CONTRABANDO PRESUNTO. SON IMPROCEDENTES LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A FAVOR DEL SENTENCIADO POR EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SI ÉSTE NO COMPRUEBA QUE EL CRÉDITO FISCAL ESTÁ CUBIERTO O GARANTIZADO A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NO OBSTANTE QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA AÚN NO DETERMINE CUÁL ES EL ADEUDO FISCAL QUE DEBE CUBRIRSE POR LA INFRACCIÓN PENAL ATRIBUIDA.
AMPARO DIRECTO 626/2008. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los anteriores conceptos de violación son infundados en una parte e inatendibles en otra.
Previo a exponer los motivos por los cuales se estiman de esa manera, se considera necesario puntualizar, por un lado, que el análisis de los conceptos de violación no se realizará en el orden planteado por el quejoso en su demanda de amparo, sino en uno diverso en virtud de los temas que los conforman; y, por otro, que resulta indispensable destacar cuál fue el panorama legal en que se gestaron tanto la resolución de primera instancia como la que constituye el acto reclamado.
De las constancias del expediente de origen se advierte, en lo que aquí interesa, que el a quo en la causa penal ********** emitió sentencia absolutoria, pues luego de tener por justificado tanto el tipo penal del delito como la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, consideró que debía absolverse al acusado, por no estar en posibilidad de ubicar cuál es el parámetro (de los que establece el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación) de penalidad que le corresponde al acusado, al no contar con prueba alguna que demostrase el quántum de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas por el acusado con motivo de su conducta delictiva.
Al no estar conforme con el resultado de ese fallo, el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación y formuló los agravios que consideró pertinentes.
Por su parte, en la resolución reclamada se analizó el cuerpo del delito de contrabando presunto, previsto por los artículos 102 y 103, fracción II, y sancionado por el artículo 104, todos del Código Fiscal Federal, como la responsabilidad penal de ********** y/o ********** en su comisión, determinando que esos extremos se encontraban plenamente acreditados, y en lo relativo a la individualización de la pena, se estimó que no era necesario contar con el dictamen que se exigía en la resolución apelada para poder establecer la pena a imponer, por lo que ante ello, el Tribunal Unitario determinó que el grado de culpabilidad del acusado era mínimo y le impuso la pena de tres meses de prisión establecida en la fracción I del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación.
Pues bien, la acreditación que el Tribunal Unitario responsable hizo del cuerpo del citado delito como la responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, en su comisión, no es violatoria de garantías.
Sin embargo, antes de exponer las causas por las que se estima de esa manera, conviene abordar en primer término la parte de los conceptos de violación que hace valer el quejoso, en la que aduce que, en el caso, no se encuentra colmado el requisito de procedibilidad para la persecución del delito que se le atribuye ante la inexistencia de la formulación de querella por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Inconformidad que es totalmente infundada, puesto que en atención al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, para la persecución del delito de contrabando presunto, previsto por los numerales 102 y 103, fracción II, de esa propia codificación tributaria, sólo se requiere de la denuncia de los hechos ante el agente del Ministerio Público (exigencia que, en la especie, como más adelante se verá, se encuentra satisfecha).
Se afirma de esa manera, pues el dispositivo legal citado en primer término, en la parte conducente, estatuye:
"Artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
"I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.
"II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115.
"III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.
"En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal."
Incluso el Máximo Tribunal del país ha considerado que como el referido precepto no contempla dentro de sus hipótesis al artículo 103, fracción II, del invocado código tributario federal, entonces es evidente que para proceder penalmente por el delito de contrabando presunto establecido por ese dispositivo no es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querella o emita la declaratoria de perjuicio, sino basta que se denuncien los hechos ante el representante social federal.
Aplica a lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época con número de registro IUS 180923, identificada con el número 1a./J. 12/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 47 del Tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRABANDO PRESUNTO. PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Las fracciones I, II y III del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establecen que para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en los artículos 102, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114 y 115 del propio ordenamiento deberá cumplirse con el requisito de procedibilidad, consistente en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita una declaratoria de perjuicio, y que en los demás casos no contemplados en dichas fracciones bastará la denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal, es decir, el propio legislador señaló en forma limitativa cuáles son los preceptos en los que, para proceder penalmente en contra de quien cometa el delito que prevén, será necesario cumplir con el requisito de procedibilidad señalado. Ahora bien, toda vez que el referido artículo 92 no contempla dentro de sus hipótesis al artículo 103, fracción II, del código tributario federal, es evidente que para proceder penalmente por el delito de contrabando presunto establecido por ese dispositivo no es necesario que dicha secretaría emita tal declaratoria, sino basta que se denuncien los hechos ante el representante social federal. Además, aun cuando los artículos 102 y 103 del citado código se complementan entre sí, ello no implica que para la prosecución del delito que prevé el último precepto señalado deba cumplirse el mismo requisito de procedibilidad que para el diverso 102, pues dicha circunstancia no se desprende del contenido del artículo 92."
