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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO Y EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL ADVIERTE, OFICIOSAMENTE, QUE EN EL JUICIO NATURAL SE ACTUALIZÓ ESA FIGURA JURÍDICA, DEBE OTORGAR LA PROTECCIÓN AL QUEJOSO, PARA EL EFECTO DE QUE SEA REPUESTO EL PROCEDIMIENTO Y ÉSTE SEA DEBIDAMENTE EMPLAZADO, ATENTO AL DERECHO HUMANO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, DEBE DIRIGIRSE NO SÓLO CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO, SINO TAMBIÉN CONTRA DEL QUE ES EL VERDADERO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL ACTOR O EL DEMANDADO SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES EL AUTÉNTICO DUEÑO DEL BIEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 418/2014 (CUADERNO AUXILIAR 1099/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR · Registro digital (IUS): 25643
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-05-22
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III , Pág. 2231.

AMPARO EN REVISIÓN 418/2014 (CUADERNO AUXILIAR 1099/2014) DEL ÍNDICE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 25 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: BOLÍVAR LÓPEZ FLORES.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Estudio de fondo de los agravios planteados.

Son por una parte ineficaces y sustancialmente fundados por la otra, los agravios formulados por el autorizado del recurrente **********, como se pondrá de manifiesto en párrafos subsecuentes.

Sin embargo, para evidenciarlo así es necesario recordar en esta ejecutoria que los actos reclamados en el amparo indirecto que se revisa se hicieron consistir, medularmente, en todo lo actuado en el juicio civil ordinario de prescripción adquisitiva o usucapión identificado con el número de expediente **********, del índice del Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, al cual resulta completamente extraño el actual recurrente **********, en la medida que no formó parte de la relación jurídico procesal atinente, puesto que su análisis cuidadoso revela que el procedimiento civil respectivo fue promovido por **********, como actor, en contra de **********, como demandado.

Específicamente, el reclamo planteado por el solicitante de amparo se redujo a evidenciar que con motivo de la sustanciación de dicho juicio civil, resultó privado del derecho de propiedad que detentaba sobre un predio rústico que se localiza en la delegación de San Antonio de los Buenos, perteneciente al Municipio de Tijuana, Baja California, específicamente a la altura del kilómetro **********, de la autopista Tijuana-Rosarito, con superficie aproximada de ********** hectáreas, ********** áreas y ********** centiáreas, mismo que se identifica catastralmente como el lote número ********** de la manzana **********, de la citada delegación municipal, y ostenta la clave catastral **********; todo lo anterior, sin que previamente hubiera sido oído y vencido en un juicio en el que se leotorgara la oportunidad de defenderse, en contra del acto privativo que se comenta; habiéndose fundado el derecho de usucapir correspondiente, en un contrato privado de donación fechado el trece de abril de mil novecientos noventa, mediante el cual, el nombrado ********** le transmitió al referido accionante **********, la propiedad del señalado bien raíz.

Es así, en opinión del actual revisionista, porque en el mencionado procedimiento civil ordinario, ya se declaró que operó la prescripción adquisitiva a favor del actor **********, por el solo transcurso del tiempo exigido por la ley y que, por tanto, éste se convirtió en propietario del mencionado predio rústico, a pesar de que dicho inmueble le pertenece a él, como solicitante de amparo, por haberlo adquirido a través de una cesión de derechos de adjudicación efectuada a su favor, por parte del apoderado legal de la institución bancaria denominada **********.

Por otro lado, el examen cuidadoso de la demanda de amparo con la que dio inicio el sumario constitucional de origen, permite advertir que el entonces solicitante de amparo también informó, a manera de antecedentes, que la cesión de derechos por virtud de la cual adquirió el derecho de propiedad que actualmente ostenta sobre el bien raíz que fue objeto de debate en el señalado procedimiento de usucapión, tuvo lugar dentro de los autos de un diverso juicio tramitado en la vía sumaria hipotecaria, que se identifica con el número **********, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el cual fue promovido originalmente por **********, en contra del ya nombrado **********, a la sazón, demandado en el procedimiento de prescripción adquisitiva al que se alude.

