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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LAS ACTUACIONES, PROMOCIONES O DILIGENCIAS OCURRIDAS EN UN EXHORTO O DESPACHO ORDENADO EN JUICIO PARA EMPLAZAR A UN DEMANDADO, CONSTITUYEN ACTOS PROCESALES SUSCEPTIBLES DE INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA Y, POR ENDE, DEBE SOLICITARSE EL INFORME RELATIVO AL JUEZ REQUERIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2016. · Registro digital (IUS): 27132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-05-26
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pág. 263.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General; 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema de materia civil que corresponde a la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano que sostuvo uno de los criterios que motivaron la presente contradicción de tesis

TERCERO.-Criterios contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El catorce de enero de dos mil dieciséis, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dictó resolución en el juicio de amparo directo 679/2015, del que es necesario conocer los antecedentes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. En juicio ejecutivo mercantil **********, **********, **********, por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil de ********** y **********, **********, el pago de ciento ********** pesos con ********** centavos, intereses moratorios a razón del cuatro por ciento mensual y de gastos y costas.

2. De la demanda conoció el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, quien en auto de doce de febrero de 2015, admitió la demanda y ordenó el requerimiento de pago a la parte demandada, el embargo en bienes de su propiedad y su emplazamiento y giró despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al residir uno de los demandados en ese lugar.

3. El diecisiete del propio mes, **********, endosatario en procuración de la parte actora, compareció al juzgado federal a recibir el despacho **********, mismo que entregó en la jurisdicción en la que se ejecutaría, en el Juzgado Civil de Primera Instancia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el que dictó auto el veintisiete de febrero de dos mil quince en el que tuvo por recibido dichos autos.

4. El doce de junio de dos mil quince, se practicó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento solicitada en el despacho.

5. El trece de octubre de dos mil quince, el Juez de Distrito, ordenó enviar el legajo de despacho al Tribunal Colegiado que conocía del amparo.

6. El veinticinco de agosto de dos mil quince, el Juez natural, decretó de oficio la caducidad de la instancia por haber transcurrido ciento veinte días de inactividad procesal, contados a partir de la notificación del auto admisorio de dieciséis de febrero de dos mil quince.

7. Inconforme, **********, endosatario en procuración de la actora, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró improcedente, el tres de septiembre de dos mil quince por el Juez de Distrito. Lo anterior, constituye el acto reclamado del juicio de amparo. En su resolución, el Tribunal Colegiado, declaró fundado el amparo, en virtud de lo siguiente:

• La omisión alegada por la impetrante, referente a que el Juez Civil de Primera Instancia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no remitió al Juez Federal el despacho ********** una vez que fue debidamente diligenciado es inoperante, pues por auto de trece de octubre de dos mil quince, el Juez de Distrito remitió al Tribunal Colegiado copias certificadas de la comunicación aludida; por lo que se subsanó tal omisión al haberse recibido por el Juez exhortante tal despacho.

• Estimó sustancialmente fundado que el Juez responsable omitió tomar en cuenta las actuaciones del despacho realizadas por intervención directa del endosatario en procuración de la actora, quien recogió el oficio correspondiente y lo entregó al juzgado exhortado, lo que permitió a éste emitir acuerdo por el que ordenó practicar la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento bajo el despacho **********; lo que revela el interés de la accionante en la prosecución del juicio.

• Que en el artículo 1076 del Código de Comercio, se colige que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho en los juicios mercantiles, cualquiera que sea el estado del proceso, desde el primer auto que se dicte en el mismo, hasta la citación para oír sentencia, cuando hayan transcurrido ciento veinte días, término que iniciará a partir del siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada y siempre que no hubiere promoción de alguna de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para su conclusión.

• En ese orden, las actuaciones practicadas por el Juez exhortado, relativas al despacho **********,(4) sí tienden a impulsar el procedimiento, toda vez que el auto de veintisiete de febrero de dos mil quince, así como la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el doce de junio del mismo año, fueron actuaciones judiciales que evidencian la intención de la actora en la continuación del procedimiento, cuyo objeto fue llamar a juicio a uno de los demandados; debiéndose entender que lo actuado por el Juez exhortado, constituye una continuación de la actividad jurisdiccional del juzgador de origen, de ahí que se estime que para que éste se encontrara en condiciones de decretar la caducidad de la instancia, debió contar con las actuaciones efectuadas tanto del juicio como las realizadas en el despacho.