De ahí que, adverso a lo que dice el quejoso, en el caso no tenía por qué encontrarse satisfecho ese requisito de formulación de querella por parte de la Secretaría de Hacienda.
Ahora, es inatendible otra parte de los conceptos de violación, en la que el impetrante insiste en la necesidad de la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la persecución del injusto social que se le atribuye.
Lo anterior es así, pues el peticionario de amparo para sustentar sus argumentos invoca lo establecido por el artículo 143 de la Ley General de Población y lo estipulado en los numerales 118 y 199 del Código Federal de Procedimientos Penales, argumentando que, en la especie, no se encuentran colmadas las exigencias de esos preceptos.
Sin embargo, ni esos preceptos ni los argumentos que enarbola son susceptibles de ser analizados, por un lado, porque el artículo 143 de la Ley General de Población, se trata de un precepto que en el caso no es aplicable debido a que no se está en presencia de ninguno de los delitos que se contempla en esa legislación de población, puesto que el ilícito que se le atribuye se trata de contrabando presunto, contemplado por los artículos 102 y 103, fracción II, y penado por el artículo 104 del Código Fiscal Federal; y, por otro, debido a que los numerales 118 y 199 del Código Federal de Procedimientos Penales sólo tienen aplicación al caso concreto en tratándose de una denuncia, pero no así en lo relativo a la querella, pues como ya se vio, en la especie, para la persecución de ese injusto social no es necesaria la formulación de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal suerte que el fiscal investigador al integrar la indagatoria no estaba obligado a colmar las exigencias de esos dos preceptos (por lo que ve a la figura jurídica de la querella).
En razón a lo anterior, la jurisprudencia que el impetrante de garantías invoca como sustento, del epígrafe: "QUERELLA PRESENTADA POR ESCRITO. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SON APLICABLES CUANDO AQUÉLLA ES FORMULADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.", en modo alguno resulta ser idónea para evidenciar la ilegalidad del acto reclamado.
Corresponde ahora entrar al análisis de la justificación que tanto el Juez de Primera Instancia como el Tribunal Unitario responsable hicieron de los elementos que integran el delito de contrabando presunto, contemplado por los artículos 102 y 103, fracción II, ambos del Código Fiscal Federal, como de la responsabilidad de *****1***** y/o *****2***** en su ejecución.
Para ello, es necesario destacar que el Máximo Tribunal del país es del criterio de que los elementos típicos del delito de contrabando presunto se obtienen a partir de lo establecido por los artículos 102 y 103, fracción II, ambos del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que dicho ilícito se trata de aquellos de los denominados complementarios que origina que dependa del tipo básico que se encuentra contemplado en el primero de esos numerales.
A esto es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época con número de registro IUS 178017, identificada con la tesis 1a./J. 83/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68 del Tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRABANDO PRESUNTO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS. SE PRESUME QUE FUERON INTRODUCIDOS AL TERRITORIO NACIONAL POR QUIEN LOS POSEA, LOS PORTE O SE OSTENTE COMO SU PROPIETARIO FUERA DE LA ZONA DE VIGILANCIA ADUANAL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 102 Y 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). La fracción II del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación prevé un tipo penal de los denominados complementarios, pues su actualización requiere la aplicación del tipo básico del cual depende, que en este caso lo constituye el delito de contrabando establecido en el diverso numeral 102 del referido código; de manera que para determinar los elementos típicos del delito de contrabando presunto es necesario estudiar conjuntamente ambos preceptos, de los cuales se desprende que se presume cometido el delito de contrabando cuando: a) se introduzcan al país vehículos de procedencia extranjera; b) dichos vehículos se encuentren fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, y c) no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente. Ahora bien, aun cuando la aludida fracción II del artículo 103 no establece como elemento del tipo la posesión del vehículo extranjero y prevé una situación posterior a su introducción (cuando ya están dentro del territorio nacional), se entiende que si éstos se encuentran fuera de la mencionada zona de vigilancia aduanal, la sola objetividad de su hallazgo ubica como responsable del ilícito a quien los posea, se ostente como propietario o sea su portador, sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país, pues se presume que fueron introducidos por quien asuma la tenencia de tales vehículos, salvo prueba en contrario. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que la conducta descrita presume la comisión del delito de contrabando, también lo es que dicha presunción no es absoluta, ya que dentro de la dinámica del procedimiento penal el sujeto activo está en posibilidad de demostrar que la introducción del vehículo extranjero no le es imputable o, en su caso, que lo internó cumpliendo con todos los requisitos que exige la Ley Aduanera, mediante la exhibición de la documentación respectiva."
