DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4832/2018. LILIANA GARCÍA ORTEGA. 31 DE OCTUBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la vigente Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Máximo Tribunal. Lo anterior, toda vez que fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala y no es de interés excepcional para que conozca el Tribunal Pleno.
8. SEGUNDO.—Oportunidad y legitimación. Previo a efectuar el análisis correspondiente, se hace necesario establecer si el recurso se interpuso de manera oportuna.
9. La notificación de la sentencia se realizó de manera personal el nueve de julio de dos mil dieciocho,(1) la que surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, el diez de ese mismo mes; en consecuencia, el plazo de diez días transcurrió del once de julio al nueve de agosto de dos mil dieciocho, excluyéndose los días catorce de julio, cuatro y cinco de agosto de esa misma anualidad, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el periodo comprendido del quince al treinta y uno de julio de esa a anualidad en atención al primer periodo vacacional que goza el Poder Judicial de la Federación.
10. Por tanto, si el recurso se recibió en la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, su presentación fue oportuna.
11. En diverso aspecto, la revisión fue interpuesta por parte legitimada, pues el recurso lo firmó la propia quejosa.
12. TERCERO.—Cuestiones necesarias para resolver. Previo a determinar la procedencia del recurso de revisión, se hace una relación, en lo que interesa, de los antecedentes del asunto, de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, de las consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito y de los argumentos expuestos en vía de agravios.
I. Incidente de inejecución de sentencia **********
13. **********, por conducto de su administradora promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, concretamente reclamó los artículos 77, fracciones II; 94-Bis al 94-Bis 12 y 119 al 125, relacionados con el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, al considerar que violaban el principio de proporcionalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
14. Por sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil catorce, en el expediente **********, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió la protección constitucional en los siguientes términos:
"a) No se le aplique en el presente y en lo futuro, la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ específicamente en sus artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 77, fracción II, quedando desvinculada de las obligaciones tributarias legisladas.
"b) No se le aplique en lo presente y en lo futuro, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 94 Bis, 94 Bis-1, 94 Bis-2, 94 Bis-3, 94 Bis-4, 94 Bis-5, 94 Bis-6, 94 Bis-7, 94 Bis-8, 94 Bis-9, 94 Bis-10, 94 Bis-11 y 94 Bis-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 quedando desvinculada de las obligaciones tributarias legisladas, hasta en tanto sean modificados.
"...
"c) Le sea devuelto a la quejosa, con excepción de un día de salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, el importe que pagó por los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ... con motivo de la aplicación del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, según el recibo de pago con número A 989734, de diecisiete de octubre del año dos mil trece; expedido por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, cantidad que debe estar debidamente actualizada; esto es, previamente a devolver la cantidad que corresponda, deberá cobrarse a la parte quejosa un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos, por concepto de la inscripción de los derechos ya citados, y hecho lo anterior, devolverle la cantidad restante.
"...
"d) Le sea devuelto a la quejosa, el importe que pagó por concepto de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, el cual se advierte del recibo de pago con número CP 17904, de veintidós de octubre de dos mil trece; expedido por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, cantidad que debe estar debidamente actualizada.
"e) Le sean devueltos a la quejosa los tributos adicionales ligados al cobro de los derechos registrales y al impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, equivalentes al veinticinco por ciento, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el servicio de inscripción aludido y por el impuesto referido, no existe base legal para cobros adicionales, cantidades que, por cierto, ya se encuentran englobadas en los recibos de pago ya mencionados, pues su entero se hizo de manera conjunta con los derechos registrales e impuesto antes expresados.
"...
"En la inteligencia de que la devolución de las cantidades precisadas en los párrafos que anteceden, correrá a cargo de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaría de Ingresos de la citada dependencia y Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos."
15. Una vez que la sentencia causó ejecutoria, se requirió en diversas ocasiones al titular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, Subsecretaría de Ingresos de la misma adscripción y al tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, así como a su respectivo superior jerárquico, gobernador constitucional de dicho Estado, para que exhibieran las constancias que acreditaran el cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria.
16. Sin embargo, ante la omisión de dichas autoridades de cumplir con la sentencia de amparo, se tramitó el incidente de inejecución **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. En sesión de once de septiembre de dos mil catorce, el Tribunal Colegiado determinó remitir los autos del juicio de amparo ********** a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
17. Previos requerimientos a las autoridades responsables por parte del presidente de este Alto Tribunal en el incidente de inejecución de sentencia **********, por resolución del Tribunal Pleno en sesión de veinticinco de agosto de dos mil quince, se declaró fundado el incidente de inejecución de sentencia y se ordenó lo siguiente:
a. La inmediata separación de Liliana García Ortega en el cargo de Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Estado de Morelos (en caso de que a la emisión de dicho fallo aún lo ejerciera), por haber incumplido como autoridad directamente vinculada la sentencia constitucional de diecinueve de febrero de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca.
b. Su consignación directa ante el Juez de Distrito en el Estado de Morelos en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que fuera juzgada y sancionada por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo.
II. Proceso penal
18. Por oficio presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince, ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, en vía de consignación directa de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ejerció acción penal en contra de Liliana García Ortega como probable responsable del delito de desacato a una sentencia de amparo, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal.
