AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO, BASTA LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA DONDE EL JUEZ DE CONTROL LO DICTÓ DE MANERA ORAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN AQUÉL NO OBRE LA CONSTANCIA ESCRITA DE DICHA RESOLUCIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE OCHO VOTOS EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, DE LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, MARÍA DOLORES NÚÑEZ SOLORIO (CON VOTO CONCURRENTE), MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, TAISSIA CRUZ PARCERO, CARLOS LÓPEZ CRUZ Y MICHELE FRANCO GONZÁLEZ (PONENTE); CONTRA DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DISIDENTES JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ (PRESIDENTE) Y MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO. PONENTE: MAGISTRADA MICHELE FRANCO GONZÁLEZ. SECRETARIO: OMAR JAIMES BENÍTEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión virtual celebrada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve el expediente de contradicción de tesis 16/2021, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en cita.
ANTECEDENTES
1. Denuncia. De conformidad con los artículos 226, fracción III y 227, fracción III,(1) de la Ley de Amparo, el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en cumplimiento a lo resuelto por el Pleno del propio órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión **********, comunicó(2) la denuncia de la probable contradicción entre el criterio sustentado en esa ejecutoria, con el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, plasmado en la tesis I.5o.P.79 P (10a.), derivada de la sentencia del amparo en revisión **********.
2. Trámite. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, el entonces Magistrado presidente de este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción, registrada con el número 16/2021; solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes informar si los respectivos criterios se encontraban vigentes, o si habían sido superados o abandonados; y solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si, con relación al tema del presente asunto, existía alguna contradicción de tesis pendiente de resolver en el Máximo Tribunal del País, sobre el tema materia de este asunto.
Mediante oficios **********, ********** y **********, los presidentes de los mencionados órganos colegiados, manifestaron que dichos criterios continuaban vigentes; en tanto la Dirección General en cita informó la inexistencia de contradicción de tesis relacionada con el tema a dilucidar.
3. Turno y cambio de integración. El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se turnaron los autos al Magistrado Ricardo Paredes Calderón, para formular proyecto de resolución.
Luego, en proveído de diez de marzo del mismo año, se tomó conocimiento de la readscripción del entonces Magistrado ponente al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; y la readscripción de la Magistrada Michele Franco González, al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, por lo que se integró a este Pleno de Circuito.
En consecuencia, se returnaron los autos a la citada Magistrada ponente, para formular proyecto de resolución.
4. Retiro del asunto. En sesión ordinaria virtual de catorce de junio de dos mil veintidós, se retiró el proyecto de resolución de esta contradicción, a fin de atender las observaciones realizadas por los integrantes del Pleno durante la discusión del asunto, aceptadas por la ponente, con relación al fondo de la controversia y al criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
5. Lista del asunto. Una vez realizadas las adecuaciones al proyecto y transcurrido el plazo legal para su revisión, el asunto fue listado nuevamente el diez de agosto pasado, para discutirse y resolverse en esta sesión virtual.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I. Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(4) 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada;(5) en relación con los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.
Lo anterior, porque versa sobre la posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
Máxime que, a la fecha de esta resolución, no se surte la competencia de los Plenos Regionales, prevista en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, en relación al numeral 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.
II. Legitimación.
La denuncia proviene de parte legítima, en tanto su formulación fue ordenada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes están facultados para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(6)
