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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE BENEFICIARIOS DE UNA PERSONA FALLECIDA QUE LABORÓ COMO POLICÍA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 18/2025. · Registro digital (IUS): 33373
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-07-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.643.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 18/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Denuncia de la contradicción de criterios. Por oficio recibido vía interconexión el trece de febrero de dos mil veinticinco en este pleno regional, el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado, presidente e integrante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, denunció la posible existencia de una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial 24/2024 y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del propio circuito al decidir el conflicto competencial 25/2022.

2. Radicación en el pleno regional. Por acuerdo de presidencia de catorce de febrero de dos mil veinticinco se radicó el asunto bajo el número de expediente 18/2025, con el tema determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer y resolver de la declaratoria de beneficiarios de los derechos de una persona que en vida ejerció funciones de elemento de seguridad pública estatal, esto es, a un tribunal de justicia administrativa o a un tribunal de justicia laboral burocrático, y se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si estos subsistían; de igual forma se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe sobre la existencia de alguna contradicción radicada en ese Alto Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el planteado en la presente contienda y se turnó el expediente a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata.

3. Informes de los tribunales colegiados.

• Mediante oficio 33/2025 de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Mediante oficio 2588/2025 de veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito informó que su criterio se encuentra vigente.

• Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En oficio DGCCST/X/164/02/2025 de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, informó que no hay contradicción de criterios radicada es ese Alto Tribunal relacionada con el tema en disputa.

4. Confirmación de turno. Por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, según constancia de autos.

5. Amicus curiae. No se hizo valer hasta la fecha en que se incluyó en la lista este asunto.

I. Competencia

6. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 38, primer párrafo, y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por derivar de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Vigésimo Tercer Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional, cuenta habida de que los tribunales contendientes tienen competencia mixta y este pleno ejerce jurisdicción por territorio y materia sobre el segundo tribunal colegiado contendiente que asignó a su asunto para efectos de trámite como conflicto competencial administrativo y fue el que se emitió primero de ahí que se surta, por analogía, la regla prevista en el artículo 14, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 67/2022 ya citado.(5)

II. Legitimación

7. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, pues la formuló el Magistrado Ángel Rodríguez Maldonado, presidente e integrante del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.

III. Criterios denunciados

8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial 24/2024, en sesión de treinta de enero de dos mil veinticinco.

9. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al fallar el conflicto competencial 25/2022, en sesión de once de agosto de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

10. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(6)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver el conflicto competencial 24/2024, con el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al fallar el conflicto competencial 25/2022.

12. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Una mujer presentó demanda (por propio derecho y en representación de su menor hijo) ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, en la que solicitó el reconocimiento de ambos como beneficiarios de los derechos laborales y prestaciones que en vida pertenecieron al esposo de la parte actora, quien laboraba como elemento policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Tribunales ordinarios. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas declaró su incompetencia legal para conocer de la solicitud, por considerar que el personal operativo de las fuerzas de seguridad pública estatal y municipales que no desempeñen funciones administrativas se rigen por sus propios reglamentos, por lo que, remitió los autos al Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas.

La Segunda Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas consideró que la demanda podría ser resuelta por el citado tribunal laboral, cuya normatividad sí contempla resolver la determinación de beneficiarios, por lo que desechó la demanda por considerarla notoriamente improcedente y devolvió las constancias de autos al tribunal laboral que declinó su competencia.

El tribunal de justicia laboral burocrática emitió varias observaciones y concluyó que en caso de que ese tribunal administrativo insistiera en su incompetencia, debía remitir las constancias a la autoridad competente.

El tribunal de justicia administrativa determinó no aceptar la competencia para conocer del asunto y ordenó remitir las constancias de autos del juicio al tribunal colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno.

13. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

Segundo. Análisis sobre la existencia del conflicto competencial suscitado. Es conducente determinar en primer término, si existe el conflicto de competencia legal que se plantea, para lo cual es necesario atender a las posturas de las autoridades contendientes.

Para que exista un conflicto competencial, en términos generales, es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción, de tal manera que el conflicto competencial debe entenderse como la divergencia de criterios o la opinión discrepante o antagónica, que en ejercicio de su autonomía y potestad expresan los órganos jurisdiccionales concurrentes, con relación directa a la carencia de capacidad legal para conocer y decidir legalmente determinado asunto sometido a su jurisdicción, de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado o cuantía que rodean al caso en particular.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al resolver la contradicción de tesis 67/2001, que se entiende por conflicto competencial a la contienda suscitada entre dos jueces, tribunales o autoridades, respecto al conocimiento y decisión de un negocio, judicial o administrativo.

