REMOCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO POR NO APROBAR EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. ES NECESARIO DARLOS A CONOCER EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
AMPARO EN REVISIÓN 18/2016. 2 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO ANTONIO CEJA OCHOA. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIO: CARLOS TOLEDANO SALDAÑA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Estudio. La primera parte del concepto de agravio es esencialmente fundada y suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional.
En efecto, como se advierte del considerando anterior, en una primera parte de su argumento, el ahora quejoso se duele, básicamente, de que no se observaron las distintas etapas que configuran el derecho de audiencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, ya que las autoridades administrativas al iniciar y proceder al registro del procedimiento de investigación **********, no contaron con los elementos de prueba que hicieran presumir la existencia de los hechos relacionados con el motivo del inicio y registro del mismo, como lo es la razón de no aprobar los exámenes de control de confianza, así como tampoco se desprende de dicho procedimiento que le hubieren sido mostrados los elementos de prueba a fin de no quedar en estado de indefensión, para que tuviera a su alcance los medios de convicción para su defensa dentro del referido procedimiento de investigación, además de no haberle indicado el lugar en donde se encontraría el expediente a efecto de que pudiera consultarlo para su defensa, tal como lo refiere el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Monterrey, Nuevo León.
Como se adelantó, el motivo de disenso es fundado, pues se estima que a fin de respetar las formalidades esenciales dentro del procedimiento de investigación instaurado en contra del ahora quejoso, resultaba necesario que la autoridad municipal le diera a conocer los resultados obtenidos en los exámenes de control de confianza, a fin de que el servidor público estuviese en aptitud de defender sus intereses, lo cual no sucedió; por lo que se hace evidente que en el procedimiento administrativo de origen existió un vicio formal que hace necesaria su reposición, para restituir al quejoso en los derechos de audiencia y de debido proceso, previstos en el artículo 14 constitucional.
Las anteriores violaciones resultan palmarias si se atiende al contenido de los artículos 17, fracción VII, 66, 100, 101, 102, 103, 105, 238 y 239, fracción XX, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Monterrey, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 17. Para los efectos de este reglamento se entenderá por:
"...
"VII. CISEC. Al Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto aplicar los procesos de certificación, conforme a los lineamientos y estándares que el Centro Nacional de Certificación y Acreditación establezca; emitir los certificados de Evaluación y Control de Confianza que le sean solicitados por el municipio, para auxiliar el proceso de selección e ingreso del personal al servicio o determinar su permanencia, especialmente en las áreas de seguridad pública, acreditando que observa el perfil adecuado;
"..."
"Artículo 66. La prueba de control de confianza tiene como objeto contar en la secretaría con elementos confiables y honestos que actúen con apego a la legalidad y a la ética profesional, así como determinar la integridad del miembro del servicio, por medio de modelos de comportamiento y actitudes, relacionados con su ámbito laboral.
"La prueba de control y confianza sólo será aplicada en el CISEC, en cumplimiento a la ley y la ley general, por lo que la comisión se asegurará que, una vez cubiertos todos los requisitos de la convocatoria y haber aprobado todas las evaluaciones anteriores, la unidad administrativa encargada de operar el ingreso y selección, solicite la programación de fechas de aplicación conforme a los planes establecidos dentro del servicio."
"Artículo 100. La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de la secretaría se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el CISEC, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
"Los aspirantes que ingresen a la secretaría, deberán contar con el certificado y registro correspondientes de conformidad con lo establecido en la ley general.
"Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la secretaría, sin contar con el certificado y registros vigentes.
"Las evaluaciones de control de confianza comprenderán los exámenes médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que se consideren necesarios de conformidad con la normatividad aplicable."
"Artículo 101. La certificación tiene por objeto:
"I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles de cargos aprobados por el Catálogo de Cargos del Servicio Profesional de Carrera Policial;
"El CISEC será el órgano encargado de aplicar las evaluaciones para acreditar el cumplimiento de los perfiles a que se refiere el párrafo anterior, así como de expedir la constancia correspondiente;
"II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones de los elementos de la corporación, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:
"a. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
"b. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
"c. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
"d. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
"e. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; y
"f. Cumplimiento de los deberes establecidos en la ley general."
