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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU VALORACIÓN RESULTAN INAPLICABLES LOS PRINCIPIOS IN DUBIO PRO OPERARIO Y DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS NORMAS LABORALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1066/2008. · Registro digital (IUS): 21636
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, , Pág. 1789.

AMPARO DIRECTO 1066/2008. **********

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son infundados.

El laudo estuvo precedido de una ejecutoria, según consta en el expediente DT. 22043/2007, del índice de este tribunal, el cual fue resuelto en sesión de diez de diciembre de dos mil siete. Tal concesión del amparo fue para que se diera cumplimiento a los plazos legales señalados para el dictado del laudo, contenidos en los artículos 886, 887 y 888 de la Ley Federal del Trabajo.

Una vez que se acataron las hipótesis previstas en dichos numerales, se dictó el laudo reclamado, en el cual se absolvió de la totalidad de las prestaciones demandadas. Por una parte, se consideró que no se demostraba la profesionalidad de los padecimientos, ya que los peritos médicos no expresaban con claridad la causa-efecto entre las labores desempeñadas por el actor y el medio ambiente de trabajo en que prestó sus servicios. Además, que la pericial en materia técnica industrial no le favorecía, pues los valores advertidos por el experto eran menores a los máximos permisibles.

También absolvió por el estado de invalidez reclamado, al no ofrecerse medio de prueba para demostrar la imposibilidad de procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su sueldo habitual.

En contra de dicho laudo, acude al amparo el referido trabajador. En atención a las diversas determinaciones contenidas en el fallo de mérito, resulta necesario dar inicio por la absolución en el reconocimiento de las enfermedades profesionales.

Así, se tienen los siguientes conceptos de violación:

1) Se violan sus garantías por la indebida valoración de las pruebas de su parte, en especial de la pericial médica desahogada en autos, en la cual se determinó al trabajador diversos padecimientos de tipo profesional por tener causa-efecto en su medio ambiente de trabajo, con lo que se transgreden los artículos 16 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, al resultar idónea para demostrar tal relación causal;

2) Al no otorgar valor a los dictámenes del actor y tercero en discordia se desconoce la profesionalidad de los peritos, aunado a que el último mencionado fue propuesto por la responsable con la finalidad de resolver las discrepancias entre los dictámenes, sin que se tome en cuenta la vida laboral del actor (38 años), el interrogatorio asentado en el dictamen y el escrito de demanda, donde en el hecho tres se narraron los antecedentes patológicos, por lo que tal experto concluyó que es portador de los padecimientos diagnosticados por tener relación causa-efecto con el medio ambiente laboral en que desarrolló sus actividades;

3) Se deja de considerar que el instituto cuenta con los registros de siniestralidad, categorías y empresa;

4) La demandada no contravino la pericial técnica en materia química ambiental, por lo que la responsable no puede objetar dicho dictamen, con lo que se convierte en Juez y parte;

5) Con las pruebas consistentes en aviso de baja y hoja de certificación de derechos, se desprende que el actor no labora desde el veintiuno de junio de dos mil;

6) Se viola el contenido del artículo 475 de la Ley Federal del Trabajo, ya que sus hipótesis jurídicas deben interpretarse a favor del operario, al ser los riesgos industriales enunciativos y no limitativos;

7) Se desconocen los estudios que le fueron practicados al quejoso, por lo que debe tomarse en cuenta que sí presenta disminución para el trabajo, por lo que deben de aplicarse criterios similares a su favor.

Esas alegaciones resultan infundadas.

En forma de premisa, es necesario llevar a cabo algunas precisiones:

En el reconocimiento de las enfermedades de tipo profesional y, como consecuencia, el otorgamiento de una pensión, se surte cuando se satisfacen los siguientes requisitos:

a) La presencia de un padecimiento, en el cual se especifique la lesión, su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo;

b) Que dicho padecimiento sea a consecuencia o se derive de las actividades que desempeña el empleado, así como al medio ambiente en el cual se vio obligado a prestar ese servicio; y,

c) La existencia de una relación causal entre el padecimiento y las actividades desarrolladas.

Luego, para la satisfacción de esta última exigencia, la Junta deberá efectuar un análisis lógico de valoración entre los dos primeros requisitos, es decir, considerar los hechos de la demanda más su contestación (relacionados con el puesto, las actividades del trabajador y el medio ambiente laboral), las pruebas que se hayan aportado para acreditar los mismos (documentales, testimoniales, periciales, etcétera) y la pericial médica correspondiente que se haya ofrecido para acreditar el estado patológico.

