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Modo: Corpus Pro

CATEO EN MATERIA CIVIL. SI SE ORDENA SU PRÁCTICA RESPECTO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE UNA PERSONA TERCERO EXTRAÑA AL JUICIO, DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ENTRE OTROS, EL RELATIVO A "LOS OBJETOS QUE SE BUSCAN" (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 14/2019. · Registro digital (IUS): 29159
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-11-22
Promovente: *.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, Pág. 2232.

AMPARO EN REVISIÓN 14/2019. 20 DE JUNIO DE 2019. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GABRIEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. PONENTE: LUCINA ALTAMIRANO JIMÉNEZ. SECRETARIA: ROXANA GAMBOA SOLÓRZANO.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Contestación de agravios. Aclarado lo precedente, se tiene que la parte quejosa hace valer, en esencia, los siguientes agravios:

- La sentencia recurrida es violatoria de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, ya que el a quo no valoró los medios de prueba exhibidos.

- Específicamente la documental pública con la que se demuestra que los quejosos son los propietarios de los inmuebles contra los cuales se ordenó catear y embargar los bienes muebles que se encontraran en los mismos.

- Tales inmuebles fueron adjudicados judicialmente a la parte hoy quejosa en un juicio laboral, y desde entonces son propietarios.

- El Juez argumenta falazmente que no les causa perjuicio alguno dicha orden, pues da por sentado que los quejosos no habitan ahí, sino otras personas y, que a su vez, se trata de un acto futuro remoto.

- No hizo una fijación clara y precisa del acto reclamado, tampoco valoró las pruebas admitidas y desahogadas en los autos, como lo son las constancias del juicio laboral, en donde se advierte que los quejosos adquirieron por adjudicación los bienes inmuebles, así como la existencia de la orden de la Juez Quinto responsable de catear y embargar los citados bienes muebles.

- Por tanto, concluye el quejoso, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

- Con apoyo, además, en la tesis aislada IX.2o.18 L, de rubro: "REMATE JUDICIAL, LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN POR, ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA OPONIBLE A TERCEROS, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)."

- El Juez argumenta que los quejosos no habitan el inmueble, presume que los bienes muebles no son de su propiedad y que la orden de cateo y embargo no va dirigida a ellos, sino a los terceros (sic), a quienes por cierto no llamó al juicio constitucional, violando la formalidad esencial prevista en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

- Además, tampoco respeta lo previsto en el artículo 75 de la invocada ley, en cuanto a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable.

Lo anterior es infundado sólo en un aspecto y, en lo restante, sustancialmente fundado y suficiente para modificar la decisión que se revisa.

Tercero no llamado al juicio constitucional

En efecto, es infundado, en cuanto a que señala el quejoso que la decisión del a quo es equivocada, cuando considera que la orden de cateo y embargo no va dirigida a ellos, sino "a los terceros" (sic), a quienes no llamó a juicio y que, por ello, existe una violación a lo previsto en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor.

Así es, no le asiste razón a la parte quejosa en tal alegación, pues la orden contenida en el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, se efectuó a fin de que el órgano ejecutor se constituyera en el domicilio de **********; persona que fue llamada al juicio constitucional, según se advierte del exhorto 141/2017, cuya constancia actuarial se encuentra visible a foja 152 del cuaderno de amparo.

Inclusive, el citado tercero interesado se apersonó al procedimiento que se revisa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas (véanse fojas 164-166); el cual fue recibido en los autos por proveído de siete de ese mes y año. (foja 173)

De manera que este tribunal no advierte la transgresión procesal a la que se refiere el quejoso recurrente; de ahí lo infundado del agravio que se contesta.

