RECURSOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. LA DILACIÓN INJUSTIFICADA EN RESOLVER LA SOLICITUD DE ACCESO, UNA VEZ EXCEDIDO EL PLAZO PREVISTO EN SU ARTÍCULO 148, VIOLA EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, EN SU VERTIENTE DE JUSTICIA PRONTA.

Hechos: Una persona promovió amparo indirecto contra la omisión de la comisionada ejecutiva y de la directora general del Comité Interdisciplinario Evaluador, ambas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de resolver dentro del plazo de 20 días establecido en el referido artículo sobre la solicitud para acceder a los recursos de ayuda, asistencia y reparación integral por la compensación subsidiaria y/o reparación en su calidad de víctima de un delito del orden federal. El Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional para que se integrara de forma inmediata el expediente formado con motivo de esa solicitud y se emitiera la resolución definitiva. Contra esa determinación las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Consideraron que no se transgrede el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues aún estaban integrando el expediente administrativo y la Ley General de Víctimas establece una serie de formalidades para que recaben información y estén en aptitud de substanciarlo.

Criterio jurídico: La omisión de resolver sobre la solicitud para acceder a los recursos de ayuda, asistencia y reparación integral por la compensación subsidiaria y/o reparación por la comisión de un delito del orden federal, dentro del plazo de 20 días previsto en el artículo 148 de la Ley General de Víctimas, viola el derecho de acceso efectivo a la justicia, en su vertiente de justicia pronta, reconocido por el artículo 17 constitucional.

Justificación: Conforme a lo establecido por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 2a. CV/2007, la garantía a la tutela jurisdiccional reconocida en los artículos 17 constitucional y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la petición planteada y, en su caso, se ejecute esa decisión.

En este sentido, si bien la integración del procedimiento administrativo para acceder a los aludidos recursos debe atender a los requisitos y formalidades previstos en los artículos 144 a 148 de la Ley General de Víctimas y en su Reglamento, lo cierto es que los plazos procesales no pueden estimarse cumplidos a partir del argumento de que se están realizando gestiones para dar seguimiento a la solicitud presentada por una persona en su calidad de víctima reconocida, ni puede estimarse satisfecho el derecho de acceso a la justicia por el hecho de que el expediente administrativo continúe en integración. Además, el principio de debida diligencia exige a las autoridades administrativas actuar con celeridad reforzada y no retardar indefinidamente la decisión bajo el pretexto de realizar gestiones internas, pues la dilación injustificada vulnera el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, lo que resulta particularmente relevante cuando se trata de víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.