colegiado no haya ejercido un control de convencionalidad, a pesar de estar obligado por el artículo 1° constitucional, así como la jurisprudencia derivada del caso Radilla Pacheco, ya que debió desaplicar la norma penal al resultar incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

g) Sostiene que se aplicó erróneamente el principio pro persona, ya que optó por la interpretación más restrictiva, salvando así la norma penal, cuando debía dar preferencia a la interpretación más favorable al gobernado.

h) Argumenta que existió una confusión entre el derecho penal y el derecho administrativo y laboral, ya que el orden jurídico reconoce la existencia de relaciones laborales aún sin nombramiento formal, permite el desempeño de funciones por comisión o encargo y prevé consecuencias administrativas, no penales.

i) Afirma que el tipo penal criminaliza irregularidades administrativas, y no se justifica por qué deben ser objeto de sanción penal, cuando existen mecanismos menos gravosos dentro del derecho administrativo. Esto constituye una violación al principio de mínima intervención del derecho penal.

j) Dice que el delito, al considerarse como de mera conducta, prescinde de todo daño o peligro concreto al bien jurídico tutelado, lo que resulta incompatible con el artículo 2 del Código Penal local, así com

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34384-f09673ea/delito-de-ejercicio-indebido-del-servicio-publico-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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