"Artículo 102. El CISEC emitirá el certificado correspondiente a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece la ley general, la ley y este reglamento.
"El certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la secretaría, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo."
"Artículo 103. El certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez deberá otorgarse en un plazo no mayor de sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el registro nacional. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años."
"Artículo 105. La cancelación del certificado de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública procederá:
"I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere la ley general, la ley y demás disposiciones legales aplicables;
"II. Al ser removido de su encargo;
"III. Por no obtener la revalidación de su certificado; y
"IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones legales aplicables."
"Artículo 227. Las sanciones que serán aplicables al miembro del servicio infractor son las siguientes:
"I. Amonestación;
"II. Arresto;
"III. Cambio de adscripción;
"IV. Suspensión; y
"V. Remoción."
"Artículo 238. La remoción es la terminación de la relación jurídica entre la secretaría y el miembro del servicio, sin responsabilidad para aquélla."
"Artículo 239. Son causales de remoción las siguientes:
"I. Faltar a su jornada más de tres veces en un lapso de treinta días, sin causa justificada;
"II. Acumular más de ocho inasistencias injustificadas durante un año;
"III. Presentarse a su jornada laboral en estado de embriaguez o bajo los efectos de algún narcótico, droga o enervante;
"IV. Abandonar sin el consentimiento de un superior el área de servicio asignada;
"V. Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto;
"VI. Presentar incapacidad parcial o total, física o mental que le impida el desempeño de sus labores. En este caso se aplicará el procedimiento de retiro en lo conducente;
"VII. Cometer actos inmorales durante su jornada laboral;
"VIII. Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio;
"IX. Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico;
"X. Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial e instalaciones;
"XI. Revelar información de la secretaría relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, armamento y, en general, todo aquello que afecte directamente la seguridad de la institución o la integridad física de cualquier persona;
"XII. Introducir, poseer, consumir o comercializar bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, enervantes, narcóticos o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad de la secretaría;
"XIII. Destruir, sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente documentos o expedientes de la secretaría, así como retenerlos o no proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite;
"XIV. Sustraer, esconder, dañar u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y, en general, todo aquello propiedad de la secretaría, de sus compañeros y demás personal de la institución;
"XV. Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus compañeros a omitirlas;
"XVI. Hacer acusaciones de hechos que no pudiera comprobar en contra de sus superiores jerárquicos, de sus compañeros y demás personal de la secretaría;
"XVII. Dormirse durante su servicio;
"XVIII. Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia, la seguridad de la secretaría y la vida de las personas;
"XIX. Dar positivo en los exámenes toxicológicos que se practican institucionalmente, salvo en los casos de prescripción médica para el tratamiento y control de una enfermedad;
"XX. No acreditar los exámenes de control de confianza;
"XXI. Utilizar o llevar consigo, durante el servicio o comisión, uno o varios teléfonos móviles, radiofrecuencias o cualesquier aparato de comunicación que no sea de aquellos que se le hubieran proporcionado por la secretaría para la función a su cargo;
"XXII. Cuando desempeñando su función sea sorprendido recibiendo pagos o gratificaciones distintas a la remuneración prevista legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción, siendo ejemplo de honor, disciplina, lealtad a las instituciones y fiel observante de la legalidad;
"XXIII. Por negarse a someterse a las evaluaciones periódicas consistentes en exámenes de carácter socioeconómico, psicométricos, psicológicos, psiquiátricos, toxicológicos, médicos, físicos y a la aplicación de pruebas de polígrafo;
"XXIV. Las demás que señale el presente reglamento y las disposiciones legales aplicables en la materia.
"La remoción se llevará de acuerdo al procedimiento establecido en el presente reglamento, asimismo se aplicarán supletoriamente las leyes y demás disposiciones legales aplicables a la materia."
De los numerales insertos, se advierte que la remoción es la terminación de la relación jurídica entre la secretaría y el miembro del servicio, sin responsabilidad para aquélla.
