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PRECLUSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 272/2023. · Registro digital (IUS): 32474
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-05-31
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo IV, Pág.3864.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 272/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Ver tabla

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló **********, parte quejosa en el amparo directo 455/2021 del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo fallo contiene uno de los criterios contendientes, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, **********.(5)

3. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(6) que dice así:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

III. Criterios denunciados

4. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 92/2023, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

5. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 455/2021, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 92/2023, y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 455/2021.

8. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

9. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

10. De esta relatoría se desprende, esencialmente, lo siguiente:

Ver consideraciones

11. De las consideraciones precedentes se sigue que se satisfacen los requisitos para tener por existente una contradicción de criterios, por los motivos siguientes:

12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre si el artículo 52, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es aplicable supletoriamente a la legislación rectora del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para considerar que cuando la autoridad demandada no emite el nuevo acto en cumplimiento del fallo anulatorio dentro del plazo legal respectivo, opera la preclusión.

13. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes porque analizaron la cuestión de mérito con base en los parámetros establecidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la operatividad de la supletoriedad.

14. Sin embargo, entre ellos se generó un diferendo, porque uno, determinó que sí opera la supletoriedad ya que se satisfacen las condiciones establecidas al efecto por el Alto Tribunal; mientras que el otro, sostuvo lo contrario con base en la consideración de que una de esas condiciones no se actualiza pues no es acertado atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir y, en el caso, la ley a suplir no prevé la preclusión.

15. No es óbice para considerar existente la contradicción de criterios que las ejecutorias se refieran a leyes a suplir distintas, porque se trata de normas de contenido esencialmente igual, una abrogada y la otra vigente,(9) reguladoras del plazo –quince días– para cumplir la sentencia que obliga a la autoridad demandada a emitir un acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

16. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito examinó el antepenúltimo párrafo del artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que se transcribe enseguida:

"Artículo 102. La sentencia definitiva podrá:

"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme."

17. Y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito analizó el penúltimo párrafo del artículo 128 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal que dice así:

"Artículo 128. La sentencia definitiva podrá:

"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme."

18. Así, dada la coincidencia de los contenidos normativos, el tema abordado por los órganos jurisdiccionales participantes es esencialmente el mismo, por lo que la contienda debe resolverse.

19. Es aplicable, en su contenido substancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2000(10) que a continuación se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquellos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."

20. Es igualmente aplicable, por analogía, la tesis 1a. LXI/2012 (10a.)(11) que dice lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."

21. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Es aplicable supletoriamente el antepenúltimo párrafo del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a la legislación que rige el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para tener por actualizada la preclusión de la facultad de la autoridad demandada para emitir una nueva resolución en cumplimiento de un fallo de nulidad para efectos?(12)

22. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 92/2023, y el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 455/2021.

23. Desde luego, para alcanzar esta conclusión no se inadvierte que en los casos que dieron origen a los criterios en contienda, los efectos impresos a la sentencia de nulidad –que provocó la emisión del segundo crédito fiscal, sobre el cual se dilucidó si operaba la preclusión– fueron de índole distinta.

24. En el asunto del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el fallo anulatorio se emitió en el sentido de declarar la nulidad del crédito fiscal para el efecto de que se emitiera otro que subsanara las deficiencias de aquel; mientras que en el asunto resuelto por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, los efectos impresos a la sentencia de nulidad consistieron en dejar insubsistente el acto impugnado en una parte –la relativa a la actualización y los recargos del crédito fiscal– y otorgar libertad a la autoridad demandada para emitir una nueva liquidación por esos conceptos o no hacerlo.

25. Empero, a pesar de existir estas diferencias, en ambas ejecutorias se abordó el estudio relativo a si es aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para tener por precluida la oportunidad de la autoridad demandada para dictar un nuevo acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuando se hayan dado efectos a la sentencia anulatoria.

26. Específicamente, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al examinar el tema materia de la contradicción de criterios, partió del supuesto de que la sentencia de nulidad se dictó para ciertos efectos que obligaban a la autoridad demandada a actuar en un sentido determinado, como se advierte de la parte del fallo que dice:

"A efecto de dar respuesta a los argumentos de la parte quejosa, resulta necesario conocer lo que disponía el artículo 128, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

"‘Artículo 128. La sentencia definitiva podrá:

"‘I. Reconocer la validez del acto impugnado.

"‘II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado;

"‘III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; y

"‘IV. Tratándose de la anulación de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos del artículo 43 de la Ley Registral para el Distrito Federal, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera ves (sic) se presentó el título, sin que pueda la Sala de conocimiento, en ningún momento, resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales;

"‘V. Sobreseer el juicio en los términos de Ley.

"‘Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme.

"‘Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción II de este artículo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.’

