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Modo: Corpus Pro

DEMORA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN CUANDO OCURRE CON MOTIVO DE LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, COMO PARTE DEL EJERCICIO DE LA DEFENSA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7508/2023. · Registro digital (IUS): 32695
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.954.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7508/2023. 29 DE MAYO DE 2024. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Entre los meses de febrero y marzo de dos mil diecisiete, una persona entregó a otra, a quien conocía desde hace más de treinta y cinco años, dos relojes para que se los ofreciera a dos personas que estaban interesadas en comprarlos, con la condición de que en tres días se los devolviera o le entregara el dinero correspondiente de su venta.

Posteriormente, la persona que recibió los relojes dejó de comunicarse con el pasivo quien más adelante se enteró que uno de los relojes había sido vendido a otra persona, sin que el primero se lo hubiera comunicado o le hubiera entregado el dinero.

Por los hechos narrados se instruyó un procedimiento penal acusatorio por el delito de abuso de confianza, por lo que fue condenado a 1 año 9 meses de prisión, entre otras sanciones. En apelación se ordenó la reposición parcial de la audiencia de juicio oral. En contra de dicha determinación, la persona imputada promovió un juicio de amparo indirecto, mismo que se determinó sobreseer.

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de apelación, el Tribunal de Enjuiciamiento dio vista al acusado para que, en su caso, se suspendiera la audiencia de juicio a efecto de dar oportunidad de preparar la defensa tomando en cuenta la reclasificación jurídica, sin embargo, el imputado manifestó no requerir dicha temporalidad y el Tribunal confirmó la sentencia condenatoria.

Inconforme con esa resolución, la defensa interpuso un nuevo recurso de apelación, mediante el cual se resolvió absolver a la persona imputada en la comisión del delito de abuso de confianza.

En desacuerdo con dicha determinación, el ofendido promovió un juicio de amparo directo en el que el Tribunal Colegiado concedió la protección constitucional para que se celebrara nuevamente la audiencia de juicio ante un tribunal distinto porque pasó mucho tiempo para que se dictara la sentencia y ello vulneró el principio de inmediación. Inconforme, el propio ofendido interpuso el presente recurso de revisión.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7508/2023, interpuesto por el señor Persona "B" en contra de la sentencia dictada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la demora en el dictado de una sentencia en el procedimiento penal acusatorio, con motivo de las interposición de medios de impugnación como parte del ejercicio de la defensa, vulnera el principio de inmediación y, en caso de ser así, si implica la reposición total de la audiencia de juicio.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(1) Entre los meses de febrero y marzo de dos mil diecisiete, el señor Persona "B" acudió al local comercial del señor Persona "A", ubicado en la calle de Nombre de calle, número Número de domicilio, colonia Nombre de colonia, en Nombre de Ciudad, Guanajuato, para preguntarle si todavía tenía dos relojes que él mismo le había vendido con anterioridad.(2)

2. En virtud de que el señor Persona "A" todavía tenía los relojes, el señor Persona "B" le propuso que se los entregara para promover su venta, pues tenía unos clientes a quienes podría vendérselos y que, si en tres días no lograba su venta, se los regresaría o de lo contrario, le entregaría el dinero. El señor Persona "A" accedió a la propuesta debido a que tenía aproximadamente treinta y cinco años de conocer al señor Persona "B", por lo que le entregó los relojes.

3. Posteriormente, el señor Persona "B" acudió al domicilio del señor Persona "A" para solicitarle los estuches y las facturas de los relojes, en virtud de que ya tenía compradores; sin embargo, únicamente le entregó los estuches ya que las facturas no las tenía en ese instante.

4. Desde ese momento el señor Persona "B" dejó de comunicarse con el señor Persona "A", quien posteriormente se enteró de que el señor Persona "C" compró uno de los relojes (marca Primer nombre de marca), sin que hubiera sido informado de dicha venta ni recibido alguna cantidad de dinero. Aunado a lo anterior, el señor Persona "A" no tuvo conocimiento del destino del otro reloj (marca Segundo nombre de marca).

5. Juicio penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra del señor Persona "B", del que correspondió conocer al Tribunal Unitario de Juicio Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, que registro la causa penal con el número de expediente Segundo Número de Expediente.

