PRUEBA ANTICIPADA DESAHOGADA SIN LA PRESENCIA DEL ACUSADO. NO PUEDE SER UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA JUSTIFICAR UNA SENTENCIA CONDENATORIA.
AMPARO DIRECTO 15/2021. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIENES RESERVARON SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: SANTIAGO MESTA ORENDAIN.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 27 de noviembre de 2024, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 15/2021, promovido por ********** y **********, contra la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada por entonces Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, en el toca penal de apelación 16/2018-SPA8.
ANTECEDENTES DEL CASO
1. Causa penal **********. El 20 de diciembre de 2017, un Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua dictó falló condenatorio en contra de ********** y **********, por la comisión de los delitos de homicidio calificado,(1) tentativa de homicidio calificado(2) y robo agravado,(3) pues consideró demostrado, más allá de toda duda razonable, que:
Aproximadamente a las 15:00 horas del martes 28 de julio de 2009, el Agente de la Policía Ministerial Investigadora **********y los Agentes de la Policía Municipal de Morelos Chihuahua **********, **********y **********, custodiaban un vehículo del Programa Oportunidades del Gobierno Federal que tripulaban **********, **********y **********.
Al circular por una brecha de terracería que conduce del poblado de **********, municipio de Morelos, al poblado de **********, municipio de Batopilas, lugar conocido como **********, en una curva, fueron emboscados por un grupo de personas, entre las cuales estaban **********, quienes le atravesaron piedras en el camino y les dispararon con armas de fuego.
Con motivo de lo anterior, **********, **********y ********** perdieron la vida; **********, ********** y ********** resultaron lesionados; y los agresores se apoderaron de 1’970,865.00 (un millón novecientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), propiedad de **********.
2. El 13 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. El Tribunal de Enjuiciamiento consideró actualizado un concurso real de delitos, e impuso a los sentenciados 42 años y 6 meses de prisión; y la reparación del daño (1’970,865.00 (un millón novecientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), a ********** y lo que se determine en la etapa de ejecución para las demás víctimas); entre otras sanciones.
3. Toca penal **********. Inconformes, los sentenciados interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y, el 28 de agosto de 2018, el Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito confirmó la sentencia recurrida. Esta sentencia definitiva constituye el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo directo.
4. Amparo directo **********. El 2 de julio de 2019, ********** promovieron juicio de amparo directo, señalaron como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Federal y, como conceptos de violación, argumentaron que:
a) Se violó su derecho a una defensa materialmente adecuada, pues la defensa se desistió de las testimoniales de **********, **********, sin que se diera vista a los quejosos.
b) Se violó su presunción de inocencia, pues a pesar de la insuficiencia de pruebas, el tribunal de apelación confirmó la sentencia condenatoria.
Esto es así, pues la responsable confirmó su responsabilidad con la prueba anticipada de **********, **********, quienes refirieron haberlos visto con un grupo de personas, vestidos de militares, portando "cuernos de chivo", antes y después de los hechos, en un lugar distinto al del evento criminal, lo cual no demuestra su presencia o participación en los hechos. Además, las manifestaciones de estos testigos fueron imprecisas, pues ni siquiera señalan el año del evento. No son creíbles, pues es irracional pensar que después de cometido el ilícito caminaran durante más de 24 horas para regresar, a las 17:00 horas del 29 de julio de 2009, al mismo lugar en el que supuestamente fueron vistos por la mañana del 7 de julio de 2009, cuando los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2009 a las 14.30 horas. Además, indicaron que ********** llevaba un costalito en el lomo y se veía algo negro que en su interior llevaba como una maletita, que era donde supuestamente se encontraba el dinero, cuando uno de los objetos encontrados en el lugar de los hechos fue precisamente el maletín negro vacío.
Aunado a lo anterior, no hay otro medio de prueba con el que se sustente la presencia de los quejosos en el lugar de los hechos, pues las demás pruebas se refieren a la existencia del hecho, no a la identidad de los responsables.