Asimismo, se advierte que una de las causales de remoción, consiste en no acreditar los exámenes de control de confianza.
De igual forma, se colige que la prueba de control de confianza sólo será aplicada por el Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Nuevo León (Cisec).
También se desprende que las evaluaciones de control de confianza comprenderán los exámenes médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que se consideren necesarios de conformidad con la normatividad aplicable; y que esas evaluaciones son requisitos para obtener la certificación que tiene por objeto reconocer habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar las funciones policiales, conforme a los perfiles de cargos aprobados por el catálogo de cargos del servicio profesional de carrera policial; así como identificar factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones de los elementos de la corporación, con el fin de garantizar la calidad de los servicios.
Con base en lo anterior, es posible colegir que con la aprobación de las evaluaciones de control de confianza, el personal adscrito al servicio público de policía en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, puede obtener la certificación periódica, que es necesaria para permanecer en el encargo; ya que en su defecto, tales servidores públicos pueden ser removidos definitivamente de ese encargo; entendiéndose por remoción, la terminación de la relación jurídica establecida entre la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León y el miembro del servicio, sin responsabilidad para aquélla.
En ese tenor, es dable establecer que el informe de resultados que se emita respecto de los referidos exámenes tiene un valor absoluto, pues de ello depende la permanencia en el servicio del servidor público; de ahí que en los procedimientos administrativos de remoción con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario e indispensable que la autoridad sustanciadora se lo dé a conocer al servidor público, pues dicha circunstancia puede ser desvirtuada con toda prueba que sea conducente, de lo contrario, se haría nugatorio el derecho de audiencia del gobernado.
Por tanto, las evaluaciones de control de confianza no son parte de los requisitos para acceder y permanecer en un cargo público de policía, sino la manera de medir aquellas condiciones necesarias para tales fines, como lo son las habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles de cargos aprobados por el Catálogo de Cargos del Servicio Profesional de Carrera Policial, asimismo, las evaluaciones de control de confianza son un medio para constatar la ausencia de factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones y la calidad de los servicios policiacos.
Empero, esa medición debe estar acotada por el respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte.
Las violaciones procesales a las que se ha hecho referencia, se evidencian con las razones que se exponen en la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, materia constitucional, página 243, con número de registro digital: 2001108, que dice:
"EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. SON MEDIOS Y NO FINES EN SÍ MISMOS, Y SU CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE LA VALIDEZ DEL REQUISITO LEGAL QUE PRETENDEN MEDIR.-Las evaluaciones de control de confianza son instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna actividad dentro del servicio público, esto es, son medios y no fines en sí mismos. Por otra parte, los requisitos y calidades que debe reunir una persona para acceder a un cargo público o mantenerse en él deben estar previstos forzosamente en la ley, para que la eventual práctica de tales evaluaciones oficiales sean instrumentos válidos, útiles y razonables desde la perspectiva constitucional. Lo anterior significa que no son las evaluaciones de control de confianza las que pueden formar parte de los requisitos para acceder a un cargo público, sino aquellas condiciones para el acceso y ejercicio de determinados cargos y que puedan medirse con tales exámenes, lo cual estará sujeto al respeto de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte."
Ahora bien, de las constancias que obran agregadas al juicio de origen, se desprende el citatorio de treinta de junio de dos mil quince, a través del cual se emplazó al ahora quejoso a un procedimiento de investigación registrado con el número **********, que se inició con motivo del contenido del oficio **********, de **********, signado por el comisario de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León.
Así también, obra la comparecencia del ahora quejoso **********, de **********, de la que se advierte que acudió ante el coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León, quien le dio lectura del oficio **********, informándole acerca de una probable falta de operatividad de su parte al no haber aprobado las pruebas de control de confianza.
Para mayor claridad, en las circunstancias en que la autoridad responsable pretendió cumplir con la garantía de audiencia y la del debido proceso, enseguida se digitalizan ambos documentos, visibles a fojas 37 y 38, respectivamente.