En tal virtud, el delito de contrabando presunto de vehículos extranjeros se integra con los elementos siguientes:
a) Una conducta consistente en introducir al país vehículos de procedencia extranjera;
b) Que dichos vehículos se encuentren fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta, a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas; y,
c) Que no se cuente con el permiso de la autoridad correspondiente.
Precisado lo anterior, es de señalar que, tal como lo concluyó el Juez de primera instancia y ratificó el Magistrado responsable, los medios probatorios que obran en la causa penal, justipreciados en términos de lo establecido en los artículos 279 y 284 al 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, adminiculados de manera lógica y natural, acreditan que la conducta desplegada por el activo engasta en la hipótesis delictiva descrita en los artículos 102 y 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
Así es, los mencionados elementos del cuerpo del delito en estudio se justifican con los medios de prueba siguientes:
El parte informativo ********** suscrito y ratificado ministerialmente por *****1*****, *****2***** y *****3***** elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, en el que manifestaron que el veintiocho de agosto de dos mil siete, aproximadamente a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, durante el desempeño de sus labores, escucharon los dos primeros vía radio frecuencia que el policía ********** solicitaba apoyo, porque al ubicarse al exterior de la empresa ********** situada en avenida ********** número ********** observó una camioneta ********** de color ********** con placas de la ********** tripulada por una persona del sexo masculino que vestía una chamarra de color negro (conductor) y un sujeto que lo acompañaba con playera blanca, deteniendo la marcha al interior de la planta industrial; que al bajar del coche se percató que éstos cargaban en sus manos varios juegos de llaves al igual que desarmadores, y que ambos sujetos se acercaron a la puerta del conductor de un automóvil marca ********** tipo ********** en color ********** de modelo reciente con placas de circulación ********** de esta entidad, abriendo violentamente la chapa de la portezuela para sustraer de su interior una mochila de colores azul y rojo, que del automotor aludido en principio descendió otro individuo que llevaba una playera naranja, quien era el que alertaba a sus compañeros de la presencia de personal de vigilancia de la citada persona moral; que después abordaron la camioneta ********** de color ********** y se retiraron apresuradamente con dirección al poniente sobre la avenida Promoción, que dieron vuelta a la derecha en el Eje 114; que sobre la avenida Industrias a la altura del Eje 116 vieron circular la citada camioneta, por lo que le marcaron el alto a su conductor, sin que atendiera la indicación sino que aceleró más la marcha del vehículo en afán de evadir la presencia de la unidad policial, deteniéndose finalmente frente al Juzgado Especializado para Menores Infractores, instalado en Avenida Industrias entre los Ejes 116 y 118, bajándose de la camioneta tres hombres con las vestimentas antes descritas a los que procedieron a revisar, mismos que mostraban un notado nerviosismo, además de que cayeron en contradicciones cuando los cuestionaron sobre su lugar de destino; que les hallaron en el interior del carro diversas llaves de variadas marcas de vehículos, entre otros objetos; que ********** (propietario del vehículo **********) arribó al lugar de la detención y reconoció como de su propiedad la maleta descrita precedentemente; por su parte, el agente ********** identificó a los capturados como los que minutos antes dañaron el automóvil de ********** y sustrajeron el aludido objeto (mochila), lo que motivó el aseguramiento de ********** conductor del automotor ********** y de los otros que lo acompañaban (fojas 12, 13 y 21 a 31).
