SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. FORMA DE COMPUTAR EL PLAZO PARA EFECTOS DE SU REANUDACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 351 Y 352 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5472/2024. 30 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, entre las 7:50 y 8:00 a.m., una persona estacionó su motocicleta frente a una tienda, momento en el que fue abordada por tres personas, quienes la amenazaron con un cuchillo para robarle las llaves del referido vehículo. La víctima entregó las llaves por temor. Los tres huyeron, pero la policía municipal, alertada por la víctima, detuvo a dos de ellos, mientras que el tercer hombre escapó y abandonó la motocicleta en un domicilio del mismo barrio.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5472/2024, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del veinticinco de abril de dos mil veinticuatro por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el juicio de amparo directo 176/2023-I.
El problema que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario al derecho a la justicia pronta contemplado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, entre las 7:50 y 8:00 a.m., ********** estacionó su motocicleta **********, **********, **********, frente a la tienda "**********" en el **********, municipio de **********, Estado de México. Fue abordada por **********, ********** y un hombre desconocido. ********** la amenazó con un cuchillo, exigiendo las llaves de la motocicleta, las cuales ********** entregó por temor. Los tres huyeron en la motocicleta, pero la policía municipal, alertada por la víctima, persiguió y detuvo a ********** y **********, mientras el tercer hombre escapó y abandonó la motocicleta en un domicilio del mismo barrio.
2. Juicio Penal. Por estos hechos, se instruyó un proceso penal acusatorio y oral. El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, emitió sentencia definitiva en primera instancia, condenando a los quejosos por el delito de robo con las modificativas de haber recaído en vehículo automotor y haberse empleado en su ejecución la violencia, previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción I y 290, fracciones I, inciso b) y V, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal del Estado de México vigente al momento de los hechos, imponiéndoles, entre otras sanciones, una pena privativa de libertad de dieciséis años y seis meses de prisión.
3. Segunda instancia. Inconforme con la sentencia de primera instancia, los sentenciados, por propio derecho, interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, registrado con el toca penal ********** y resuelto por sentencia emitida el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, confirmando la sentencia recurrida.
4. Primer juicio de amparo directo. En desacuerdo con la sentencia definitiva, los sentenciados, por propio derecho, promovieron juicio de amparo directo, mismo que fue registrado con el expediente D.P. 449/2022-IV, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. En sentencia dictada en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo a los quejosos, para los efectos que a continuación se transcriben:
“1.- El Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México deberá dejar sin efectos la sentencia definitiva de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del toca **********.
2.- Investigue si los defensores públicos que asistieron a los quejosos en el ejercicio de su derecho de defensa en la primera y segunda instancia eran abogados titulados y, de ser así, dicte nueva sentencia para resolver el recurso de apelación.
3.- En caso contrario, ordene la reposición de la instancia de apelación, para que la solicitante de amparo sea asistido por un licenciado en derecho, lo que deberá de acreditar de manera fehaciente. En la inteligencia de que el tribunal de alzada, para investigar si los defensores públicos que asistieron a los quejosos en primera y segunda instancia, eran licenciados en derecho, podrá decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria necesaria, para determinar si hubo o no violación al derecho de defensa técnica; por lo que, entre otras cosas, podrá requerir a los abogados para que acrediten que cuando asistieron a los reclamantes de amparo, contaban con cédula o título profesional de licenciados en derecho o requerir información de las autoridades competentes, como lo podría ser el Registro Nacional de Profesiones.
4. Previo a dictar la resolución y con base en los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia que establece el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
5. Desahogado lo anterior, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, deberá emitir la sentencia de segundo grado que corresponda, ya sea que lo haga, de plano, en la propia audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de ésta, para lo cual deberá citar a las partes, en términos de lo previsto en el artículo 477 del citado código adjetivo de la materia. [...]”
5. Cumplimiento. Una vez que se atendió lo ordenado por la ejecutoria amparante, el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, de nueva cuenta, dictó sentencia en los autos del toca de apelación ********** de su estadística, en la que confirmó la resolución impugnada.
6. Segundo amparo directo. Por escrito presentado ante el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, los quejosos promovieron juicio de amparo directo. El asunto se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, asignándole el expediente 176/2023-I. Finalmente, el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, el órgano colegiado dictó sentencia en la que, por mayoría de votos, concedió el amparo solicitado.
7. Recurso de revisión. Los quejosos lo interpusieron por escrito presentado ante el Tribunal Colegiado el treinta de mayo de dos mil veinticuatro.