III. Consideraciones de los órganos contendientes.
Para comprensión del asunto, conviene reproducir –en lo que interesa y por orden de emisión– los razonamientos en que se sustentaron los criterios de la posible contradicción.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, por unanimidad de votos, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, expresó lo siguiente:
"... QUINTO.—Dado el sentido que regirá el presente asunto, se hace innecesaria la transcripción de los agravios (todos tendentes a resolver el fondo del asunto) en virtud de que el acto reclamado adolece de un vicio formal, lo que motivará a revocar la resolución recurrida y conceder el amparo para los efectos que serán precisados posteriormente.—En efecto, si bien en el juicio de amparo de manera correcta se fijó la litis de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, por lo que se tuvo como acto reclamado, el siguiente: Auto de vinculación a proceso dictado el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial **********, (ahora **********) por el hecho que la ley prevé como delito de privación de la libertad agravado en su modalidad de secuestro exprés.—Sin embargo, se debió advertir que el acto reclamado adolece de un vicio formal, ya que el juez de control responsable, dejó de observar el contenido del artículo 67, segundo párrafo, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque no plasmó por escrito la vinculación a proceso decretada contra el quejoso, en la audiencia de cinco de septiembre de dos mil dieciocho.—Tal deficiencia formal, advertida en términos de lo dispuesto en el inciso a), fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, es suficiente para revocar la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, y otorgar la protección de la Justicia Federal al recurrente, por la transgresión a los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, que refieren: ‘Artículo 16. (Se transcribe)’.—‘Artículo 19. (Se transcribe)’.—Aunado al marco constitucional, se encuentra la norma adjetiva, la cual en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice: ‘Artículo 67. Resoluciones judiciales. (Se transcribe)’.—En el caso, de la copia certificada de la carpeta judicial ********** (ahora **********), que el Juez Centésimo Décimo Quinto del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adjuntó a su informe justificado (fojas 76 a 78), se aprecia que no consta por escrito el auto de vinculación a proceso decretado al recurrente; únicamente aparecen las actas mínimas de solicitud y cumplimiento de orden de aprehensión respectivamente (treinta de agosto y uno de septiembre), así como el acta mínima de continuación de la audiencia inicial (foja 91 del Anexo) de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (acto reclamado), la cual no puede hacer las veces de la resolución escrita a que se refiere el citado artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tal acta sólo es un relato sucinto de lo acontecido en la audiencia, que no contiene el relato del contradictorio ni las consideraciones por las que la autoridad judicial finalmente vinculó a proceso al imputado. —En ese orden de ideas, debe decirse que el propio juez de control, destacó en el acta de continuación de la audiencia inicial de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, lo siguiente: —‘... El juzgador autorizó la expedición de las constancias judiciales, en la calidad y tantos requeridos, autorizando a los Profesionistas referidos por la Representación Social y la Asesoría Jurídica, para recibirla; no obstante ello, hizo saber que, respecto a la resolución, no se emitirá constancia escrita, lo anterior en base a la tesis jurisprudencial 2015127, asimismo en términos de lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la grabación de audio y video es la constancia de la resolución emitida ...’.—Únicamente adjuntó el registro en DVD de la mencionada audiencia, de la cual dijo se desprenden los fundamentos y razones que justifican la emisión del auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa.—Al respecto, cabe corregir que la ‘jurisprudencia 2015127’ así invocada por la autoridad responsable en el acta mínima, es el número con el que se puede encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, siendo que la cita correcta sería: (cita datos de localización), que dice:—‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).’. (Se transcribe).—Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que es incorrecto que la anterior jurisprudencia, sea aplicable a la Ciudad de México y que exima al Juez de Control responsable emitir la resolución escrita de la audiencia inicial de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, en que se emitió el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.—Con relación a la aplicabilidad de esa Jurisprudencia, este Tribunal Colegiado de Circuito, hace las siguientes consideraciones:—De la lectura de la ejecutoria de contradicción de tesis 168/2015, de la que emanó la jurisprudencia en comento, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, analizaron, –como el propio rubro lo indica–, las legislaciones del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas; no así el Código Nacional de Procedimientos Penales.—En dichas legislaciones, no se encontraba previsto que el auto de vinculación debía constar por escrito, adicionalmente al emitido de forma oral; sin embargo, al conocer de los amparos en revisión en los que se reclamaron autos de vinculación a proceso, dos tribunales (el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito) sostuvieron que esa resolución debía constar por escrito al margen de que la ley procesal secundaria no lo dispusiera así, porque desde una perspectiva constitucional, sólo así se respetaría el artículo 16 de la Ley Suprema.