Finalmente, la responsable no le dio valor a las documentales relativas a la declaración de **********, rendida el 30 de octubre de 2013 ante el agente del Ministerio Público de Guachochi; y a las denuncias interpuestas por **********, **********, ********** y **********, el 26 de febrero de 2014, ante el Visitador Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en las que refirieron que nunca tuvieron conocimiento de los hechos que les ocupan, y que rindieron sus declaraciones previas debido a las amenazas, lesiones y tortura que sufrieron por parte de los elementos ministeriales y militares.
5. En sesión de 26 de junio de 2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito determino solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del juicio de amparo, pues consideró que la valoración de la prueba anticipada resultó de suma trascendencia.
6. Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 9/2021. El 21 de abril de 2021, esta Primera Sala resolvió ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo directo ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.
7. Amparo directo 15/2021. El 23 de septiembre de 2021, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo, turnó el asunto a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y ordenó su radicación a la Primera Sala.
8. El 19 de octubre de 2021, la Presidenta de esta Primera Sala ordenó el avocamiento del asunto y enviar los autos a la ponencia del ministro ponente para elaborar el proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente juicio de amparo directo, en virtud de que se ejerció la facultad de atracción, de conformidad con los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Federal; 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso b, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y séptimo del Acuerdo General 5/2013, emitido por este Alto Tribunal. Lo anterior, pues es de naturaleza penal y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
10. La demanda se interpuso dentro del plazo de 8 años que establece el artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la sentencia reclamada fue notificada a los quejosos el 29 de agosto de 2018 y se interpuso el 2 de julio de 2019.
III. LEGITIMACIÓN
11. Los promoventes cuentan con legitimación para interponer el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, pues son los sentenciados en la causa penal ********** y recurrentes en el toca penal 16/2018-SPA8.
IV. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
12. Los quejosos reclaman la sentencia de fecha 28 de agosto de 2018, dictada por Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, al resolver el toca de apelación 16/2018-SPA8.
13. La existencia de este acto quedó acreditada con el informe justificado que rindió el Tribunal Unitario de Circuito, en el que reconoció la emisión de la sentencia(4) y remitió los autos del toca penal de referencia y de la causa penal **********.
V. ESTUDIO DE FONDO
14. Antes de iniciar con el análisis del caso, es pertinente reconocer que los hechos por los que se acusa a los quejosos son extremadamente graves. Tres personas perdieron la vida. Se atentó contra la vida de otras cuatro personas, y resultaron lesionadas. Se robaron casi dos millones de pesos. Se perturbó la seguridad pública de las personas de Chihuahua.
15. Pero aquí no se cuestiona la existencia de los delitos o su gravedad. La defensa no pelea estos temas y las pruebas de la fiscalía son suficientes para tener por cierto que los hechos sucedieron tal y como lo planteó, como lo consideraron demostrado tanto el Tribunal de Enjuiciamiento como el de apelación.
16. Lo que aquí se debate es si los quejosos participaron en esos hechos. Si deben ser declarados penalmente responsables. Si está justificado imponerles más de 40 años de prisión con base en las pruebas que ofreció la fiscalía. Si ********** y ********** privaron de la vida a **********, **********y **********, atentaron contra la vida de **********, **********, **********y ********** y se apoderaron de $1’970,865.00 (un millón novecientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), propiedad de **********. Si los quejosos son culpables.
17. Según la Constitución,(5) la carga de demostrar la culpabilidad de una persona acusada de un delito corresponde a la fiscalía. La defensa no está obligada a demostrar su inocencia. Es la fiscalía, como parte acusadora, quien está obligada a ofrecer las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de la persona acusada. Si no lo hace, la persona acusada debe ser absuelta.
18. El nivel de certeza que la fiscalía debe obtener sobre la culpabilidad de una persona es muy alto. Debemos estar muy seguros de que una persona cometió un delito, para que se considere justificado imponerle una pena como la de prisión. No basta con que se ofrezcan pruebas que demuestren que la persona acusada probablemente cometió un delito o que pudo haberlo cometido. No basta con que existan más pruebas sobre su culpabilidad que sobre su inocencia.
19. El estándar de prueba que la fiscalía debe satisfacer para obtener una sentencia condenatoria en contra de una persona es el de la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. "En caso de duda razonable," dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, "el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado" .(6)
20. No cualquier duda es razonable. El hecho de que existan versiones alternativas posibles a la de la acusación no produce, sin más, una duda razonable.