8. Trámite ante esta Suprema Corte. La Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ocho de julio de dos mil veinticuatro, tuvo por recibido el asunto, lo registró como amparo directo en revisión 5472/2024, lo admitió y ordenó turnarlo al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración del proyecto de resolución, por lo que envió los autos para el trámite de radicación y avocamiento correspondiente a esta Primera Sala. Este último tuvo lugar en proveído de veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión en amparo directo en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(1) esto de conformidad con el Artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro; así como de los puntos Segundo, fracción III, inciso B) y Tercero del “Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito”, modificado mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo en materia penal, la cual corresponde a la especialidad de esta Primera Sala y no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
10. De las constancias se advierte que la sentencia del Tribunal Colegiado fue notificada por lista a la parte quejosa el trece de mayo de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir, el catorce del mismo mes y año. En consecuencia, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del quince al veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis, por ser sábados y domingos, y, por ende, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.
11. En este contexto, si el escrito que contiene el recurso de revisión se presentó el treinta de mayo de dos mil veinticuatro, resultaría extemporáneo. No obstante, en este caso, los recurrentes se encuentran privados de su libertad, por lo que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado tenía la obligación ineludible de ordenar que todas las notificaciones que emanen del trámite del juicio de amparo en materia penal se les practicaran de forma personal, tal como ya lo ha señalado la Primera Sala.(2)
12. En este sentido, si los quejosos privados de su libertad designan o autorizan a una o varias personas para oír o recibir notificaciones, no debe interpretarse como una renuncia a su derecho a ser notificados personalmente, sino como una forma de ejercer este derecho, para acceder a la justicia de la manera que más les convenga.
13. Esto es así, ya que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que es posible variar el lugar en el que se practica la notificación a una quejosa privada de la libertad (ya sea en el local del órgano jurisdiccional o en su lugar de reclusión), o incluso la persona a quien se le practica (al quejoso, a su defensor, a su representante legal o a la persona que autorice para oír o recibir notificaciones). Sin embargo, la forma en la que debe notificarse a una persona privada de su libertad nunca varía. Lo relevante no es el tipo de resolución de que se trate, sino el hecho de que la quejosa está privada de la libertad.
14. Consecuentemente, si los recurrentes se encuentran privados de su libertad y autorizan a otra persona para oír o recibir notificaciones, la notificación sólo será válida en tanto se practique de forma personal a alguna de las personas a las que se refiere el inciso a), de la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo.
15. En virtud de que en este caso no se cuenta con constancia de notificación, salvo la realizada a través de la lista mencionada y certificada por el Tribunal Colegiado, se debe inferir que los quejosos, quienes se encuentran privados de su libertad, nunca recibieron notificación alguna. Por lo tanto, la única fecha que puede considerarse como válida para la notificación es aquella en la que los recurrentes afirmaron haber tenido conocimiento de la sentencia impugnada, es decir, el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro.
16. En este sentido, el plazo para presentar el recurso se extendió desde el veinte al treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro. Dado que el recurso de revisión fue interpuesto el treinta de mayo, se concluye que dicho recurso es oportuno.
17. En similares términos, en cuanto al apartado de oportunidad, resolvió esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo directo en revisión 3692/2023.(3)
III. LEGITIMACIÓN
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los quejosos ********** y ********** cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está acreditado que dicho carácter se le reconoció en el juicio de amparo directo 176/2023-I en términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción I, y 6, ambos de la Ley de Amparo.
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN
A. Cuestiones previas necesarias para resolver el asunto
19. A fin de resolver sobre la procedencia de este recurso de revisión, es necesario reseñar los argumentos esenciales expuestos en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por el recurrente.
20. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, los quejosos hicieron valer los motivos de disenso siguientes:
a. Primero: Los quejosos sostuvieron que la autoridad responsable emitió una resolución carente de fundamentación contraviniendo los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. Aduce que el Tercer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco confirmó erróneamente la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, desestimando las inconsistencias en el testimonio de la víctima, **********. Esta última declaró que el 18 de octubre de 2018 fue despojada de su motocicleta por ********** y **********; sin embargo, considera que su testimonio presenta contradicciones y que no se incorporaron pruebas materiales, lo que afecta la credibilidad de la acusación.
b. Segundo: Cuestiona que en la sentencia que tuvo por acreditado el objeto material del delito, siendo esta una **********, **********, con placas **********, a pesar de que los testimonios presentan contradicciones y que el vehículo no fue presentado como prueba, lo que infringe el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, la falta de credibilidad del testimonio del policía ********** refuerza la invalidez de la prueba presentada.
c. Tercero: Impugna la acreditación de la modificativa agravante de violencia moral, argumentando que el cuchillo utilizado para amenazar a la víctima no fue presentado como prueba, lo que infringe el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ausencia de evidencia física afecta el derecho a una defensa adecuada y se considera que la sentencia es incongruente.
d. Cuarto: Argumentan que ********** y ********** negaron los hechos imputados; no obstante, sus declaraciones fueron desestimadas por el Ad quem, lo que perjudicó su defensa. Se sostiene que las pruebas de descargo son más consistentes y no se llevó a cabo una confrontación adecuada entre las pruebas, lo que resultó en una falta de valoración justa en la sentencia.
21. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos que sostuvo el órgano jurisdiccional son los siguientes:
a. El Tribunal Colegiado identificó una infracción a las leyes del procedimiento penal acusatorio, lo que implica la necesidad de reiniciar el juicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento diferente, dado que las actuaciones previas son consideradas nulas.
b. Se establece que, de acuerdo con la jurisprudencia PR.P.CN. J/18 P (11a.), que derivó de la contradicción de criterios 50/2023 del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la reforma constitucional de 2008 instauró un sistema procesal penal oral que debe adherirse a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
c. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales estipula que la audiencia de juicio no debe suspenderse por más de diez días naturales; de lo contrario, se considerará interrumpida.
d. En el caso en cuestión, se han documentado múltiples suspensiones que exceden este límite, lo que justifica la concesión del amparo para reiniciar el juicio, garantizando el respeto a los principios procesales establecidos.
e. Se ordena a la autoridad responsable que deje insubsistente la sentencia impugnada y ordene la reposición del procedimiento ante un diverso Tribunal de Enjuiciamiento del que conoció de las etapas intermedia y de juicio, asegurando así la imparcialidad y la objetividad judicial en el proceso.
f. Además, se argumenta que no se opone a lo considerado que el acto impugnado fue emitido en cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo número D.P. 449/2022-IV. En dicha ejecutoria se identificó una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en las instancias primera y segunda, lo que repercute directamente en el debido proceso. Esta situación se encuentra en consonancia con las jurisprudencias vigentes en esa fecha. Por lo tanto, no puede interpretarse como una inobservancia del artículo 174 de la Ley de Amparo.
g. Asimismo, se destaca que el mencionado juicio de amparo se resolvió en sesión del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, es decir, en un momento en que la jurisprudencia que fundamenta la reposición del juicio oral ordenada en este caso aún no existía, ya que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, a partir de esa fecha, resulta obligatoria para el órgano colegiado y, en consecuencia, debe aplicarse de la manera antes mencionada.
22. Agravios. En desacuerdo con la determinación del Tribunal Colegiado, los quejosos interpusieron recurso de revisión en el que hicieron valer, los motivos de disenso siguientes:
a. La resolución del amparo ordena la reposición del procedimiento y la celebración de una nueva audiencia de juicio, lo que conlleva dilaciones en el proceso penal.
b. Argumentan que la reposición del procedimiento contradice los principios de justicia pronta y completa establecidos en la Constitución Federal.
c. Señalan que el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional, ya que obstaculiza una administración de justicia ágil, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal.
d. Los quejosos afirman que la resolución del Tribunal Colegiado no analizó de manera adecuada los conceptos de violación que presentaron, lo que les ocasiona un perjuicio significativo.
e. Hacen referencia a la jurisprudencia que establece que la falta de reanudación de la audiencia en un plazo de diez días conlleva la nulidad de lo actuado, al respecto afirman que la decisión de reponer el procedimiento afecta su derecho a ser juzgados de manera imparcial y dentro de los plazos establecidos por la ley.
f. Destacan que por ejemplo el órgano colegiado no consideró las contradicciones en los testimonios presentados, lo que podría influir en el resultado del nuevo juicio.
g. En esa tesitura hacen suyo el voto particular del magistrado que cuestiona la aplicación estricta de la norma sin tener en cuenta los derechos humanos involucrados y concluyen que la reposición del procedimiento les ocasiona agravios irreparables y vulnera sus derechos humanos. B. Estudio sobre la procedencia del recurso de revisión
23. Para determinar si el recurso de revisión que nos ocupa es procedente, es oportuno responder al cuestionamiento siguiente:
¿El presente asunto cumple con los requisitos normativos para su procedencia?
24. La respuesta a dicha interrogante es en sentido positivo atento a las siguientes consideraciones.
25. En principio debemos destacar que de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, se deriva lo siguiente: el recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si en ellas se decidió u omitió resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que dichos temas se hubieren planteado en la demanda de amparo, o bien, que el órgano colegiado oficiosamente hubiera introducido su estudio.
26. Asimismo, se considera procedente el recurso de revisión si el problema de constitucionalidad referido entraña la fijación de un criterio excepcional en materia constitucional o de derechos humanos a juicio de este Alto Tribunal, lo cual se actualiza en dos supuestos:
a. Cuando se advierta que la resolución de un amparo directo en revisión dará lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante para el orden jurídico nacional.
b. Cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión de constitucionalidad, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o bien, se hubiere omitido su aplicación.
27. Conforme a los parámetros antes enunciados, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que el recurso de revisión es procedente.