—En contrapartida, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, estimó que no es necesario que el auto de vinculación conste por escrito, ya que tiene eficacia con su sola emisión oral en audiencia, respetando los requisitos de forma y fondo que establece el numeral 19 de la Constitución Federal.—Corrobora lo anterior, la parte conducente de la ejecutoria: —(se transcribe).—Por lo anterior, puede inferirse que la jurisprudencia que se analiza, por el solo hecho de referirse a diferentes ordenamientos del sistema procesal penal acusatorio, no es aplicable cuando la vinculación a proceso se fundamenta en Código Nacional de Procedimientos Penales.—Y esto tiene razón de ser en que los códigos procesales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, no prevén que deba constar por escrito la vinculación a proceso decretada oralmente; sin embargo, dos de los tribunales contendientes en la contradicción de tesis de la que emanó la tesis jurisprudencial, estimaron que aunque las normas secundarias no lo dispusieran así, por exigencia del artículo 16 constitucional, también debía emitirse vía escrita.—La Primera Sala del Alto Tribunal, al unificar los criterios, determinó que la videograbación de la audiencia en que se emite la vinculación a proceso, es suficiente para respetar la fundamentación y motivación del acto de autoridad.—Sin embargo, una situación muy diferente se presenta con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone en su artículo 67, segundo párrafo, fracciones IV y V, de forma expresa e inequívoca, que la resolución de vinculación a proceso y de medidas cautelares es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; entonces, ya desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto, de donde deviene la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que tuvo génesis en códigos (actualmente abrogados) que no disponían que la vinculación a proceso debía constar por escrito.—No se inadvierte que mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, se adicionó al artículo 16 constitucional, el texto que dice:—‘En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.’.—Sin embargo, no contiene prohibición que no deba ser también por escrito, siendo que la legislación secundaria, en el caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que determinadas resoluciones queden plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia.—Luego si bien la mencionada adición constitucional es más reciente que el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe tenerse presente que el contenido del artículo 67 de dicho ordenamiento contiene una regla especial que debe prevalecer sobre la regla general, pues si un precepto secundario amplía la garantía, habría que estar a esa garantía.—Lo anterior, ya que la Constitución Federal, prevé garantías mínimas, que pueden ser ampliadas por la legislación secundaria; y en la especie el contenido del artículo 67, fracciones IV y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abona a la seguridad y certeza jurídicas del vinculado a proceso, sobre todo como en el caso, el imputado se encuentra privado de su libertad, por lo que la falta de documento escrito, lo coloca en desventaja para conocer los fundamentos y motivos de la correspondiente resolución, ya que en muchas ocasiones, por las condiciones del lugar de reclusión, no tienen medios tecnológicos para enterarse del contenido del auto de vinculación y medidas cautelares, respectivamente, aunque el propio imputado haya estado presente en la audiencia inicial, virtud a que puede ser que no entienda conceptos jurídicos, en ese sentido, aun la adición al artículo 16 constitucional, se llega a la certeza de que como lo prevé el Código Nacional Adjetivo, debe constar por escrito, para en su caso, el imputado pueda solicitar copia del auto de vinculación a proceso y medidas cautelares (por escrito) con lo cual se da certeza jurídica y avala de manera amplia su garantía de defensa, en el supuesto de querer consultar a diverso abogado o hacer valer lo que a su derecho corresponda.—Antes bien, el propio artículo 19 constitucional, en su cuarto párrafo, prevé la necesidad de que el auto de vinculación a proceso quede fijado por escrito, cuando dispone que si la autoridad encargada del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, no recibe copia autorizada del auto de vinculación a proceso dentro del término constitucional, deberá llamar la atención del juez y si no recibe la constancia en las siguientes tres horas, lo pondrá en libertad.—Así, al referirse al concepto de ‘copia autorizada’, la disposición constitucional supone claramente la necesidad de que exista constancia escrita del auto de vinculación a proceso. En efecto, se insiste, la adición al artículo 16 constitucional no suprime la primera parte en la que menciona que ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad’ pues como se ha analizado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece una regla especial, que debe predominar sobre la general, en consecuencia queda claro que no aplica en su literalidad, la parte adicionada en el sentido de que ‘... en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio ...’ ya que como excepción, el Código Nacional Procesal, prevé una regla especial (sobre la general) en el sentido de que el auto de vinculación a proceso y las de medidas cautelares, decretados oralmente, deben constar por escrito.—Por lo anterior, en el caso de procedimientos penales llevados conforme al Código Nacional, es inaplicable la jurisprudencia 34/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en consecuencia, el juez de control debe dictar por escrito la resolución de vinculación a proceso, después de su emisión oral.—No se inadvierte la tesis 1a. XXVII/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en (cita datos de localización), bajo el rubro: ‘ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA.’. La anterior, no aplica al caso por tratarse de una orden de aprehensión, en que después de su ejecución, casi de forma próxima podría sobrevenir, un cambio de situación jurídica; a diferencia, el auto de vinculación a proceso, constituye la cabeza del proceso y como tal, es trascendente que el vinculado oralmente, sobre todo cuando se encuentra privado de la libertad, tenga acceso a conocer de ese mandamiento (por escrito) para evidenciar los datos de prueba, así como la acusación, fundamento y motivo, lo anterior, con el fin de garantizar al imputado el derecho de legalidad, seguridad jurídica y defensa.—En tales circunstancias, la deficiencia formal apuntada del acto reclamado, impide a este tribunal de amparo pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que tanto la emisión oral de la resolución de vinculación a proceso decretada en audiencia, como su auto escrito, conforman una unidad, como lo prevé el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en el caso, como no existe la resolución escrita, el acto no está debidamente integrado y se impone que sea subsanada tal violación adjetiva.—Por tanto, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, otorgar la protección constitucional al quejoso ..." Criterio que fue reflejado en la tesis aislada I.5o.P.79 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 85, abril de 2021, Tomo III, página 2213, con registro digital: 2022928, materias constitucional y penal, que a la letra señala:
"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA EXIGENCIA DE QUE DEBE CONSTAR POR ESCRITO DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEBE PREVALECER SOBRE LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, MÁXIME SI EL IMPUTADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD. Si bien mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación se adicionó al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte conducente que establece ‘... En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio ...’, lo cierto es que dicha porción normativa no debe aplicarse en su literalidad, ya que la Constitución General prevé garantías mínimas que pueden ampliarse por la legislación secundaria. En ese orden de ideas, si el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene la exigencia en el sentido de que el auto de vinculación a proceso debe ser emitido oralmente y constar por escrito, dicha condición que dispone una regla especial debe prevalecer sobre la citada regla general constitucional, para dar certeza jurídica y avalar de manera amplia el derecho de defensa que le asiste al imputado; máxime si éste se encuentra privado de su libertad, pues lo coloca en desventaja, al no contar con los medios tecnológicos para consultar el contenido de la resolución jurisdiccional en comento, a diferencia de que constara por escrito, pues así estaría en aptitud de conocer sus fundamentos y motivos, sin que para ello requiera forzosamente de algún dispositivo electrónico."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en sesión de quince de octubre de dos mil veintiuno, sostuvo lo subsecuente:
"... IV. Decisión. Uno de los agravios expuestos por el inconforme es fundado (aunque suplido en su deficiencia) y suficiente para modificar la sentencia recurrida en la que se concedió el amparo para efectos por la existencia de un vicio de forma y, al reasumir jurisdicción y analizar los conceptos de violación que dejaron de estudiarse, uno de ellos es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional por una cuestión de fondo.—Veamos.—En la resolución impugnada el juzgador de Distrito concedió la protección constitucional para efectos, al advertir un vicio formal en la determinación del auto de vinculación a proceso reclamado, pues consideró que la autoridad responsable dejó de observar el contenido del artículo 67, segundo párrafo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales (cita artículo a pie de página) al no plasmar por escrito esa decisión.—Ello al estimar que era inaplicable la jurisprudencia 34/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).’.—Pues por un lado ese criterio surgió del análisis de las legislaciones que se citan en el rubro y no del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual sí contempla de forma expresa la elaboración de la resolución escrita del referido auto de vinculación) y, por otro, estableció que si bien es cierto el hecho de que el primer párrafo del artículo 16 Constitucional permita actualmente que los actos en los procedimientos orales no necesariamente consten por escrito, no implicaba que estuviera prohibido que la legislación secundaria (en el caso el referido código nacional) contemplara que determinadas resoluciones quedaran plasmadas por escrito de forma adicional a su emisión oral en audiencia.