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Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD CONYUGAL. PARA SU CONSTITUCIÓN LOS CÓNYUGES DEBEN DEMOSTRAR QUE ANTES O DURANTE EL MATRIMONIO PACTARON CAPITULACIONES MATRIMONIALES, DE LO CONTRARIO EL RÉGIMEN ECONÓMICO SERÁ EL DE SEPARACIÓN DE BIENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 104/2008. · Registro digital (IUS): 21890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, , Pág. 1409.

AMPARO DIRECTO 104/2008. **********

CONSIDERANDO:

SEXTO. En primer lugar conviene poner de manifiesto que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el hecho de que la quejosa, en sus conceptos de violación, solicita que esta autoridad pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza la facultad de atracción para resolver sobre la inconstitucionalidad del artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala; sin embargo, por sesión de doce de febrero de dos mil ocho, el pleno de este Tribunal Colegiado ya determinó que el presente juicio de amparo directo no reviste características especiales que amerite ser resuelto por nuestro más Alto Tribunal del país, porque en los conceptos de violación se plantea la inconstitucionalidad del artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, que establece cómo puede ser el régimen económico del matrimonio y, por tanto, al resolverse el presente asunto, no se fijará un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, sino sólo para el Estado de Tlaxcala.

SÉPTIMO. En otro orden de ideas, el tribunal responsable en la sentencia reclamada, sostiene que conforme a los artículos 60, 66, 68, 69 y 70 del Código Civil del Estado de Tlaxcala se desprende que la sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, mismas que pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y será siempre voluntaria, pero si los consortes no la establecen expresamente pactando capitulaciones matrimoniales, el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes, hipótesis que, en la especie, se actualiza, pues la actora, aquí apelante, no justificó la existencia de dichas capitulaciones matrimoniales, consecuentemente, no puede demandarse la disolución de la sociedad conyugal que jurídicamente no existe.

La parte quejosa expresa, en una parte de sus conceptos de violación, que el segundo párrafo del artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala es inconstitucional por dos razones:

1. Atenta contra la familia, pues se contrapone a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Federal.

2. Vulnera la garantía de seguridad jurídica, contemplada en los numerales 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna.

Los motivos que expone la quejosa en relación con que el precepto tildado de inconstitucional va en contra de lo que estipula el artículo 4o. de la Constitución Política Mexicana, son los siguientes:

A. En el caso se actúa dentro del derecho familiar, el cual tiene su fuente en el artículo 4o. de la Constitución Federal de la República, que establece en su segundo párrafo que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, disposición que se materializa en la legislación civil tlaxcalteca, en el diverso numeral 1395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.

B. El concepto jurídico de familia se establece alrededor del parentesco y comprende vínculos de sangre, de matrimonio o puramente civiles; así, el matrimonio formado entre las partes contendientes dio origen a una familia, la cual se integró precisamente por éstos y los hijos que procrearon juntos; siendo el caso, que actualmente dichos hijos son mayores de edad, subsistiendo el lazo familiar entre el demandado y la quejosa.

C. Es atentatorio para la familia que, a pesar de que en el acto de la celebración del matrimonio los cónyuges hayan dispuesto que el régimen económico del matrimonio sería el de sociedad conyugal, en caso de no pactar capitulaciones matrimoniales, automáticamente se establezca que el régimen será el de separación de bienes, ya que si al momento de celebrarse el matrimonio los cónyuges establecieron que se regirían por una sociedad conyugal, sus esfuerzos inmediatamente se enfocaron a aportar al caudal conyugal y familiar.

D. En este sentido, el segundo párrafo del artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala resulta inconstitucional, porque establece que en caso de no pactar capitulaciones matrimoniales el régimen económico será el de separación de bienes, vulnerando la protección jurídica de la familia consagrada en el citado artículo 4o. de nuestra Carta Magna, ya que los sociólogos refieren que la familia se inicia con la unión en matrimonio o concubinato, agregándose los hijos, lo cual constituye la base familiar; así, en el caso, se dio origen a una familia, la cual busca la subsistencia y que se cumplan con las necesidades familiares, lo que conlleva a la realización de actividades económicas donde participan los cónyuges y los hijos, por lo que el caudal de bienes que adquiere el núcleo familiar es producto de la aportación de sus miembros, quienes participan de diverso modo.