Según argumentó el entonces quejoso, en el citado juicio hipotecario la institución bancaria que entonces figuraba como parte actora, venció al entonces demandado **********, adjudicándose de esa manera los derechos de propiedad correspondientes al señalado predio rústico que, posteriormente, fueron transmitidos a la diversa institución financiera que lleva por nombre ********** la que, a su vez, los cedió a favor del propio solicitante de amparo **********, aquí recurrente, según se desprende de los autos del señalado juicio sumario hipotecario que fueron acompañados en copia certificada al procedimiento constitucional que se revisa, de los cuales se desprende, entre otras cosas, que la referida cesión de derechos fue aprobada por el titular del juzgado en que se ventiló el juicio hipotecario correspondiente, el doce de diciembre de dos mil uno.

No obstante ello, asegura el revisionista, el nueve de agosto de dos mil trece tuvo conocimiento, por conducto de su abogado, de que en el Juzgado Octavo de lo Civil de Primera Instancia, del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y específicamente, dentro del breve lapso comprendido entre el tres y el diez de julio de dos mil siete -toda vez que el demandado se allanó a la demanda promovida por su contraparte- se había tramitado y resuelto el tantas veces mencionado juicio ordinario civil de prescripción positiva, en el que se declaró propietario al actor **********, respecto del señalado inmueble, sin que a él, es decir, al propio recurrente, se le hubiera dado la oportunidad de defenderse en forma previa al acto privativo de que se trata.

Una vez sustanciado el procedimiento respectivo por sus distintas fases, la Jueza de Distrito del conocimiento emitió la sentencia recurrida, que se terminó de engrosar el veintidós de septiembre de dos mil catorce, en la que negó el amparo peticionado; lo anterior, después de considerar que resultaron infundados los conceptos de violación formulados por el actual recurrente pues, según indicó la señalada juzgadora federal, por una parte debía considerarse que la única obligación de quien figuró como accionante en el juicio de usucapión, en este caso, **********, era la de entablar su demanda en contra de quien figuraba como propietario en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, es decir, **********, al no existir en autos del sumario constitucional alguna constancia fehaciente que evidenciara que aquél, es decir, el actor del juicio natural, tuviera conocimiento de que el actual revisionista **********, era el verdadero propietario del inmueble materia de la litis, como para que pudiera cobrar aplicación el criterio jurisprudencial 1a./J. 58/2004, que lleva por rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO."

Y, por la otra, que si bien es cierto que el solicitante de amparo, aquí recurrente, pudiera tener un derecho de propiedad sobre el bien raíz que fue materia de la litis en el referido juicio de usucapión, también lo es que esa sola circunstancia no es apta para demostrar la violación al derecho de audiencia que alega, debido a que su titularidad -del quejoso, aquí recurrente- respecto del señalado inmueble no fue debidamente publicitada, por falta de inscripción en el registro correspondiente, y no se aportó al sumario constitucional constancia alguna que evidenciara que el entonces actor pudiera haberse enterado por otros medios del derecho de propiedad ostentado por el quejoso, sobre todo, si se toma en cuenta que el examen cuidadoso de las constancias que informan el juicio sumario hipotecario, revela que el trámite de protocolización y publicidad del derecho de propiedad que adquirió el actual recurrente, mediante cesión de los derechos de adjudicación correspondiente, se encuentra inconcluso y, desde luego, ante la ausencia de esa inscripción registral, no puede ser oponible frente a terceros.