Esto es, que los conflictos de competencia o también llamados "cuestiones competenciales", son aquellas controversias que se suscitan entre dos órganos jurisdiccionales, que deciden conocer o dejar de conocer un determinado litigio.

Precisó de igual forma, que los conflictos competenciales tienen su fundamento en el artículo 106 constitucional, en el cual, se otorga al Poder Judicial de la Federación la facultad legal de dirimir todas aquellas controversias, que por razón de competencia, se susciten entre los diversos órganos jurisdiccionales del país, distinguiendo la existencia de dos tradicionales controversias competenciales:

1. Conflicto de competencia positivo. El cual, se presenta cuando dos juzgadores estiman ser competentes para conocer del mismo asunto.

2. Conflicto de competencia negativo. Que se actualiza cuando dos órganos jurisdiccionales se declaran incompetentes para conocer de una controversia.

Aseveró que el objeto de la decisión en un conflicto competencial, lógicamente será la determinación (atendiendo a la naturaleza y particularidades del conflicto) de la autoridad jurisdiccional que deba resolver las cuestiones controvertidas a través del procedimiento correspondiente, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento relativo.

Por lo que a fin de que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirimido en términos del artículo 106 constitucional, es necesario que, en tratándose de un conflicto negativo, las autoridades contendientes manifiesten expresa o tácitamente esa negación a conocer del asunto, en ejercicio de su autonomía y de su potestad.

En ese sentido, en tratándose del conflicto de competencia negativo, dependiendo del caso concreto de la materia de que se trate, en casos como el que nos ocupa, es necesario que se colmen los requisitos siguientes:

a) Que un órgano jurisdiccional decline su competencia para conocer de un asunto determinado sometido a su jurisdicción, por estimar que legalmente no le corresponde tal conocimiento, y así, remita los autos al órgano que estime es a quien legalmente le atañe ese conocimiento; y

b) Que este último también rechace la competencia, y que lo remita a la autoridad jurisdiccional que deba resolver sobre ese conflicto competencial ya iniciado.

En el caso concreto, fue el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas quien previno del asunto y declaró su incompetencia legal para conocer del juicio por acuerdo plenario de dos de marzo de dos mil veintitrés, por considerar que el personal operativo de las fuerzas de seguridad pública estatal y municipales que no desempeñen funciones administrativas se rigen por sus propios reglamentos, de tal forma que sus elementos de instituciones policiales, mantienen una relación de naturaleza administrativa con los gobiernos de los Estados y los municipios, y no de naturaleza laboral, por lo que consideró que correspondía a un órgano jurisdiccional administrativo del conocimiento del planteamiento de la parte actora; por tal razón, remitió las constancias de autos al Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas.

Por su parte, el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Justicia Administrativa consideró que no le correspondía conocer del juicio promovido por la actora (...), toda vez que lo demandado por dicha persona es que sea declarada beneficiaria de los derechos laborales que en vida pertenecieron al elemento policiaco de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (...), circunstancia que no podría resolver dicho órgano jurisdiccional, a distinción del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, cuya normatividad sí contempla resolver la determinación de beneficiarios, por lo que determinó desechar la demanda por considerarla notoriamente improcedente y devolvió las constancias de autos al tribunal laboral que declinó su competencia.

Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática tuvo por recibidas las constancias de autos remitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Zacatecas, quien después de emitir varias observaciones sobre el oficio que le fue remitido, destacó esencialmente que el tribunal remitente no hizo pronunciamiento alguno sobre si aceptaba o no la competencia que le fue declinada, como tampoco envió el original del expediente que le fue enviado, para que se determinara la existencia de un posible conflicto competencial, añadió que el desechamiento de la demanda implicó que a aquel tribunal correspondía resguardar el expediente, así como tener por concluido el juicio, lo que implicó que no nació el conflicto competencial, y concluyó señalando, que debía informársele a ese tribunal administrativo, que de insistir en su incompetencia, debía remitir las constancias a la autoridad competente.

Por acuerdo de nueve de abril de dos mil veinticuatro, después de responder los argumentos del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, el diverso de justicia administrativa determinó no aceptar la competencia para conocer del asunto, por lo que remitió las constancias de autos del juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, por considerar que a ese órgano judicial atañía resolver del conflicto competencial.

Las posturas de esos tribunales laborales, evidencian que existe conflicto competencial de carácter negativo, porque los citados órganos jurisdiccionales consideraron en dos momentos distintos, cada uno de ellos, que carecen de competencia por razón de la materia, para conocer de la demanda que presentó (...)

