I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS EQUIVALENTES A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA NORMA GENERAL EMITIDA POR LA LEGISLATURA LOCAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE RECLAMA AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. III. PRINCIPIO DE TIPICIDAD. CONSTITUYE UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE DEL ACREDITAMIENTO DEL INJUSTO PENAL Y LA BASE FUNDAMENTAL DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TODAS SUS DERIVACIONES. IV. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO PUEDE OBLIGAR AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. V. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ELEMENTOS PARA ANALIZAR EL GRADO DE SUFICIENCIA EN LA CLARIDAD Y PRECISIÓN DE UNA NORMA. VI. DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES DE LA AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA EXPRESIÓN "EJECUTAR ACTOS VIOLENTOS O AGRESIVOS" NO CONTIENE LA PRECISIÓN NECESARIA PARA LIMITAR RAZONABLEMENTE EL CONJUNTO DE CONDUCTAS QUE PUEDEN ACTUALIZAR ESE TIPO PENAL Y, POR TANTO, PARA EVITAR SU APLICACIÓN ARBITRARIA, POR LO QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES DE LA AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA ADOPCIÓN DEL ADJETIVO "AGRESIVO" COMO UN CONCEPTO DISTINTO AL DE "VIOLENCIA" EN SU DESCRIPCIÓN TÍPICA, DEJA UN AMPLIO CONJUNTO DE CONDUCTAS AL ARBITRIO DEL INTÉRPRETE QUE PUEDE DERIVAR EN SU APLICACIÓN EN ACTOS NO PREDETERMINADOS POR LA NORMA, POR LO QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. DELITOS COMETIDOS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS O AGENTES DE LA AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO CULTURAL O LEGAL CONSTITUYEN UN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE EL LEGISLADOR Y LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA NO SÓLO TENER SUFICIENTEMENTE DETERMINADA UNA EXPRESIÓN, SINO PARA POSTERIORMENTE BUSCAR ALCANZAR UNA MAYOR CONCRECIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 277, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 147/2017. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ. 15 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. HIZO SUYO EL ASUNTO EL MINISTRO: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Andrés López Espinoza, en su carácter de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
A. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
B. Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí.
Norma general cuya invalidez se reclama:
El artículo 277 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante decreto publicado en la edición extraordinaria del Periodo Oficial del Gobierno del Estado denominado "Plan de San Luis" el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son en síntesis, los siguientes:
I. La reforma al artículo 277, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí vulnera el discurso y la libertad que se encuentran protegidos constitucionalmente, limitando el derecho a la libertad de expresión, sin que dicha restricción sea necesaria para una sociedad democrática.
Previo a su reforma, el artículo combatido contenía las tres acciones que se consideran elementos del tipo penal, es decir denigrar, calumniar u ofender. Sin embargo, la reforma impone una limitación a las personas en su derecho de expresión y manifestación, ya que establece como elemento del tipo penal los actos violentos o agresivos que realice cualquier persona en contra de una autoridad, en ejercicio de sus funciones.
Los términos utilizados por los legisladores como "actos violentos o agresivos" resultan demasiado ambiguos para sancionar todo tipo de conductas para considerarlas como delitos.
El término de violencia es sumamente amplio, pues el mismo puede ser considerado en extremos como violencia moral, abarcando hasta un posible estado de miedo.
En el marco jurídico para ese Estado se encuentra la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, el cual amplió el catálogo en cuanto a la definición de violencia en los siguientes términos:
"Artículo 3o. Para efecto de la aplicación de los programas y acciones del Estado y los Municipios, que deriven del cumplimiento de la presente ley y del programa estatal, así como para la interpretación de este ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia que se presentan contra las mujeres son:
"I. Violencia contra los derechos reproductivos: toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia;
"II. Violencia docente: las conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen maestras o maestros;
"III. Violencia económica: toda acción u omisión del agresor que afecta la situación económica de la víctima;
"IV. Violencia feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres;
"V. Violencia física: cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos, y que puede provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas;
(Reformada, P.O. 10 de octubre de 2017)
"VI. Violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley, y todo tipo de discriminación por condición de género;
"VII. Violencia obstétrica: es todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud, de manera directa o indirecta, que dañe, denigre, discrimine, o dé un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio; que tenga como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Puede expresarse en:
"a) Prácticas que no cuenten con el consentimiento informado de la mujer, como la esterilización forzada.
