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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO PRESENTADO COMO DIRECTO. UNA VEZ REENCAUSADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO REQUERIR AL QUEJOSO Y DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN. CONFLICTO COMPETENCIAL INEXISTENTE. DEBE DECLARARLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CAREZCA DE EJECUCIÓN Y DERIVE DE UN CAMBIO DE VÍA DIRECTA A INDIRECTA, SI PREVIAMENTE NO SE REQUIRIÓ AL QUEJOSO PARA DEFINIR LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. · Registro digital (IUS): 28627
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-05-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Pág. 1551.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2019. PONENTE: JORGE LUIS MEJÍA PEREA. SECRETARIO: ENRIQUE ZAMORA CAMARENA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Circuito, especializados en materia penal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por uno de los órganos contendientes.

TERCERO.—Posturas contendientes.

1. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el conflicto competencial 3/2018.

a) Antecedentes:

Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, recibido en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, el uno de marzo de dos mil dieciocho, se promovió juicio de amparo en contra de la resolución dictada dentro del toca penal 7/2018.

En auto de presidencia de dos de marzo de dos mil dieciocho, el citado Tribunal Colegiado registró la demanda como amparo directo 39/2018, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitirla con sus anexos al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León.

De esa demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, donde mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciocho su titular ordenó registrar el expediente con el número 217/2018 y se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, por estimar que a quien correspondía era aquél en turno con sede en Guanajuato, Guanajuato, por ser la jurisdicción donde se presentó la demanda, de ahí que ordenó la remisión del asunto.

Por razón de turno, la demanda se recibió en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, donde en auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho se registró con el número 211/2018 y no se admitió la competencia planteada por el Juez declinante, a quien se devolvieron los autos.

Finalmente, en acuerdo de veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en León insistió en declarar su legal incompetencia.

b) Resolución del conflicto competencial.

En sesión de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito consideró que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León era el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, con base en lo siguiente:

• Al resolver la contradicción de tesis 389/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente en sostener que el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor debe interpretarse en forma literal, esto es, sin emplear el método sistemático, teleológico, lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador.

Lo anterior –explicó– tenía justificación también en que, al aplicarse textualmente ese precepto, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia.

• El artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de la demanda de amparo, la última de ellas, se refiere a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, corresponderá al Juez en cuya jurisdicción se presente el libelo.

• El acto reclamado en el juicio de amparo materia del conflicto fue la resolución que no admitió el recurso de apelación con el argumento de que el acto recurrido no está contenido dentro de las resoluciones que son apelables del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su contra, se presentó demanda de amparo directo ante la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, que emitió una resolución de incompetencia, porque estimó que esa determinación era combatible en amparo indirecto y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato.

• Con base en las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el caso, se actualizó aquélla prevista en el tercer párrafo, esto es, la que alude a que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material.

• La demanda materia del conflicto competencial se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en León, Guanajuato, que por razón de turno la derivó al Juzgado Cuarto de Distrito, por lo que es ese órgano el que debería continuar conociendo de ella.

• No era obstáculo para esa conclusión que la demanda se presentara por la vía directa ante la autoridad responsable, quien la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, pues como lo apuntó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato, en ese momento fue en razón de la vía directa, y en ese supuesto la demanda se debía presentar necesariamente ante la autoridad responsable.

Con base en todas las consideraciones antes referidas, el órgano colegiado declaró que sí existió conflicto de competencia y que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León era el competente para conocer del amparo indirecto.

2. Resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el conflicto competencial 8/2018.

a) Antecedentes.

Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, recibido el doce siguiente en la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, se promovió demanda de amparo directo contra la resolución de diecinueve de enero de dos mil dieciocho dictada en el toca 5/2018.

Por auto de presidencia de quince de marzo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito registró la demanda como amparo directo 62/2018 y la admitió a trámite, por lo que seguido el expediente en sus trámites legales, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que declaró su incompetencia legal para conocer de la resolución reclamada y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno con sede en Irapuato.

De esa demanda correspondió conocer al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Irapuato donde en acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, su titular ordenó registrar el expediente con el número 470/2018, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y declinó su conocimiento al Juzgado de Distrito en turno en Guanajuato, con residencia en esta ciudad.

Por lo anterior, la demanda fue recibida en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato, donde en auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 483/2018, no se aceptó la competencia planteada y ordenó devolver el amparo al órgano jurisdiccional declinante.

Finalmente, en auto de veinte de junio siguiente, la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, insistió en la declaración de incompetencia.

b) Resolución del conflicto competencial.