Ver documentos digitalizados
Como se adelantó, de las documentales insertas se advierte que al momento de comunicarle el inicio de la investigación, no se le hizo saber al quejoso el hecho concreto que se le atribuía, pues solamente se le citó a un procedimiento, sin especificarle la naturaleza de su acusación, ni la trascendencia de la falta, así como de las consecuencias de la investigación, pues únicamente se le informó acerca de una "probable falta de operatividad de su parte al no haber aprobado las pruebas de control de confianza", sin que se advierta que le hubiesen mostrado los medios de convicción en que se apoyaba la acusación; ello, a fin de que el quejoso estuviese en posibilidad de tener una defensa adecuada.
No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito, que al momento de comparecer ante la autoridad administrativa, ésta dio lectura íntegra del oficio **********, informando al quejoso el resultado no aprobatorio de los exámenes de control de confianza; sin embargo, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para que tenga pleno conocimiento de la naturaleza del procedimiento de investigación seguido en su contra, mayormente si las evaluaciones de control de confianza solamente constituyen instrumentos para acreditar que quienes se someten a ellas poseen ciertas cualidades para acceder o mantenerse en el ejercicio de su actividad dentro del servicio público de policía, además los requisitos y cualidades de un servidor público deben estar previstos en la ley.
En esa tesitura, el oficio **********, a través del cual se le informó el resultado no aprobatorio de las pruebas de control de confianza al quejoso, no constituye, por sí solo, el objeto de la investigación; por tanto, es evidente que el recurrente no tuvo al alcance todos los elementos probatorios de la investigación, como serían las pruebas toxicológicas, psicológicas y socioeconómicas, para estar en condiciones de tener pleno conocimiento del procedimiento de investigación y poder defenderse adecuadamente.
Luego, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito, la manifestación expuesta por el coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey (foja 30), al acudir a ratificar el oficio **********, en donde señaló que afirmaba y ratificaba el oficio de mérito, donde comunicaba hechos realizados por el elemento **********, quien dio como resultado no aprobatorio de las pruebas de control y confianza, según obraba en documentos que se encontraban en su poder en forma confidencial.
Sin embargo, dicha manifestación no es suficiente como para no darle a conocer al quejoso tales documentos, ya que si la causa de inicio del procedimiento no es desvirtuada, culminará, como en el caso concreto, con la remoción del empleo como oficial de policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, Nuevo León. Luego, ante la imposibilidad del coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, en el procedimiento administrativo de dárselos a conocer por tratarse de información confidencial, al ser el encargado de su aplicación, calificación y valoración, debió requerir al Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Nuevo León (Cisec) las copias certificadas del expediente que contenga los exámenes practicados al miembro del servicio de carrera, a fin de que el servidor público interesado estuviera en aptitud de defender sus intereses, en términos del artículo 14 constitucional.
Sirve de apoyo la aplicación, por analogía, de la tesis I.1o.A.17 A (10a.) que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1904, con número de registro digital: 2004800, cuyos título, subtítulo y texto dicen:
"SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. CUANDO LA QUEJA QUE DÉ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN CORRESPONDIENTE, DENUNCIA QUE UN AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL NO APROBÓ LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA, EL SECRETARIO GENERAL INSTRUCTOR DEL CONSEJO DE PROFESIONALIZACIÓN DEBE REQUERIRLOS AL CENTRO DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO HUMANO.-De la interpretación de los artículos 35, fracción II, inciso e), 46, fracción II, inciso a) y 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como 117 y 118 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se advierte que el legislador consideró que la falta de cumplimiento de algún requisito de permanencia en la Policía Federal Ministerial será causa de terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, previo desahogo del procedimiento de separación, que deberá ser iniciado por el superior jerárquico del servidor público mediante queja presentada ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, la cual se deberá acompañar, por regla general, de los documentos y pruebas correspondientes. Sin embargo, en los casos en que la causa del procedimiento sea la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza o del desempeño, ante la imposibilidad de que el superior jerárquico del servidor público investigado exhiba dichos exámenes, por tratarse de información confidencial que se encuentra en custodia del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano, al ser el encargado de su aplicación, calificación y valoración, entonces corresponderá al secretario general instructor requerir a dicho centro las copias certificadas del expediente que contenga los exámenes practicados al miembro del servicio de carrera pues, de conformidad con los artículos 56 y 57, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sólo puede ser proporcionada cuando se requiera en los procedimientos administrativos o judiciales que al efecto se tramiten, a fin de que el servidor público interesado esté en aptitud de defender sus intereses en términos del artículo 14 constitucional."