6. En audiencia de juicio, culminada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, el mencionado Tribunal Unitario de Juicio Oral dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona "B" por la comisión del delito de abuso de confianza, en la modalidad de quien disponga una cosa mueble ajena, previsto en el artículo 198 del Código Penal del Estado de Guanajuato, en agravio del señor Persona "A", por lo que le impuso una pena privativa de libertad de un año, nueve meses, entre otras sanciones.(3)

7. Primer recurso de apelación. Inconforme con dicha resolución, el señor Persona "B" interpuso un recurso de apelación, del que conoció la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que lo registró con el toca Tercer Número de Expediente.

8. Mediante resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el referido tribunal de apelación dejó sin efectos la sentencia de primera instancia y ordenó la reposición parcial de la audiencia de juicio. Esa determinación se emitió en términos de lo dispuesto en el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que el Tribunal Unitario de Juicio Oral cumpliera con el requisito de dar vista al acusado y a su defensa para que, en su caso, suspenda la audiencia hasta por diez días, para preparar su nueva defensa a través del ofrecimiento de nuevas pruebas, así como para permitir su intervención en la audiencia con la reclasificación jurídica expresada por el ministerio público.(4)

9. Lo anterior, pues si bien el ministerio público, en sus alegatos de clausura, acusó al señor Persona "B" por el delito de abuso de confianza, previsto en el citado artículo 198, modificó la hipótesis de disponer a la de retener una cosa mueble ajena.

10. Juicio de amparo indirecto. En contra de la sentencia de apelación, el imputado, señor Persona "B", promovió un juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que lo registró con el número de expediente Cuarto Número de Expediente. Mediante resolución de veintisiete de enero de dos mil veintidós, el mencionado Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de juicio de amparo y lo remitió al Juzgado de Distrito en turno en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

11. Sentencia en el juicio de amparo indirecto. Por cuestión de turno, le correspondió conocer del asunto al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, que lo registró con el número de expediente Quinto Número de Expediente.

12. Mediante sentencia terminada de engrosar el diez de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito del conocimiento consideró que se actualizó la causa de improcedencia relativa a que el acto reclamado es un acto intraprocesal que no constituye una afectación material a los derechos sustantivos del señor Persona "B".(5) En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo sobreseyó el juicio de amparo indirecto.(6)

13. Segunda sentencia de primera instancia. En cumplimiento a la resolución de segunda instancia, el Tribunal Unitario de Juicio Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, en los autos de la causa penal Segundo Número de Expediente, al reponer el procedimiento, dio vista al señor Persona "B" y a su defensor, por el plazo de diez días, para que prepararan su defensa. Sin embargo, manifestaron que no requerían de dicha temporalidad debido a que no ofrecerían pruebas.

14. En consecuencia, en audiencia de juicio culminada el trece de octubre de dos mil veintidós, dicho tribunal dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona "B" por la comisión del delito de abuso de confianza, en la modalidad antes precisada y reiteró las sanciones impuestas previamente.

15. Segundo recurso de apelación. Inconformes con esa resolución, el señor Persona "B" y su defensor particular interpusieron un recurso de apelación, del que conoció la Sexta Sala Penal de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, que lo registró con el número de expediente Sexto Número de Expediente.

16. Mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el referido tribunal de apelación revocó la sentencia condenatoria y, en su lugar, emitió un fallo absolutorio en favor del señor Persona "B", en virtud de que consideró que no se acreditó el elemento del delito de abuso de confianza relativo a que: "el señor Persona "A" le hubiera requerido la entrega de los relojes al señor Persona "B" ". Por ello, ordenó levantar las medidas cautelares impuestas y cancelar todo índice o registro público y policial en el que figuren las restricciones personales impuestas al recurrente.

17. Juicio de amparo directo. En contra de la sentencia absolutoria de segunda instancia, el nueve de febrero de dos mil veintitrés, el señor Persona "A", por su propio derecho, presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:

a) El acto reclamado vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues la responsable pasó por alto que el señor Persona "B", en sus agravios, señaló que efectivamente tenía los dos relojes y que se encuentra en un contrato de consignación, lo cual constituye una confesión.

b) Se debió tener por probada la solicitud de devolución de los relojes desde la presentación de la denuncia o querella, aunado a que el señor Persona "A" tuvo la oportunidad de entregarlos durante todo el proceso penal, incluso desde las audiencias de mediación previas a la audiencia inicial, situación que carece de lógica para emitir una sentencia absolutoria.