En sesión de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito resolvió que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre era el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, lo cual se sustentó en lo siguiente:

• En las reglas que se contienen en los tres párrafos del artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los Jueces de Distrito como son: el lugar de la ejecución del acto reclamado y el de la presentación de la demanda de amparo.

De lo anterior era manifiesta la intención de facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia puesto que determinó que en la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, corresponde al Juez ante quien se presentó, partiendo del supuesto de que el quejoso opta por el tribunal al que le resulta más sencillo acudir.

• En el conflicto competencial se advertía que el acto reclamado carece de ejecución material y la controversia se generó por virtud de que la demanda de amparo inicialmente se presentó en la vía directa ante la autoridad responsable con residencia en Guanajuato, Guanajuato, la cual lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal en turno con sede en esta ciudad, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito y en resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda y ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno con residencia en Irapuato.

• De esta forma, el tema a definir era si como presentación de la demanda se consideraba aquella que realizó el quejoso ante la autoridad responsable (residente en esta ciudad) como amparo directo o la recepción que hizo el Juez de Distrito en Irapuato, con motivo de la remisión del asunto por parte de ese Tribunal Colegiado, una vez declarada la incompetencia legal, para lo cual debía atenderse al último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, a que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado.

• En el caso, la demanda de amparo origen del conflicto competencial, se presentó en esta ciudad, por lo que si el precepto citado establece expresamente que se debe considerar competente el Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda de amparo, era claro que la competencia se actualiza a favor del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, pues esa hipótesis ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 389/2013 en la que sostuvo, en lo que interesa, que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues la intención del legislador había quedado plasmada con toda claridad en el contenido de la norma; por tanto, tratándose de la impugnación de actos carentes de ejecución material, el Juez competente para resolver el conflicto era aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa no podían dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Argumentos que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

• No era obstáculo para esta conclusión que el escrito de demanda se presentara ante la autoridad responsable como amparo directo, cuando en realidad debió ser como indirecto, porque la finalidad del precepto referido se entiende que fue facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia y la pretensión de la quejosa fue que su trámite se verificara en esta ciudad; de ahí que la circunstancia de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito declarara su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo y por ello la remitiera al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato, Guanajuato, no modifica el hecho probado del lugar de la presentación, que define la competencia para conocer y resolver el asunto.

• Tampoco era impedimento para lo resuelto, que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenara la remisión del asunto a los Jueces de Distrito en Irapuato, Guanajuato, porque al asumir esa determinación no se analizó el supuesto del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo en lo relativo al lugar de presentación de la demanda, sino únicamente se atendió a la vía, de ahí que no resulte vinculatorio.

• Con base en lo expuesto, debía tenerse en cuenta que como presentación de la demanda se considera aquella que realizó el quejoso ante la autoridad responsable como amparo directo, atendiendo a la literalidad del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo aplicado de manera estricta a su texto, por lo que el Juez de Distrito competente es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda y, en el caso, la competencia para conocer de la demanda de amparo correspondía al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

Es pertinente indicar que resulta necesario pronunciarse en torno a la existencia de la contradicción de tesis, pues sólo en tal supuesto es factible que este Pleno de Circuito emita una decisión en cuanto al fondo de la presente denuncia. Para ello, es indispensable tomar en consideración lo siguiente:

La intervención de este Pleno de Circuito en Materia Penal se justifica por la necesidad de unificar criterios para así dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia; por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, es menester esa unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(1)

En congruencia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es necesario que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.(2)

Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, por tesis debe entenderse, para estos efectos, el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(3)

De esta manera, puede concluirse que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.

3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados de circuito resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como aquélla, sea legalmente posible.

En el caso, sí existe la contradicción de tesis que se ha denunciado entre los criterios que sostuvieron el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, al resolver, respectivamente, los conflictos competenciales 3/2018 y 8/2018.

En efecto, el análisis de las resoluciones en esos asuntos pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque ambos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los conflictos competenciales examinaron una cuestión jurídica, esencialmente igual, como es, la competencia por territorio, en términos del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con la demanda de amparo indirecto promovida en contra de un acto que carece de ejecución material, cuando el juicio se tramitó inicialmente en la vía directa y, por tal motivo, la demanda se presentó ante la autoridad responsable.