En el entendido que, también los diversos terceros interesados **********, fueron llamados a juicio, según se advierte, en ese orden, a fojas 205 vuelta, 207 vuelta y 150 vuelta. Mientras que **********, si bien fueron señalados en la demanda de amparo, no les asiste ese carácter, tal como lo determinó el a quo en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, al no ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo (foja 45). Además **********, se apersonó al juicio constitucional y se le tuvo reconocido el carácter de tercero interesado en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. (foja 64)

Indebido sobreseimiento en el juicio/interés jurídico

Ahora, en el resto de su alegación esencialmente señala el inconforme que indebidamente resuelve, como lo hizo el Juez de amparo, porque deja de valorar las pruebas existentes en autos, con las que se demuestra que **********, son propietarios de los bienes inmuebles sobre los que recayó la orden de cateo y embargo de bienes muebles, asumiendo que ellos no viven ahí, sino el señalado tercero interesado, lo cual es violatorio de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo; y que entonces, el a quo argumenta falazmente que no les causa perjuicio la señalada orden.

Lo anterior es sustancialmente fundado.

Así es, el Juez de amparo argumenta en su sentencia que, en el caso, el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, lo cual es inexacto.

Pues, al consistir el acto reclamado en la instrucción dada por la Juez Quinto responsable en el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en cuanto a que el órgano ejecutor se constituya en las propiedades de los quejosos y embargue bienes, ciertamente deriva en una afectación en su derecho de propiedad y posesión del señalado bien y lo ahí contenido, de manera que los promoventes del amparo sí tienen interés jurídico para acudir al juicio constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión.

El concepto de interés jurídico se entiende como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento objetivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta o legitima, por regla general, a comparecer ante la Justicia Federal y, es el caso que, el señalado acto de cateo y embargo de bienes muebles propiedad del demandado en el juicio natural, se pretende ejecutar dentro de los bienes inmuebles de los quejosos, lo que naturalmente incide en sus derechos de propiedad y posesión de los mismos, lo cual los legitima a promover el juicio constitucional.

En efecto, el a quo soslaya con su decisión que los quejosos son propietarios de los bienes inmuebles ubicados en 1) (sic) calle **********, ambos en esta localidad, en virtud de la adjudicación que les fue otorgada desde el quince de diciembre de dos mil cuatro, en el juicio laboral **********, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en Guasave, Sinaloa, de lo cual obra constancia en el tomo dos de pruebas, formado en el juicio de amparo 32/2017 (que se revisa), tal como, incluso, quedó relatado en el considerando sexto de este fallo.

La señalada adjudicación de los bienes inmuebles, traen como resultado la traslación de la propiedad y el consecuente dominio de la cosa a los favorecidos en almoneda o subasta pública judicial, pues al realizarse a través de un órgano jurisdiccional en ejercicio de las funciones que le son encomendadas por la ley, da a ese acto la firmeza y seguridad judicial de la venta efectuada, derivando en un acto legítimo y perfecto de la autoridad judicial, que no precisa para su validez de una escritura pública otorgada ante notario o fedatario público.

Así pues, la adjudicación efectuada a favor de los actores en el citado juicio laboral y la existencia del acto reclamado consistente en el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en donde se instruye al órgano ejecutor se constituya en las propiedades de los quejosos y embargue bienes, es suficiente para considerar que los quejosos tienen interés jurídico para acudir al juicio constitucional, en tanto que se tiene demostrada en la causa la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado (como lo es, el de propiedad y de posesión de sus bienes); y que el acto de autoridad afecta tales derechos, de donde deriva el agravio correspondiente.

Lo anterior, guarda apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1598, materia común, registro digital: 2019456 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de marzo de 2019 a las 10:11 horas», que dice:

"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."

Razones por las cuales, el Juez de amparo indebidamente sobreseyó en el juicio constitucional 32/2017, específicamente respecto al acto reclamado consistente en la instrucción dada por la Juez Quinto responsable en el auto de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en cuanto a que el órgano ejecutor se constituya en sus propiedades y embargue bienes, así como su inminente acto de ejecución.

De ahí que, ante lo sustancialmente fundado de los agravios en estudio, como no se acredita la causal de improcedencia invocada en la sentencia recurrida, ni este tribunal advierte de oficio la actualización de alguna otra, con fundamento en el artículo 93 de la Ley de Amparo, se procede a analizar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito. En el entendido de que se hace respecto a la totalidad de los promoventes del amparo, pues no pueden desvincularse los efectos del presente estudio por lo que hace a los otros dos propietarios de los inmuebles, atendiendo a la naturaleza del señalado acto reclamado y los términos en que fue emitido.