19. Previa declaración preparatoria, el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se dictó auto de formal prisión en la causa penal **********, la que fue confirmada por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito mediante resolución de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.
20. Seguido el procedimiento, el cinco de junio de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, dictó sentencia condenatoria a Liliana García Ortega, por considerarla penalmente responsable del delito previsto y sancionado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que le impuso una pena de cinco años de prisión y cien días de multa.
III. Recurso de apelación
21. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación del que conoció el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Octavo Circuito. Por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida.
IV. Demanda de amparo directo
22. Liliana García Ortega promovió juicio de amparo directo, en el que formuló los siguientes conceptos de violación en materia de constitucionalidad:
23. El artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal es contrario al numeral 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 y 11 de la Declaración de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la facultad allí prevista viola los principios de tutela judicial efectiva, imparcialidad judicial, acceso a la justicia, debido proceso, legalidad, seguridad, certeza e igualdad jurídica, por lo que solicitó se realizara un control de convencionalidad del artículo 107, fracción XVI.
24. Además, las facultadas que se conceden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resultan violatorias de derechos fundamentales ya que no se encuentran reglamentadas en una ley secundaria, lo que genera un vacío legal que atenta contra el debido proceso, lo que genera un conflicto de normas con los diversos 14, 16, 20 y 21 de la propia Constitución Federal.
25. Tildó de inconstitucional el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo el argumento toral de que violaba el principio de exacta aplicación de la ley penal, porque describe dos conductas delictivas distintas con una misma sanción, una por acción y otra por omisión, sin lograr diferenciar con base en las facultades o atribuciones que identifican los actos de autoridad y su organización jerárquica.
26. Refirió que al no prever una sanción concreta para cada una de las conductas, se deja al arbitrio de la autoridad judicial imponer la pena correspondiente, ya que no contempla las atribuciones ni la jerarquía de la autoridad que deba hacer cumplir la ejecutoria y aquella que no la cumple, a fin de establecer la misma sanción para conductas distintas.
27. Por tanto, era violatorio del artículo 14 constitucional, el cual dispone el principio de aplicación exacta de la ley penal en su vertiente de taxatividad, consistente en que la materia de la prohibición, contenida en los tipos penales sea precisa y sin ambigüedades, con la finalidad de que se advierta con claridad cuál es la conducta sancionable y la pena aplicable, para que el procesado no quede sujeto a la arbitrariedad del juzgador al aplicar la ley, es decir, el legislador debe establecer con exactitud la conducta que estima dañina, ya que en caso contrario existirá incertidumbre jurídica en cuanto al encuadramiento de la conducta a la descripción típica.
28. Adujo que para dar claridad al tipo penal y cumplir con el mandato de taxatividad, el legislador debió separar en fracciones distintas los delitos de incumplimiento de una sentencia de amparo y no obligar a cumplirla, pues el primero se trata de una acción u omisión directa y el segundo una omisión indirecta.
V. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito
29. Calificó de inoperantes los conceptos de violación, porque el proceso penal tuvo origen en la consignación directa que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Juez de Distrito, con motivo de lo resuelto en el incidente de inejecución de sentencia 667/2014 de su índice, de conformidad con la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, para que fuera sancionada con motivo del desacato a una sentencia de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 267, fracción I, de la ley de Amparo.
30. Sostuvo que debido a esa circunstancia, tanto el Juez de la causa como el tribunal de alzada de manera innecesaria analizaron los elementos del delito que se atribuyó a la quejosa.
31. Refirió que si bien la quejosa reclamó la sentencia emitida por el Tribunal Unitario, en realidad se dolía de la determinación asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que ordenó su destitución en el cargo por el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, constituyendo tal omisión un hecho punible en términos de la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo.
32. Consideró que no analizaría el tópico relativo a la inconstitucionalidad del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, porque si bien fue aplicado por el Juez de la causa con motivo de la sanción impuesta, ello obedeció a la consignación directa que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión resulta inatacable.
33. En relación con la penalidad impuesta, estimó que el tribunal podía ocuparse de su análisis, sin embargo no era el caso su examen, porque al haber sido impuesta la mínima, ningún beneficio mayor podía obtener la solicitante del amparo.
VI. Agravios en el recurso de revisión
34. La recurrente reiteró en sus agravios los argumentos que formuló como conceptos de violación en relación con la inconstitucionalidad del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que violaba el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, previsto en el artículo 14 constitucional.
35. Consideró que el Tribunal Colegiado convalidó las violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa, porque omitió realizar el estudio de constitucionalidad del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.
36. Insistió en que si bien el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal establece las facultades extraordinarias de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectuar la consignación ante el Juez de Distrito, está obligado a respetar los derechos fundamentales de todo gobernado, en especial el debido proceso, la fundamentación y motivación legal; sin embargo, debió realizar su actividad procesal mediante el respectivo pliego de consignación, lo que no aconteció en la especie, en contravención a lo dispuesto por los artículos 134 y 135 del Código Federal de Procedimientos Penales.