Probanza a la que de manera correcta el Magistrado responsable le otorgó el carácter de testimonial, en términos del último párrafo del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que la misma fue ratificada ante el Ministerio Público de la Federación y se encuentra complementada con otras pruebas practicadas en autos, como son la inspección ministerial y el dictamen pericial practicadas sobre el vehículo asegurado; de ahí que tenga valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el diverso 289 del citado cuerpo de leyes, al reunir las exigencias que al efecto establece dicho numeral, en tanto que *****1*****, *****2***** y *****3***** por su edad, capacidad e instrucción, tienen criterio suficiente para distinguir las conductas delictivas; además, si se tiene en cuenta que no existe en el sumario dato alguno que ponga de manifiesto que tienen animadversión contra el inculpado, aquí quejoso, debe estimarse que declararon de manera imparcial, máxime si se tiene en consideración que los acontecimientos sobre los que declararon fueron susceptibles de conocerse por medio de los sentidos y respecto de los cuales tuvieron conocimiento directo y no por inducciones ni referencias de otros, sus relatos fueron claros y precisos, sin dudas ni reticencias, tanto en la sustancia del hecho como en sus circunstancias esenciales, asimismo, en autos no obra dato alguno que ponga de manifiesto aun indiciariamente que hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno.
Apoyan las consideraciones que anteceden las jurisprudencias 257 y 376, sustentadas por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 188, 189, 275 y 276, Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dicen:
"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron."
"TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio sub júdice."
La fe ministerial practicada el veintinueve de agosto de dos mil siete, respecto de, en lo que interesa, una camioneta "marca ********** submarca ********** tipo ********** color ********** sin placas de circulación, de la cual se observa a través del parabrisas una placa de circulación sobre el tablero de controles apreciándose lo siguiente: ********** del Estado de Texas de los Estados Unidos de América ...", con número de serie ********** (foja 47).
Medio de convicción que, como con acierto jurídico lo estimó el Magistrado responsable, reúne los requisitos que para ello exige el numeral 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y, por ende, adquiere pleno valor probatorio al tenor de lo establecido en el ordinal 284 del mismo código, puesto que fue practicado por una autoridad facultada para ello, como lo es el agente del Ministerio Público de la Federación, cumpliendo con los requisitos legales fijados al efecto y sobre objetos que pueden ser apreciados por el sentido de la vista.
El dictamen suscrito por ********** perito oficial de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal San Luis Potosí, en el que concluyó: "La camioneta marca ********** submarca ********** tipo ********** color ********** sin placas de circulación (a simple vista se observó una placa de circulación sobre el tablero de controles apreciándose lo siguiente: ********** del Estado de Texas de los Estados Unidos de América), con número de serie ********** es un vehículo de procedencia extranjera ensamblado en Canadá y corresponde a un año modelo **********." (fojas 72 a 76).
Probanza que igualmente fue valorada con certeza jurídica por la responsable a la luz de los artículos 220, 234 y 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que fue emitida por persona con conocimientos especiales en la materia, dado que ********** es perito oficial de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, quien además explicó en forma detallada los hechos y circunstancias que le sirvieron de fundamento a su opinión, por lo cual, como lo consideró el emisor del acto reclamado, tiene plena eficacia probatoria de conformidad con el numeral citado en último término.
Apoya esta consideración la jurisprudencia número 256, de la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 188, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que expresa:
"PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros."
Probanzas las anteriores que adminiculadas entre sí pone de manifiesto que un sujeto activo del delito adecuó su conducta a la hipótesis que prevén los artículos 102 y 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, puesto que los reseñados medios de convicción, concatenados entre sí, en su orden lógico y natural, son demostrativos de los destacados elementos corporativos del ilícito que nos ocupa, en términos de la regla genérica contenida en el numeral 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que actualizan la prueba circunstancial o indiciaria a que alude el ordinal 286 del mismo ordenamiento, supuestos que encuentran demostrados los hechos de los que derivan las presunciones inferidas en base al raciocinio, que permiten establecer que un sujeto activo el veintiocho de agosto de dos mil siete, alrededor de las quince horas con cuarenta y cinco minutos, en la avenida Industrias entre los Ejes 116 y 118 de la Zona Industrial de esta Ciudad, frente al Juzgado Especializado para Menores Infractores, poseía fuera de la zona de veinte kilómetros contados en línea recta de los límites extremos del área urbana de las poblaciones fronterizas (dada la distancia existente entre aquella región y el territorio de esta entidad federativa), el vehículo de procedencia extranjera marca ********** submarca ********** tipo ********** color ********** modelo ********** número de ********** placa de circulación ********** del Estado de Texas de los Estados Unidos de América, sin que justificara que ese automotor se sometió a los trámites previstos en la legislación aduanera para su introducción al país o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional.