Así se desprende de la jurisprudencia número 2a./J. 92/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de dos mil seis, página trescientos cincuenta y uno, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ORIGEN Y, EN SU CASO, EL RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, ES INDISPENSABLE COMPROBAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE RELACIONAN CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESARROLLADA O CON EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE DE LAS QUE ESTÁN O NO PREVISTAS COMO DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, sostuvo que para determinar la profesionalidad de una enfermedad debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya que si no están comprobados no podrá desprenderse la presunción legal, pues no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende que pueda establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su causalidad con las actividades laborales o con el medio ambiente en el que se presta el servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige, ya sea que se trate de enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de las que no se actualiza tal presunción legal, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos casos servirá para establecer el nexo causal. En ese sentido, se concluye que para calificar el origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que tanto el padecimiento como la actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla a que se contrae el citado precepto legal, ni es válido sostener que el dictamen pericial médico por sí solo pueda conducir a aquella calificación por actualizarse la presunción legal, sin necesidad de comprobar que se desarrolló la actividad específica o el medio ambiente señalados en la demanda laboral, ya que se requiere, necesariamente, de la comprobación de dos hechos: de la existencia del padecimiento, por lo general diagnosticado en el dictamen pericial médico, y de que la actividad específica que se desarrolló o el respectivo medio ambiente esté identificado, pues sólo si se conocen estos hechos podrá determinarse el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada.

"Contradicción de tesis 209/2005-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 2 de junio de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco."

En el caso, por la forma como se planteó la litis, la carga probatoria correspondió a la parte actora, tal y como lo indicó la responsable. En ese tenor, en autos existen los siguientes medios de prueba: 1) pericial médica; 2) instrumental y presuncional en su doble aspecto; 3) diversas documentales, consistentes en: a) aviso de inscripción al trabajador, b) de baja y c) hoja de certificación de derechos, y 4) pericial en materia química-acústica ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo.

En el laudo la responsable valoró dichos medios de convicción. Por una parte, concedió valor probatorio a las documentales mencionadas. Además, analizó cada uno de los dictámenes periciales, negando valor al del actor y al del demandado bajo el argumento de que no le creaban certeza alguna. Finalmente, indicó que las conclusiones del tercero, mediante las cuales le fueron reconocidos los padecimientos de hipoacusia y broncopulmonar no eran suficientes para su reconocimiento, debido a que no se precisaba con claridad la relación causa-efecto.

Dicha determinación es correcta, ya que atiende al contenido del último de los requisitos señalados para el reconocimiento de enfermedades profesionales, es decir, la necesidad de probar en autos la existencia de un nexo causal, como elemento de procedencia de la acción ejercida.

Lo anterior, ya que si bien en la pericial médica del actor y del tercero en discordia se le diagnosticaron al trabajador los padecimientos citados (y algunos otros tales como insuficiencia venosa y articular en la región lumbar), se tiene que no se probaron los hechos fundatorios de la demanda, en especial referente al medio ambiente, categorías o actividades que se exigen para su reconocimiento.

Es así, dado que, por una parte, no demostró contar con los puestos generadores de la hipoacusia antes mencionada, pues los que dijo ocupar, como: 1) "llenador de costales", 2) ayudante de soldador, 3) ayudante de fogonero y 4) operador de calderas, de ninguna forma coinciden con los señalados por el inciso 156 del citado numeral, el cual refiere "trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones, como laminadores, trituradores de metales, tejedores, coneros y trocileros, herreros, remachadores, telegrafistas, radiotelegrafistas, telefonistas, aviadores, probadores de armas y municiones".

Por la otra, si se llegaran a asimilar esos puestos a los descritos legalmente, en autos no se acreditaron las actividades que aseguró desempeñar en ellos ni el medio ambiente en que los desarrolló, pues si bien mencionó que estuvo expuesto a trepidaciones y fuertes ruidos esas circunstancias no se demostraron como las que originaron los padecimientos de mérito. De ahí que su solo dicho resulte insuficiente para probar el origen de ese padecimiento, contrario a lo resuelto por la Junta.

Igualmente acontece con la diversa enfermedad broncopulmonar en cita, misma que los expertos la ubicaron dentro del título genérico para esos padecimientos, según el contenido del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, dado que, como se indicó, no se acreditó el medio ambiente que pudiera ser condicionante de la misma o desempeñar alguna actividad relacionada. Razón por la cual, la mención en ese sentido dentro de la demanda, o bien, su señalamiento a los expertos no resulta ser suficiente para demostrarlo.

Lo mismo sucede con la insuficiencia venosa y articular en la región lumbar, dado que en autos no se demostró con los medios idóneos, que las actividades desempeñadas fueran el origen de éstos.