28. Analizadas las constancias, se advierte que el Tribunal Colegiado detectó una infracción a las leyes del procedimiento penal acusatorio durante la audiencia de juicio. En ese contexto, determinó que se vulneraron los principios de continuidad, concentración e inmediación que rigen dicho proceso, evidenciándose múltiples suspensiones de la audiencia de juicio por más de diez días sin justificación.
29. En este sentido, se determinó que esta situación debe ser sancionada con el reinicio del juicio ante un Tribunal de Enjuiciamiento diferente, dado que todo lo actuado es considerado nulo. Este planteamiento se fundamenta en la jurisprudencia PR.P.CN. J/18 P (11a.) y en la contradicción de criterios 50/2023 emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
30. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordenó la anulación de la sentencia impugnada y la reposición del procedimiento ante un nuevo Tribunal de Enjuiciamiento, garantizando así la imparcialidad del proceso.
31. En este contexto, el recurrente, en su recurso de revisión, considera inconstitucional el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al entender que dificulta la obtención de una justicia ágil y argumenta que la reposición del procedimiento y la nueva audiencia generan dilaciones que infringen los principios de justicia pronta y completa establecidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Además, sostiene que la falta de reanudación de la audiencia en un plazo de diez días provoca nulidad y afecta el derecho a un juicio imparcial.
32. En estas circunstancias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que se presenta un auténtico tópico constitucional relacionado con la regularidad constitucional del artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del derecho a la justicia pronta contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya aplicación la llevó a cabo el tribunal colegiado, al conceder el amparo para que sin posibilidad de libertad de jurisdicción la responsable reitere la orden de reponer la audiencia de juicio oral.
33. Asimismo, se estima que el recurso de revisión presenta un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. A juicio de esta Primera Sala, la resolución de este asunto dará lugar a un pronunciamiento innovador para el orden jurídico nacional, dado que no existe un pronunciamiento previo de este Alto Tribunal sobre la constitucionalidad del precepto impugnado. Por lo tanto, el recurso de revisión en cuestión resulta procedente.
34. Es importante destacar que no serán materia de análisis los diversos motivos de inconformidad relacionados con el ejercicio de valoración de pruebas y la acreditación de los elementos del delito y la plena responsabilidad, por tratarse de temas de legalidad que escapan al conocimiento de este Alto Tribunal.
V. ESTUDIO DE FONDO
35. Una vez decidido lo relativo a la procedencia del recurso, resulta oportuno formular el cuestionamiento sobre el que se sustentara el estudio de fondo del asunto:
¿El artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario al derecho a la justicia pronta contemplado en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
36. Con el propósito de abordar dicha interrogante, esta Primera Sala llevará a cabo el análisis del medio de impugnación, siguiendo el orden metodológico siguiente: a) el derecho de acceso a la impartición de justicia pronta y completa; b) los principios del sistema penal acusatorio y oral; c) suspensión e interrupción de la audiencia de juicio oral; d) análisis constitucional del artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y e) solución del caso concreto.
a) Análisis del derecho humano de acceso efectivo a la justicia pronta y completa.
37. El derecho humano de acceso efectivo a la justicia se encuentra previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del país, que expresamente señala:
“Artículo 17.
[...]
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
[...]”
38. Dicha porción normativa guarda correspondencia con los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(4) los cuales reconocen a favor de las personas el acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales del Estado para resolver sus conflictos.
39. Al emitir la jurisprudencia 42/2007,(5) esta Primera Sala señaló que la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso, se ejecute esa decisión.
40. Asimismo, al emitir la jurisprudencia 103/2017,(6) esta Primera Sala determinó que el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (a) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; (b) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (c) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél.
41. En este sentido, se advierte que el derecho de acceso a la justicia no sólo implica la posibilidad de que los gobernados puedan acudir ante tribunales imparciales e independientes previamente establecidos solicitando impartición de justicia, sino que además, conlleva la obligación que tiene el Estado de asegurar el buen funcionamiento de los mismos, a efecto de que en los plazos y términos que marcan las leyes y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, diriman sin costo alguno las controversias sometidas a su consideración.
42. Ahora bien, con relación a la obligación que con motivo de ese derecho se impone al Estado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha derivado cuatro principios que contribuyen a dar efectividad a la posibilidad de que el gobernado acuda a los tribunales solicitando que éstos impartan justicia.(7)
43. Esos principios, que esta Primera Sala comparte, son los siguientes:
a) Principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;
b) Principio de justicia completa, el cual obliga a que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
c) Principio de justicia imparcial, obliga a que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y
d) Principio de Justicia gratuita, estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.
44. En el tenor expuesto, entre las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33464-8cc8a2b9/suspension-de-la-audiencia-de-juicio-oral-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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