Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CONFORME AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEBE EMITIRSE DE MANERA ORAL Y POSTERIORMENTE POR ESCRITO (PIEZA PAPEL). LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. · Registro digital (IUS): 29824
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-06-04
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Pág. 3867.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2020. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. 1 DE DICIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER Y JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL, CONTRA LOS VOTOS PARTICULARES DE LA MAGISTRADA IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA Y DEL MAGISTRADO RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA. PONENTE MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER. SECRETARIO: ÓSCAR CALDERÓN MARTÍNEZ.

Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de uno de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 2/2020, y,

RESULTANDO QUE:

I. Denuncia de la contradicción de tesis. Por oficio 2986/2020 presentado el veintiuno de febrero de dos mi veinte, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Penal de este Segundo Circuito, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, denunció la posible contradicción entre el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en los amparos en revisión 106/2019 y 187/2019; y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal al resolver el amparo en revisión 254/2019.

II. Trámite. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el presidente de este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados mencionados copia certificada de las ejecutorias dictadas en los respectivos amparos en revisión, y que informaran si los criterios sustentados se encuentran vigentes o, en su caso, las razones para tenerlos por superados o abandonados.

Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se recibió el oficio de la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que durante los últimos seis meses no advirtió la existencia de contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal que guarde relación con el punto materia de la presente contradicción; y se turnó el asunto a la Magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, para la elaboración del proyecto de resolución.

El dos de octubre de dos mil veinte, se solicitó al presidente del Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito prórroga para la presentación del proyecto de resolución de la contradicción. En la misma fecha se acordó de manera favorable la petición y se otorgó un plazo de diez días hábiles para los efectos legales a que hubiera lugar.

CONSIDERANDO QUE:

1. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Segundo Circuito.

2. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, en tanto que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, está facultado para ello, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

3. TERCERO.—Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis y, en su caso, fijar el criterio que predominará, se delimitan las consideraciones de los Tribunales Colegiados en donde llegan a conclusiones diversas, que fueron denunciadas por el Juez de Distrito.

4. Para tal efecto, se precisa que en las sentencias materia de revisión convergen las características siguientes:

5. a) El acto que se reclamó en el juicio de amparo es un auto a vinculación a proceso.

6. b) La emisión de ese acto se verificó de manera oral y su registro sólo consta en la videograbación, no en pieza escrita (papel).

7. c) El Juez de Distrito analizó la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso en su registro audiovisual y resolvió que el proceder del Juez de Control no vulneró derechos fundamentales del quejoso.

8. Acorde con ello, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en los recursos de revisión 106/2019 y 187/2019, resolvió lo siguiente:

Amparo en revisión 106/2019.