"b) Omisión de una atención oportuna y eficaz en urgencias obstétricas.
"c) No propiciar el apego precoz del niño con la madre, sin causa médica justificada.
"d) Alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin que ellas sean necesarias.
"e) Practicar el parto vía cesárea sin autorización de la madre cuando existan condiciones para el parto natural;
"VIII. Violencia patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la situación patrimonial de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
"IX. Violencia política: cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas, o servidores públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales, o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad. Puede expresarse en:
"a) La imposición por estereotipos de género y la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo.
"b) La asignación de responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública.
"c) Proporcionar a las mujeres candidatas, o autoridades electas o designadas, información falsa, errada, o imprecisa que ocasione una competencia desigual, o induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político-públicas.
"d) Evitar por cualquier medio que las mujeres electas, titulares o suplentes, o designadas a una función pública, asistan a la toma de protesta de su encargo, así como a las sesiones ordinarias o extraordinarias, o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones, impidiendo o suprimiendo el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los hombres.
"e) Proporcionar al Instituto Nacional Electoral, datos falsos o información incompleta de la identidad, o sexo de la persona candidata.
"f) Divulgar o revelar información personal y privada de las mujeres candidatas, electas, designadas, o en ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos, y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan;
"X. Violencia psicológica: todo acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
"XI. Violencia sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual e integridad física, que implica el abuso de poder y la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y
"XII. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres."
La norma impugnada tiene un ámbito de aplicación sumamente extenso y con ello el Legislativo restringe la libertad de expresión.
El propio marco jurídico estatal amplía la concepción que tiene de violencia para el Código Penal, al prever la definición del concepto en un ordenamiento jurídico diverso. Y lo que demuestra es que resulta un concepto ambiguo, por la amplitud que se le puede otorgar.
Del Diccionario Jurídico Mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Diccionario del Español Jurídico editado por la Real Academia de la Lengua, se puede inferir que el término "agresión" tiene una connotación más limitada en su sentido jurídico, considerando dentro de su definición el ataque o acción que tenga como fin el generar un daño en la otra persona.
Los conceptos independientes de "violencia" y "agresión" contenidos en la norma impugnada tienen un ámbito de aplicación sumamente extenso, por lo que restringe el derecho a la libertad de expresión, reconocido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Máximo Tribunal ha señalado que para verificar si una limitación a un derecho cumple con las exigencias constitucionales y convencionales establecidas para toda restricción de derechos, debe contener los siguientes elementos: i) establecida en la ley, ii) persigue un fin legítimo y, iii) es necesaria en una sociedad democrática.
La norma está contemplada en la ley y la finalidad perseguida por el legislador al establecer como delito actos violentos o agresivos en contra de un servidor público o funcionario público, pudiera ser compatible con la Constitución Federal y los estándares internacionales; sin embargo, se estima que ello, por sí solo, es insuficiente para tener por satisfecho el requisito de necesidad e idoneidad.
El artículo impugnado es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas, pues sanciona con privación de la libertad esa expresión de ideas, sin que ello esté verdaderamente justificado. Además, el legislador empleó en la redacción del tipo penal un término demasiado amplio para disuadir y sancionar cierto tipo de conductas que sí caen fuera del discurso protegido, ya sea por estar dirigidas a funcionarios que realizan funciones específicas o que las palabras o expresión realizadas tengan como finalidad única el provocar odio e incitar a la violencia a aquella persona que lo recibe.
Si bien el artículo pretende castigar una conducta no protegida constitucionalmente en un ámbito material que no conforma un discurso protegido, lo cierto es que los términos que utiliza el legislador en el numeral impugnado potencialmente sancionan la expresión de ideas impopulares, provocativas y que para ciertos sectores de la ciudadanía pueden considerarse ofensivas contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, a pesar de que esas expresiones sí se encuentran protegidas por la Constitución como libertad de expresión.
Los términos utilizados en el tipo penal no pueden ser tan amplios que permitan su utilización para sancionar penalmente las expresiones de los gobernados, en especial cuando éstas son impopulares, provocativas o aquellas que ciertos sectores consideran ofensivas dirigidas a expresar su inconformidad contra ciertos actos de autoridad o con motivo de ellas.