• Estimó aplicable la tesis I.3o.C.611 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito(5) -que manifestó compartir- de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS ACTUACIONES DEL JUEZ EXHORTADO SON APTAS PARA SU INTERRUPCIÓN.", así como la tesis I.3o.C.612 C,(6) -que comparte- de rubro: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. SU REALIZACIÓN A TRAVÉS DE EXHORTO NO ES DE LAS RESOLUCIONES QUE SUSPENDEN EL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."

• Manifestó no compartir la jurisprudencia VI.2o.C. J/322, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito.(7)

Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, reiteró el mismo criterio en cinco ejecutorias, cuyos antecedentes y consideraciones se precisaran a continuación. De las cuales, derivó la tesis VI.2o.C. J/322 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1232, con número de registro digital: 163509, cuyo rubro y texto se señala a continuación:

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO Y NO CUANDO SE RECIBA EL EXHORTO EN EL QUE CONSTE EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO.-Si bien es cierto que cuando el emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se realiza mediante exhorto, es la autoridad exhortada y no las partes, quien está obligada al cumplimiento, diligenciación y devolución de esa comunicación procesal, también lo es que en términos del artículo 1076 del Código de Comercio, esa circunstancia no releva al interesado de impulsar el procedimiento mediante solicitudes tendentes a hacer patente su voluntad de continuar el juicio hasta su conclusión. De tal suerte que el cómputo del término para que opere la caducidad de la instancia inicia a partir del primer auto que se dicte en el juicio y no cuando se reciba el exhorto en el que conste el emplazamiento al demandado, pues en todo caso es obligación del interesado realizar la conducta procesal necesaria para impulsar el procedimiento. Asimismo, la diligenciación del emplazamiento mediante exhorto no suspende el procedimiento, en términos de la fracción VI del citado artículo 1076, según la cual la caducidad no puede operar cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor o en los casos en que sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa, habida cuenta que la falta de emplazamiento o de la constancia de haberse realizado, no impide que la parte interesada solicite al Juez que tome las medidas conducentes a fin de continuar con la prosecución del juicio."

a) El veintidós de enero de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dictó resolución en el juicio de amparo directo 361/2008, de la que es necesario conocer los antecedentes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. En juicio ejecutivo mercantil **********, **********, **********, reclamó de **********, el pago de ********** pesos con **********, como suerte principal que amparan dos pagarés; de intereses moratorios vencidos y los que se sigan venciendo a razón del siete por ciento mensual; y, gastos y costas. Del juicio conoció el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, quien en razón de que el demandado tiene su domicilio en Ciudad Mendoza, Veracruz, libró atento exhorto al Juez de lo Civil de esa localidad para ordenar su emplazamiento, requirió a la parte demandada señalar domicilio para notificaciones, y facultó al Juez exhortado, acordar cualquier tipo de promoción por parte del interesado tendente a constituir el depósito de bienes embargados, y en su caso agotar los medios necesarios.

2. Por auto de ocho de febrero de dos mil seis, se acordó reservar el escrito de contestación de demanda de **********, para ser acordado en su oportunidad una vez devuelto el exhorto que se remitió al Juez competente de Orizaba Veracruz y por resolución de veintidós de agosto de dos mil siete, se decretó la caducidad de la instancia, con apoyo en el artículo 1076, segunda parte, incisos a) y b), del Código de Comercio, y la jurisprudencia 1a./J. 22/2003, titulada: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.". Lo anterior se confirmó en apelación. Inconforme, **********, promovió juicio de garantías. El Tribunal Colegiado estimó infundados sus conceptos de violación, bajo las siguientes consideraciones:

• Estimó que, lo afirmado por el quejoso de que, compareció ante el actuario del Juzgado Menor de lo Civil de Orizaba Veracruz, y "diligenció" en sus términos el auto de exequendo, por lo que se emplazó y llamó a juicio a la parte demandada y que esa conducta procesal fue tendente a impulsar la prosecución del juicio, no fue aducido en esos términos en vía de agravios en apelación. Por ello, la Sala responsable no se avocó a su análisis, ya que en esa instancia, alegó que estaba pendiente de notificársele el escrito de contestación de demanda que se ordenó reservar hasta que se recibiera el exhorto debidamente diligenciado, por virtud del cual se ordenó llamar a juicio a su contrario y, por ende, al no existir constancia del exhorto referido, se encontraba impedido, para dar impulso procesal, amén que el Juez del conocimiento, tampoco se encuentra en posibilidad de emitir el acuerdo sobre la admisión o desechamiento del escrito de la parte demandada dando contestación; y que, en consecuencia, no pudo operar la caducidad decretada por ignorarse si el escrito de contestación fue presentado en tiempo y forma, máxime que la devolución del exhorto, está a potestad de la autoridad exhortada quien lo remitirá por los conductos y vías correspondientes, la cual fue autorizada para agotar los medios de apremio necesarios para lograr el perfeccionamiento del embargo y, todo ello, se conocerá hasta el momento de la llegada de dicho exhorto.