E. Por tanto, resulta atentatorio de la familia que, a pesar de que en el acto del matrimonio los cónyuges acordaron la creación de una sociedad conyugal, si no pactaron capitulaciones matrimoniales se obligue a que el régimen económico sea el de separación de bienes, cuando los esfuerzos de los consortes van enfocados a la aportación económica a favor de ellos y de la propia familia; de ahí que, si la voluntad de los contrayentes fue la de casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, para compartir sus bienes y deudas, es claro que existe una sociedad de gananciales constituida por bienes adquiridos en propiedad común, por lo que los gastos y auxilio entre los consortes y los hijos existe independientemente de las capitulaciones matrimoniales, por lo que es claro que debe prevalecer la sociedad conyugal.

Son infundados los anteriores conceptos de violación, de acuerdo con lo que a continuación se expone.

El artículo 4o. de la Constitución Federal señala:

"Artículo 4o. (Derogado párrafo primero).

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

"Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

"Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

"Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

Los párrafos que se refieren a las cuestiones de la familia y a sus integrantes son el segundo, tercero, sexto y séptimo; cabe hacer mención a la exposición de motivos relacionados con tales párrafos.

a) Respecto de los párrafos segundo y tercero, cuya reforma se realizó el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, se señala, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Para superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional, quede asentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. Tal es el objetivo de esta iniciativa de reformas, inscritas en el contexto de propósitos y programas en los que el gobierno de la República trabaja con entusiasmo y convicción recogiendo planteamientos populares. De esta manera se ratifica la capacidad del sistema constitucional mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales.

"...

"Precisamente esta iniciativa enriquece la ideología libertaria y de solidaridad social de nuestra Constitución, ordenando la igualdad jurídica entre los sexos y enmarcándola entre los derechos a la educación y al trabajo; consagra la plena, indiscutible e impostergable igualdad de los varones y mujeres ante la ley, hace explícita una decisión de humanismo y solidaridad y recoge una demanda precisa e inequívoca de las mujeres. La elevación a norma constitucional de la iniciativa presentada, servirá de pauta para modificar leyes secundarias federales y locales, que incluyan para las mujeres modos sutiles de discriminación, congruentes con las condiciones de desigualdad que estas sufren en la vida familiar y colectiva. De ahí que el Gobierno de la República esté empeñado en elevar la calidad de vida de sus hombres y mujeres de igual manera y formar en la conciencia de cada mexicano el sentido pleno de su responsabilidad histórica frente a la existencia cotidiana. En ello las mujeres deben ser factor determinante, para alcanzar junto con los varones la máxima capacidad para la aplicación de su inteligencia y la previsión racional del porvenir.

"...

"Asimismo, el razonado anhelo de establecer la igualdad entre el hombre y la mujer se reafirmó en ocasión de la Conferencia Mundial de Población, celebrada en la ciudad de Bucarest, Rumania, en agosto último, a la que México concurrió y en cuyo foro expuso su nueva política demográfica, transmitiendo a la comunidad de las naciones ahí reunidas un mensaje de solidaridad, de fe en el porvenir, y en la reafirmación de nuestra indeclinable soberanía para adoptar decisiones pertinentes, humanistas e informadas en materia poblacional, entre las que se encuentra la cabal valoración del papel de las mujeres en el desenvolvimiento colectivo.

"Para elevar el nivel del desarrollo en los más diversos órdenes, simultáneamente a la igualdad de hombres y mujeres, la iniciativa para incorporar a la Constitución un nuevo artículo cuarto ordena a la ley proteger la organización y el desarrollo familiar. Es en el seno de la familia donde se conservan con más pureza las formas de convivencia que dan a la sociedad mexicana su carácter singular y donde se generan las más limpias y auténticas aspiraciones y transformaciones. No es aventurado afirmar que la familia mexicana suscribe diariamente el plebiscito de la nación, que su preservación es garantía de permanencia social y de legítimo cambio.