Adicionalmente, señaló la resolutora de amparo que, en todo caso, debía considerarse que inclusive se ordenó la cancelación de la cédula hipotecaria respectiva, de tal suerte que no existía dato alguno con el que el actor del juicio civil ordinario de prescripción adquisitiva, pudiera relacionar el aludido bien raíz con una persona distinta de la que aparecía inscrita como su propietaria y, desde luego, que en esas condiciones, si la única persona que aparecía registrada como propietaria del predio rústico en cuestión, a la fecha en que se promovió el procedimiento prescriptivo que se comenta, era el propio **********, es incontrovertible que no existía obligación alguna de llamar a dicho juicio al actual recurrente **********, principalmente, porque ni siquiera se advierte la existencia de algún argumento del quejoso en el sentido de que el accionante ********** tuviera conocimiento, en su caso, de que su demandado **********, hubiera perdido el derecho de propiedad que tenía sobre el aludido bien inmueble.

Precisado lo anterior, a continuación se expondrán los motivos por los cuales se califican de ineficaces algunos de los agravios propuestos.

De inicio, conviene puntualizar que, como de manera expresa lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente y, sobre todo, por razón de técnica jurídica, algunos de los argumentos de impugnación hechos valer por la parte recurrente serán atendidos en un orden diverso de aquel en que fueron planteados e, inclusive, de manera conjunta, con el objeto de facilitar su comprensión y análisis; desde luego, sin que lo anterior conlleve la existencia de alguna omisión por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito, pues lo trascendente del caso estriba en que todos y cada uno de ellos serán objeto de examen en esta ejecutoria, con el fin de satisfacer plenamente los principios de exhaustividad y congruencia que deben prevalecer en toda resolución judicial.

Al respecto, resulta altamente ilustrativa la siguiente jurisprudencia VI.2o.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es compartida por este órgano de control constitucional, la cual puede consultarse en la página 1677 del Tomo XXIX, febrero de 2009, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

Así las cosas, atendiendo justamente a la técnica jurídica que se anticipó, inicialmente se atenderán todas aquellas manifestaciones de inconformidad que se contienen a lo largo del ocurso de revisión que se atiende, mediante las cuales, la parte recurrente le atribuye a la Jueza de Distrito del conocimiento, el haber incurrido en violación de garantías individuales y derechos humanos específicamente previstos en los artículos 1o., 14 y 17 constitucionales, así como 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues resulta manifiesta la inoperancia de tal aseveración, como enseguida se pasa a demostrar.

Así es, conviene establecer en esta ejecutoria que resultan inoperantes las precisadas argumentaciones de inconformidad, aunque sólo en la medida que en las mismas, el revisionista aparentemente intenta evidenciar que al momento de emitir el señalado fallo de primer grado, la a quo incurrió en una violación de derechos fundamentales o garantías individuales consagrados a su favor en los mencionados preceptos de la Carta Magna y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo anterior es así, porque resulta de explorado derecho que técnicamente no es posible analizar en la revisión de una resolución de amparo indirecto, si el juzgador federal transgredió o no garantías individuales o inclusive derechos humanos al momento de emitirla (aunque solamente en ese aspecto, porque nada impediría examinarlos desde el estricto enfoque de su legalidad), debido a que ello equivaldría a someter la actuación de un órgano de control constitucional a un examen de idéntica naturaleza, en franca contravención a la técnica que priva en el juicio de amparo; de ahí que no pueda sino reiterarse lo inoperante de los argumentos respectivos.

Resulta aplicable a lo razonado en forma previa, por identidad jurídica sustancial, la siguiente jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, en el primero de sus agravios el disconforme sostiene que la resolutora de amparo llevó a cabo una incorrecta fijación de los actos reclamados, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, respectivamente, que llevan por título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."

En opinión del revisionista ello es así, porque la Juez de Distrito estableció en la sentencia controvertida, de forma equivocada, que los actos reclamados se habían hecho consistir en la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de prescripción adquisitiva comentado previamente, así como todo lo actuado en dicho procedimiento y su ejecución, a pesar de que en diferentes partes del señalado ocurso inicial de demanda se hizo una clara alusión en cuanto a que lo reclamado era una privación al derecho de propiedad del quejoso, por haberse inmiscuido un predio rústico que le pertenece, en el señalado juicio civil de usucapión, al cual resulta completamente ajeno, correspondiéndole, por tanto, la calidad de tercero extraño auténtico.