c) Debe concederse el amparo ante la incorrecta valoración de la responsable, pues la sola querella, como requisito de procedibilidad, exterioriza la solicitud de entrega de los relojes y la existencia de una conducta reprochable, consistente en la falta de entrega de dichos bienes muebles.

d) La autoridad responsable pasó por alto el principio de buena fe contractual, en virtud del cual el señor Persona "B" obtuvo los dos relojes objeto del delito, los cuales no han sido devueltos y el acusado se encuentra impune y en libertad.

e) La resolución reclamada no atendió el derecho al debido proceso y valoró incorrectamente las pruebas, pues no explica las razones de su decisión y otorga valor pleno a pruebas circunstanciales, no directas, lo que implicó dejar en libertad al responsable del delito. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 11/2014, de esta primera Sala, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO."(7)

f) La sentencia emitida por la responsable carece de la debida fundamentación y motivación, pues es omisa en estudiar la audiencia de juicio oral para verificar si existían pruebas de cargo suficientes para acreditar la responsabilidad del señor Persona "B".

18. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que la registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. El veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el mencionado órgano colegiado dictó sentencia en la que concedió el amparo, bajo las siguientes consideraciones:

a) En suplencia de la queja, se advierte que se transgredieron los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del país, en tanto que en el juicio oral se vulneró, en perjuicio del señor Persona "A" el principio de inmediación, debido a la demora en el cumplimiento de la reposición parcial de la audiencia de juicio oral.

b) La eficacia del principio de inmediación requiere que la persona juzgadora que interviene en la producción de las pruebas emita la sentencia en el menor tiempo posible, pues el contacto personal y directo con el material probatorio lo ubica en una situación idónea para fallar el caso. De lo contrario, si se dejara transcurrir largo tiempo sin pronunciar sentencia, de poco valdría que el propio juez escuche a las partes o participe de sus discusiones aclarando el sentido de la controversia.

c) En el caso, los alegatos de apertura, el desahogo de las pruebas y los alegatos de clausura se llevaron a cabo en las audiencias de once, trece y dieciocho de once de enero de dos mil veintiuno. Sin embargo, con motivo de la reposición del procedimiento ordenada en segunda instancia, mediante sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, la deliberación y emisión de la sentencia se realizó hasta el veintinueve y treinta de septiembre, así como el trece de octubre de dos mil veintidós, es decir, un año, ocho meses, trece días después.

d) La demora evidenciada implicó la interrupción entre el debate y la emisión inmediata de la sentencia, sin soslayar que dicha dilación se debió en gran medida a la tramitación de un juicio de amparo promovido por el señor Persona "B", en contra de la reposición del procedimiento decretada por el órgano jurisdiccional de segunda instancia.

e) Esto, pues si bien la suspensión otorgada en el mencionado juicio constitucional tenía por objeto dejar viva la materia de estudio, se debió tener presente que debido al prolongado transcurso del tiempo no era factible que el tribunal de enjuiciamiento tuviera una percepción clara y reciente de los hechos.

f) En ese sentido, el excesivo transcurso del tiempo por sí solo es suficiente para afectar la memoria de la persona juzgadora sobre lo percibido de cada órgano de prueba, comprometiendo los detalles obtenidos al momento de la actividad probatoria, lo que ocasiona que las impresiones oportunamente recibidas se desvinculen unas de otras, con el riesgo de ser olvidadas parcialmente o deformadas, generando la pérdida de sentido para el dictado de la resolución.

g) No debe pasar inadvertida la finalidad de los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque en el particular no es la hipótesis, que es garantizar la unidad y congruencia del sistema penal acusatorio, que conlleva a que cada tema puesto a debate o cada momento procesal verificado en audiencia se concluya sin mayor dilación, pues la violación al principio de inmediación implica interrumpir el juicio, por lo cual se debe declarar nulo lo actuado y designarse a un nuevo tribunal.(8)

h) En consecuencia, la responsable, al advertir una falta grave a las reglas del debido proceso, ya que sin inmediación la sentencia condenatoria carece de fiabilidad, debió ordenar la reposición de la totalidad de la audiencia de juicio, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 481 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(9) No obstante, al no haber actuado en esos términos, se vulneró el debido proceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173, apartado B, fracción XIX, de la Ley de Amparo.(10)

i) Sustentó sus argumentos en la jurisprudencia 53/2022, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. SU VIOLACIÓN TIENE COMO CONSECUENCIA LA REPOSICIÓN TOTAL Y NO PARCIAL DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL, CON UN JUZGADOR QUE NO HAYA CONOCIDO DEL CASO PREVIAMENTE."(11)

j) En consecuencia, otorgó la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que determine la transgresión al principio de inmediación, revoque la sentencia apelada y reponga el procedimiento total de la audiencia de juicio para que la celebre un tribunal de enjuiciamiento distinto.