"Entonces, al definirnos como una nación revolucionaria tenemos que proponer las bases para que en el seno de cada familia se opere substancialmente la revolución de las conciencias, de las actitudes y de las acciones.

"En forma consecuente con la política demográfica libremente adoptada por la nación mexicana, humanista y racional, el segundo párrafo del artículo cuarto, que se propone entiende el derecho a la procreación como una garantía personal de raigambre solidaria, tal como lo asienta la declaración de la Organización de las Naciones Unidas suscrita en Teherán en mil novecientos sesenta y ocho; este derecho fundamental implica libertad, responsabilidad e información compartidas entre hombres y mujeres. La procreación libre apareja un derecho a la información y un compromiso de solidaridad.

"...

"Poner en el vértice de los anhelos nacionales el bienestar de la población, hacer de ésta el centro rector de los programas de desarrollo, acentuar los aspectos cualitativos de la política demográfica y promover la planeación familiar como un moderno derecho humano para decidir libre, informada y responsablemente la estructura de la célula básica social, son los factores medulares que han orientado la tarea demográfica del país, y que ahora inspiran la reforma constitucional que se consulta.

"Con el nuevo artículo cuarto, se trata de fortalecer la construcción de una sociedad justa formada por hombres y mujeres solidarios; lograr un sistema de vida en condiciones abiertas y desprovisto de determinismo y sujeciones aberrantes."

b) Asimismo, en relación con el párrafo sexto, cuya reforma se realizó el siete de febrero de mil novecientos ochenta y tres se señala, en lo conducente, lo siguiente:

"... En el caso de la elevación del nivel de vida del pueblo, no hemos alcanzado siquiera la satisfacción de las necesidades mínimas elementales. Elevados porcentajes de compatriotas sufren de subalimentación, carecen de servicios médicos y asistenciales y no tienen acceso a una vivienda decorosa.

"Este problema en particular, el de la vivienda popular, ha sido motivo de luchas concretas emprendidas por los trabajadores y otras amplias capas sociales. Las acciones del poder público frente a esa urgente necesidad del pueblo han carecido de continuidad. Igual que en otros campos, algunos gobiernos han mostrado mayor sensibilidad que otros; se realizan avances y luego hay estancamientos; medidas positivas son abandonadas; el camino se desvía y nuevamente se retoma.

"Una ligera mirada retrospectiva a las medidas jurídicas y actos administrativos que se han dado en este campo, nos permiten recordar que la Constitución 1917 plasmó, en la fracción XII del artículo 123, la obligación para los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas a renta baja, lo que constituyó la primera acción jurídica en la materia. ...

"El balance de todos estos esfuerzos, no siempre congruentes entre ellos, ni adecuadamente continuados, arroja este resultado: En total, las diversas dependencias públicas creadas para resolver el problema de habitación popular construyeron en más de medio siglo, desde 1925 hasta 1978, 598,542 viviendas. Las necesidades sin embargo, son mucho mayores. Las estimaciones más benignas sobre el déficit de vivienda popular lo fijan en la actualidad un millón de unidades, pero otras estimaciones lo elevan a más de 7 millones. Uno u otro cálculo, aun el menor, muestra la necesidad de multiplicar el esfuerzo de manera substancial.

"...

"Estimamos que no puede postergarse el momento de elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a disfrutar de vivienda digna y decorosa, el que debe ser garantizado por el Estado."

c) Por lo que hace al párrafo séptimo, cuya reforma se realizó el siete de abril de dos mil, se señala, en lo que interesa, lo siguiente:

"... El Senado de la República debe considerar de la mayor prioridad la revisión del marco jurídico de atención a niños y jóvenes, con el sentido práctico y realista conforme a la condición de los menores, es decir, sin papeleo ni burocracias, que envuelven de trámites engorrosos y muchas veces lentos y hacen inalcanzable el apoyo que debe brindárseles.

"La importancia de los menores y jóvenes para el futuro inmediato de la República es más que evidente. México será mañana lo que hoy hagamos por los niños y jóvenes. No podemos siquiera pensar en su desarrollo y progreso, si no atendemos cuando menos sus necesidades básicas. No se trata de populismo, sino se debe entender que a la parte débil de la sociedad tienen que atenderla, principalmente el Estado que la representa.