"... En otro aspecto, del análisis de la determinación recurrida, se advierte una violación de carácter formal que no fue apreciada por el Juez Federal al emitir la sentencia venida a revisión; esto es, la ausencia de la pieza escritural del auto de vinculación a proceso señalado como acto reclamado. De inicio, se precisa que al ejercer la acción constitucional, el acto reclamado por las aquí recurrentes se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso pronunciado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, respecto del hecho delictivo de robo con modificativa agravante de haberse cometido con violencia en agravio de **********; así como su ejecución, atribuida a la directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. Respecto al auto de vinculación a proceso materia de reclamo que, al tenor del informe y constancias remitidas por la juzgadora de control responsable, se advierte que sólo se emitió en forma oral en audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, realizada en el trámite de la causa de control **********. Lo que, en forma por demás concisa justificó la preindicada autoridad judicial de control, al afirmar ‘...con base en la jurisprudencia número 34/2017, bajo el número de registro 222015127 (sic), y el rubro (sic) auto de vinculación a proceso, así como a la reforma al párrafo II del artículo 16 constitucional de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, únicamente se contará con la videograbación que contiene los razonamientos que ha llevado esta juzgadora para resolver su situación jurídica dentro del plazo constitucional duplicado...’ (a partir del minuto 01:07:53 a 01:08:27 parte 2 de la audiencia de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho). Sin embargo, en la resolución del amparo que aquí se revisa, no se hizo pronunciamiento alguno sobre ese aspecto, en tanto que se limitó a verificar el cumplimiento de los requisitos de fondo para la emisión de la legalidad del auto de vinculación a proceso objeto de reclamo; y procedió a dar contestación a los conceptos de violación; por consiguiente, en los aspectos omitidos y en aras a garantizar la tutela judicial para resolver la cuestión efectivamente planteada, este órgano colegiado de control constitucional procederá en tal aspecto a reasumir jurisdicción en el conocimiento del asunto. En el caso, la omisión de la pieza escritural del acto señalado como reclamado; esto es, el auto de vinculación a proceso, constituye infracción de orden formal que en forma directa vulnera lo previsto por el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual taxativamente establece que debe constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que, la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. De modo que, contrario al proceder de la autoridad de control responsable, en modo alguno se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Ello es así, porque si bien existe la jurisprudencia 34/2017 (sic) emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, consultable con registro digital: 2015127, en la página 125 del Libro 46, de septiembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario (sic) en comento, del tenor siguiente: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el Juez de Control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del Juez de Control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por «escrito» en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.’.—Lo cierto es que, dicho criterio se advierte inaplicable en el presente caso, en atención a que, se apoyó y derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto que, exige pronunciamiento de la versión escrita, entre otras resoluciones, del auto de vinculación a proceso, en los términos y restricciones ya destacadas.—En ese contexto, se estima inaplicable el referido criterio jurisprudencial, en tanto que, en aquél se realizó una interpretación de los artículos 41, 31 y 32 bis, de las codificaciones procesales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, respectivamente, los cuales establecen: (los transcribe). Con lo cual se evidencia que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contienen una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, tal criterio es inaplicable respecto de dicha codificación, por ende, el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido ordinal, pues de no ser así ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones, por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado, por excepción, deberán constar por escrito.—Por tanto, es claro que la jurisprudencia en cuestión reabre una cuestión relativa a la importancia de la emisión oral de los fallos para cumplir con la garantía a que se refiere el artículo 16 constitucional como forma de registro válida referente a la videograbación; pero tal criterio en ningún momento de la obligación de emitir la versión escrita a que alude el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de ese tema no se ocupó la jurisprudencia en cuestión.—Por lo tanto, no puede usarse como pretexto para dejar de cumplirse con la obligación que la actual codificación establece como adicional a la celebración de la audiencia. Al respecto, es oportuno señalar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: (lo transcribe).—Por tanto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposición expresa, la Juez de Control responsable después de haber tomado la decisión de vincular a proceso a las aquí recurrentes, debió haber hecho constar su resolución por escrito, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitió hacerlo, es dable concluir que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento.—Conforme a lo expuesto, se evidencia que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contienen una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, tal criterio es inaplicable respecto de dicha codificación, por ende, el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido contexto normativo, ya que, de no ser así, ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones que, por su trascendencia y grado de afectación al imputado, por excepción, deberán constar por escrito. Aunado a ello, no debe perderse de vista que la jurisprudencia citada en líneas que anteceden, no prohíbe la emisión escrita de resoluciones en el nuevo sistema de justicia penal, en tanto, sólo realizó una interpretación conforme de los numerales que estudió con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, dicho criterio además de no ser aplicable al Código Nacional de Procedimientos Penales, no contiene alguna limitante para emitir resoluciones por escrito; es decir, no justifica el incumplimiento de la obligación procesal respectiva.—En ese sentido, lo procedente (sic) revocar la resolución venida a revisión y conceder la protección constitucional a efecto de que sea subsanada la deficiencia advertida; de manera que, la Juez de Control responsable, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, respecto del cual no se advierte violación de derechos fundamentales; y, por ende, no se requiere la verificación de una nueva audiencia, deberá emitir la versión escrita correspondiente, la que no podrá exceder los alcances de la emitida oralmente... ."

Amparo en revisión 187/2019.