Así que, para que se estime cabalmente cumplida la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que no se establecieron minuciosa y detalladamente las formalidades esenciales, es necesario que, ante el imperativo del precepto citado, la autoridad municipal responsable debió haber dado vista con las pruebas rendidas en el procedimiento de investigación, para el efecto de que el quejoso estuviese en aptitud legal de realizar las objeciones que considere convenientes en relación con tales medios de convicción, esto es, para que pueda controvertirlas o impugnarlas, en aras de una adecuada defensa, lo que no aconteció en la especie; de ahí lo fundado del concepto de violación.
De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (10a.) que se comparte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2168 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas», con el número de registro digital: 2008560, cuyos título, subtítulo y texto dicen:
"ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no apto en el proceso de evaluación."
Bajo esas circunstancias, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento de remoción, toda vez que como se indicó, era menester que la autoridad responsable le diera a conocer al elemento policiaco los resultados de los exámenes de control de confianza, los cuales manifestó desconocer, pues sólo así tendría realmente oportunidad de defenderse.
Idéntico criterio sostuvo este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver los amparos en revisión 212/2015 y 438/2015, en sesión de diecinueve de agosto de dos mil quince, y seis de enero de dos mil dieciséis, respectivamente.
"Ahora bien, bajo la verdadera óptica del acto reclamado, se estima que en el procedimiento administrativo de origen existió un vicio de forma que conlleva a su reposición, toda vez que era menester que la autoridad responsable le diera a conocer los exámenes de control de confianza a fin de que el servidor público interesado esté en aptitud de defender sus intereses en términos del artículo 14 constitucional.
"...
"En ese tenor, si en el caso, la causa de inicio del procedimiento a fin de remover al servidor público fue la no aprobación de las evaluaciones de control de confianza, ante la imposibilidad del coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, en el procedimiento administrativo de dárselos (sic) conocer, por tratarse de información confidencial que se encuentra en custodia del Centro de Información para la Seguridad de Estado, de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Nuevo León (CISEC), al ser el encargado de su aplicación, calificación y valoración; de ahí, que debió el coordinador de referencia requerir a dicho centro las copias certificadas del expediente que contenga los exámenes practicados al miembro del servicio de carrera, a fin de que el servidor público interesado estuviera en aptitud de defender sus intereses en términos del artículo 14 constitucional.
"...
"En esa tesitura, el oficio **********, en donde se le informó el resultado no aprobatorio de las pruebas de control de confianza al quejoso, no constituye, por sí solo, el objeto de la investigación; por tanto, es evidente que no tuvo al alcance todos los elementos probatorios de la investigación, como serían las pruebas toxicológicas, psicológicas y socioeconómicas, para estar en condiciones de defenderse y tener pleno conocimiento de (sic) del procedimiento de investigación y poder defenderse adecuadamente.
"Así que, para que se estime cabalmente cumplida la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que no se establecieron minuciosa y detalladamente las formalidades esenciales, es necesario que, ante el imperativo del precepto citado, la autoridad responsable debió haber dado vista con las pruebas rendidas en el procedimiento de investigación, para el efecto de que el quejoso estuviese en aptitud legal de realizar las objeciones que considere convenientes en relación con tales probanzas, esto es, para que pueda controvertirlas o impugnarlas, en aras de una adecuada defensa, lo que no aconteció en la especie; de ahí lo fundado del concepto de violación.
"...
"Bajo esas circunstancias
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26915-1bac1d71/remocion-del-servicio-publico-por-no-aprobar-examenes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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