Sin que logren desvirtuar la conclusión antes expuesta los demás medios de convicción existentes en autos, dado que, por una parte, las conclusiones alcanzadas en la pericial química acústica ambiental no resultan ser suficientes para demostrar el referido nexo causal. Ello, pues los niveles de ruido, polvos y humos presentes en la empresa de mérito, en ningún momento excedieron de los límites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas.

De manera textual el experto del actor señaló lo siguiente (foja 74):

Ver límites máximos permitidos

En ese sentido, si bien el experto en comento señaló que los perfiles de puestos implicaban una posición sedente y prolongada, y que, además, los ruidos, polvos y humos mencionados "pudieran" provocar enfermedades profesionales, esa conclusión por sí sola no logra demostrar el nexo causal.

Lo anterior, debido a que, por un lado, un experto en materia química no puede determinar el origen de los padecimientos que corresponde a un especialista en materia de salud. Por la otra, que este último debió haber expuesto la correlación entre ese medio ambiente de trabajo y las enfermedades surgidas de él, pues no sería entendible la manera en que aun con los niveles inferiores al máximo permitido, el actor haya adquirido las patologías diagnosticadas. Por lo que si ello no está demostrado en autos, debe considerarse el incumplimiento de la carga de la prueba que recaía sobre el operario.

Tampoco logran desvirtuar la conclusión de la responsable, el contenido de las documentales propuestas por el actor, consistentes, según se dijo, en: 1) aviso de inscripción al trabajador, 2) aviso de baja y 3) hoja de certificación de derechos, ya que en ellas se advierte que laboró para la empresa "Cervecería Modelo, S.A. de C.V." y que ocupó el puesto de "trabajador de base ‘B’, pero de ningún modo las actividades ni un medio ambiente contaminante que ocasionara las enfermedades referidas.

Por todo lo anterior, resultó correcto el razonamiento llevado a cabo por la responsable para absolver por el reconocimiento de los padecimientos en mención, que incluyen los reclamos accesorios, tales como: la pensión mensual y prestaciones en especie y dinero.

En ese contexto, no es verdad que con la valoración de la prueba pericial médica se transgredan sus garantías, ni el contenido del artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, pues como se indicó éstas se analizaron precisamente para determinar si existía causa-efecto con el medio ambiente de trabajo, en términos de la jurisprudencia obligatoria referida. Además de que el artículo de mérito no puede servir de base para el análisis de prueba alguna, al referirse a la interpretación de las leyes.

Así se desprende de la tesis I.3o.T.20 L, sostenida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, página cuatrocientos treinta y nueve, que indica:

"PRINCIPIO ‘IN DUBIO PRO OPERARIO’. INTERPRETACIÓN FAVORABLE AL TRABAJADOR. CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 6o. Y 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SE REFIERE A LA LEY LABORAL Y NO A LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. En la valoración de la prueba no predominan los principios de la aplicación inmediata de las normas laborales que beneficien al trabajador y de ‘in dubio pro operario’, establecidos en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de la mayoría, sino el de la lógica. En efecto, el artículo 6o. del ordenamiento legal en cita prevé el principio de la aplicación inmediata de las normas laborales que benefician al trabajador, al establecer que: ‘Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia’. El artículo 18 de la ley laboral en mención, contiene el reconocido principio de ‘in dubio pro operario’ al establecer que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Los preceptos indicados se refieren a la aplicación inmediata de las normas laborales y a la duda sobre su interpretación por los tribunales en beneficio del trabajador, mas no a la valoración de las pruebas, y en consecuencia no puede legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas no forman convicción, cuando menos crearon una situación de duda, y ante ella la Junta debe estar a lo más favorable al trabajador en términos de los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, porque no es esto lo que tales preceptos establecen.

"Amparo directo 473/96. Vicente Trujillo Zepeda. 14 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Novales Castro. Secretario: José Elías Gallegos Benítez."

Por otra parte, tampoco era obligatorio para la responsable resolver en términos del dictamen del perito tercero, pues aun cuando haya sido nombrado por la Junta no la obligan las conclusiones alcanzadas por ese experto, al ser sólo una opinión técnica, según el contenido del artículo 821 de la Ley Federal del Trabajo.

Aunado a que los aspectos relacionados con la vida laboral narrados por el actor y como parte del interrogatorio, de ninguna forma pueden ser suficientes para tener por demostrada la mencionada relación causa-efecto en que desarrolló sus actividades.

Tampoco es desconocido que el instituto cuenta con los registros de siniestralidad, categorías y empresas, tal como afirma el quejoso; sin embargo, aun en ese contexto, a éste le correspondía cumplir con la carga de la prueba, según la jurisprudencia inicialmente citada.