DÉCIMO.—Conceptos de violación. Pues bien, la parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:

"Primer concepto de violación. Que las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras al emitir los actos reclamados que se precisan en el capítulo correspondiente ut supra con los incisos a), b), c), d) y e) son inconstitucionales ya que emanan de un juicio en el cual los suscritos quejosos somos terceros extraños –como así se acreditará cuando la responsable ordenadora Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán– rinda su informe previo y justificado remitiendo copia certificada del expediente relativo al juicio sumario civil de pago de honorarios entablado inicialmente por el Lic. ********** (quien posteriormente cedió los derechos litigiosos a las señoras ********** e **********) en contra de ********** y ********** (de quienes se desistió posteriormente por haberle cubierto el pago) sustanciado en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en el expediente número 1383/1999, el cual se encuentra en etapa de ejecución la sentencia recaída en el mismo, del cual somos terceros extraños, esto es, que no figuramos como demandados en el referido juicio, y ante la inexistencia de los suscritos como demandados en el referido juicio de donde emanan las órdenes de embargo resultan inconstitucionales; pues están violando nuestros derechos reales de propiedad y de posesión ya que asumimos la calidad de terceros extraños a juicio en stricto sensu, lo que es abiertamente violatorio de nuestros ‘derechos fundamentales’ de audiencia y seguridad jurídica que se contienen en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República y que a la letra dispone: (se transcribe); pues como así lo acreditaremos en su oportunidad procesal en el referido juicio sumario los suscritos quejosos peticionarios de garantías no figuramos como demandados, y nunca fuimos llamados a juicio.

"Y que como así se acreditará del informe previo y justificado que rindan las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, los suscritos no figuramos como parte demandada en dicho juicio, ni mucho menos fuimos llamados a juicio, ni emplazados como parte demandada, por lo que la orden de embargo y la inminente orden de allanar los inmuebles multicitados para desposeerme de mis bienes muebles, y ordenar su remate y adjudicación, emanado de dicho juicio, no puede ejecutarse en contra de bienes de nuestra propiedad por ser totalmente extraños a dicho juicio, pues al hacerlo nos violan palmariamente nuestros derechos humanos y el derecho fundamental de audiencia que establece el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que somos ajenos a dicho juicio y no se nos permitió la más mínima defensa legal, emplazamiento, oportunidad de contestar la demanda, oponer excepciones y defensas; ofrecer pruebas y alegar en el juicio de donde emanan los actos reclamados.

"La siguiente tesis de jurisprudencia nos ilustra con mayor claridad la procedencia y operatividad del concepto de violación que se hace valer, y que en su totalidad se transcribe:

"‘EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS.’ (se transcriben datos de localización, texto y precedente)

"‘ADJUDICACIÓN POR REMATE JUDICIAL. LA PROTOCOLIZACIÓN O ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO NECESARIO PREVIO A PONER AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN.’ (se transcriben datos de localización, texto y precedente)

"‘TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’ (se transcriben datos de localización, texto y precedentes)

"Por lo que solicitamos declare fundado, operante y suficiente este concepto de violación y resuelva que los actos reclamados son inconstitucionales y nos conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se ordene a la responsable ordenadora restituir en el pleno goce de la garantía violentada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en consecuencia deje sin efecto cualquier embargo u orden de embargo en los inmuebles ubicados en ********** número **********, sección ********** del fraccionamiento **********, Mazatlán, Sinaloa. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, en la inscripción número **********, tomo **********, sección **********; y en calle ********** número **********, colonia **********, Mazatlán, Sinaloa, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número de inscripción **********, tomo **********, sección **********.