La falta de adecuación o idoneidad del tipo penal puede llevar a que los ciudadanos al dudar acerca de si su comportamiento puede o no ser incluido por las autoridades bajo la amplia noción de violencia o agresión, se inhiban o renuncien por temor a expresarse del modo desenvuelto que es propio de una democracia consolidada.
La reforma legislativa carece de un medio idóneo para "asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás", en términos del artículo 19.3, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además, el artículo impugnado provoca de facto un silencio en la participación ciudadana, limitando el diálogo por temor a ser sancionado a través de un tipo penal tan ambiguo.
La norma impugnada no cumple con el requisito de necesidad de las medidas restrictivas de derechos, pues el poder punitivo del Estado únicamente debe ejercerse contra ataques sumamente graves a los bienes jurídicamente protegidos. La necesidad de usar el derecho penal para imponer limitantes a la libertad de expresión únicamente debe considerarse ante la extrema gravedad de la conducta que se pretende sancionar, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Usón Ramírez Vs. Venezuela.
II. La reforma al artículo 277 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí viola los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad penal (en su vertiente de taxatividad) y el principio de legalidad.
La reforma impugnada tiene como marco normativo los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (principio de legalidad y de retroactividad), 14 de la Constitución Federal y 17, fracción II, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.
La reforma objetada viola el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal. Si bien establece un tipo penal para sancionar, de su propio contenido no se advierte que el legislador estatal haya dispuesto de forma clara y exacta la descripción típica, pues queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos la decisión sobre cuándo es que el actuar del ciudadano se considera violento o agresivo.
El Congreso Estatal legisló en la norma impugnada lo que la dogmática establece como un tipo penal abierto y, en consecuencia, viola el derecho humano de la seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley.
Los conceptos de "violencia" y "agresión" son totalmente amplios en cuanto a su definición, por lo que en sí mismos generan falta de certeza para el gobernado de conocer cuáles son las acciones que penalmente se consideran reprochables, es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia que permita la arbitrariedad en su aplicación.
El mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición puede ser conocido por el destinatario de la norma, de tal manera que el legislador al crear los tipos penales debe redactarlos de la manera más precisa y clara posible a fin de acatar los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal lo que no se cumplió en la norma combatida.
Para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos es necesario que en el artículo impugnado se señale la conducta de manera clara y precisa, no dando cabida a interpretaciones confusas o indeterminadas.
El sentido y alcance del mandato contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, en el que sostuvo que la ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el camino al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.
Asimismo, cita lo resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 29/2011, así como diversos criterios emitidos por la Primera Sala en relación con el principio de taxatividad.
La autoridad al establecer un parámetro de limitación a los gobernados para realizar manifestaciones o expresiones de libertad, ideó el tipo penal pero elimina conceptos como denigrar y calumniar, las cuales anteriormente regían el artículo 277 de la ley sustantiva penal en el Estado.
Previo a la reforma impugnada, los gobernados se encontraban en aptitud de enfrentar a la autoridad, siempre y cuando no denigraran ni calumniaran, protegiendo el bien jurídico de la dignidad de la autoridad y la veracidad en cuanto al actuar del imperio.
La redacción actual del tipo penal contenido en el artículo 277, amplió hasta el extremo de incluir los vocablos violencia y agresión, pudiendo abarcar un infinito número de posibilidades hasta la de agredir a la autoridad con la verdad o violentar a las autoridades al hacer pública la verdad.
No resultan claros los alcances que puede tener el tipo en cuanto a los conceptos de "violencia" y "agresión", ni gramaticalmente ni en contraste con diversos cuerpos normativos ni aún menos en el contexto de la norma.
Una interpretación tan amplia abriría un campo inadmisible a la arbitrariedad y restringiría de raíz la libertad de expresión que forma parte integral del orden público mismo.
TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Artículos 1o., 6o., 7o., 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5 y 6 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y los preceptos 8 y 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 147/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.(1)
Por auto de veintiuno de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación.
La reforma en controversia derivó de las discusiones que tuvieron los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la figura del delito de ultrajes a la autoridad y sobre la inconstitucionalidad de éste, al considerar que viola el principio de legalidad y seguridad jurídica.
Tomando como base lo anterior, la Legislatura Local reformó el delito de ultrajes a la autoridad por atentar contra la libertad de expresión, porque sustancialmente vulneraba el principio de taxatividad, debido a que ultraje es un concepto muy abierto en el cual cabrían muchísimas connotaciones.