k) Aunado a lo anterior, se advierten dos violaciones procesales adicionales al procedimiento penal de segunda instancia: i) la primera, que el tribunal de alzada se encontraba contaminado por conocimiento previo, pues resolvió un recurso de apelación anterior, interpuesta contra la sentencia de condena, en el que ponderó las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio; y ii) el tribunal de alzada no dio respuesta a los agravios del recurrente.

19. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, el señor Persona "B" interpuso un recurso de revisión, en el que, en síntesis, expuso los siguientes agravios:

a) No existe interrupción del debate ni una suspensión decretada por la autoridad judicial de origen que permitiera aplicar las consecuencias jurídicas contempladas en los artículos 351 y 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reiniciar la etapa de juicio ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.(12)

b) Lo anterior debido a que, con motivo de la reposición parcial ordenada por la autoridad de alzada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se otorgó al señor Persona "B" la vista que prevé el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que, en su caso, se suspendiera la audiencia de juicio hasta por diez días naturales para tener oportunidad de preparar la defensa, lo que el recurrente manifestó no requerir, por lo que no existió suspensión ni interrupción de la audiencia de juicio.(13)

c) Por otro lado, aparentemente existe un lapso amplio transcurrido entre la producción de la prueba y el dictado del fallo. Sin embargo, el tiempo ocurrido fue generado con motivo del ejercicio del derecho a la impugnación de parte del recurrente, tanto en la apelación, como en el juicio de amparo, lo que está permitido dentro del sistema jurídico mexicano. De ahí que ese lapso constituye una ficción jurídica que no permite afirmar la existencia de una demora que implicó la interrupción del debate y la emisión inmediata de la sentencia.

d) Si bien existe jurídicamente la sentencia de segunda instancia de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que se ordenó la reposición parcial de la audiencia de juicio, la misma no produjo sus efectos jurídicos de manera inmediata en el momento de su dictado, sino hasta el ocho de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que el órgano jurisdiccional de primera instancia tuvo conocimiento de que causó ejecutoria el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo indirecto promovido en contra de dicha resolución de alzada, pues durante el tiempo transcurrido se encontraba vigente la medida cautelar de la suspensión definitiva otorgada por el juzgado de distrito.

e) Así, una vez que causó ejecutoria dicho sobreseimiento, en cumplimiento a la sentencia de alzada, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el tribunal de enjuiciamiento otorgó la vista correspondiente, la cual no fue aceptada por el enjuiciado y su defensa, por lo que se emitió el fallo correspondiente el trece de octubre siguiente.

f) Derivado de lo anterior, el plazo que se afirma como generador de la interrupción de la etapa de juicio es derivado propiamente del trámite y resolución de la propia apelación y del juicio de amparo indirecto, por lo que no existe trasgresión al principio de inmediación ni a su eficacia, así como tampoco a los principios de continuación y concentración ya que no se presentó la interrupción a que se refiere el legislador. g) No se pueden afirmar retrasos indebidos ya que el plazo transcurrido se debió al ejercicio del derecho de impugnación, situación que no es atribuible a la autoridad responsable, ni al tribunal de enjuiciamiento.

h) En cuanto a que existió una violación al principio de imparcialidad debido a que la misma autoridad de alzada conoció de las apelaciones en contra de las sentencias definitivas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la limitante del conocimiento previo está referida a la etapa de juicio en el sentido de que la persona encargada de pronunciarse sobre la existencia de un delito y la responsabilidad de la persona acusada no se contamine con la información de las etapas preparatorias a juicio y tenga una idea preconcebida de las cuestiones esenciales del proceso.(14)

i) En ese sentido, un mismo tribunal no puede conocer del recurso de apelación hecho valer en contra del auto de vinculación a proceso y, posteriormente, resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva, pues esta disposición perdería toda efectividad si se permitiera que un tribunal tenga acceso a la información de las etapas previas del procedimiento y después pueda pronunciarse sobre las cuestiones esenciales del proceso con relación a la sentencia definitiva.