"Segundo concepto de violación. Que las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras al emitir los actos reclamados que se precisan en el capítulo correspondiente ut supra con los incisos a), b), c), d) y e) son inconstitucionales ya que emanan de un juicio en el cual los suscritos quejosos somos terceros extraños como así se acreditará cuando la responsable ordenadora Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, rinda su informe previo y justificado remitiendo copia certificada del expediente relativo al juicio sumario civil de pago de honorarios entablado inicialmente por el Lic. ********** [posteriormente cedido (sic) los derechos litigiosos a las señoras ********** e **********] en contra de ********** y **********, (de quienes se desistió posteriormente por haberle cubierto el pago) sustanciado en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en el expediente número 1383/1999, el cual se encuentra en etapa de ejecución la sentencia recaída en el mismo, del cual somos terceros extraños, esto es, que no figuramos como demandados en el referido juicio, y ante la inexistencia de los suscritos como demandados en el referido juicio de donde emanan las órdenes de embargo resultan inconstitucionales, pues están violando nuestros derechos reales de propiedad y de posesión, ya que asumimos la calidad de terceros extraños a juicio en stricto sensu, lo que es abiertamente violatorio de nuestro ‘derecho fundamental’ de legalidad y seguridad jurídica, que se contiene en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución General de la República; y que a continuación se transcribe: (se transcribe). De tal suerte que al pronunciar el acto reclamado, las autoridades señaladas como responsables no fundan ni motivan el acto reclamado; pues como así lo acreditaremos en su oportunidad procesal en el referido juicio los actores constitucionales no figuramos como demandados, y nunca fuimos llamados a juicio, y en la sentencia recaída en dicho juicio no fuimos condenados.

"La siguiente tesis de jurisprudencia nos ilustra con mayor claridad la procedencia y operatividad del concepto de violación que se hace valer, y que en su totalidad se transcribe:

"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN.’ (se transcriben datos de localización, texto y precedentes)

"Por lo que solicitamos declare fundado, operante y suficiente este concepto de violación y resuelva que los actos reclamados son inconstitucionales y me conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión y se ordene a la responsable ordenadora restituir en el pleno goce de la garantía violentada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, en consecuencia, deje sin efecto cualquier orden de embargo en los inmuebles ubicados en **********, número **********, sección **********, del fraccionamiento **********, Mazatlán, Sinaloa. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, en la inscripción número **********, tomo **********, sección **********, y en calle **********, número **********, colonia **********, Mazatlán, Sinaloa, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número de inscripción **********, tomo **********, sección **********.

"Tercer concepto de violación. Que las autoridades señaladas como responsables ejecutoras al pretender ejecutar los actos reclamados; consistentes en las inconstitucionales e ilegales órdenes de embargo y orden de allanar los inmuebles ubicados en **********, número **********, sección **********, del fraccionamiento **********, Mazatlán, Sinaloa. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, en la inscripción número **********, tomo **********, sección **********; y en calle **********, número **********, colonia **********, Mazatlán, Sinaloa, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo el número de inscripción **********, tomo **********, sección **********; así como inscribir dichos embargos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa; y desposeerme de mis derechos de propiedad reales de posesión, uso, goce y disfrute, de los bienes que se localizan dentro los mismos con motivo de un juicio sumario civil de pago de honorarios entablado inicialmente por el Lic. ********** [posteriormente cedidos (sic) los derechos litigiosos a las señoras ********** e **********] en contra de ********** y ********** (de quienes se desistió posteriormente por haberle cubierto el pago) sustanciado en el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en el expediente número 1383/1999, el cual se encuentra en etapa de ejecución la sentencia recaída en el mismo, juicio en el cual somos terceros extraños, esto es, que no figuramos como demandados en el referido juicio, como así se acreditará en el presente juicio de garantías, y ante la inexistencia de los suscritos como demandados en el referido juicio de donde emana la orden de embargo resulta inconstitucional, por ser abiertamente violatorio de nuestros ‘derecho fundamental’ de audiencia, seguridad jurídica y legalidad." (fojas 9-15 del juicio de amparo). Énfasis añadido

DÉCIMO PRIMERO.—Contestación de los conceptos de violación. Pues bien, en los transcritos conceptos de violación, la parte quejosa señala esencialmente lo siguiente:

- Los actos reclamados consistentes en la orden de embargo y allanamiento a los domicilios de los quejosos son inconstitucionales, por ser contrarios a sus derechos fundamentales de garantía de audiencia y seguridad jurídica, y a los principios de fundamentación y motivación, sin que les permita la más mínima defensa legal.