Sin embargo, ante esta situación similar adoptaron diferentes posturas como se muestra a continuación:

1. En el conflicto competencial 3/2018 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito estimó que de conformidad con lo establecido por el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto remitida por un Tribunal Colegiado a un Juzgado de Distrito cuando el acto reclamado carece de ejecución material correspondía al Juez de Distrito al que se remitió con motivo de la declaración de incompetencia; por tanto, era éste el que debería continuar conociendo de ella, sin que fuera obstáculo para ello, que la demanda se presentara por la vía directa ante la autoridad responsable pues en ese momento fue en razón de la vía directa y la demanda se debía presentar necesariamente ante la autoridad responsable.

2. En el conflicto competencial 8/2018 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito consideró que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto remitida por un Tribunal Colegiado a un Juzgado de Distrito cuando el acto reclamado carece de ejecución material se debe tener como presentación de la demanda, aquella que realizó el quejoso ante la autoridad responsable como amparo directo, al margen de que con posterioridad el Tribunal Colegiado declare la incompetencia y, por ello, remita el escrito inicial de demanda a otra ciudad, porque dicha circunstancia no modificaba el hecho probado del lugar de presentación de la demanda que define la competencia para conocer del asunto.

Así entonces, en el caso sí existe contradicción de tesis.

Ello, pues ambos Tribunales Colegiados de Circuito al resolver los conflictos de competencia, de donde derivan los criterios en contradicción, dieron solución a dichos conflictos partiendo de similar premisa; a saber, que en la especie resulta aplicable el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prescribe la competencia respecto de actos que no requieren ejecución material, a favor del juzgado en donde el quejoso presentó la demanda.

Es así, porque no obstante tal coincidencia, se advierte que arribaron a soluciones distintas, y de manera concreta existe discrepancia, en el aspecto relativo a si la presentación de la demanda de amparo ante la autoridad responsable, –por considerar el quejoso de manera errónea que la vía idónea era la directa–, deba considerarse con ello que la intención del quejoso, fuera que conociera del asunto un Juzgado de Distrito con jurisdicción en el lugar de residencia de la responsable, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, así lo estimó; en tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, consideró, por el contrario, que el competente lo era un juzgado diverso al que ejerce jurisdicción en donde radica la responsable que inicialmente recibió la demanda por error en la vía.

Esto es, discrepa en torno a que el lugar de residencia de la autoridad responsable que recibió la demanda, sea el que indefectiblemente haya elegido la parte quejosa para efecto de la competencia, pues razonó que si la quejosa había procedido de esa manera, esto es presentando su demanda ante la autoridad responsable, ello, se debió al hecho de que tal demanda, desde la perspectiva de la parte promovente, debía tramitarse como amparo directo, lo que le constreñía hacerlo, en términos del artículo 176 de la Ley de Amparo, ante la autoridad responsable, y no ante un Juez de Distrito.

Luego, sí existe contradicción de tesis y a efecto de dar certeza jurídica a los justiciables, se estima que debe prevalecer, como se verá, un tercer criterio distinto a los antes expuestos, que es el que adopta este Pleno de Circuito en Materia Penal, conforme a las razones que se expresan a continuación.

Para ello, resulta procedente establecer la pregunta que detona la procedencia de dicha contradicción de tesis; de ahí que el punto a dilucidar en el presente estudio es ¿cómo se ha de actuar, ante un conflicto competencial entre Jueces de Distrito, derivado de un cambio de vía cuando el acto reclamado carezca de ejecución, y se desconozca cuál es la voluntad del quejoso en cuanto al Juzgado de Distrito al que desea fincarle competencia?; sin embargo, para contestar tal interrogante, primero debe dilucidarse: cuando el quejoso promovió un amparo directo respecto de un acto carente de ejecución, pero el Tribunal Colegiado de Circuito al que le corresponde conocer estima que se trata de un amparo indirecto ¿cómo ha de procederse para establecer un órgano jurisdiccional destinatario, atendiendo el tercer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo?

En consecuencia, el estudio que enseguida se realiza, por cuestión de orden lógico, primero se dirimirá la segunda interrogante y posteriormente, la hecha en primer término.

QUINTO.—Criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Previo a ello, se expone a continuación, por qué los posicionamientos de las tesis antagónicas en mención, resultan incorrectos a la postre.

Por cuanto hace al posicionamiento que asumió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, en cuanto interpretó que la demanda de amparo se presentara ante determinado juzgado (en el caso ante un juzgado de la ciudad de León, Guanajuato), distinto de alguno que ejerza jurisdicción en el lugar sede de la autoridad responsable, resulta, no atendible de acuerdo con las razones siguientes:

Ello, en virtud de que para poder atender debidamente al principio de instancia de parte agraviada, en el que se encuentra implícita, desde luego la voluntad de la parte quejosa, y en específico para poder conocer el lugar en donde dicha quejosa pretendió presentar la demanda, ha de tomarse en consideración, únicamente la manifestación de voluntad que al respecto expresamente realice, pues, por todas las consecuencias de índole jurídico-procesal que ello conlleva además de ser la legitimada para hacerlo, es solamente a dicha parte y no a otra, a quien la norma concede la facultad de decidir el lugar del órgano jurisdiccional que ha de conocer de su demanda de amparo.