"... En otro aspecto, del análisis de la determinación recurrida, se advierte una violación de carácter formal que no fue apreciada por el Juez Federal al emitir la sentencia venida a revisión; esto es, la ausencia de la pieza escritural del auto de vinculación a proceso señalado como acto reclamado.—Se precisa que al ejercer la acción constitucional, el acto reclamado por el aquí recurrente también se hizo consistir en el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, respecto del hecho delictuoso de secuestro exprés para ejecutar el delito de robo, en agravio de **********, **********, **********, y de las empresas **********, ********** e **********.—Respecto al auto de vinculación a proceso materia de reclamo que, al tenor del informe y constancias remitidas por el juzgador de control responsable, se advierte que sólo se emitió en forma oral en audiencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve, realizada en el trámite de la carpeta administrativa **********.—Lo que, en forma por demás concisa refirió la preindicada autoridad judicial de control, al afirmar ‘...de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional en el que se establece de manera literal que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza a su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo, en ese tenor y en atención también a lo estipulado por el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece que las actuaciones se realizarán de manera oral, es por ello que esta resolución se emitirá de esta manera, de manera oral y el medio a través del cual se dará certeza de su contenido, fundamentación y motivación será la videograbación de esta audiencia, una vez indicado lo anterior, se hace saber que esta resolución es emitida en Tlalnepantla de Baz, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecinueve...’ (a partir del minuto 00:37 a 01:26, segunda parte de la audiencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve).—Sin embargo, en la resolución del amparo que aquí se revisa, no se hizo pronunciamiento alguno sobre ese tópico; por consiguiente, en el aspecto omitido y en aras a garantizar la tutela judicial para resolver la cuestión efectivamente planteada, este Órgano Colegiado de Control Constitucional procederá a reasumir jurisdicción en el conocimiento del asunto.—En el caso, la omisión de la pieza escritural del acto señalado como reclamado; esto es, el auto de vinculación a proceso, constituye infracción de orden formal que en forma directa vulnera lo previsto por el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual taxativamente establece que debe constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras resoluciones, la de vinculación a proceso; empero, con la expresa restricción atinente a que, la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. De modo que, contrario al proceder de la autoridad de control responsable, en modo alguno se justifica prescindir de la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Ello es así, porque si bien existe la jurisprudencia 34/2017 (sic) emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, consultable con registro digital: 2015127, en la página 125 del Libro 46, de septiembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario (sic) en comento, del tenor siguiente: ‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el Juez de Control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del Juez de Control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por «escrito» en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel.’.—Lo cierto es que, dicho criterio se advierte inaplicable en el presente caso, en atención a que, se apoyó y derivó de la interpretación y análisis de las legislaciones procesales penales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, no así del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable al caso concreto que exige pronunciamiento de la versión escrita, entre otras resoluciones, del auto de vinculación a proceso, en los términos y restricciones ya destacadas. En ese contexto, se estima inaplicable el referido criterio jurisprudencial, en tanto que, en aquél se realizó una interpretación de los artículos 41, 31 y 32 bis, de las codificaciones procesales del Estado de México, Nuevo León y Zacatecas, respectivamente, los cuales establecen: (los transcribe).—Con lo cual se evidencia que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contienen una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, tal criterio es inaplicable respecto de dicha codificación, por ende, el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido ordinal, pues de no ser así ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones, por su trascendencia y grado de afectación que causan al imputado, por excepción, deberán constar por escrito.—Por tanto, es claro que la jurisprudencia en cuestión reabre una cuestión relativa a la importancia de la emisión oral de los fallos para cumplir con la garantía a que se refiere el artículo 16 constitucional como forma de registro válida referente a la videograbación; pero tal criterio en ningún momento exime de la obligación de emitir la versión escrita a que alude el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de ese tema no se ocupó la jurisprudencia en cuestión.—Por lo tanto, no puede usarse como pretexto para dejar de cumplirse con la obligación que la actual codificación establece como adicional a la celebración de la audiencia.—Al respecto, es oportuno señalar el contenido del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: (lo transcribe).—Por tanto, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene disposición expresa, el Juez de Control responsable después de haber tomado la decisión de vincular a proceso al aquí recurrente, debió haber hecho constar su resolución por escrito, sin que ésta pueda exceder el alcance de la emitida oralmente, por lo que si omitió hacerlo, es dable concluir que el acto reclamado infringió las formalidades esenciales del procedimiento.—Conforme a lo expuesto, se evidencia que las legislaciones interpretadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contienen una disposición similar a la prevista en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, tal criterio es inaplicable respecto de dicha codificación, por ende, el auto de vinculación a proceso debe constar por escrito en acatamiento a lo dispuesto por el referido contexto normativo, ya que, de no ser así, ningún sentido tendría la distinción efectuada por el legislador, en el sentido de que cierto tipo de resoluciones que, por su trascendencia y grado de afectación al imputado, por excepción, deberán constar por escrito.—Aunado a ello, no debe perderse de vista que la jurisprudencia citada en líneas que anteceden, no prohíbe la emisión escrita de resoluciones en el nuevo sistema de justicia penal, en tanto, sólo realizó una interpretación conforme de los numerales que estudió con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, dicho criterio además de no ser aplicable al Código Nacional de Procedimientos Penales, no contiene alguna limitante para emitir resoluciones por escrito; es decir, no justifica el incumplimiento de la obligación procesal respectiva.—En ese sentido, lo procedente es modificar la resolución venida a revisión y conceder la protección constitucional a efecto de que sea subsanada la deficiencia advertida; de manera que, el Juez de Control responsable, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de catorce de febrero de dos mil diecinueve, respecto del cual no se advierte violación de derechos fundamentales; y, por ende, no se requiere la verificación de una nueva audiencia, deberá emitir la versión escrita correspondiente, la que no podrá exceder los alcances de la emitida oralmente... ."