"Por su parte, el artículo 39 de la referida ley, disponía:

"‘Artículo 39. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; al Código Fiscal del Distrito Federal, en lo que resulten aplicables.’

"Del primer precepto legal transcrito, en lo que interesa, se desprende que si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días contados a partir de que la sentencia quede firme." (Subrayado de origen)

27. Así, el tema abordado por los órganos jurisdiccionales participantes es el mismo y, por tanto, la contienda debe resolverse.

28. Es aplicable la tesis P. XLVII/2009(13) que dice así:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser solo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

29. También debe señalarse que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que la ejecutoria de la cual deriva su criterio está firme, mientras que el Sexto Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito no lo hizo, pero según se corrobora de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se interpuso recurso de revisión en contra de ninguno de los dos fallos. 30. En estas condiciones, es existente la contradicción de tesis, como ya se anunció.

31. Finalmente, no escapa a la atención de este pleno regional que los referidos órganos jurisdiccionales se pronunciaron también sobre otros temas, pero entre ellos no existen puntos de toque.

32. En efecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró los conceptos de violación relacionados con la forma en que la autoridad demandada determinó el valor catastral para efectos del cálculo del impuesto predial y con las características del inmueble consideradas para fijar el monto del tributo, y concluyó que había precluido la oportunidad de la parte quejosa para hacerlos valer.

33. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito dilucidó que la sentencia reclamada satisfacía el requisito de congruencia porque el Pleno Jurisdiccional se había ajustado a la litis administrativa al examinar el agravio en el que se aducía inobservancia de los efectos dados a la primigenia sentencia de nulidad, además de que había analizado esos efectos de manera adecuada.

34. Luego, ante la falta de coincidencia entre las restantes cuestiones estudiadas por los contendientes, este pleno regional no advierte otro aspecto sobre el cual deba dilucidar la posible existencia de una contradicción de criterios.

V. Estudio

35. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es pertinente tener presentes los antecedentes de la jurisdicción contenciosa administrativa de la Ciudad de México.

36. La jurisdicción contenciosa administrativa se introdujo a nuestro país en el ámbito federal, a través de la Ley de Justicia Fiscal de mil novecientos treinta y seis, y en mil novecientos setenta y uno se expidió la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad federativa.(14)

37. En dicha ley local se recogieron los principios adoptados para el ámbito federal, específicamente el modelo híbrido que concede al tribunal facultades de mera anulación y de plena jurisdicción, el cual ha sido explicado por el Máximo Tribunal en la ejecutoria de la cual derivaron las tesis jurisprudenciales P./J. 44/98(15) y P./J. 45/98(16) que enseguida se reproducen:

"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DICTARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Lo dispuesto en la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación puede emitir una sentencia de nulidad para efectos, es decir, indicándole a la autoridad administrativa los lineamientos que debe seguir, resulta, en términos generales, congruente con la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente ese tribunal, que se matiza, en relación con ciertos actos, como de mera anulación y, en cuanto a otros, de plena jurisdicción, por lo cual debe contar con facultades no sólo para anular las resoluciones definitivas impugnadas, cuando esto sea procedente, sino también para determinar, en ciertos casos, la forma de reparación de la violación cometida por la autoridad administrativa. Además, se identifica que esa disposición legal tiene como propósito fundamental preservar la seguridad jurídica que garantiza el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, brindando certeza a los fallos dictados en ese procedimiento contencioso al informar a la autoridad, cuando tenga que emitir un acto en sustitución del impugnado, el sentido en que debe respetar los derechos del demandante, lo que también evita la promoción interminable de juicios de nulidad respecto de una misma materia pues, estando vinculada la autoridad a proceder en determinada forma, no podrá seguir otro camino que le lleve a una nueva violación a los derechos del gobernado."

"SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho."

38. En la parte conducente de la ejecutoria se dijo:

"En la Ley de Justicia Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y seis, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y siete, sobre el sentido de las sentencias del juicio contencioso administrativo, se estableció en el artículo 58, lo siguiente:

"‘Artículo 58. Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracción VII del artículo 14 (nulificación por la Secretaría de Hacienda de una decisión administrativa favorable al particular), indicará de manera concreta en qué sentido debe dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Entretanto que esta no se pronuncie, continuará en vigor la suspensión del procedimiento administrativo que haya sido decretado dentro del juicio.’

"El Código Fiscal de mil novecientos treinta y ocho, sobre los fallos en comento, expresaba en su artículo 204:

"‘Artículo 204. Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracción VII del artículo 160 (resolución favorable a un particular), indicará las bases conforme a las cuales debe dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Entretanto que ésta no se pron

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32474-e63ccac5/preclusion-prevista-en-el-articulo-52-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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