De modo que al Tribunal de amparo, no le es dable sustituirse a esa manifestación de voluntad, que sólo corresponde, como se ha dicho, a la parte quejosa.

Lo anterior desde luego, además, en el entendido de que tal expresión de voluntad, no solamente puede verse reflejada de forma escrita u oral, sino también a través de actos positivos, como ocurre cuando se acude ante determinado lugar a presentar la demanda de amparo.

Por otra parte, se estima también inatendible el posicionamiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, con respecto a establecer que para efectos de fijar la competencia, se deba atender al lugar de presentación de la demanda de amparo, que se realizó ante la autoridad responsable.

Posicionamiento que, como se verá, soslaya la literalidad del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."

En efecto, como puede advertirse de la lectura al artículo en cita, en la parte que se menciona, la norma prevé que para efectos de la fijación de la competencia, con respecto de actos que no requieran ejecución material, que es el supuesto del que se parte, es competente "... el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo ..."; esto es, la norma no alude a una autoridad responsable, sino expresamente a un Juez de Distrito, lo cual tiene sentido, si se parte de que el conocimiento de una demanda de amparo indirecto, por antonomasia corresponde a un Juzgado de Distrito; hecha excepción de algún otro supuesto, que no es el caso mencionar.

De ahí que, ello constituya una primera razón, para estimar que cuando la demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable, bajo la equivocada apreciación de que se deba sustanciar por la vía directa, no es dable considerar que tal manifestación, sea a la que se refiere la norma en cita, contenida en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

Una segunda razón vinculada con lo anterior, pero con énfasis en la ausencia de voluntad para determinar la competencia cuando la demanda de amparo se presente indebidamente como amparo directo ante la autoridad responsable, se desprende del propio hecho de que se incurre en el vicio de la voluntad, derivado precisamente del error de que el juicio debía ventilarse por esa vía directa.

Es de ese modo, porque cuando la demanda de amparo se presenta, para que se tramite en la vía directa, se advierte que la legislación de amparo, acota en numerosos aspectos la forma de tramitación del juicio, de ahí que, por tal razón, es posible advertir que el legislador quiso, a efecto de dar mayor celeridad al juicio de amparo directo, que en tal caso, la demanda se presentara ya directamente ante la autoridad responsable, quien debe de cumplir con ciertas formalidades, previo a remitir los autos, junto con la demanda y su informe justificado, al Tribunal Colegiado que deba conocer del juicio de amparo directo; siendo todo ello derivado de que la norma exige, en el caso el artículo 176 de la Ley de Amparo, que la demanda de amparo se presente ante la autoridad responsable.

En ese orden de ideas, cuando la parte quejosa presenta su demanda, obligada por el artículo 176 de la Ley de Amparo, ante la autoridad responsable, no actúa de manera libre en ese aspecto y, por tanto, está fuera del contexto legal del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo que, por el contrario, según se ha visto, le concede toda la libertad de presentarla ante el juzgado de su intención.

Esto evidentemente debe entenderse cuando el quejoso no tiene ninguna limitante para hacerlo; lo que no ocurre como es conocido, en aquellos "casos frontera", en los que la experiencia demuestra que no es fácil determinar, si una resolución que se señale como acto reclamado, constituya o no una resolución que ponga fin al juicio, y por ende susceptible de ser impugnada, a través del juicio de amparo directo, sin acudir a varios métodos de interpretación jurídica, a efecto de estar en condiciones de decidir si el asunto que se plantea debe tramitarse o no como amparo directo.

De lo que se colige entonces que la presentación de la demanda de amparo, en la vía directa, ante la autoridad responsable, no puede ser indicativo de que sea la intención de la parte quejosa, para que conozca, en su caso, un Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de ubicación de la autoridad responsable.

Es decir, la voluntad viciada por algún error o condicionada por cualquier circunstancia, no es voluntad, y la acción de presentar una demanda de amparo, sin que alguna norma establezca directrices del destinatario de esa presentación, entraña necesariamente un aspecto volitivo del promov

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28627-dcab9586/amparo-indirecto-presentado-como-directo-una-vez-reencausado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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