Sin que sea óbice a lo anterior, que en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés el Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Juicio Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado haya determinado desechar la demanda, para que por ello se considere que el conflicto de competencia es improcedente, porque se estime que con esa decisión se agotó su jurisdicción (como así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 2a. CXXVII/98 de rubro siguiente: COMPETENCIA. ES IMPROCEDENTE EL CONFLICTO SI SE PLANTEA CUANDO LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DEL ASUNTO, AGOTÓ SU JURISDICCIÓN), pues su desechamiento se dictó en franca incompatibilidad con su manifestación de su ausencia de competencia y devolución de autos al Tribunal Laboral de Justicia Burocrática en ese mismo proveído (es decir, si carecía de competencia para conocer del juicio, estaba imposibilitado para desechar la demanda por ese mismo motivo); sobre todo porque con posterioridad, en atención a lo que expresó el tribunal laboral antes enunciado en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, el magistrado mencionado del tribunal administrativo determinó por auto de nueve de abril de dos mil veinticuatro que debía declarar de forma expresa la incompetencia legal de ese órgano jurisdiccional para el conocimiento del procedimiento, y en esta ocasión, remitió las constancias al tribunal colegiado de circuito.

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 30/2003, de contenido siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA." (se transcribe).

Tercero. Omisión de transcripciones.

No se transcriben las consideraciones que los órganos judiciales sustentaron para estimar su incompetencia, en virtud de que no existe disposición legal que imponga tal obligación, además de que en autos obran copias certificadas de las resoluciones adoptadas por los juzgadores contendientes, de las cuales fue entregado otro tanto, junto al proyecto respectivo, para el oportuno análisis de los magistrados integrantes de este órgano colegiado.

Cuarto. Estudio de la competencia. La litis en el presente conflicto competencial consiste en elucidar a cuál de los órganos jurisdiccionales en conflicto compete el conocimiento de la demanda que es planteada.

Este tribunal colegiado considera que la legal competencia para conocer del procedimiento que origina este conflicto competencial corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas.

Para clarificar los motivos por los cuales se arriba a tal conclusión, cabe destacar que de las constancias que remitió dicho tribunal, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su numeral 2, así como en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.", se desprende que (...) demandó ante tribunal laboral burocrático de forma sustancial, la siguiente prestación:

La declaratoria que se haga en su favor, como la única y legítima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral que el extinto trabajador (...) tuvo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. En los hechos la accionante narró, entre otras cuestiones, que el extinto trabajador (...) era su cónyuge, que tuvieron un hijo, y que perdió la vida en ejercicio de sus funciones laborando para la demandada; en respuesta a la aclaración que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrático le exigió, aclaró que su finado esposo laboraba como oficial de la policía estatal.

Ahora bien, el artículo 123, apartado "B", fracción XIII, constitucional, establece: (se transcribe).

El precepto legal antes transcrito determina que el personal de las instituciones policiales se regirá por sus propias leyes, lo que implica que quedan excluidos del régimen laboral previsto en el artículo 123, apartado B, constitucional; es decir, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria.

En ese sentido, la relación entre el Estado y ese personal, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan.

Lo cual se constata en la parte conducente de la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA." (se transcribe).

Así, tomando en consideración lo anterior, si la accionante narró que el último puesto del extinto trabajador lo fue en la policía estatal de esta entidad federativa, es notorio que está excluido del régimen de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y de la competencia del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, más aún si se considera que la pretensión de la accionante no puede verse de forma aislada, pues aun cuando manifestó que su cónyuge trabajó para la institución policial en comento, lo cierto es que su reclamo se encuentra estrechamente ligado con el régimen constitucional de exclusión, pues las prestaciones que podría reclamar surgieron con motivo de la relación entre el trabajador finado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Aunado a lo anterior, el artículo 9, fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa destaca la competencia con la que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para el conocimiento de las controversias que se susciten entre los elementos de las instituciones policiales del Estado o municipales, con las autoridades correspondientes, por lo que los derechos que en vida habrían correspondido a dichos elementos que susciten algún conflicto con el Estado, deben también ser materia del conocimiento de ese órgano jurisdiccional con respecto a esos derechos para sus beneficiarios por afinidad.

El contenido del citado precepto es el siguiente: (se transcribe).

Por ende, para determinar la naturaleza del juicio ordinario debe considerarse ese alcance constitucional, en el sentido que los conflictos relacionados con los derechos que pudieran relacionarse con el salario de los servidores públicos que pertenecieron al régimen de exclusión contemplado en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución, son del conocimiento de órganos jurisdiccionales especializados en materia administrativa.

