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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2018 (10a.) EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR SI LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2019. · Registro digital (IUS): 29492
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-09-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Pág. 93.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 506/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE JUNIO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

II. Competencia

5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo(1) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013;(2) en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito y el tema de fondo atañe a la materia penal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

III. Legitimación

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, cuyo criterio participa en este asunto. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Criterios contendientes

7. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.

8. El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver el recurso de queja 122/2019, analizó un asunto con las siguientes características:

9. El veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ********** y **********, promovieron demanda de amparo indirecto contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Ocho, con domicilio en Cárdenas, Tabasco, mismos que hicieron consistir en lo siguiente:

a) El auto de vinculación a proceso emitido en su contra el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en la causa penal **********, por el delito de secuestro, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo ********** dictada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco.

b) Los actos de ejecución del auto de vinculación a proceso impugnado.

10. La demanda fue turnada al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, quien la registró como amparo indirecto ********** y la desechó de plano, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, 18 y 113 de la Ley de Amparo, al considerar que su presentación fue extemporánea.

11. En contra de dicha determinación, los promoventes interpusieron recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, por lo que su presidente ordenó su registro bajo el número 122/2019. Seguido el trámite correspondiente, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el órgano jurisdiccional resolvió en el sentido de declararlo fundado.

12. Las consideraciones del Tribunal Colegiado, esencialmente, se hicieron consistir en lo siguiente:

- Estimó incorrecto que el Juez de Distrito haya considerado que la demanda de amparo no se presentó de manera oportuna, por lo que no comparte el criterio contenido en la tesis I.1o.P 128 P (10a.), en que aquél apoyó su determinación.

- Señaló que de conformidad con el contenido de la tesis de jurisprudencia 1a. LI/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO VULNERADO QUE SE ORDENE EN EL JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE LA MEDIDA DE REPARACIÓN PRINCIPAL Y CONLLEVA OBLIGACIONES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.",(3) el juicio de amparo es un mecanismo protector de los derechos fundamentales emanados de la Constitución y tratados internacionales; es el instrumento por el cual se busca hacer efectivo el derecho violado, por tanto, los órganos jurisdiccionales de amparo, al interpretar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los formulismos obstaculicen un estudio del fondo del asunto.

- Asimismo, estableció que el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad o incluso la inconvencionalidad de una disposición de observancia general, porque permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos fundamentales de los solicitantes, y en su caso, proporcionar una reparación, lo que dijo se desprende de la tesis aislada 1a. CXXXIX/2017 (10a.), de la Primera Sala de este Máximo Tribunal de título y subtítulo siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO.".(4) Así como del diverso criterio 1a. CCLXXVIII/2016 (10a.), de la misma Sala de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 8.2, INCISO H) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."(5)

- Agregó que la Ley de Amparo establece reglas procesales específicas o diferenciadas aplicables a casos donde se acuda a juicio aduciendo peligro de privación de la vida, de la libertad, etcétera, por tratarse de actos de extraordinaria afectación a derechos humanos altamente preciados que requieren la protección judicial más amplia. De ahí que, las normas de la legislación especial, debe hacerse con generosidad evitando rigorismos que impidan la tutela judicial; por tanto, para no limitar el derecho fundamental de acceso a la justicia, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e indubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano. Lo que dijo encuentra apoyo en la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.), de la Primera Sala de este Alto Tribunal de título y subtítulo: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO."(6)

- Lo anterior, precisó el Colegiado, constituyen las premisas para establecer que, para la presentación de la demanda de amparo indirecto, tratándose de actos privativos de libertad, se deben descontar los días en que la autoridad responsable suspenda labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor.

- Señaló que, conforme al artículo 17(7) de la Ley de Amparo, el plazo genérico para presentar la demanda de amparo contra actos dictados dentro del procedimiento –el cual se actualiza porque el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso–, es de quince días, plazo que conforme al artículo 18(8) de la propia legislación, se computará a partir del día siguiente.

- Además, enfatizó que el artículo 19 de la Ley de Amparo establece cuales son los días inhábiles y que también no deben ser computables para promover el juicio constitucional de amparo, los días en que los tribunales ordinarios se encuentran cerrados al público por encontrarse en su periodo vacacional, así como los días no laborables para dicha autoridad.

- Para sustentar lo anterior, el Tribunal Colegiado invocó lo determinado en la contradicción de tesis 240/2017,(9) en la que se sostuvo que si las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emanan los actos reclamados, no están en condiciones de preparar el material para la elaboración de la demanda de amparo con los datos indispensables que para tal efecto se requiere y por ello, no deben ser computables para promover un controvertido constitucional, pues preparar su defensa debe entenderse en sentido amplio a la luz del principio pro persona y del derecho al debido proceso.