j) En el caso, si el magistrado resolvió la impugnación, la primera hecha valer en contra de la sentencia definitiva, y por ello ordenó la reposición parcial de la audiencia de juicio oral; y, posteriormente resolvió la segunda impugnación, pronunciándose en relación con el fondo del asunto y absolviendo a la parte acusada, no se transgrede el principio de imparcialidad, en virtud de que no afecta de manera alguna las condiciones de la persona juzgadora para conocer del asunto en momentos posteriores.(15)

k) En consecuencia, el conceder el amparo para efectos de reponer el procedimiento causa al recurrente agravios irreparables, en virtud de que la parte quejos ya conoce los órganos de prueba y sus alcances, así como el criterio sustentado por el tribunal de alzada, lo que le permitiría establecer una nueva estrategia. Aunado a que la sentencia de primera instancia fue favorable a los intereses del señor Persona "A", por lo que en nada le perjudicó la resolución de segunda instancia en la que se ordenó la reposición del procedimiento, por lo que el Tribunal Colegiado debió entrar al estudio de fondo del asunto.

20. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión, lo registró con el número de expediente 7508/2023 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

21. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.

23. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal en el cual subsiste un planteamiento de constitucionalidad, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte.

II. OPORTUNIDAD

24. La sentencia recurrida fue notificada por lista al señor Persona "B", el jueves cinco de octubre de dos mil veintitrés.

25. Dicha notificación surtió efectos el viernes seis del mismo mes y año, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes nueve de octubre al lunes seis de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose los días doce, catorce, quince y diecinueve a veintinueve de octubre, así como los días primero al cinco de noviembre, todos de dos mil veintitrés.(16)

26. Por tanto, si el señor Persona "B", por su propio derecho, presentó su escrito de agravios el dieciocho de octubre dos mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

27. Esta Suprema Corte considera que el señor Persona "B" cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito le reconoció el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo.(17)

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

28. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y

b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso previo entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(18)

29. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

30. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.

31. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.

32. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto sí cumple con los requisitos de procedencia descritos.

33. Lo expuesto, porque en la sentencia de amparo, en suplencia de la queja, el Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo que el acto reclamado transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la demora en el cumplimiento de la reposición parcial de la audiencia de juicio oral vulneró el principio de inmediación, previsto en el artículo 20, párrafo primero, apartado A, fracción II, de la Constitución Política del país, lo que actualiza una auténtica interpretación de los alcances del referido principio procesal de rango constitucional que rige en el sistema de justicia penal acusatorio.(19)

34. En efecto, el Tribunal Colegiado concluyó que el excesivo tiempo transcurrido entre la reposición del procedimiento decretada en la sentencia de segunda instancia y el dictado de la sentencia en el juicio oral, pese a que ello se debió a la sustanciación de un juicio de amparo indirecto promovido por la parte imputada, por sí solo es suficiente para afectar la memoria de la persona juzgadora, lo que compromete los detalles obtenidos al momento de la actividad probatoria y ocasiona que las impresiones oportunamente recibidas se desvinculen unas de otras, con el riesgo de ser olvidadas parcialmente o deformadas, generando la pérdida de sentido para el dictado de la resolución.

35. En consecuencia, estableció que dicha circunstancia vulneró el principio de inmediación, por lo que el Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo para que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra en la que determinara que se transgredió al principio de inmediación, lo que implicaría revocar la sentencia de primera instancia y celebrar nuevamente la audiencia de juicio en su totalidad ante un tribunal de enjuiciamiento distinto.

36. Dicho tratamiento fue combatido en el recurso de revisión por el señor Persona "B", pues considera que las circunstancias anteriores no representan una vulneración a dicho principio constitucional, por lo cual subsiste un tema de constitucionalidad de interés excepcional que torna procedente el recurso de revisión.

37. En efecto, el Tribunal Colegiado realizó una interpretación sobre los alcances del principio de inmediación, incorporando argumentos adicionales a la doctrina establecida por esta Primera Sala para considerar que dicho principio fue vulnerado.

38. Tratamiento que además es de interés excepcional debido a que, si bien esta Primera Sala ya se ha pronunciado en diversos precedentes sobre el mencionado principio, no existe criterio que establezca que, aun ante el ejercicio de la defensa del enjuiciado, la demora en el dictado de la sentencia puede transgredir el principio de inmediación

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32695-5ea15776/demora-en-el-dictado-de-la-sentencia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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