De la misma forma, contrario a lo expuesto por el accionante del amparo, la responsable no objetó el contenido de la pericial técnica en materia química ambiental, ni se convierte en Juez y parte, sino que, según lo permite el numeral 841 del ordenamiento citado, en uso de sus facultades jurisdiccionales analizó a conciencia tal medio de prueba, el cual, según se explicó, indicó que el medio ambiente de trabajo del operario de ninguna forma superaba el máximo legal permitido.

Referente a las documentales mencionadas en los conceptos de violación (aviso de baja y hoja de certificación de derechos), al margen de que en ellas se advierta si labora o no, las mismas no pueden ser suficientes para demostrar el nexo causal citado.

Tampoco es posible aplicar en beneficio del trabajador el numeral 475 de la legislación citada, pues la presunción contenida en éste no puede materializarse al omitir demostrarse el mencionado nexo causal.

Finalmente, los estudios que le fueron practicados al quejoso por los expertos en cita, por sí solos no pueden ser suficientes para tener por acreditado el medio ambiente de trabajo. De ahí que tampoco puedan aplicarse en beneficio del operario los supuestos criterios similares emitidos por otros Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, por no resultar obligatorios de conformidad con el contenido 192 de la Ley de Amparo.

Resta analizar la diversa determinación por el estado de invalidez reclamado, para lo cual deben retomarse los conceptos de violación expuestos, donde se indica:

Es indebida la absolución de la invalidez reclamada pues las enfermedades generales lo imposibilitan para trabajar, ya que con los años que tiene (57) y sus treinta y ocho de vida laboral, no puede ser contratado para obtener un salario remunerado siquiera del cincuenta por ciento del último que recibió, por lo que debe valorarse la prueba médica al ser idónea para determinar los padecimientos mencionados, por lo que debe valorarse la pericial médica tercera en discordia.

Ese concepto de violación es infundado.

Resuelto lo anterior, es necesario abordar el estudio de los argumentos de inconformidad que plantean cuestiones del fondo del asunto; en específico que no se demostraron todos los requisitos exigidos por los artículos 128 y 119 de la anterior y nueva Ley del Seguro Social.

Para analizarlo es oportuno mencionar que el reconocimiento de un estado de invalidez debe ser precedido de la demostración de ciertos requisitos legales contenidos en dichas disposiciones (así como en el diverso numeral 131 del primer ordenamiento mencionado), a saber:

1) Que el asegurado se encuentre imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al cincuenta por ciento de su sueldo habitual percibida durante el último año de trabajo;

2) Que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales, esto es, un padecimiento de orden general; y,

3) Que el asegurado acredite el pago de ciento cincuenta cotizaciones semanales.

Así lo indica la tesis 2a./J. 58/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, página trescientos sesenta y dos, que indica:

"SEGURO SOCIAL. EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE INVALIDEZ, NO SÓLO DEPENDE DE LA DISMINUCIÓN DE LAS FACULTADES FÍSICAS O MENTALES DEL ASEGURADO, AUNQUE ESTO SE ENCUENTRE PRECEDIDO DEL OTORGAMIENTO DE UNA INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO DE TRABAJO, SINO QUE REQUIERE, ADEMÁS, DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE ESA DISMINUCIÓN DERIVA DE UN ACCIDENTE O ENFERMEDAD NO PROFESIONALES Y QUE LE IMPOSIBILITA PARA PROCURARSE, MEDIANTE EL TRABAJO, EL CINCUENTA POR CIENTO DE SUS INGRESOS ORDINARIOS, A MÁS DE QUE CUMPLIÓ CON EL PERIODO DE ESPERA SEÑALADO.-De lo establecido en las fracciones XIV y XXIX del apartado A del artículo 123 constitucional, así como en los artículos 48 a 76, 121 a 136, y 174 a 175, de la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, abrogada el uno de julio de mil novecientos noventa y siete, se desprende que los seguros de riesgos de trabajo y de invalidez, a pesar de coincidir en el bien jurídico garantizado, que es la imposibilidad integral del asegurado para trabajar, y de que existe compatibilidad de algunas de sus prestaciones, tienen orígenes, fundamentos y contenidos diferentes, así como requisitos diferentes e independientes para la procedencia del otorgamiento de sus respectivas prestaciones. Sobre tales premisas, la existencia del estado de invalidez no puede hacerse depender de la reunión de las condiciones necesarias para el reconocimiento de una contingencia relativa al seguro de riesgos, ni tampoco tomarse éstas como antecedentes para el reconocimiento de la invalidez. Por consiguiente, la circunstancia de que el asegurado tenga reconocida una incapacidad derivada de un accidente o enfermedad profesionales y que el resultado de una prueba pericial o de cualquier otro elemento de convicción, arrojen que también padece enfermedades generales que, según el perito dan lugar a la invalidez, no basta para reconocer ese estado, pues por más que de tales datos pudiera presumirse que existe una disminución de las facultades físicas o mentales del asegurado en grado superior al cincuenta por ciento de su capacidad normal, el reconocimiento del estado de invalidez precisa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la citada legislación, que se demuestre que esa disminución provoca la imposibilidad del asegurado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su habitual percibida durante el último año de servicio, que esa alteración deriva de una enfermedad o accidente no profesionales y, además, según lo previsto en el artículo 131 de la mencionada ley, que el asegurado ha cumplido con el periodo de espera consistente en el pago de ciento cincuenta semanas de cotización, requisitos estos últimos que también deben encontrarse plenamente acreditados.

