IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. SI ENTRE LOS EFECTOS DE ÉSTE SE ORDENA DEVOLVER AL ACTOR LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN Y EL QUEJOSO COMPARECE ANTE LA AUTORIDAD A RECOGERLOS, SIN QUE SE LE HAYA REQUERIDO Y APERCIBIDO CON MEDIDA DE APREMIO ALGUNA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA.
AMPARO DIRECTO 465/2011. 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIO: BENITO ANDRADE ARROYO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-No se examinarán los conceptos de violación hechos valer, habida cuenta que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." (Lo subrayado es propio).
Del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra:
a) Actos consentidos expresamente; o,
b) Por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.
Lo cual, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse como el acatamiento consciente que se hace de una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso.
Corrobora lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 148/2006, visible en la página 289, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.-El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado." (El énfasis es propio).
Ahora, en el caso, el quejoso combate la resolución de veintisiete de junio de dos mil once, por la que la Juez ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil **********, promovido por **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, en contra de **********, en su carácter de deudor principal; y, su ejecución.
Lo anterior, básicamente bajo los siguientes argumentos:
- Que el juicio de origen se encontraba suspendido con motivo de la tramitación del juicio de garantías ********** del índice del Juzgado ********** de Distrito en el Estado de Puebla y **********, puesto que en ellos se alegaron violaciones al procedimiento y, por ende, el procedimiento natural estaba supeditado a la resolución que emitieran dichos órganos jurisdiccionales, a efecto de continuar o no el procedimiento;
- Que el hecho de que la autoridad responsable decretara la caducidad de la instancia resulta violatoria de garantías individuales, pues los juicios de amparo se encontraban pendientes de resolver y que son de previo y especial pronunciamiento; y,
- Que por ende, no podían correr los términos que prevé el artículo 1076 del Código de Comercio, hasta en tanto no se dictaran las resoluciones en los juicios de amparo y, además, quedaran firmes, puesto que, de lo contrario, se llevarían juicios estériles, al declarar nulo todo lo actuado anterior a la sentencia que se dictara, siendo en vano la actividad jurisdiccional y los recursos económicos y procedimientos de las partes.
Ahora bien, del análisis integral de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil de origen **********, se advierte, en lo que interesa, los siguientes antecedentes:
1. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil once, el demandado ********** -aquí ********** perjudicado-, solicitó a la Juez responsable decretara la caducidad de la instancia, en virtud de que a esa fecha habían transcurrido en demasía los ciento veinte días a que se refiere el artículo 1076 del Código de Comercio, sin que la parte actora hubiera presentado promoción alguna tendente a impulsar el procedimiento.
2. Así, por auto de uno de marzo de dos mil once, la Juez del conocimiento determinó que no procedía decretar la caducidad del procedimiento solicitada, debido a que de las constancias que integran el expediente principal se advertía a foja sesenta y cinco la certificación de la formación del expediente de amparo ********** III, promovido por el demandado aquí ********** perjudicado ********** en contra del auto admisorio y de la diligencia del emplazamiento de la parte reo a juicio, mismo que a dicha data se encontraba pendiente de resolverse.
3. Inconforme con dicha determinación el citado actor interpuso recurso de revocación, mismo que mediante resolución de veintisiete de junio de dos mil once, se resolvió al tenor del siguiente resolutivo:
"SEGUNDO.-Se declaran fundados los agravios vertidos por **********, por lo que se revoca el auto combatido de uno de marzo de dos mil once, para quedar en los siguientes términos: ‘Ciudad judicial, a uno de marzo de dos mil once.-Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, para que surta sus efectos legales correspondientes, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1076 y 1294 del Código de Comercio y teniendo en consideración que en autos consta que a partir de que surtió efectos la notificación del auto dictado el uno de julio de dos mil diez al uno de marzo de dos mil once, no existe ninguna instancia por alguna de las partes tendente a impulsar el procedimiento, se declara que ha operado la caducidad de la instancia (es decir, dicha instancia se ha extinguido, pero no la acción), por lo que se han convertido en ineficaces las actuaciones del juicio; en consecuencia de lo anterior, deberán volver al estado en que se encontraban previamente a la demanda, por lo cual los documentos fundatorios deberán devolverse al actor por su representación, quedando de ellos copia certificada por la secretaría. Finalmente, según el artículo 1076, fracción VIII, del Código de Comercio, se condena al actor al pago de costas, porque se decreta la caducidad en la primera instancia.’." (Énfasis añadido)
4. Como consecuencia de lo anterior, el tres de agosto de dos mil once **********, en su carácter de endosatario en procuración de ********** (quejoso), compareció ante la autoridad responsable a recoger los documentos base de la acción, consistentes en tres pagarés.
En ese contexto, si el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintisiete de junio de dos mil once, por el que se decretó la caducidad de la instancia y los efectos jurídicos de éste residen en:
- Extinguir la instancia pero no la acción;
- Convertir en ineficaces las actuaciones del juicio volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; y,
- Devolver los documentos fundatorios de la acción al actor por su representación para que, en su caso, el actor intente la acción en un nuevo proceso.
Es inconcuso que una vez que el quejoso compareció ante la autoridad responsable a recoger tales documentos, consintió el acto impugnado, ya que su conducta supone la aceptación del acuerdo que decretó la caducidad de la instancia pues, se insiste, si uno de los efectos de la caducidad de la instancia decretada es devolver al actor por su representación los documentos fundatorios de la acción, y el peticionario de amparo recogió aquéllos; es innegable que dicho actuar constituye una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento con el acto que ahora tacha de inconstitucional.
Habida cuenta, que de la simple lectura del acto reclamado no se advierte que la autoridad responsable hubiera constreñido al ahora impetrante de garantías a recoger los documentos base de la acción, como un imperativo que conllevara la advertencia cierta de una coacción, ya que no se requirió al quejoso ni se le apercibió con alguna medida de apremio; por el contrario, el garante atendió voluntariamente uno de los efectos del acto reclamado sin reserva alguna, tal y como se corrobora de la comparecencia de tres de agosto de dos mil once.
Por lo anterior, este órgano colegiado concluye que el quejoso con su actuar (recoger documentos base de la acción) externó manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento del acto reclamado, lo que hace improcedente la acción constitucional intentada en términos de lo establecido en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la ley de la materia; debe decretarse el sobreseimiento en el juicio conforme a la fracción III del diverso 74 del mismo ordenamiento legal.
El sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los diversos actos de ejecución reclamados al diligenciario non adscrito al Juzgado ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla; en virtud de que aquéllos no fueron reclamados por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acuerdo impugnado.
Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 516, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes:
"SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.-Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, 35, 37, fracción I, inciso c) y 39, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías **********, promovido por ********** su endosatario en procuración **********, contra el acto que reclamó de la Juez ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, consistente en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil once, en el que decretó la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil ********** de su índice; así como su ejecución, atribuida al diligenciario non adscrito al Juzgado ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, remítanse los autos al juzgado responsable; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados Eric Roberto Santos Partido y Rosa María Temblador Vidrio, contra el del señor Magistrado Enrique Zayas Roldán, cuya ponencia no fue aprobada, y queda como voto particular; siendo relatora la segunda de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23806-498b8c68/improcedencia-del-amparo-por-consentimiento-del-acto-reclamado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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