21. La duda solo es razonable cuando se infiere del material probatorio desahogado en la audiencia de juicio. Cuando el material probatorio no es suficiente para eliminar toda incertidumbre racional sobre la verdad de la acusación, incertidumbre que no sólo está determinada por el grado de confirmación de la hipótesis de acusación, sino también eventualmente por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa, en el supuesto de que existan pruebas de descargo que la apoyen.(7)
22. Por tanto, si al final del proceso, la persona juzgadora considera que la fiscalía no ofreció pruebas suficientes para eliminar toda duda razonable de que la persona acusada cometió los delitos por los que la acusa, debe absolver a la persona acusada.
23. Puede parecer peculiar que la constituyente haya impuesto una carga de esta magnitud a solo una de las partes (a la fiscalía) y no a la otra (a la defensa). Sin embargo, esta aparente peculiaridad se desvanece cuando se considera que con esta norma constitucional se busca, entre otros objetivos, contrarrestar el gran desequilibrio que existe entre el Estado como parte acusadora y el individuo como parte acusada, y evitar que personas inocentes sean encontradas culpables.
24. El desequilibrio se debe a que el Estado tiene a su disposición muchísimos recursos para investigar los delitos y perseguirlos ante los tribunales (como la policía de investigación, fiscalías especializadas, peritos oficiales, entre los muchos otros recursos materiales y humanos que estas labores exigen); mientras que, para la persona promedio, ser acusada de un delito implica un gran desgaste y un considerable costo emocional, económico, social y laboral, y en ocasiones hasta de salud.
25. En este sentido, se considera más grave imponer una sanción penal (como la pena de prisión) a una persona inocente que no imponérsela a una persona culpable pues, como ha señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"[l]a ingeniería del modelo acusatorio de justicia penal –que pone a la presunción de inocencia al centro– deliberadamente responde a la intención de evitar, tanto como sea posible, una falla que resultaría atroz para la credibilidad del sistema de justicia penal: la de errar y condenar a personas inocentes. De este modo, con el propósito de reducir esa falibilidad al máximo posible, el modelo incorpora protecciones reforzadas en favor de la persona acusada. Sus reglas se diseñan con la intención de que resulte más fácil que se libere a un culpable a que se condene a un inocente. Nada dilapidaría la confianza en el sistema penal tanto como la percepción de que es un aparato habilitado para permitir la condena del inocente. Y, a la inversa, nada lo legitima más que la percepción de que su diseño conduce a sancionar a quien así lo merece. Es en función de esa finalidad que nuestro sistema de justicia penal acoge un modelo de corte acusatorio y adversarial."(8)
26. Consecuentemente, para mitigar este desequilibrio procesal que existe entre el Estado y el individuo y evitar la tragedia de mandar a una persona inocente a la cárcel, es que nuestro constituyente determinó que no es admisible imponerle una sanción penal a una persona a menos que el Estado presente suficientes pruebas para eliminar toda duda racional sobre su culpabilidad, lo cual no acontece en el caso particular.
27. En este caso, los medios de prueba ofrecidos por la fiscalía NO son suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados en los hechos materia de la acusación.
28. Esto es así, pues la versión acusadora descansa, prácticamente en su totalidad, en el dicho de tres testigos que dijeron haber visto a los acusados en una tienda por donde acontecieron los hechos, un día antes y un día después del día en que sucedieron, vestidos con ropa militar, con "cuernos de chivos" (armas de fuego AK-47), y que accidentalmente los escucharon reconocer haber matado "a los de Oportunidades".
29. No obstante, estas testimoniales no son aptas para demostrar más allá de toda duda razonable que ********** y ********** cometieron los hechos delictivos pues no se desahogaron ante la presencia de los quejosos y sus defensas. Se explica.