9. Transcripciones de las que se obtiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó correcto el proceder del Juez de Distrito únicamente en el aspecto de que el acto reclamado contenido en el registro audiovisual, no transgredía derechos fundamentales de la parte quejosa.

10. No obstante, consideró que la falta de la versión escrita del auto de vinculación a proceso (pieza papel), constituía una violación formal que no apreció el juzgador constitucional, porque el artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así lo exige, con la restricción que no exceda de la emitida oralmente y sea emitida en el término de veinticuatro horas.

11. Agregó que no se justificó el proceder de la responsable en que la resolución de vinculación a proceso sólo se emitiera de manera oral y que se dejara registro en la videograbación, pues si bien existe la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (sic): "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS).", es inaplicable, porque las legislaciones que se interpretan no contienen disposición similar a la prevista en el Código Procesal Nacional respecto a la obligación de emitir una versión escrita del auto de vinculación.

12. En ese contexto, resolvió otorgar el amparo para efecto de que la responsable, sin dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso (emitida de manera oral y de la que dejó registro en la videograbación), en el que no advirtió violación de derechos fundamentales, sin verificar nueva audiencia, emitiera la versión escrita, la cual no debía exceder los alcances de la versión oral.

13. Las resoluciones en cita dieron lugar a la tesis de rubro (10a.): "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)]."(1)

14. Por otra parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 254/2019, estableció lo siguiente:

"... Finalmente, se estima pertinente destacar que no irroga agravio alguno al recurrente, la parte final de la sentencia recurrida atinente a que no transgrede sus derechos fundamentales el hecho de que no obre la versión escrita del acto materia de reclamo. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable efectivamente actuó apropiadamente al pronunciar el acto de molestia de forma oral, dejando registro de los argumentos vertidos verbalmente en la audiencia mediante la videograbación respectiva, sin necesidad de complementar esa actuación con la versión impresa. Al respecto, se estima que ese proceder se encuentra respaldado con las directrices interpretativas realizadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (1

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29824-92966ee6/auto-de-vinculacion-a-proceso-conforme-al-contenido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.