"...

"... Nunca pudimos atender con una visión global las grandes dificultades que afectan a los niños y jóvenes que sólo por excepción pudieron incorporarse cabalmente al desarrollo nacional.

"...

"... Para precisar en la Constitución que se suprima la ambigüedad que hoy tiene y esta obligatoriedad de la sociedad de los padres de familia, de los particulares y del gobierno se convirtiera en una necesidad imperiosa. Es un deber solidario con los demás débiles, con los más indefensos de entre los pobres que debe cumplirse. Confío en que el Congreso de la Unión y en su momento, el ejecutivo promulgue y que no quede solamente en buenas intenciones, pues es indudable que en esta reforma está de por medio el futuro de la nación."

Ahora bien, el artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala menciona:

"Artículo 60. El régimen económico del matrimonio puede ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes.

"La sociedad conyugal será siempre voluntaria; pero si los cónyuges no lo establecen expresamente, pactando capitulaciones matrimoniales, el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes."

En la exposición de motivos que dio origen a tal dispositivo se especifica, en lo que interesa, lo siguiente:

"... Hemos procurado que las disposiciones que se proponen, se refieran únicamente a las relaciones jurídicas de derecho civil común tlaxcalteca, esto es, que sus ámbitos de aplicación personal y material sean los que le competen de acuerdo tanto con las constituciones federal y del Estado, como con las leyes reglamentarias de ambas ...

"... Los derechos y deberes que nacen del matrimonio son los mismos para ambos cónyuges sean tales derechos y deberes susceptibles o no de valoración económica (artículos 52, 54, 56, 57, 59, 61 y 70 fracciones IV, VIII, IX y X) ...

"... Matrimonio. Se reglamentan los esponsales siguiendo como modelo al Código Civil para el Distrito Federal; pero no se exige para la validez de aquéllos el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela si los novios son menores de edad ...

"... Se faculta a los cónyuges para planificar después de celebrar el matrimonio, y no antes, el número de sus hijos y la diferencia de edad que exista entre ellos.

"Se impone a ambos cónyuges el sostenimiento económico del hogar; mas se exime de este deber al cónyuge que carezca de bienes y al mismo tiempo esté imposibilitado para trabajar, así como al consorte que por convencimiento expreso o tácito con el otro se ocupe de las labores del hogar o del cuidado de los hijos (artículo 54).

"Relaciones patrimoniales de los cónyuges. El régimen común del matrimonio es la separación de los bienes; el proyecto considera a la sociedad conyugal como el régimen voluntario necesariamente expreso y todas las disposiciones que al efecto se proponen tienen por objeto reglamentar esta idea (artículo 58 a 77) ..."

Conforme a lo anterior, se aprecia que la intención del Constituyente Permanente en la exposición de motivos del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, es la de elevar a rango constitucional:

1. La igualdad del varón y la mujer ante la ley.

2. La protección legal del desarrollo y organización de la familia.

3. La libertad de las personas a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

4. El derecho de la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

5. El derecho de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En esa tesitura, tal dispositivo no hace mención al régimen económico del matrimonio, ya sea la sociedad conyugal o la separación de bienes; tampoco en las exposiciones de motivos relativas a los párrafos segundo, tercero, sexto y séptimo de ese precepto constitucional, se aborda tal tema; por tanto, cuando el constituyente permanente adicionó a dicho numeral los referidos párrafos, principalmente el segundo, relativo a la protección, organización y funcionamiento de la familia, ni siquiera tomó en cuenta lo relativo al régimen económico del matrimonio; de ahí que es dable considerar que el artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, no puede encontrarse en contravención con lo que dispone el mencionado numeral 4o. de nuestra Carta Magna.

No pasa inadvertido que la quejosa, en sus conceptos de violación, expone que el asunto de origen se encuentra dentro del marco del derecho familiar y que, por tal motivo, su fuente se ubica en lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Federal, donde se protege a la familia, siendo que si en el acto del matrimonio los consortes ya acordaron la creación de una sociedad conyugal y no pactaron capitulaciones matrimoniales, resulta atentatorio contra la familia que se les obligue a que el régimen económico sea el de separación de bienes.