Inclusive, refiere más adelante que lo anterior quedó debidamente plasmado no sólo en el capítulo de actos reclamados, sino además en los diversos apartados de antecedentes y conceptos de violación de su demanda de garantías; razón por la cual, considera que la resolutora de amparo estaba obligada a examinar en su integridad el señalado ocurso de demanda de garantías, para advertir que la verdadera esencia del reclamo era una violación al derecho de propiedad sin que antes fuera respetada su garantía de previa audiencia, y no propiamente la falta de emplazamiento a un juicio al que resulta ser completamente extraño; de tal suerte, que si no figuró en ese procedimiento como parte demandada, de ninguna manera puede resultar admisible que se considere como reclamada la precisada falta de emplazamiento pues, asegura, para que ello pudiera acontecer, habría sido indispensable que hubiera sido parte en el señalado juicio como demandado.

Por último, asegura que en esas condiciones, por revestirle la calidad de tercero extraño al juicio generador de los actos reclamados, opera a su favor la institución jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja y, que también resultaron desatendidos los criterios que llevan por rubros: "PROPIEDAD, DEFENSA DE LA, EN EL AMPARO." y "SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO."

Lo acabado de sintetizar deviene jurídicamente ineficaz, conforme a lo siguiente:

Es así, porque aunque sea verdad que la Jueza de Distrito incurrió en el equívoco de establecer en su sentencia que el solicitante de amparo, aquí revisionista, reclamó su falta de emplazamiento al mencionado juicio civil ordinario de prescripción adquisitiva; no menos acertado resulta que, a la postre, esa mera imprecisión no fue capaz de trascender mayormente al resultado del fallo reclamado.

En efecto, ya se dijo en el considerando anterior, pero se reitera en este momento, que es verdad que al actual recurrente le reviste la calidad de tercero extraño auténtico al señalado procedimiento de usucapión, en la medida que no figuró como parte en sentido formal, ni material, en el sumario respectivo y, desde luego, que su reclamo se reduce a evidenciar que resultó privado en dicho juicio de un inmueble que, asegura, es de su propiedad, sin que previamente se le hubiera otorgado el derecho de audiencia; en otros términos, que lo reclamado es, sin lugar a dudas, una genuina violación a su derecho de propiedad; tanto es así, que en diferentes partes de su ocurso inicial de demanda de garantías señaló que impugnaba todo lo actuado en el mencionado juicio civil, debido a que con su tramitación resultó privado del derecho que le corresponde como verdadero propietario del mismo bien raíz que fue materia de debate en el señalado procedimiento de prescripción adquisitiva.

De lo anterior se sigue, lo desacertado de la conclusión alcanzada por la resolutora de amparo, en la medida que, ciertamente, no tenía porqué haber tenido como acto reclamado, de forma destacada, la pretendida falta de emplazamiento a juicio, puesto que la pretensión del quejoso, actual recurrente, no es que se le incorpore a un sumario en el que no le reviste siquiera la calidad de parte, sino exclusivamente que sea respetado el derecho de propiedad que afirma tener, para efectos del amparo.