A Los principios de inmediación y contradicción en el proceso penal acusatorio
30. Según la Constitución Federal, una sentencia penal sólo puede emitirse con base en pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio de manera pública, contradictoria y oral.(9)
31. Esta disposición, en la que encuentran fundamento los principios de inmediación y contradicción, no es una mera formalidad, sino una condición indispensable para el respeto del derecho a una defensa adecuada. Además, si una prueba se desahoga al margen de los principios de inmediación y contradicción, la persona juzgadora difícilmente estará en condiciones de establecer el alcance demostrativo de un medio de prueba.(10)
32. Así, esta Primera Sala ha establecido que el principio de contradicción niega la validez de una prueba oculta. Dicho de otra manera, las pruebas practicadas a espaldas de una de las partes carecen de valor probatorio, pues vulneran los derechos de la parte a quien perjudican.(11) No es admisible condenar a una persona si no tuvo la oportunidad de verificar la existencia de las pruebas que se utilizan en su contra, de examinar sus características y de exponerlas ante la persona que habrá de decidir sobre su culpabilidad.
33. Asimismo, ha señalado que el principio de contradicción también se entiende como una herramienta metodológica de formación de la prueba, pues constituye una garantía, aplicada a la producción de la prueba testimonial, que exige que la contraparte del oferente de la prueba –en una audiencia pública– tenga la oportunidad de contrainterrogar al sujeto de prueba sobre el contenido de sus afirmaciones, con el propósito de controvertir la credibilidad de su testimonio.(12)
34. Cuando no se respeta el derecho de una parte de examinar y entrevistar a un testigo, ha señalado esta Primera Sala, se le priva del derecho de realizar las estrategias defensivas que cabe practicar en esos casos para atacar la credibilidad de la evidencia testimonial: (i) ya sea cuestionar la forma en la que el testigo adquirió el conocimiento sobre los hechos que depone; o (ii) cuestionar la credibilidad de los atributos de la declaración, lo que puede llegar a poner en duda la veracidad del testimonio (argumentar que el testigo declara en contra de sus creencias), la objetividad de aquello que el testigo dice creer (argumentar que el testigo no formó sus creencias sobre los hechos que declara de acuerdo con un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos) o la calidad de la observación en la que se apoyó la declaración (argumentar que las capacidades sensoriales del testigo no son óptimas, que el estado físico de éste al momento de percibir los hechos no era el más adecuado para esos efectos o que las condiciones en las que percibió esos hechos lo hacen poco fiable).(13)
35. A su vez, esta Primera Sala ha sostenido que el principio de inmediación también funge como herramienta metodológica de formación de la prueba. En este sentido, el principio en mención exige que el Tribunal de Enjuiciamiento que vaya a resolver el asunto aprecie directamente, sin intermediarios, los argumentos de las partes y la evidencia en que apoya su decisión, pues este es el mecanismo que le permite tomar decisiones.(14)
36. Así, el principio de inmediación exige la percepción directa y personal de los elementos probatorios útiles para la decisión pues, para el constituyente, este principio "presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión."(15)
37. Dicho propósito implica reconocer que en la etapa de juicio es donde cobra plena aplicación el principio de inmediación, pues el contacto directo que el juez tiene con los sujetos y el objeto del proceso, lo colocan en las mejores condiciones posibles para percibir—sin intermediarios—toda la información que surja de las pruebas personales. Esto es, de aquellas que para su desahogo requieren de la declaración que en juicio rinda el sujeto de prueba, como la testimonial, la pericial o la declaración del acusado.(16)
38. En la producción de las pruebas personales, el contacto directo del juez con el medio de prueba proporciona las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan a las palabras del declarante, esto es, componentes paralingüísticos como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, muecas, sonrojo, etcétera. De manera que el juez gracias a su inmediación con la prueba, puede formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para luego de motivar su valor y alcance probatorio decida la cuestión esencial del asunto: si el delito quedó o no demostrado.(17) 39. Así, para la eficacia del principio de inmediación se requiere que el juez que interviene mientras se desahogan las pruebas personales sea el que emita el fallo del asunto, en el menor tiempo posible.(18)
40. Por estas razones, esta Primera Sala concluyó que la infracción a los principios de inmediación y contradicción en la etapa de juicio oral constituye una falta grave a las reglas del debido proceso, pues no hay forma de garantizar que los hechos del proceso se demuestren con pruebas obtenidas con pleno respeto a los derechos fundamentales y principios que rigen al sistema de justicia penal vigente.