- Adicionó que, la Segunda Sala, determinó que ese derecho humano permite a los justiciables acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, en el que el acceso al expediente es una garantía mínima para su derecho de defensa adecuada.

- Así, se dijo en esa contradicción que los quince días con los que cuentan los justiciables para presentar su demanda deben ser efectivos, esto es, que deberán tener acceso a los antecedentes de los que deriva el acto o resolución materia de juicio.

- Además, destacó la Segunda Sala de este Alto Tribunal que era recurrente que las autoridades, ya sea por tratarse de periodos vacacionales o por causas de fuerza mayor, tuvieran cerradas al público sus instalaciones, lo que provoca que el tiempo para revisar las constancias integradas por pruebas y otras actuaciones se vea interrumpido sustancialmente o incluso transcurra por completo sin que los particulares tengan la posibilidad de acceder a ellas y que no podía soslayarse que a pesar de los cambios fundamentales en el sistema jurídico mexicano, el expediente aún era central en los juicios y procedimientos administrativos, pues estos, tenían un rasgo principalmente escrito lo que hacía necesario tener acceso a él para la defensa.

- Con motivo de lo anterior, el acceso al expediente del que deriva el acto reclamado, dijo la Segunda Sala, es parte esencial del derecho fundamental de defensa adecuada, por esa razón cuando el expediente derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio deben descontarse del cómputo para la presentación de la demanda los días en que la autoridad responsable suspenda labores o no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.

- Lo anterior dijo el tribunal, dio origen a la jurisprudencia 2./J. 9/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título y subtítulo siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO."(10)

- Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado en la resolución que se reseña, concluyó que para efecto de computar el plazo para interponer la demanda se debe considerar: a) la fecha en que el quejoso fue notificado para iniciar plazo al día siguiente porque surte efectos el mismo día; b) los días que conforme al artículo 19 son inhábiles y aquellos en que suspenda las labores el órgano jurisdiccional ante quien se tramita el amparo o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor deben excluirse; y, c) los días no laborables para la autoridad responsable no deben ser computables.

- Bajo ese contexto analizó el caso concreto y determinó que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al omitir considerar que debía excluir del cómputo del plazo los días no laborados por periodo vacacional de la responsable, porque al ser la demanda la que fija la litis en el amparo, debe permitirse a los justiciables preparar su defensa para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, por lo cual el acceso al expediente es una garantía mínima, de ahí que el gobernado debe tener acceso no sólo a las videograbaciones, en tratándose de juicios orales, sino también a cualquier otro dato, elemento o constancia que no necesariamente conste en las videograbaciones, para no hacer nugatorio el referido derecho fundamental y, por ende, deben descontarse del plazo para presentar la demanda los días no laborados por la responsable.

- Enseguida, analizó los días en que no laboró la autoridad señalada como responsable con base en la circular 10/2019, de siete de junio de dos mil diecinueve, emitida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, para concluir que era indudable que no existía certeza de que el quejoso tuvo acceso a las videograbaciones y, por ende, debe otorgársele la oportunidad de acceder a las actuaciones necesarias que dieron origen al auto de vinculación a proceso dictado en un procedimiento penal acusatorio.

- Al realizar el cómputo del plazo no contabilizó los días inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo y los comprendidos en el periodo en que no laboró la responsable, para concluir que la demanda se presentó en tiempo, por lo que declaró fundado el recurso de queja, revocó el desechamiento y ordenó su admisión.

13. De lo anterior, se colige que el Tribunal Colegiado sustentó que es aplicable en el caso la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no debe computarse en el plazo para promover la demanda de amparo los días en que no tenga labores la autoridad responsable, ya que si las partes no cuentan con la oportunidad de imponerse de los autos de los que emanan los actos reclamados, éstas no se encuentran en condiciones óptimas de preparar el material para la elaboración de la demanda de amparo correspondiente; el cual constituye el escrito fundamental a partir del que se fija la litis del juicio constitucional, por lo que las personas que estimen transgredidos sus derechos fundamentales deben tener la posibilidad de acceder al material necesario para preparar una defensa efectiva.

14. En tales condiciones, concluyó que partiendo de la premisa de que el plazo para promover el juicio de amparo, de conformidad en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se computará a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido pleno conocimiento, o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, no deben ser computables para promoverlo los días en que la responsable no labore por encontrarse en su periodo vacacional, así como los días no laborables para dicha autoridad.

15. En ese sentido, para la observancia del derecho de debido proceso y acceso a la justicia, debe permitírsele al impetrante tener a la vista las videograbaciones, otorgándosele así la oportunidad de acceder a las actuaciones necesarias que dieron origen al acto reclamado.

16. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los recursos de queja 63/2018 y 64/2018, cuyas particularidades son las siguientes:

17. El once de abril de dos mil dieciocho, ********** y **********, promovieron de manera individual demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Siete del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismos que hicieron consistir en lo siguiente:

a) La determinación de cinco de marzo de dos mil dieciocho, dictada en la carpeta judicial **********, donde se calificó de legal la detención de los impetrantes.

b) La resolución de nueve de marzo de dos mil dieciocho, emitida en la citada carpeta judicial, en la que se dictó auto de vinculación a proceso.

c) La determinación de nueve del mismo mes y año, dictada en la carpeta judicial de mérito, en la que se impuso a los amparistas una medida cautelar.

18. De ambas demandas de amparo correspondió conocer al Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien las registró bajo los expedientes ********** y **********, respectivamente, y el cinco de abril de dos mil dieciocho, las desechó parcialmente, únicamente por lo que hace al acto reclamado precisado en el inciso a), al estimar que su presentación fue extemporánea, de conformidad con los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo y las admitió por el resto de los actos.

19. En contra de dicha determinación, los promoventes interpusieron individualmente recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que su presidente ordenó su registro bajo los números 63/2018 y 64/2018. Seguido el trámite correspondiente, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, el órgano jurisdiccional resolvió en el sentido de declararlos infundados.

20. El Tribunal Colegiado sustentó sus respectivas determinaciones en las siguientes consideraciones:

- En principio fijó las premisas con base en las cuales debía realizarse el computo del plazo para presentar la demanda en el caso en concreto y que son los siguientes: a) el plazo es el genérico de quince días conforme al artículo 17 primer párrafo de la Ley de Amparo por no constituir un caso de excepción; b) Inicia el plazo a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación, conforme al numeral 18 de la ley de la materia; c) el quejoso indicó bajo protesta de decir verdad el día que se le notificó el acto reclamado; d) La notificación surtió efectos al día siguiente de su realización conforme al artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales;(11) e) realizó la exclusión de los días inhábiles que mediaron; y, f) estableció la fecha de presentación de la demanda, realizó el cómputo respectivo y concluyó que la demanda se presentó en forma extemporánea.

- Al dar respuesta a los motivos de agravio, calificó como infundado el argumento del quejoso donde afirmó que era aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J.9/2018 (10a.), porque el presupuesto de aplicabilidad de dicho criterio no se cumple.

- El acto reclamado es una resolución dictada por el Juez responsable de manera oral en una audiencia pública, de manera que el quejoso ya tenía conocimiento de los motivos y fundamentos que sustentaron el acto y no era necesario consultar constancias escritas para conocerlas.

- La jurisprudencia de que se trata parte del presupuesto de que muchos de los trámites realizados en el ordenamiento jurídico mexicano son escritos y por ello considera necesario excluir del plazo legal los días en que el quejoso no tuvo acceso al expediente escrito y estuvo imposibilitado de preparar su defensa por no ser días laborables para la responsable.

- En el asunto no se surte el presupuesto del que parte la jurisprudencia porque la resolución se dictó de manera oral, por ello los motivos y fundamentos invocados en el acto reclamado fueron conocidos por el quejoso en la audiencia inicial.

- Precisó que, conforme con lo que dispone el artículo 308 del Código Nacional, ante una detención en flagrancia en audiencia inicial se resuelve sobre la legalidad de la detención y las razones para justificarla se esgrimen en la audiencia.

- En ese contexto, concluyó que no es aplicable la jurisprudencia porque no había necesidad de acceder a algún expediente escrito para preparar la defensa, pues la resolución se emitió de manera oral, donde estuvo presente el quejoso, fue informado de sus derechos para ofrecer datos de prueba y el de acceder a registros de investigación; por tanto, realizado el control de la detención el quejoso tuvo conocimiento junto con su defensor de dicha determinación por lo que es innecesario acceder a constancias escritas.

- Además, indicó que si bien existe obligación de presentar versión escrita de la resolución de control de detención según lo dispone el artículo 67, párrafo segundo, fracción II, del Código Nacional, ésta debe plasmarse en veinticuatro horas y sin exceder de lo argumentado por el Juez en la audiencia, por tanto no se puede afirmar que el quejoso no conocía las razones fundantes de la resolución antes de la versión escrita.

- Asimismo, argumentó que de conformidad con el numeral 61 del Código Nacional, las audiencias son grabadas en video y audio a disposición de las partes como pieza de las actuaciones, por lo que el quejoso estuvo en mayor posibilidad de consultar las razones por las que se calificó de legal su detención, porque su notificación ocurrió al momento de su emisión, lo que se corrobora porque en sus conceptos de violación el quejoso hace cita de la resolución combatida, lo que permite concluir que no estuvo en estado de indefensión.

- En ese contexto, a forma de conclusión determinó que de la jurisprudencia 2a./J.9/2018 (10a.), y de la contradicción de tesis 240/2017 de la que deriva, se advierte que uno de los presupuestos para su aplicación y considerar los días no laborados por la responsable como inhábiles para efectos del juicio de amparo, es que el trámite donde se dictó la resolución sea escrito, circunstancia que impedía al quejoso consultar el expediente respectivo durante los días no laborados.