No obstante ello, se afirma que la destacada inexactitud o imprecisión en la fijación de los actos reclamados fue incapaz de trascender al resultado del fallo controvertido porque, finalmente, la juzgadora federal sí llevó a cabo un adecuado análisis en torno a la pretendida violación al derecho de audiencia del quejoso, en la medida que, finalmente, sí analizó las documentales aportadas al sumario constitucional, para establecer que aquél sí demostró, al menos para efectos del amparo, que ostentaba un derecho de propiedad sobre el inmueble que fue materia de debate en el señalado juicio generador de usucapión, empero, que no había motivo alguno para considerar ilegal o contraventora de derechos fundamentales su tramitación, debido a que lo único que resultó objetivamente demostrado en el caso concreto, fue que quien aparecía como propietario en el Registro Público de la Propiedad respectivo, era el demandado de aquel procedimiento de prescripción adquisitiva, y no alguna otra persona, además de que tampoco se alegó, ni mucho menos se comprobó, que el accionante de dicho juicio conociera de antemano que el propietario fuera otra persona distinta de la que aparecía como tal en la citada dependencia registral y, fundamentalmente, que al no existir inscripción alguna a nombre del solicitante de amparo, era incontrovertible que la transmisión de derechos de propiedad a su favor, sobre el referido inmueble, no era capaz de ser oponible frente a terceros.

Como puede apreciarse, en el sumario constitucional que se revisa, finalmente no se analizó ilegalidad alguna derivada de la falta de emplazamiento al juicio natural, mucho menos por lo que respecta a su eventual práctica defectuosa, sino más bien, la violación alegada en torno a la privación de un derecho de propiedad sin que antes se hubiera respetado el derecho de audiencia del quejoso; de ahí que, siendo esto último lo verdaderamente reclamado en la especie, no existe motivo alguno para considerar que la errónea precisión de los actos reclamados, por haberse señalado como tal la falta de emplazamiento al juicio natural de prescripción adquisitiva que se comenta, pudiera haber trascendido de tal forma que pudiera generarle algún agravio al actual recurrente, sobre todo, si se toma en cuenta que finalmente no fue examinada la destacada falta de llamamiento a juicio, sino la auténtica materia del reclamo planteado y, desde luego, en esas condiciones, no puede sino reiterarse lo ineficaz del motivo de inconformidad examinado en forma previa.

En lo que atañe a la necesidad de suplir la queja deficiente a favor del actual recurrente, atendiendo a su calidad de tercero extraño, cabe recordar que ello no es posible, debido a que esa prerrogativa únicamente se encuentra al alcance de quienes resultan ser terceros ajenos a juicio por equiparación, y no existe dispositivo legal o criterio jurisprudencial alguno que permita aplicar la citada institución jurídica a su favor, como ya se adelantó en el considerando anterior.

Por otra parte, en el segundo de sus agravios e inmediatamente después de transcribir en su integridad el considerando sexto de la sentencia recurrida, así como de llevar a cabo una amplia disertación en cuanto al contenido y alcance de los derechos humanos que a su favor se encuentran consagrados en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, así como en el diverso artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el revisionista sostiene, en oposición a lo considerado por la resolutora de amparo y en resumidas cuentas, que el procedimiento ventilado en el juicio civil ordinario de usucapión identificado con el número de expediente **********, del que proviene el presente reclamo constitucional, sí resultó violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, por las razones que a continuación se precisan:

1. Porque está demostrado en autos del sumario constitucional que se revisa, que el demandado del juicio civil ordinario de usucapión, en este caso, **********, ya había figurado también como parte reo en el diverso procedimiento sumario hipotecario iniciado el nueve de abril de mil novecientos noventa, en el que fue vencido y perdió, en consecuencia, la titularidad del predio que a la postre fue materia de la prescripción adquisitiva intentada; que, asimismo, debía considerarse que, incluso, el contrato de donación exhibido como título o causa generadora de la posesión en el juicio prescriptivo que se comenta, fue celebrado con posterioridad a la instauración de aquel diverso procedimiento en el que resultó adjudicado el inmueble hipotecado a favor de la institución crediticia que figuraba como parte actora, en este caso, el trece del citado mes de abril de mil novecientos noventa.

2. Porque igualmente está comprobado que desde el doce de diciembre de dos mil uno, se aprobó la cesión de derechos de adjudicación celebrada a favor del solicitante de amparo, aquí recurrente ********** y, no obstante ello, el juicio de prescripción adquisitiva fue promovido hasta el tres de julio de dos mil siete, habiendo sido resuelto unos cuantos días después, a sabiendas de la existencia de un diverso juicio hipotecario en el que ya se había definido la transmisión de los derechos de propiedad concernientes al mismo inmueble, a favor de una tercera persona, en este caso, el actual revisionista.

