TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 52, 57 Y 58 DE LA LEY RELATIVA, ES EFICAZ, SENCILLO Y RÁPIDO, A FIN DE HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
AMPARO EN REVISIÓN 183/2014. DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES, AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 20 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Reposición del procedimiento. Resulta innecesario analizar las consideraciones que sustentan la resolución constitucional impugnada, así como los agravios que en su contra se hacen valer por la parte quejosa, en razón de que este Tribunal Colegiado advierte que el Juez de Distrito incurrió en una violación a las normas del procedimiento, por una omisión que dejó sin defensa al recurrente y que pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, lo que constriñe a revocar la resolución controvertida y ordenar la reposición del procedimiento.
En efecto, el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:
"...
"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y ..."
De acuerdo con la porción normativa de previa inserción, cuando en el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito encontraren, entre otros supuestos, que el Juez de Distrito incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento.
Ahora, los antecedentes del caso informan que el asunto se originó con motivo de la demanda de amparo, que el diez de octubre de dos mil doce promovió **********, contra actos del subdelegado de Prestaciones de la Delegación de Nuevo León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de otras autoridades, de quienes reclamó:
"Acto reclamado: Lo constituye el incumplimiento de la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil diez, dictada dentro del expediente No. 2417/10-06-02-9, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
En los antecedentes del caso, la quejosa manifestó que al no dar cumplimiento las responsables a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, interpuso recurso de queja, de la que correspondió conocer a la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien en la resolución de ocho de febrero de dos mil doce, otorgó a la autoridad un plazo de veinte días para que cumpliera, sin que a la fecha de la promoción de la demanda lo hubiere hecho.
Del mismo modo, en la demanda, la quejosa señaló como autoridades responsables las siguientes:
"Autoridades responsables:
"1. Subdelegado de Prestaciones de la Delegación de Nuevo León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"2. Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"3. Delegado Estatal en Nuevo León del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.
"4. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado."
El Juez de Distrito que conoció del asunto, emplazó al juicio a las autoridades que fueron señaladas como responsables en la demanda de garantías, enunciadas con antelación.
Al resolver el asunto, concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que le fueran restituidos los derechos subjetivos públicos que fueron vulnerados por la autoridad responsable, restableciendo las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo; es decir, para que la responsable del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, acorde con su esfera de atribuciones, de manera inmediata y dado el tiempo transcurrido, gestione lo necesario para dar total y cabal cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tanto en la sentencia como en el recurso de queja, en cuestión, tal como lo ordena el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en aras de una completa impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.
En contra de esa determinación, las autoridades responsables promovieron recurso de revisión.
Sentado lo anterior, conviene precisar que, en el caso, lo procedente es revocar la resolución controvertida y ordenar la reposición del procedimiento, en atención a que el Juez Federal incurrió en una violación a las normas del procedimiento, en tanto que fue omiso en llamar al juicio de garantías a la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien como más adelante se verá, adquiere el carácter de autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, aplicable al caso.
Así es, en la sentencia cuyo incumplimiento constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, dictada en el juicio de nulidad 2417/10-06-02-9, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de lo que se tiene noticia es que, acorde con los propios antecedentes narrados por la quejosa, al no dar cumplimiento las responsables a la sentencia dictada en el juicio de nulidad, el instador de amparo interpuso recurso de queja del que correspondió conocer a la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien en resolución de ocho de febrero de dos mil doce, otorgó a la autoridad un plazo de veinte días para que cumpliera con ese fallo; sin embargo, a la fecha de la promoción de la demanda de amparo, no existe constancia de que lo hubiere hecho.
Luego, si en la demanda de garantías la quejosa señaló como acto reclamado: "... el incumplimiento de la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil diez, dictada dentro del expediente No. 2417/10-06-02-9, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa", obvio es que corresponde a la indicada Sala Fiscal el carácter de autoridad responsable, atendiendo a la omisión en el cumplimiento de sus propias determinaciones.
Para corroborar tal aserto, es menester atender al marco constitucional que rige en este tipo de asuntos, específicamente al contenido de las fracciones IV y VII del artículo 107 de la Constitución Política del País, pues no hay que olvidar que el presente asunto se tramitó bajo el régimen de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece y, así, dicho precepto en lo conducente establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;
"...
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ..."
La normativa constitucional de cuenta, pone de relieve que la fracción IV del aludido numeral 107 establece la procedencia del juicio de amparo aun tratándose de omisiones, al señalar, en lo que interesa, que en materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal.
En relación con los actos u omisiones, la fracción VII del propio numeral 107 constitucional guarda estrecha vinculación con actos omisivos, por ejemplo, señala que el amparo procede contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa.
Como se ve, la tendencia del legislador constitucional fue abrir las puertas para dar oportunidad a la procedencia del juicio constitucional, aun tratándose de omisiones, de manera que, para tal efecto, previó la procedencia del amparo en materia administrativa contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; o bien, contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, estableciendo, además, que procede contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa.
Esta tendencia ha sido adoptada en la nueva Ley de Amparo, pues se atiende al artículo 107, en donde señala de manera específica la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; o bien, contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
La afirmación anterior tiene sustento en lo preceptuado en el artículo 107 del ordenamiento legal en cita, que establece:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
"Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
"a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;
"b) Las leyes federales;
"c) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
"d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
"e) Los reglamentos federales;
"f) Los reglamentos locales; y
"g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;
"II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;
"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
"a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
"b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;
"VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."