- En ese sentido atendiendo al caso concreto destacó que: 1) el procedimiento en el que se dictó la resolución de control de detención fue oral y no escrito; 2) el amparista tuvo conocimiento de los fundamentos y motivos que sustentaron la resolución del Juez durante la celebración de la audiencia inicial en la que calificó de legal la detención; 3) la versión escrita de la resolución se limita a lo razonado de manera oral en la audiencia; 4) el registro de grabación de audiencia estaba a disposición del quejoso y defensor para posterior consulta; y, 5) el quejoso tuvo acceso a lo razonado por el Juez al dictar su resolución, ya que cita en sus conceptos de violación parte de la misma.

- Concluyó que el recurrente no logró desvirtuar la extemporaneidad de la presentación de la demanda, por lo que se actualizó de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

21. De lo anterior, se aprecia que el Tribunal Colegiado consideró que la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable porque no se actualiza el presupuesto en que se sustenta dicho criterio, relativo a que la resolución impugnada se haya dictado en un procedimiento escrito, puesto que en el caso el acto reclamado se emitió en forma oral en audiencia pública, de manera que el quejoso y su defensor tuvieron conocimiento de su fundamentación y motivación en el momento mismo en que se emitió y si bien es cierto existe la obligación legal de presentar una versión escrita de la resolución del control de detención,(12) también lo es que dicha versión debe ser plasmada veinticuatro horas después de su emisión y no deberá exceder de lo argumentado por el Juez en la audiencia correspondiente; de manera que tratándose de resoluciones emitidas dentro del sistema penal acusatorio, no es necesario que el sentenciado tenga acceso a constancias escritas de la resolución del control de detención, porque dicha diligencia se realiza de manera oral y con la presencia de aquél y su defensor.

22. Por tanto, se estima que el quejoso, previo a la elaboración escrita de la resolución del control de detención, tenía pleno conocimiento de las consideraciones y fundamentos en los que el juzgador sustentó su decisión.

V. Existencia de la contradicción

23. La pregunta a la que debe darse respuesta en este apartado consiste en lo siguiente

¿Existe contradicción en los criterios sustentados por los órganos contendientes?

24. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, pues el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) los cuales consisten en:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

25. Ahora cabe reiterar que la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte, en su caso llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

26. Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.(14)

27. La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo.

28. En ese sentido, no es obstáculo para definir la existencia de la contradicción que los razonamientos en que los colegiados contendientes, sustentaron sus determinaciones no se contradigan directamente entre sí, dado que los argumentos de uno no encuentran respuesta directa en los del otro, porque finalmente lo relevante es que llegaron a una conclusión contraria sobre un mismo punto jurídico; tampoco se requiere que las condiciones fácticas de los casos resueltos guarden una exacta identidad de circunstancias, porque las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

29. En ese sentido, no representa obstáculo para decretar la contradicción que en los juicios de amparo indirecto, por un lado se reclame únicamente la resolución que califica de legal la detención y en otro se reclamen las tres determinaciones que se emiten en audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, esto es la calificación de detención, el auto de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares porque si bien se trata de determinaciones en las que la materia de análisis es diversa, guardan ciertas similitudes de carácter medular que permiten a esta Primera Sala emitir un criterio susceptible de ser aplicado en ambos supuestos. Se explica.

30. De la lectura del primer párrafo del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(15) es inconcuso que la calificación de la detención y el auto de vinculación a proceso acontecen en la misma audiencia, por lo que existe una relación jurídica entre ambos actos. Lo anterior, en atención a que los datos de la investigación obtenidos al momento en que se realiza la detención impactarán en el dictado del auto de vinculación.(16)

31. Además, de las fracciones III y IV del diverso numeral 67 del citado ordenamiento adjetivo,(17) se advierte una diversa semejanza, consistente en que las resoluciones relativas al control de detención y al auto de vinculación a proceso, serán emitidas de forma oral por el juzgador, y posteriormente, deberá de emitir una versión escrita de la misma, la cual no podrá contener mayores fundamentos y consideraciones de las expresadas en audiencia inicial.

32. Motivos suficientes que conducen a esta Primera Sala a realizar el análisis de los criterios abordados por los órganos colegiados contendientes respecto al punto de toque antes descrito, a efecto de establecer el que deberá prevalecer en lo subsecuente.

33. A continuación, se expondrán los argumentos por los cuales se considera que en el caso concreto se actualizan los requisitos enunciados.

34. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

35. Se concluye lo anterior, porque de las resoluciones emitidas por los órganos contendientes, se advierte que, por una parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, determinó que conforme a lo determinado en la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29492-241306f8/amparo-indirecto-la-jurisprudencia-2a-j-9-2018 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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