Es aplicable al efecto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)."

En consecuencia, la competencia para conocer del asunto corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, puesto que no debe soslayarse que el reclamo a que le sea reconocido el carácter de beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador, deriva de la naturaleza del vínculo existente entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y su finado elemento de la Policía Estatal, quien ocupaba el cargo de oficial dentro de dicha institución policial, es decir en este caso con el Estado, que constituye una relación administrativa.

No es óbice a lo anterior que en proveídos de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y de nueve de abril de dos mil veinticuatro, el Magistrado titular de la Segunda Sala Especializada en Juicio Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa, haya sustentado su carencia de competencia apoyado en las conclusiones y razonamientos que el Segundo Tribunal Colegiado de este mismo Circuito emitió dentro de la ejecutoria de once de agosto de dos mil veintidós dictada dentro del conflicto competencial 25/2022, en la cual determinó el pleno de ese órgano jurisdiccional sustancialmente, que aun cuando el artículo 9, fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas contempla la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa para el conocimiento de asuntos que pudieran existir entre un elemento policial y la entidad pública de seguridad pública, lo cierto era que lo demandado por la actora (reconocimiento de beneficiaria de derechos para ella y su menor hijo) no derivaba de un conflicto relativo a la prestación de servicios de su difunto esposo, además que el ordenamiento no contempla la tramitación para la declaratoria de beneficiarios reclamada, a distinción de la Ley del Servicio Civil del que se rige el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, de donde estimó, se desprendía la competencia de este último, y ausencia del primero de dichos órganos jurisdiccionales, además que la competencia, por razón de la materia, debía determinarse atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada, y no a la relación sustancial existente entre las partes, conforme así lo dispuso el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98.

Pues bien, este tribunal colegiado no comparte los razonamientos que vierte el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, ya que aun cuando resulta cierto que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas no contempla algún procedimiento para que sea reconocido el carácter de beneficiario sobre los derechos que en vida pertenecieron a algún servidor público (en el caso, de un elemento policial), y que la Ley del Servicio Civil de misma entidad pública sí prevé tal procedimiento, también es verdad que para procedimientos distintos al de responsabilidades administrativas, el artículo 71 del primero de los invocados ordenamientos señala como una de las normatividades que la suplen, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, en el que sí es posible adecuar el procedimiento sucesorio, además que de tener conocimiento el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática en base a la Ley del Servicio Civil del Estado la acción ejercitada por la demandante, ello implicaría modificar la naturaleza del vínculo que el difunto oficial policial tuvo con la entidad pública para la que laboró, y en todo caso, la naturaleza de la relación administrativa que existió, subsumiría la acción que se ejercita, sin que se pierda de vista que la persona fallecida por haber sido miembro de una institución policial y derivar las prestaciones que pudieran reclamarse de una relación administrativa generada con el Estado, las controversias deben tramitarse ante el tribunal en materia administrativa, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, y como así lo ha determinado el Máximo Órgano Jurisdiccional.

Por tanto, se evidencia que la relación jurídica surgida entre el trabajador finado como miembro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que conforma una corporación policial, es de naturaleza administrativa y no laboral, por consiguiente, es legalmente competente para conocer de la demanda el Tribunal de Justicia Administrativa.

14. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, analizó un asunto con las siguientes características:

Hechos. Una mujer presentó demanda (por propio derecho y en representación de su menor hija) ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, en la que solicitó el reconocimiento de ambos como beneficiarios de los derechos laborales y prestaciones que en vida pertenecieron al esposo de la parte actora, quien laboraba como elemento policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Tribunales ordinarios. El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas declinó la competencia al Tribunal de Justicia Administrativa de Zacatecas, argumentando que en términos del artículo 9, fracción XI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, corresponde a un tribunal administrativo conocer sobre las controversias que se susciten entre los elementos de las instituciones policiales del Estado o municipios con sus respectivas autoridades.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas no aceptó la competencia declinada en su favor porque no obstante la previsión contenida en el citado artículo 9, fracción XI, lo cierto es que dicho ordenamiento legal no establece el trámite relativo a la declaración de beneficiarios, de lo que deriva su falta de competencia para conocer del reclamo de la actora.

15. Consideraciones del tribunal colegiado de circuito.

Segundo. De acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia 30/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA."; la actualización de un conflicto competencial exige que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto, sometido a su consideración.

En el caso particular, los tribunales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33373-abb0af0a/competencia-para-conocer-de-la-solicitud-de-reconocimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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