Bajo el contexto anterior, la Legislatura coincidió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la libertad de expresión no es absoluta, porque tiene límites tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, sin que pueda en ejercicio de ese derecho provocar algún delito o perturbar el orden público.
La reforma no restringe el derecho a la libertad de expresión ni fija un límite a través de un delito, sino que por el contrario promueve el respeto a los principios morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad, específicamente de los servidores o funcionarios públicos o agentes de la autoridad.
Si bien las ideas u opiniones no pueden ser limitadas, porque la libre comunicación de pensamientos es una garantía constitucional, quien realice ese tipo de actividades debe responder a su abuso, cuando contravengan el respeto a la vida, a la moral y a la paz pública.
La reforma en estudio no constituye una limitación al derecho de expresión porque cumple con las exigencias constitucionales. No excede limitaciones que previamente fueron establecidas. Persigue un fin legítimo y resulta necesaria en nuestra sociedad democrática.
La sanción prevista en el artículo combatido de ninguna manera es la medida más lesiva contra el ciudadano que decide expresar sus ideas, porque lo que pretende sancionarse es al ciudadano que ejecute un acto violento o agresivo en contra de un servidor o funcionario público o agente de la autoridad, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, cuando traspase las limitaciones específicas establecidas en la Constitución y en el derecho convencional para ejercer su libertad de expresión.
No se puede concebir que la libertad de expresión no tenga límites y que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio dentro de los parámetros previamente establecidos en la Carta Magna.
El artículo 7o. de la Constitución Federal evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión, al establecer que ésta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, destacando la imposibilidad de someter la manifestación de ideas a inquisiciones de los poderes públicos.
Por ello, el tipo penal que plasma la reforma no pretende sancionar la expresión de ideas, sino sancionar los excesos previamente tasados a la libertad de expresión que de forma violenta o agresiva pretendan intencionalmente causar daño, lesión o menoscabo en la moral, los derechos, la vida privada, el honor, dignidad y derecho a la intimidad personal que se encuentran tutelados por la Constitución.
El tipo penal impugnado va referido a la intencionalidad y dolo para causar un daño, lesión o menoscabo en el servidor o funcionario público y así proteger el bien jurídico tutelado.
La reforma está dirigida a proteger el bien jurídico tutelado por la norma, el cual se traduce en que la autoridad pueda llevar a cabo el ejercicio de sus funciones con el respeto de los particulares, pues son los representantes del Estado y los guardianes del orden.
En la exposición de motivos se refirió que es necesario proteger el ejercicio de las funciones públicas específicas, como las que realizan los agentes de la policía; los inspectores estatales o municipales, los actuarios, los notificadores, etcétera, entendiéndose que es obligación de los ciudadanos permitir el correcto ejercicio de las funciones y de la actuación de las autoridades, siempre que éstas cumplan con sus facultades y se deriven del cumplimiento de un mandato legal y/o derivado del mando de un superior jerárquico de quien reciben órdenes.
Por cuanto hace al supuesto amplio margen que tiene el operador jurídico para aplicar el artículo reformado, entra la valoración del juzgador de distinguir lo que realmente sea un acto violento o agresivo con la finalidad de dañar, lesionar u ofender a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al aspecto de sancionar con pena privativa de la libertad a quienes ejecuten el delito en comento, dicha pena entra al ámbito de la libertad de configuración legislativa del Estado de San Luis Potosí y, por ende, ello no lo hace inconstitucional, pues el precepto respondió al entorno político, económico y social de nuestra entidad federativa.
El Poder Legislativo tipificó correctamente la conducta para sancionar a quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor público o funcionario en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, además de la que le corresponda por el delito cometido, cumpliendo el requisito de taxatividad.
Dado que el delito de ultrajes a la autoridad, daba mucho margen al operador jurídico para aplicarlo prácticamente a cualquier manifestación, el principio de taxatividad se lesionaba frente a una indefinición de la conducta del sujeto activo del delito, motivo por el cual la Legislatura del Estado modificó el tipo penal con la finalidad de precisar los actos y conductas ilícitas a sancionar.