Sin embargo, no asiste la razón a la inconforme pues, en primer lugar, como ya se dijo, tal numeral de la Constitución Federal no trata lo relativo al régimen económico del matrimonio y, en segundo lugar, el hecho de que el artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala señale que si los cónyuges no pactan capitulaciones matrimoniales, el régimen económico será el de separación de bienes y no el de sociedad conyugal, no significa que con ello se esté afectando al núcleo familiar, ni tampoco que se esté contraviniendo la protección de la familia estatuida en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, como a continuación se verá.

En efecto, el régimen patrimonial del matrimonio se define por el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, como el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, surgidas del matrimonio.

De igual manera, en la obra citada con antelación, se señala que la sociedad conyugal junto con la de separación de bienes son los regímenes económicos matrimoniales regulados por la ley, y que los contrayentes al celebrar el matrimonio deben elegir alguno de éstos, la elección es libre pero necesaria, pues los consortes han de adoptar uno de estos sistemas de acuerdo a sus intereses.

Ahora bien, el diccionario en comento define a la sociedad conyugal y a la separación de bienes de la siguiente manera:

"Sociedad conyugal: Es el régimen patrimonial del matrimonio formado por una comunidad de bienes aportados por los consortes y por los frutos y productos de estos bienes.

"La sociedad conyugal es la combinación de esfuerzos, para la satisfacción de las diversas necesidades del matrimonio, existiendo un patrimonio común. Se puede formar un acervo común con la totalidad de los bienes, los frutos de éstos y los productos del trabajo de cada esposo y formar así una sociedad conyugal, universal, pero puede el marido y la mujer optar por una sociedad conyugal formada con una parte de sus bienes reservándose la otra para sí, constituyéndola de manera parcial."

"Separación de bienes: Régimen patrimonial del matrimonio por virtud del cual los cónyuges conservan la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen, así como los frutos y accesorios de dichos bienes y los sueldos, salarios, emolumentos y ganancias que cada uno reciba por sus servicios personales en su oficio, empleo, profesión, industria o comercio."

De igual manera, Rafael Rojina Villegas, en su obra Compendio de Derecho Civil, Tomo I, Editorial Porrúa, México 2004, señala que dentro de los efectos del matrimonio en cuanto a los bienes, existen dos regímenes posibles al celebrarse tal acto jurídico, que son la sociedad conyugal y la separación de bienes; así, en relación con la primera, manifiesta que consiste en el acuerdo de voluntades entre los pretendientes o consortes para crear una sociedad en cuanto a determinados bienes, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal.

Como se aprecia, el régimen patrimonial del matrimonio regula únicamente las relaciones patrimoniales entre los consortes, por lo que la familia no interviene en el mismo, máxime que ésta, incluso, puede llegar a contar con un patrimonio el cual, tendrá la finalidad de protegerla pues, precisamente, Rojina Villegas, en la obra antes apuntada, refiere que el patrimonio familiar está destinado a asegurar la prosperidad económica de la familia, teniendo como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la misma y sostener el hogar.

En esa tesitura, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, define el patrimonio de familia como el bien o conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables o inembargables para que respondan a la seguridad de los acreedores alimentarios familiares.

Asimismo, la familia, conforme al Diccionario de Derecho de Rafael de Pina, Editorial Porrúa, se define como el agregado social constituido por personas ligadas por el parentesco.

También, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Popular Autónoma de México, Editorial Porrúa, página 1428, señala sobre la familia lo siguiente:

"En sentido muy amplio, la familia es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano que fuere. Esta noción por su propia vaguedad y su amplitud, no tiene efectos jurídicos. Estos pueden percibirse en el campo de la sociología en la medida en que son el fundamento de ciertos vínculos de solidaridad, o en el ámbito de la psicología, por los sentimientos de afecto que esa situación crea. Se forma así la idea de la familia en sentido amplio, que coincide con el concepto de la ‘gens’ (linaje).

"La palabra ‘familia’ tiene una connotación más restringida, a la que se ha llegado después de una larga evolución, y comprende únicamente a los cónyuges y a los hijos de éstos, que viven bajo un mismo techo ...