41. En esa medida, la infracción a esos principios también implica la transgresión del diverso principio de presunción de inocencia, porque al trasgredir el modo en que debe incorporarse la prueba testimonial en un sistema procesal adversarial, impide considerar a dicho testimonio como prueba válida para justificar la emisión de una sentencia.(19)
42. De ahí que en el esquema adversarial, sólo puede ser considerada prueba testimonial aquella información que el sujeto de prueba vierte oral, personal y directamente ante el juez o tribunal de enjuiciamiento con oportunidad a que la contraparte lo someta al escrutinio de un ejercicio contradictorio que le permita controvertir la credibilidad de su testimonio.(20)
B La prueba de referencia ante los principios de inmediación y contradicción
43. Ahora bien, a pesar de la importancia de los principios de inmediación y contradicción para garantizar los derechos de las partes y procurar que una sentencia penal se emita con información de calidad, estos principios admiten modulaciones, aunque deben interpretarse de manera restringida.(21)
44. Esto es así, pues el sistema penal no solo busca proteger a las personas acusadas de un delito; sino que también tiene como objetivos el que se repare el daño causado y que la persona culpable no quede impune.(22)
45. En ocasiones, estos propósitos entran en conflicto, por lo que deben ser contrastados hasta alcanzar un equilibrio.(23)
46. Esta búsqueda de un equilibrio ha llevado a esta Primera Sala a estudiar y pronunciarse en diversas ocasiones sobre la validez de las pruebas desahogadas fuera de la audiencia de juicio con las que se pretende demostrar la veracidad de su contenido, identificadas como pruebas de referencia.(24)
47. La prueba de referencia incide invariablemente en el principio de inmediación, pues, por definición, se desahoga fuera de la audiencia de juicio; ante persona distinta al tribunal de enjuiciamiento.
48. La prueba de referencia puede atentar contra el principio de contradicción pues, al desahogase fuera de la audiencia de juicio, no ofrece garantías necesarias para asegurarse que las partes estén presentes para examinarlas y refutarlas.
49. No obstante, ante una posible tensión entre los diversos objetivos del proceso penal, esta Primera Sala ha sostenido que es posible admitir una prueba desahogada al margen de los principios de inmediación y contradicción, siempre y cuando, primero se demuestre que (a) es necesaria. Esto es que, dadas circunstancias, no es razonable exigir que la oferente reproduzca el medio de prueba de forma ordinaria, en la audiencia de juicio oral, ante la contraparte y el Tribunal de Enjuiciamiento.
50. Así, esta Primera Sala ha señalado que la prueba de referencia es necesaria cuando el impedimento para desahogarla en la audiencia de juicio responde a causas ajenas a la voluntad de la oferente y es insuperable, inevitable, eventual y comprobable[25]. Asimismo, puede ser necesaria cuando su desahogo en audiencia de juicio representa un costo desproporcionado para el testigo que el Estado no puede mitigar.
51. En segundo lugar, para que sea admisible considerar una prueba de referencia en la emisión del fallo debe acreditarse que (b) su incorporación no representa una afectación desproporcional a los derechos de alguna de las partes.
52. En este sentido, esta Primera Sala ha señalado que para que una prueba de referencia sea admisible, además de ser necesaria, se debe actualizar alguna de las siguientes dos condiciones:
i. que el acusado haya tenido la oportunidad de interrogar o contrainterrogar el testimonio de cargo en algún momento; o
ii. que la prueba ausente no constituya un elemento sine qua non para justificar la sentencia.(26)
53. Con base en lo anterior, esta Primera Sala ha concluido que el hecho de que la fiscalía desconozca el domicilio de un testigo(27) o la gravedad de los hechos materia de la acusación(28) no hacen necesaria la admisión de una prueba de referencia, pues no constituyen razones suficientes para eximir a la fiscalía de su obligación de llevar sus pruebas a la audiencia de juicio, por lo que en estos supuestos no es procedente incorporar mediante lectura el testimonio de los testigos ausentes.