La reforma combatida atiende al principio de taxatividad porque la norma precisa sus limitantes a ciertas circunstancias específicas con el fin de brindar seguridad jurídica y a la igualdad en la aplicación de la ley. Se realizó con la finalidad de resolver un problema de taxatividad de la norma, para que los particulares frente a la autoridad conozcan con certeza cuál es la conducta prohibida y cuál la permitida.
El artículo en referencia, incluye aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal, es decir, como componente objetivo establece la conducta o ejecución de un acto violento o agresivo que exterioriza una persona en contra de un servidor público y como componente subjetivo la intencionalidad, es decir, el dolo para causar un daño o lesión al realizar la conducta exterior descrita.
Al reformar el tipo penal se analizó la necesidad de proteger el ejercicio de las funciones públicas específicas, como las que realizan los agentes de la policía, inspectores, actuarios, etcétera, ya que estos servidores públicos en ejercicio de sus funciones son sujetos de agresiones verbales o físicas, motivo por el cual se reformó para que éste sancione los delitos cometidos contra los servidores públicos y así proteger sus actividades.
No se está ante un tipo penal abierto, porque los conceptos de violencia y agresión, llevan implícito un dolo, cuyo fin es el de producir un daño, lo cual constriñe al juzgador a valorar y analizar la presunción de la intencionalidad del delito, cuyo resultado que se produzca puede ser reprochable a título de dolo.
La supuesta ambigüedad de la descripción que refiere el accionante no es a tal grado que ocasione que la autoridad judicial sea la encargada de determinar la descripción típica porque no se trata de un problema de taxatividad, sino si las normas de actuación de los particulares frente a la autoridad se encuadran en su derecho de libertad de expresión o no.
En conclusión, la reforma no constituye una transgresión directa al derecho y garantía de la libertad de expresión, pues no pretende penalizar o sancionar la expresión de ideas impopulares, sino que por el contrario se enfoca a proteger un bien jurídico tutelado, el cual es que la autoridad pueda llevar a cabo el ejercicio de sus funciones con el respeto de los particulares.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Morelos sostuvo que la reforma al Código Penal del Estado fue como consecuencia de armonizar la legislación en atención a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 277 del Código Penal del Estado, pronunciada por el Alto Tribunal en los juicios de amparo en revisión 2255/2015 y 4436/2015.
En la especie con motivo de las reformas contenidas en el decreto legislativo en estudio, se estableció un tipo distinto al de ultrajes a la autoridad, que pena los actos de violencia o agresiones en contra de un funcionario o agente de la autoridad en el ejercicio lícito de sus funciones o con motivo de ellas, sin que se establezca una simple sanción por la manifestación o expresión de ideas, lo que resulta progresivo con el reconocimiento de tal derecho humano en el Código Penal del Estado.
La disposición normativa en estudio es precisa en cuanto a la conducta sancionada. El Poder Legislativo tiene la facultad de proteger, mediante la ley, el ejercicio de las funciones públicas. La norma combatida busca proteger el ejercicio lícito de las funciones de los servidores públicos, a efecto de salvaguardar su actuación, así como su integridad. La conducta sancionada es el despliegue de actos violentos o agresivos que sean perpetrados en contra de agentes de la autoridad en ejercicio lícito de sus funciones.
De la redacción del artículo impugnado, deben actualizarse los siguientes supuestos: el despliegue de actos violentos o agresivos; que dichos actos tengan como destinatario un funcionario o agente de la autoridad; que los citados actos violentos o agresivos sean perpetrados cuando el funcionario o agente de la autoridad se encuentre en el ejercicio o con motivo de las funciones que la ley le confiere; y que el ejercicio de las funciones de la autoridad se encuentren apegadas al marco legal aplicable.
La disposición penal es clara en cuanto a su formulación, de tal manera que su destinatario se encuentra en plenitud de conocimiento de la conducta típica objeto de prohibición, sin que quepa lugar a duda o incertidumbre; cumpliendo a su vez con la finalidad de salvaguardar el ejercicio de sus funciones públicas, sin que en el caso se sancione en modo alguno la expresión de ideas, como lo pretende sostener el accionante.
El principio de taxatividad no puede traducirse en que para cada tipo penal, el legislador tenga que definir cada vocablo o locución utilizada al redactarlo y, asimismo, la taxatividad debe atender al contexto en el que se desarrollan las disposiciones legales.
SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción. En proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre un artículo del Código Penal del Estado d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30073-c58c0dba/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-organismos-de-proteccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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