"De allí podemos concluir que la familia está constituida por el grupo de personas que proceden de un progenitor o tronco común (sentido amplio) y que las relaciones jurídicas que existen entre sus miembros tienen como fuente el matrimonio y la filiación matrimonial o extramatrimonial."

De igual manera, el Diccionario Jurídico de la Editorial Espasa, Madrid España, 1998, página 409, señala que la familia es el grupo constituido por el matrimonio, los hijos matrimoniales y otras personas relacionadas con ellos por vínculos de sangre, afinidad o dependencia en mayor o menor grado.

Así, es cierto que la vida en común de los consortes origina el cumplimiento de los fines de ayuda mutua y procreación, al igual que la familia requiere de medios de subsistencia que deberán ser aportados por los cónyuges, ya sea con sus bienes o sus esfuerzos, sin que pase inadvertido, que la familia tiene su base en el matrimonio que le da estabilidad, ya que se crea una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de una realización personal y la fundación de una familia, así como tienen la obligación de contribuir a los fines del matrimonio.

Sin embargo, en el Estado de Tlaxcala, aun cuando los esposos hayan optado por la constitución de la sociedad conyugal, si no pactaron capitulaciones matrimoniales, se originará que el régimen económico sea el de separación de bienes; lo anterior, no afecta al núcleo familiar, pues el régimen económico del matrimonio, exclusivamente, regula las relaciones patrimoniales entre los consortes, mas no con todos los integrantes de la familia.

En efecto, independientemente de que se dé uno u otro régimen, o no surja a la vida jurídica la sociedad conyugal por no haberse pactado capitulaciones matrimoniales, por tal motivo la familia de ningún modo está sufriendo un perjuicio pues, pese al régimen económico del matrimonio que surja, los cónyuges tendrán, de cualquier forma, la obligación de seguir viendo por la familia, por su integración y desarrollo, así como proporcionando los medios para su subsistencia, a través de sus bienes o de su trabajo.

Así las cosas, no puede considerarse que lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 60 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, atente contra la estabilidad de la familia máxime que, de aceptarse ello, sería tanto como considerar que cualquier cuestión que se refiera a la relación, ya sea personal o patrimonial entre los cónyuges, dé pauta para estimar que se perjudica automáticamente o de modo inminente a la organización y desarrollo de la familia y que, por tal motivo, se transgrede lo estipulado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, como por ejemplo, el divorcio, el cual si bien disuelve el vínculo matrimonial, no por eso puede considerarse que vaya en contra de lo preceptuado en el dispositivo constitucional antes citado, ni que atente contra la familia pues, incluso, así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXXII/2005, visible en la página 724 del Tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"DIVORCIO NECESARIO POR LA SEPARACIÓN DE HECHO DE LOS CÓNYUGES. TAL HIPÓTESIS NO ATENTA CONTRA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA, POR LO QUE NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si bien es cierto que conforme al artículo 4.1 del Código Civil del Estado de México, la familia tiene su base y fundamento legal en el matrimonio que le da estabilidad, ya que establece que es una institución de carácter público e interés social, por medio del cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, y el artículo 4.16 de dicho código impone a los consortes la obligación de contribuir a los fines del matrimonio, esto es, a compartir el estado de vida que hayan adoptado; también lo es que la causal de divorcio prevista en el artículo 4.90, fracción XIX, de la aludida legislación, consistente en la separación de hecho de los cónyuges por más de dos años, independientemente del motivo que la haya originado, está referida exclusivamente a su separación personal, a la desunión, ausencia o falta de convivencia entre ellos, a la interrupción personal de su vida conyugal, así como a la falta de cohabitación de los esposos y de vida en común prolongada en exceso de ese periodo, justificada o injustificadamente. En ese tenor, se concluye que la figura jurídica del divorcio no es el origen del rompimiento del matrimonio ni la causa del deterioro de la familia, sino la expresión legal y final de una ruptura de hecho preexistente, así como la manifestación jurídica de una situa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21890-f9b17de5/sociedad-conyugal-para-su-constitucion-los-conyuges-deben · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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