- Los quejosos son terceros extraños en estricto sentido en el juicio natural, como se acredita con las constancias remitidas por la Juez Quinto responsable.

- Ante la inexistencia de los quejosos como demandados en el referido juicio de donde emanan las órdenes de embargo, resultan inconstitucionales, pues se están violando sus derechos de propiedad y de posesión, protegidos en el artículo 14 constitucional.

- La orden de embargo y la inminente orden de allanar los inmuebles multicitados para desposeer a los quejosos de sus bienes muebles, no puede ejecutarse.

- Con apoyo en las tesis aisladas VII.2o.C.90 C (10a.), I.3o.C.34 C (10a.) y de jurisprudencia VII.2o.C. J/21, de títulos, subtítulos y rubro: "EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS.", "ADJUDICACIÓN POR REMATE JUDICIAL. LA PROTOCOLIZACIÓN O ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, NO CONSTITUYE UN REQUISITO NECESARIO PREVIO A PONER AL ADJUDICATARIO EN POSESIÓN DEL BIEN." y "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO."

- Ante la inexistencia de los quejosos como demandados, las órdenes de embargo resultan inconstitucionales, por estar violando los derechos de propiedad y de posesión de los terceros extraños a juicio, en abierta transgresión a los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 constitucional.

- El acto reclamado no está fundado ni motivado pues, como se acreditó oportunamente, los quejosos no figuran como demandados en ese juicio.

- Es aplicable la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN."

- Por lo que solicita se deje sin efecto cualquier orden de embargo en los bienes inmuebles ubicados en ********** y **********, ambos en esta ciudad.

Lo anterior es fundado, aunque suplido en su deficiencia, conforme a lo previsto en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, por advertirse en contra de la parte quejosa una violación manifiesta de la ley que la dejó sin defensa.

Sirve de apoyo en ese tenor, la tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.), que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1417, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas» registro digital: 2008557, que a la letra dice:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase ‘lo haya dejado sin defensa’ no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una ‘violación manifiesta de la ley’ es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa."

Pues bien, tal como se evidenció en el considerando sexto de este fallo, de las constancias remitidas por la Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, se advierte que **********, promovió juicio sumario civil por el pago de honorarios profesionales, en contra de **********, –y otras personas–.

Demanda que se admitió a trámite, con el número de expediente 1383/1999, y seguido el juicio en todas sus etapas procesales, se dictó sentencia condenatoria en contra de los enjuiciados; decisión posteriormente confirmada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el toca 866/2001.

Iniciado y seguido que fue el trámite de ejecución de sentencia en ese juicio natural, **********, informó que al no subsistir algún embargo que garantizara el cumplimiento de las prestaciones a que fue condenado **********, solicitaba se acudiera a los domicilios del citado demandado (sic), ubicados en 1) **********, Sinaloa, y 2) calle **********, también en esta localidad, a embargar bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones que se reclaman, inclusive, de ser necesario se ordenara el cateo con auxilio de la fuerza pública.

Petición reiterada del señalado tercero interesado, a la que finalmente recayó el acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, y sus inminentes actos de ejecución.

En dicho proveído, efectivamente, se giró la instrucción para que el órgano ejecutor en turno se constituyera en los domicilios señalados, con el objeto de embargar bienes propiedad del demandado, suficientes a garantizar las prestaciones que se le reclamaban en ese juicio, incluso se dijo, que en caso de que la depositaría judicial se confiera a una persona distinta a la parte demandada, debía requerirse a ésta por la entrega de los bienes muebles embargados, a fin de que fueran puestos en posesión material del depositario judicial designado, con los apercibimientos de ley; y, se ordenó girar los exhortos con los insertos necesarios al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en Turno en esta ciudad para el cumplimiento de dicho auto, facultándolo además, a que de ser necesario se giraran oficios a la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29159-6aa13480/cateo-en-materia-civil-si-se-ordena-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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