54. A su vez, ha considerado que el fallecimiento del testigo antes de la audiencia de juicio(29), o cuando padece de una enfermedad que le impide rendir su declaración en la audiencia de juicio,(30) sí constituyen razones suficientes para admitir sus declaraciones previas.
55. Sin embargo, precisó que en todo caso, para poder considerar la prueba de referencia como prueba válida para sustentar una sentencia condenatoria, es indispensable que la defensa hubiese tenido la oportunidad de examinar al testigo ausente en algún momento previo o que dicha testimonial no constituya prueba fundamental para demostrar la culpabilidad del acusado.(31)
C La prueba anticipada como prueba de referencia
56. Ahora bien, la posibilidad de admitir la validez de ciertas pruebas de referencia no solo deriva de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también de la propia Constitución Federal.
57. El artículo 20, apartado A, fracción III, establece que, de manera excepcional, un hecho puede demostrarse con medios de prueba desahogados fuera de la audiencia de juicio siempre y cuando, por su naturaleza, requieran de un desahogo previo.(32)
58. Este tipo de prueba, conocida como prueba anticipada, constituye una forma específica de prueba de referencia pues se desahoga previo a la audiencia de juicio, con el propósito de demostrar la veracidad de su contenido. Su justificación deriva de la probabilidad de que, si se posterga su desahogo, puede desaparecer o perder su eficacia demostrativa.(33)
59. En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el tribunal de enjuiciamiento puede considerar como pruebas aquellas desahogadas ante un juez de control, siempre y cuando se justifique que existe una extrema necesidad de desahogarla previo a la audiencia de juicio, para evitar su pérdida o alteración y se observen las reglas previstas para la práctica de pruebas en juicio.(34)
60. Asimismo, establece que, cuando se solicite el desahogo anticipado de la prueba, el juez de control debe citar a todas las partes que tuvieren el derecho a asistir a la audiencia de juicio oral, escuchará y evaluará su necesidad y, en su caso, procederá a su desahogo, debiendo otorgar a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral, para lo cual el imputado debe ser trasladado a la audiencia de juicio para que se imponga de forma personal de la práctica de la diligencia.(35)
61. Como puede advertirse, esta figura reconoce las mismas preocupaciones que esta Primera Sala ha destacado al analizar las circunstancias en las que pueden considerarse como válidas las pruebas desahogadas fuera de la audiencia de juicio al exigir al órgano jurisdiccional que verifique (a) la necesidad de la prueba anticipada y (b) que garantice que su desahogo no represente una afectación desproporcional a alguna de las partes del proceso.
62. Así, una vez demostrada la necesidad de la prueba anticipada y desahogada conforme a las reglas previstas para la audiencia de juicio, es constitucionalmente admisible considerarla para la emisión de la sentencia penal, pues bajo esta figura se evita la pérdida de información relevante para el esclarecimiento de los hechos, al mismo tiempo que garantiza que se respete el principio de contradicción y procura que la afectación al principio de inmediación sea mínima. Esto es así, pues además de preservar la prueba relevante, las partes pueden examinarla y ejercer su derecho de defensa ante un órgano jurisdiccional que, si bien no es el mismo que habrá de emitir la sentencia, goza de la pericia e imparcialidad necesaria para verificar que la prueba se desahogue de manera que se respeten los derechos de las partes y se obtenga información de calidad.
63. Entonces, si la prueba anticipada es necesaria y se desahoga de forma que se respetan todas las facultades que las partes tendrían en la audiencia de juicio –que indudablemente requiere de la presencia de las acusadas y su defensa–(36) será prueba válida, con independencia de que no se haya desahogado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, pues se opera en un punto de equilibrio entre los diversos objetivos constitucionales del proceso penal.
64. En otras palabras, si la prueba anticipada se justifica y durante su desahogo se respeta el principio de contradicción, la sentencia puede válidamente fundarse en ella aun y cuando sea parte esencial de la acusación.
65. Ahora bien, en ciertos escenarios, puede justificarse la admisión de una prueba anticipada desahogada sin la presencia de la parte acusada, como cuando existe la extrema necesida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33249-27a672dc/prueba-anticipada-desahogada-sin-la-presencia-del-acusado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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