—Irregularidad que impedía a ese juzgador pronunciarse sobre el fondo del asunto, ya que la emisión oral de esa vinculación como su versión escrita conformaban una unidad de acuerdo al artículo invocado, y si en el caso no se contaba con esta última, el acto no estaba debidamente integrado y debía subsanarse esa violación adjetiva a efecto de que la autoridad responsable sustituta retomara la decisión emitida en la audiencia de veintisiete de marzo de dos mil veinte (SIC), y dictara por escrito la resolución sobre la vinculación a proceso que decretó oralmente al quejoso en la carpeta judicial **********, la cual no debía exceder del alcance de la emitida oralmente; es decir, no debía sustituir o complementar lo expresado en la audiencia, sino únicamente contener las consideraciones y fundamentos ahí plasmados.—Contra esa decisión el inconforme formuló dos agravios, pero en el caso concreto solamente se analizará el primero de ellos por ser suficiente para modificar la concesión de amparo por una cuestión formal y emprender el análisis de fondo, en el que refirió –básicamente– lo siguiente: Fue incorrecto que el juez de Distrito no estudiara el fondo del asunto y los conceptos de violación que se formularon, causándole afectación a sus derechos de tutela judicial efectiva y a una justicia pronta y expedita, contemplados en los artículos 17 Constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que de acuerdo al primer numeral invocado ese juzgador debe privilegiar las cuestiones de fondo ante las de forma, ya que con la concesión de amparo solamente se pone un obstáculo para tener una tutela constitucional, por lo que solicita que se analicen los conceptos de violación que formuló en cuanto al fondo del asunto y se le otorgue un amparo liso y llano.—Es fundado (aunque suplido en su deficiencia), pues este tribunal colegiado estima incorrecta la determinación del juez de Distrito recurrido, ya que para la validez de la determinación de vinculación a proceso (acto reclamado) es innecesario que esa decisión obre por escrito cuando existe constancia de ello a través de la videograbación respectiva, tal como lo establece de forma expresa el artículo 16, párrafo primero, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—Se explica:—De acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, el citado numeral actualmente dispone:—(se transcribe)—De esa porción normativa se advierte que cualquier acto de molestia debe emitirse de forma escrita y por una autoridad competente, en el que deberá fundar y motivar la causa legal del procedimiento, a efecto de generar seguridad y certeza jurídica al gobernado.—Sin embargo, esa regla del acto de molestia escrito contiene una excepción tratándose de los procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca la oralidad (como lo es en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral), pues en ese caso bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en el párrafo invocado.—Por lo que si en el caso el acto reclamado quedó plasmado en la videograbación de la audiencia inicial que acompañó la autoridad responsable junto con su informe justificado, es claro que se satisfizo ese requisito, ya que ese medio digital es un soporte íntegro y fidedigno del desarrollo de la audiencia en la que se dictó el auto en cuestión. Conclusión a la que se arriba porque el invocado artículo en su parte final establece de forma expresa esa posibilidad de prescindir de la resolución escrita en asuntos donde se establezca como regla la oralidad, y aunque es una adición novedosa, ello en virtud de que el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformó el Sistema de Justicia Penal, y en dicha reforma no se tocó la primera parte del numeral aludido, sino que fue hasta el quince de septiembre de dos mil diecisiete que se adicionó ese apartado, debe decirse que fue acorde con los principios y características que rigen el citado sistema, en especial con la oralidad (metodología conforme a la cual se desarrollan las audiencias). (cita fragmento de exposición de motivos a pie de página).—No se soslaya que el artículo 67, párrafos primero y segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales (ley secundaria que rige la actividad de los jueces de Control), (cita artículo a pie de página) refiere que las resoluciones judiciales (entre ellas la de vinculación a proceso) deberán mencionar la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que el invocado código prevea para cada caso, y que éstas deberán constar por escrito (después de su emisión oral); sin embargo, el citado numeral era coincidente con el texto del artículo 16 Constitucional antes de su reforma en dos mil diecisiete.—Empero, debido a la reforma de quince de septiembre de dos mil diecisiete, el último de los numerales citados derogó tácitamente el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales (el cual guarda la misma redacción desde que se publicó ese código nacional en el Diario Oficial de la Federación –cinco de marzo de dos mil catorce–) pues, en primer lugar, ello ocurrió conforme al principio de supremacía constitucional y, en segundo, porque la ley posterior deroga a la anterior.—Por lo que si bien pudiese apreciarse un tipo de confronta entre el artículo 16 Constitucional y el diverso 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que el último de los citados numerales se redactó conforme a lo que disponía el primero de ellos ante
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31692-c740fa2c/auto-de-vinculacion-a-proceso-para-su-analisis · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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