Así es, el referido delito de contrabando se actualiza cuando se introduce al país algún vehículo de procedencia extranjera y se encuentra fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta, a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin que quien lo posee cuente con el permiso de la autoridad correspondiente.
Aspectos que, como se dijo, se encuentran plenamente justificados en autos, dado que de las pruebas indicadas se desprende que el vehículo afecto es de procedencia extranjera, pues así lo concluyó el perito oficial de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal San Luis Potosí; que el mismo fue asegurado en la avenida Industrias entre los Ejes 116 y 118 de la Zona Industrial de esta ciudad, lo cual se justifica con el parte informativo ********** suscrito y ratificado ministerialmente por *****1*****, *****2***** y *****3***** elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
Consecuentemente, el hallazgo del aludido automóvil en la citada arteria vial de esta ciudad, pone de relieve que el automotor se encontraba fuera de la zona de vigilancia aduanal; luego, si se tiene en cuenta que el activo del delito no acreditó que contaba con la documentación que demostrara la legal introducción o estancia en el país del automotor, ello permite concluir que tal unidad motriz fue introducida por éste, pues no existe prueba apta y fidedigna que desvirtúe esa presunción.
Es aplicable a lo que precede la tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, Tomo XXII, julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"CONTRABANDO PRESUNTO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS. SE PRESUME QUE FUERON INTRODUCIDOS AL TERRITORIO NACIONAL POR QUIEN LOS POSEA, LOS PORTE O SE OSTENTE COMO SU PROPIETARIO FUERA DE LA ZONA DE VIGILANCIA ADUANAL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 102 Y 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). La fracción II del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación prevé un tipo penal de los denominados complementarios, pues su actualización requiere la aplicación del tipo básico del cual depende, que en este caso lo constituye el delito de contrabando establecido en el diverso numeral 102 del referido código; de manera que para determinar los elementos típicos del delito de contrabando presunto es necesario estudiar conjuntamente ambos preceptos, de los cuales se desprende que se presume cometido el delito de contrabando cuando: a) se introduzcan al país vehículos de procedencia extranjera; b) dichos vehículos se encuentren fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, y c) no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente. Ahora bien, aun cuando la aludida fracción II del artículo 103 no establece como elemento del tipo la posesión del vehículo extranjero y prevé una situación posterior a su introducción (cuando ya están dentro del territorio nacional), se entiende que si éstos se encuentran fuera de la mencionada zona de vigilancia aduanal, la sola objetividad de su hallazgo ubica como responsable del ilícito a quien los posea, se ostente como propietario o sea su portador, sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país, pues se presume que fueron introducidos por quien asuma la tenencia de tales vehículos, salvo prueba en contrario. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que la conducta descrita presume la comisión del delito de contrabando, también lo es que dicha presunción no es absoluta, ya que dentro de la dinámica del procedimiento penal el sujeto activo está en posibilidad de demostrar que la introducción del vehículo extranjero no le es imputable o, en su caso, que lo internó cumpliendo con todos los requisitos que exige la Ley Aduanera, mediante la exhibición de la documentación respectiva."
Sin que asista la razón en lo que el quejoso manifiesta en el sentido de que no se puede tener por acreditado el delito, debido a que los impuestos que debieron ser pagados con motivo de la internación del vehículo al país forma parte de los elementos que conforman el ilícito de contrabando presunto y, en el caso, no se allegó determinación alguna por parte de la Secretaría de Hacienda sobre el monto de impuestos o su cálculo.
Se sostiene de esa manera, pues como ya se vio, los elementos que conforman el referido delito, de conformidad con lo establecido por los artículos 102 y 103, fracción II, ambos del Código Fiscal Federal, son que: a) se introduzcan al país vehículos de procedencia extranjera; b) dichos vehículos se encuentren fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, y c) no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente; sin que alguna de las hipótesis que conforman esos numerales estipule como exigencia la declaratoria de perjuicio a que alude el peticionario de amparo.
Por cuanto hace a la responsabilidad penal que le resulta al sentenciado, ahora quejoso *****1***** y/o *****2***** en la comisión del delito de que se trata, queda demostrada con todos y cada uno de los medios de convicción que sirvieron de sustento para acreditar el cuerpo del ilícito, justipreciados conforme a las reglas de valorización que establecen los artículos 208, 220, 234 y 284 al 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, como lo so
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21682-6fc4b275/contrabando-presunto-son-improcedentes-la-sustitucion-y-conmutacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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