• Por otro lado, suponiendo la certeza de la alegada comparecencia por parte del quejoso ante la autoridad exhortada, ello no puede estimarse como una actividad procesal encaminada a impulsar la prosecución del juicio, y menos aún como una hipótesis relativa a la suspensión del término para la caducidad. Lo anterior en virtud de que el artículo 1076 del Código de Comercio, segundo párrafo, incisos a) y b), establecen que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte del mismo y hasta la citación para oír sentencia, cuando hayan transcurrido ciento veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la última resolución dictada, sin que hubiere promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. En consecuencia, la simple asistencia de cualquiera de las partes a una diligencia, como pudiera ser a la alegada, no puede estimarse como una promoción tendente a impulsar la prosecución del juicio, al no implicar solicitud de continuación del mismo para su conclusión.

• El quejoso refirió como obligación de la autoridad exhortada el dar curso y cumplimiento a los exhortos encomendados, diligenciarlos debidamente y devolverlos al lugar de origen, la que no puede recaer en las partes. El Tribunal Colegiado estima que, si bien es verdad tal obligación, ello no releva al interesado de impulsar el procedimiento, mediante solicitudes tendentes a eso para hacer patente su voluntad en continuar el juicio hasta su conclusión, por así disponerlo el artículo 1076 del Código de Comercio. De ahí que la caducidad puede operar desde el primer auto que se dicte en juicio, y no a partir de que el demandado sea emplazado, como en el caso, a través de la autoridad exhortada para tal efecto; Así, no es la recepción del exhorto debidamente diligenciado el inicio del término para la caducidad, pues es obligación del interesado, solicitar a la autoridad judicial del conocimiento, la continuación del juicio, a fin de evitar la caducidad, esto es, de efectuar la conducta procesal necesaria para impulsar el procedimiento.

• Añade que, si bien la autoridad judicial, por sí o a través de exhorto debe emplazar a la parte demandada, haciéndole saber la existencia del juicio instaurado en su contra, lo importante es que ante la omisión de esa primera notificación, o bien de la remisión del exhorto correspondiente, la parte actora interesada puede lograr la prosecución del juicio, solicitando al Juez que, ordene el emplazamiento o gire oficio a la autoridad exhortada, para que lo lleve a cabo y devuelva el exhorto debidamente requisitado, a fin de cumplir con su carga procesal de impulsar el procedimiento, y evitar de esa forma que opere la caducidad. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias, 1a./J. 22/2003 y 1a./J. 27/2006, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL NUMERAL 1076 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE AUTORIZA A DECRETARLA AUN CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

• Ahora bien, el acuerdo de ocho de febrero de dos mil seis, por virtud del cual el Juez del conocimiento, ordenó reservar el escrito de contestación de demanda de **********, para ser acordado una vez devuelto el exhorto, no es una resolución que impida decretar la caducidad de la instancia o que suspenda el procedimiento, en términos de la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio, según el cual no puede operar la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor que impida al Juez y las partes actuar, o en los casos en que sea necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades, pues, la falta de emplazamiento o de la constancia de haberse realizado, no es razón que obstaculice el decreto de caducidad de la instancia, pues la parte interesada, se encuentra en posibilidades de solicitar al Juez las medidas conducentes, a fin de procurar la continuación del juicio y evitar que con ello opere la caducidad. Al caso aplicó las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números 1a./J.72/2005 y 1a./J.108/2007, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA CONSTANCIA LEVANTADA POR EL NOTIFICADOR DEL JUZGADO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE EMPLAZAR AL DEMANDADO, NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE AQUÉLLA."

b) El cuatro de marzo de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dictó resolución en el juicio de amparo directo 548/2009, de la que es necesario conocer los antecedentes:

1. En juicio ejecutivo mercantil **********, **********, como endosatario en propiedad de un pagaré, suscrito a la orden de **********, reclamó de ********** ,el pago de doscientos mil pesos como suerte principal; intereses moratorios pactados a razón del cuatro por ciento mensual; y, gastos y costas. Admitida la demanda por el Juez Noveno de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, y emplazado la parte demandada, dio contestación, negó por improcedentes las prestaciones reclamadas y opuso como excepción la de caducidad de la instancia, conforme el artículo 1076 del Código de Comercio, puesto que desde la notificación del auto de exequendo de dieciséis de enero de dos mil siete, hasta el uno de octubre del mismo año, en que el actor presentó el escrito ante la oficialía del juzgado del conocimiento, transcurrieron más de ciento veinte días.