37. Asimismo –insistió– el requisito de procedibilidad que debe permear en todo el proceso penal, no puede ser suplido ni justificado, por lo que si no se contaba con dicho pliego, existió un vicio de origen en la causa penal, al margen de que en el auto de radicación el Juez haya dado la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación.
38. CUARTO.—Análisis de la procedencia del recurso. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, cuando se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.
39. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
a) El Tribunal Colegiado de Circuito resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
b) El problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales del Pleno.
40. Al respecto, el punto primero del Acuerdo General Número 9/2015 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, señala:
"PRIMERO. El recurso de revisión contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, si se reúnen los supuestos siguientes:
"a) Si en ellas se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,
"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
"SEGUNDO. Se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) del punto inmediato anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.
"También se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación."
41. En términos del punto segundo del acuerdo mencionado, se entenderá que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del inciso a) anterior, se advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; adicionalmente, también se considerará que la resolución de un amparo directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
42. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por tanto, la ausencia de cualquiera de esas propiedades es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
43. Sobre esto último se debe atender a lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General Número 9/2015 antes citado, en virtud del cual se entiende que se surten los citados requisitos de importancia y trascendencia cuando el examen de la determinación recurrida dé lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, así como cuando se desatienda algún criterio sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionado con una cuestión propiamente constitucional.
44. En virtud del referido marco constitucional y legal del amparo directo en revisión, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el recurso es procedente.
45. En el caso concreto, la parte quejosa en su demanda de amparo planteó la inconstitucionalidad del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, bajo el argumento toral de que era violatorio del principio de exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad; sin embargo, el Tribunal Colegiado omitió realizar dicho análisis al estimar que si bien fue aplicado por el Juez de la causa con motivo de la sanción impuesta, ello obedeció a la consignación directa que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya decisión resulta inatacable.
46. Ahora, en los agravios, la recurrente insiste en la inconstitucionalidad del referido precepto legal y argumenta que el Tribunal Colegiado omitió realizar su estudio.
47. En ese orden de ideas, esta Sala considera que se actualiza un genuino tópico de constitucionalidad, relativo a la regularidad constitucional del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual no fue analizado por el Tribunal Colegiado.
48. Adicionalmente, el problema de constitucionalidad planteado entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, en virtud de que no existe jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el problema de fondo, consistente en definir si el citado precepto transgrede el contenido de la Ley Fundamental.
49. Por tanto, se satisfacen los requisitos para la procedencia del recurso de revisión, porque subsiste un problema de constitucionalidad.
50. Sin que constituya materia de análisis del amparo directo en revisión, el tópico relativo a la facultad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectuar la consignación ante el Juez de Distrito en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en virtud de que la recurrente parte de que existe un vicio de origen en la causa penal, porque no se realizó el pliego de consignación en términos de los artículos 134 y 135 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que transgredió el debido proceso y violó el derecho de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 constitucional.
51. Como se puede apreciar, tales argumentos resultan ser planteamientos que no constituyen genuinos tópicos de constitucionalidad, y, únicamente, se erigen como temas de legalidad dirigidos a controvertir la fundamentación y motivación de la consignación respectiva.(2)
52. QUINTO.—Estudio de constitucionalidad. La parte quejosa adujo en sus conceptos de violación y en los agravios del recurso, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, es contrario al numeral 14 de la Constitución Federal, esencialmente porque viola el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley.
53. En ese tenor, el análisis de constitucionalidad se realizará en suplencia de la queja deficiente, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a la siguiente interrogante: ¿El artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, contempla dos conductas delictivas distintas con una misma sanción, sin que prevea una sanción concreta para cada una de las conductas, por lo que el tipo penal resulta ambiguo en contravención al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley y deja al arbitrio de la autoridad judicial imponer la pena correspondiente?.
54. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, en el sentido de que no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos.
55. También se ha precisado que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas, pues se ha considerado que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(3)
56. En relación con el principio de taxatividad, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********,(4) se consideró que ese principio, constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho. Se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales.
57. Se indicó que el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
58. El artículo 14 constitucional dispone que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.
59. Lo anterior revela que la precisión de las disposiciones en materia penal es una cuestión de grado, por ello, lo que se busca con este tipo de análisis no es validar las normas en sí y sólo si se detecta la certeza absoluta de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien lo que se pretende, es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.(5)
60. En contravención se encuentra la imprecisión excesiva o irrazonable, esto es, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber cómo actuar ante la norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad.
61. El Tribunal en Pleno ha identificado que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad, podría vulnerar otros derechos fundamentales en los gobernados. No sólo se trastocaría la seguridad jurídica de las personas al no ser previsible la conducta (incertidumbre), sino que se podría afectar el derecho de defensa de los procesados, ya que sería complicado conocer qué conducta es la que se atribuye, lo que incentivaría algún tipo de arbitrariedad gubernamental por parte de los aplicadores de las disposiciones (legalidad o igualdad jurídica).
62. Así, se afirmó que el principio de taxatividad exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas penales, a partir de dos directrices:
a) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y,
b) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.
63. Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, que la descripción típica no deba ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.
64. En virtud de lo relatado, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28457-ab24f089/delito-de-desacato-a-una-sentencia-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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