La normativa en consulta pone de manifiesto, en lo que interesa, que el legislador en la nueva Ley de Amparo acogió esta tendencia y claramente previó un articulado estableciendo los procedimientos aplicables en tratándose de actos omisivos; de manera que expresamente señaló la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos omisivos.
Al haber quedado claras las razones por las cuales el amparo indirecto procede contra actos omisivos, lo conducente ahora es determinar a quien es atribuible la omisión reclamada, pues no sólo debe atenderse al reclamo que eleva la quejosa ante la instancia constitucional, visto desde una perspectiva simplista; sino que para ello, es menester señalar en forma destacada, qué autoridad es propiamente la responsable del incumplimiento a la resolución que originó la problemática jurídica planteada.
Para ello, es menester destacar que el numeral 11 de la Ley de Amparo aplicable, señala quién es autoridad responsable:
"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."
La normativa en consulta señala que es autoridad responsable quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
En el caso particular, no hay duda que el amparo indirecto fue promovido por la quejosa, quien acudió al juicio constitucional reclamando precisamente un acto omisivo, ante el incumplimiento de la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil diez, dictada dentro del expediente No. 2417/10-06-02-9, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ese acto, indudablemente, es atribuible a la autoridad omisa, quien no puede ser otra que la propia Sala Fiscal, pues como más adelante se verá, es ella quien, constitucional y legalmente, tiene a su alcance el procedimiento de ejecución que señala la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para hacer cumplir sus propias determinaciones.
Cierto, el Congreso de la Unión aseguró la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, en cumplimiento al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, el numeral constitucional acabado de mencionar, en lo que interesa señala:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. ..."
El precepto citado señala que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por la responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.
De lo que se sigue que en la misma Constitución Federal se asegura la independencia y autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para resolver los litigios y dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz.
Sobre este punto jurídico, apoya la decisión adoptada la tesis 1a. CCXXI/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 461, registro digital: 2006600, que a la letra dice:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA ESTÁN GARANTIZADAS EN SU LEY ORGÁNICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitió diversos criterios que explican el contenido de las garantías constitucionales dirigidas a salvaguardar la función jurisdiccional, las cuales giran en tomo al principio general de la independencia judicial, que se proyecta, entre otros supuestos, en la autonomía para dictar sus fallos. Así, la autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para resolver los litigios relativos a la anulación o reforma de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican en el artículo 14 de su ley orgánica y demás leyes que le otorguen competencia, se garantiza, esencialmente, a través de: 1) el reconocimiento de esa autonomía en sede constitucional (artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal) y legal (artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa): 2) la inamovilidad de sus Magistrados por arbitrariedad del Ejecutivo Federal o alguna de sus dependencias, ya que durante el periodo para el cual son nombrados, únicamente podrán ser privados de sus cargos por el Presidente de la República, en los casos de responsabilidad, en términos de las disposiciones aplicables, o cuando dejen de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 6 de la ley orgánica referida, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior, o bien, cuando existan causas de retiro forzoso consistentes en padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad, por lo que cuentan con la independencia que debe tener todo juzgador; y, 3) la independencia de gestión, ya que dicho tribunal, a través de su Junta de Gobierno y Administración, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, sin interferencia del Poder Ejecutivo, de conformidad con el capítulo VI de la citada ley orgánica. En esa tesitura, es inconcuso que el Congreso de la Unión aseguró la independencia y autonomía de ese tribunal para dictar sus fallos con base en su ley orgánica, brindando a los Magistrados que lo integran las condiciones necesarias para que administren justicia de forma independiente, imparcial y eficaz, en cumplimiento al artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
En adición a lo expuesto, conviene precisar que la autonomía e independencia por parte de la Sala Fiscal, no sólo se hace patente en el dictado de sus fallos, sino también en la ejecución para el cumplimiento de sus propias determinaciones.
En efecto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala un procedimiento específico para la ejecución de las sentencias, el cual está previsto en los artículos 52, 57 y 58 de la mencionada ley, que disponen:
"Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:
"...
"Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. ..."
"Artículo 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente:
"...
"b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. ..."
"Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:
"I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.
"Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue:
"a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada.
"b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora.
"De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a).
"...
"d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de (sic) ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.
"II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:
"a) Procederá en contra de los siguientes actos:
"1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.
"2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso.
"3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia.
"4. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal.
"La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.
"b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho.
"En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto.
"El Magistrado instructor o el presidente de la Sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes.
"c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones.
"Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo.
"d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. ..."
De los artículos mencionados se desprende el procedimiento a seguir para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias emitidas en el procedimiento contencioso administrativo federal, en el supuesto de que la autoridad demandada omita darle cumplimiento.
Ahora bien, de los preceptos anteriores puede advertirse que en caso de que las autoridades demandadas no cumplan la sentencia, la Sala impondrá a la autoridad y a su superior, una vez requerido éste, una multa.
De igual forma, en términos del artículo 58,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25493-0e3b0606/tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y-administrativa-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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