2. Previos los trámites procesales, el veintisiete de marzo de dos mil nueve, el Juez de origen declaró probada la excepción de caducidad de la instancia opuesta, declaró improcedente el juicio ejecutivo mercantil promovido por la actora y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la forma y vía pertinentes. Lo anterior se confirmó en apelación; resolución que constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías promovido por **********, cuyos conceptos de violación se calificaron inoperantes en parte, e infundados en lo demás por el Tribunal Colegiado, al reiterar el criterio sustancial, sostenido en el juicio de amparo directo anteriormente reseñado en el inciso a), de lo que concluye:

• Lo afirmado por el quejoso de que conforme a la fracción VI del artículo 1076 del Código de Comercio, no opera la caducidad si el procedimiento se encuentra suspendido por causa de fuerza mayor y el Juez y las partes no puedan actuar, lo cual ocurrió, ya que el procedimiento de origen, estuvo interrumpido por todo el tiempo que tardó el exhorto para llevarse a cabo la diligencia de ejecución y emplazamiento; fue propuesta en vía de agravios en apelación, y desestimada por la Sala responsable por considerar que si bien el emplazamiento por exhorto, constituye una continuación de la actividad jurisdiccional, concerniente a la primera notificación, tal actuación no se encuentra dentro de la hipótesis de suspensión o interrupción de la caducidad, y de lo dispuesto por dicho artículo, el interesado no está relevado de impulsar el procedimiento, mediante solicitudes tendentes a hacer patente su voluntad de continuar el juicio hasta su conclusión, pues a cargo de la parte interesada está impulsar el procedimiento, lo que no le impide solicitar al Juez que tome las medidas conducentes, a fin de continuar con la prosecución del juicio, por lo cual no puede tomarse en cuenta lo anterior, como una causa de interrupción de acuerdo con la fracción VI del artículo citado.

• El órgano colegiado estima que, las consideraciones anteriores no se combatieron en la litis constitucional, por el cual se mantienen firmes. Agrega que, conforme al artículo 1076, incisos a) y b), del Código de Comercio, la caducidad de la instancia opera de pleno derecho, de oficio o a petición de parte, y cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para sentencia, para lo cual se requiere que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido ciento veinte días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada; y, b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para su conclusión. Así, la diligencia de ejecución y emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, es parte integrante del procedimiento, además el artículo 1071 del Código de Comercio, previene que cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, la notificación o citación se hará por medio de despacho o exhorto al Juez de la población en que aquélla residiere, los que podrán tramitarse por conducto del interesado si éste lo pidiere, siendo que el auxilio que se solicite, se efectuará, únicamente, por medio de las comunicaciones señaladas, dirigidas al órgano que deba prestarlo.

• De tal forma, la notificación mediante exhorto no suspende el procedimiento por causa de fuerza mayor, pues al ser una formalidad judicial, debe conceptuarse como parte del procedimiento; por lo cual, el cómputo del término para que opere la caducidad de la instancia, es a partir del primer auto que se dicte en el juicio y no cuando se recibe el exhorto en el que conste el emplazamiento al demandado, al ser obligación del interesado, realizar la conducta procesal necesaria para impulsar el procedimiento, pues incluso la misma ley así lo ordena y les permite a las partes auxiliar en las notificaciones. Esto, de conformidad con la tesis VI.2o.C.658 C, en la página dos mil seiscientos noventa y cinco, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO Y NO CUANDO SE RECIBA EL EXHORTO EN EL QUE CONSTE EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO."

• Por lo demás, el quejoso refiere que, de acuerdo con el inciso a) del citado artículo 1076, la caducidad de la instancia, opera transcurridos ciento veinte días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y que en el caso, dicha notificación fue la del veintiuno de mayo de dos mil siete, por virtud del cual el Juez del conocimiento tuvo por recibido el oficio del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla y devolvió exhorto que le fue enviado sin diligenciar y ordenó hacer saber su llegada a la actora para que manifestara lo que a su derecho importara, y cuyo auto fue notificado mediante lista a **********, el veintiocho de mayo del indicado año.