"Contradicción de tesis 94/97. Entre las sustentadas por el Séptimo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván."

En el caso, como se indicó, la Junta absolvió bajo la estimación de que el operario no demostraba que podía procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su sueldo habitual.

Esa consideración es correcta, dado que en autos no se demostró el cumplimiento de los requisitos contenidos en los citados numerales 128 y 119 de la anterior y nueva Ley del Seguro Social, dado que, por una parte, tanto el perito del demandado como ********** negaron la existencia de esa condición de salud (fojas 58 a 60 y 72 a 75).

Por la otra, se tiene que solamente el experto del actor diagnosticó ese padecimiento al operario, al indicar que: "Los diagnósticos marcados con los numerales 4 y 5 son del orden de enfermedad general por no estar en relación causal directa con riesgo de trabajo, los que por su carácter crónico, degenerativo, evolutivo e irreversible, le producen limitaciones físico funcionales del orden de la capacidad para realizar esfuerzos físicos por periodos prolongados, como mantener la posición de pie, realizar esfuerzos físicos de flexoextensión de la columna y las cuatro extremidades contra resistencias, para subir y bajar escaleras, para cargar y trasladar objetos pesados, que resultan incompatibles con los requerimientos físico funcionales de su puesto de trabajo específico, debiéndolo considerar como no apto para su desempeño y por lo tanto lo imposibilitan para procurarse mediante un trabajo remunerado, competitivo e igual, una remuneración superior al 50% de la que recibió durante el último año, con lo que cumple con los supuestos señalados por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social." (foja 50).

Sin embargo, en esa conclusión no se desprende la incidencia que las limitaciones físicas diagnosticadas le ocasionan al quejoso, en función de la edad que presenta y el puesto que mantenía. Ello en una forma tal que mostraran la imposibilidad para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su sueldo habitual percibida durante el último año.

Lo indicado, debido a que si bien se aludió a la "incompatibilidad" de las limitaciones físicas con los requerimientos funcionales del puesto de trabajo, no se expuso a cuál se refería ni las necesidades físicas de tal categoría. Además, no se llevó a cabo referencia alguna respecto de la edad que, al momento de la elaboración del dictamen, presentaba el operario (54 años), ni cuál era su último sueldo.

Por ello, debe considerarse que la responsable estuvo en lo correcto al absolver por ese estado de invalidez y de las prestaciones accesorias al mismo.

Por lo expuesto, no encuentra sustento lo afirmado por el quejoso en el sentido de que las enfermedades generales lo imposibilitan para trabajar, pues la restricción de la edad y años de vida laboral no quedaron demostradas en autos.

Además, que de valorarse la pericial del tercero en discordia, el resultado de absolver por ese reclamo sería el mismo, al haber considerado tal experto que no se ocasionaba una afectación en su salud que le impidiera procurarse la retribución de mérito, tal como se explicó.

Por todo lo indicado, debe negarse el amparo solicitado al resultar los conceptos de violación infundados y no advertirse cuestión alguna que deba ser suplida en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 44, 46, 77, 158, 188, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara y protege a ********** contra el acto de la Junta Especial Número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el catorce de marzo de dos mil ocho, en el expediente laboral ********** seguido por el ahora quejoso, en contra del **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la autoridad responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal. Dése cumplimiento al punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, agréguese a este toca de amparo la constancia de captura de la presente sentencia del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados Tarsicio Aguilera Troncoso, Héctor Arturo Mercado López y Alicia Rodríguez Cruz, habiendo sido relatora la tercera de los nombrados.

En términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21636-530bf672/pruebas-en-el-procedimiento-laboral-en-su-valoracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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