3. Que todo lo anterior se verificó en contravención a los derechos humanos de debido proceso en perjuicio del hoy recurrente, en la medida que éste se vio imposibilitado para acudir al juicio de prescripción adquisitiva en el que resultó afectado el derecho de propiedad que tiene sobre el predio rústico materia de la litis, sobre todo, si se toma en cuenta que a la fecha en que aparece suscrito el contrato de donación exhibido en dicho procedimiento, ya se encontraba gravado el aludido bien raíz.

4. Que en el caso concreto, no fueron aplicados los principios rectores de interpretación más favorable a la persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que fueron introducidos con motivo de la reforma al artículo 1o. de la Carta Magna, debido a que lo dispuesto por el artículo 1143 del Código Civil para el Estado de Baja California, interpretado de manera congruente con el criterio jurisprudencial 1a./J. 58/2004, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1156 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y TAMBIÉN EN CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO, CUANDO NO COINCIDAN, SI EL POSEEDOR SABE DE ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO.", incuestionablemente permite colegir que el ejercicio de la acción no debe limitarse sólo en contra de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad, cuando se sabe de antemano que el propietario real es otro, sino que, por el contrario, en esas condiciones el poseedor que pretenda adquirir por prescripción necesariamente debe demandar a los dos sujetos, es decir, tanto al verdadero dueño, como a quien aparece inscrito como tal en el Registro Público de la Propiedad.

5. Que en la especie, el examen cuidadoso de los autos permite advertir que el demandado del juicio natural de usucapión, en este caso, **********, también fue parte reo en el diverso procedimiento sumario hipotecario y, por ende, tuvo conocimiento de que el inmueble ya había pasado a ser propiedad del quejoso, aquí recurrente, **********, y de todo ello resulta evidente que tanto el actor como el demandado del señalado juicio de prescripción adquisitiva tuvieron pleno conocimiento de la existencia del referido juicio hipotecario, así como de su inscripción en el Registro Público y posterior adjudicación en favor del solicitante de amparo.

6. Que tiene conocimiento y pretende acreditar, que quienes figuraron como demandado y actor en el señalado juicio de usucapión, son padre e hijo, respectivamente; lo cual, desde su perspectiva, lo lleva a concluir que por esa relación no debieron omitir en el juicio natural el conocimiento acerca de la existencia de un diverso propietario verdadero del inmueble materia de la prescripción.

7. Que al haber resultado vulnerados sus derechos fundamentales, es menester que se le dé, como quejoso, la oportunidad de defender sus derechos respecto del referido inmueble que resultó afectado en el juicio de prescripción adquisitiva que se comenta, con el fin de que se garantice el derecho fundamental de acceso efectivo a la impartición de justicia, toda vez que en el caso concreto no se favoreció en todo momento la protección más amplia de tales prerrogativas, en la medida que debió dársele al actor del procedimiento de usucapión, el mismo trato que le correspondía al demandado **********, en cuanto a su conocimiento de la existencia de un propietario diverso.

8. Que la obligación del accionante del juicio prescriptivo que se comenta, **********, era entablar su demanda también en contra del verdadero propietario del predio en cuestión, sobre todo si se tiene en cuenta que su padre, es decir, el demandado ********** sí tuvo pleno conocimiento de que el referido inmueble ya estaba hipotecado y fue adjudicado a favor del propio quejoso **********, hoy recurrente; de tal manera que resulta un hecho notorio lo relativo a que el verdadero propietario del predio materia de usucapión, sí era del conocimiento del demandado del juicio en el que se ventiló la acción

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25643-c0ec8442/litisconsorcio-pasivo-necesario-cuando-se-promueve-amparo-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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