• Al respecto, indica el Tribunal Colegiado que, lo establecido en el inciso a), del referido artículo, debe estudiarse de manera relacionada con el supuesto del inciso b), de ese numeral, que menciona como diverso requisito que no hubiere promoción de alguna de las partes dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Así, de su análisis relacionado y no aislado como lo hace el quejoso, se deduce que no cualquier promoción de las partes, como tampoco la notificación de determinada resolución judicial, son aptas para interrumpir la caducidad de la instancia, sino únicamente aquellas que tienden a dar impulso al procedimiento para su trámite.(8)

• De ahí que, la notificación de veintiuno de mayo de dos mil siete, en la que el Juez del conocimiento tuvo por recibido el oficio del Juez exhortado que devolvió el exhorto sin diligenciar, no puede conceptuarse como el último dictado en el juicio de origen para efectos de no interrumpir la caducidad de la instancia, ya que mediante él no se persigue impulsar el procedimiento, pues sólo recibió el informe de la autoridad a quien se ordenó realizar el exhorto, por lo que obviamente no tiende a la prosecución del juicio hasta su fin.

• En tal virtud, el Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y que como fundamento de sus argumentos, invoca el quejoso, cuyo rubro dice: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS ACTUACIONES DEL JUEZ EXHORTADO SON APTAS PARA SU INTERRUPCIÓN.", pues como se sostuvo con anterioridad, dicha caducidad sólo es susceptible de interrupción, a través de promociones que tiendan a impulsar el procedimiento, lo que no sucede con las actuaciones efectuadas por el Juez exhortado, a fin de llevar a cabo la primera notificación y los informes que rinda al respecto, máxime si se tiene en cuenta que la misma no es obligatoria para este órgano colegiado, en términos del artículo 192 de la ley de la materia.

c) El diez de junio de dos mil diez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, dictó resolución en el amparo directo 203/2010, de la que es necesario conocer los antecedentes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

1. En juicio ejecutivo mercantil **********, la **********, Puebla, a través de **********, en su carácter de endosataria en procuración, reclamó de **********, como suscriptor, y **********, en su carácter de aval, el pago de ********** pesos, **********, moneda nacional, por concepto de suerte principal; intereses moratorios a razón del diez por ciento mensual; intereses ordinarios pactados en el documento fundatorio de la acción, a razón del seis por ciento mensual; y, gastos y costas.

2. Dicha demanda fue admitida por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, el once de diciembre de dos mil ocho, y ordenó el emplazamiento de los enjuiciados mediante exhorto que en esa misma fecha se remitieron al Juez de lo Civil de Amecameca, Estado de México y Poza Rica, Veracruz, para su diligenciación.

3. El dos de junio de dos mil nueve, se ordenó agregar a los autos, el oficio signado por el Juez Tercero de lo Civil de Chalco, con residencia en Amecameca, Estado de México, por el que devolvió el exhorto sin diligenciar, dada la falta de interés de la parte actora. El veinticinco de junio de dos mil nueve, se ordenó agregar a los autos, el oficio de la Jueza Cuarta de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz, por el que devolvió sin diligenciar el exhorto que se le envió, dada la falta de interés jurídico de la parte actora; asimismo, se obsequió la petición de la parte actora de que se librara nuevo exhorto al Juez de lo Civil de Amecameca, Estado de México, para la diligenciación del emplazamiento ordenado.

4. El diecinueve de febrero de dos mil diez, el Juez del conocimiento ordenó agregar a los autos el oficio del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Amecameca, por el que devolvió sin diligenciar el exhorto ordenado, en virtud de la falta de interés de la parte actora; por otra parte, en cuanto a su escrito, presentado el veintisiete de enero del citado año, en el que solicitó la expedición de un nuevo exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para la diligenciación del emplazamiento ordenado, el Juez de la causa no lo acordó favorable; y procedió a declarar la caducidad de la instancia. Dicho auto constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, mismo que se concedió por el Tribunal Colegiado en virtud de que reiteró en sustancia el criterio sostenido y reseñado en el inciso a) anterior, consideró infundados sus conceptos de violación en una parte y fundados en otra, en virtud de lo siguiente:

• No le asiste razón a la quejosa de que el auto reclamado era ilegal al no acordar el Juez responsable el escrito de veintisiete de enero de dos mil diez, en el que solicitó se girara nuevo exhorto al Estado de Veracruz, para que se desahogara el auto de exequendo; no obstante que era obligación de las autoridades acordarlo y resolver lo pedido, ya sea concediendo o negando la petición, fundando y motivando sus determinaciones,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27132-2719952c/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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