TRABAJADORES DE BASE DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, AL PREVER UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OPERAN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, NO VIOLA EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS LOS ARTÍCULOS 14 Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 2015).
AMPARO EN REVISIÓN 397/2015. 28 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de veintiocho de abril de dos mil dieciséis.
V I S T O S para resolver los autos del recurso de revisión de trabajo 397/2015, interpuesto por 1). **********, 2). **********, 3). **********, 4). **********, 5). **********, 6). **********, 7). **********, 8). ********** y 9). **********, a través de su autorizado, contra la sentencia emitida el veintiocho de julio de dos mil quince, por la Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********** promovido por las propias recurrentes; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, 1). **********, 2). **********, 3). **********, 4). **********, 5). **********, 6). **********, 7). **********, 8). ********** y 9). **********, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan:
"III. Autoridades responsables:
A). Como ordenadoras se señalan:
a). Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b). C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
B). Como ejecutoras, se señalan:
c). C. Directora General de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.
d). C. Directora General de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
e). Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
IV.- Norma General reclamada: Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, específicamente por lo que hace a su artículo 78 que textualmente dice: "Régimen laboral de los trabajadores de confianza.- En atención a la naturaleza de las funciones que tiene a su cargo la Fiscalía General, los demás servidores públicos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que presten sus servicios en la misma, incluyendo al personal de designación especial, serán considerados trabajadores de confianza en los términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para todos los efectos legales, por lo que únicamente gozarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social". En consecuencia se reclama:
a).- Del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la discusión, aprobación y expedición de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
b).- Del C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la promulgación de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave, consignada en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 042, de 29 de enero de 2015.
c).- De la C. Directora General de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz y de la C. Directora General de la "Gaceta Oficial", Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la publicación de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
d).- Del Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reclama la aplicación y ejecución de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave, particularmente en lo que hace al artículo 78 que se tilda de inconstitucional." (Foja 3 y 4 del juicio de amparo indirecto).
SEGUNDO. Por auto de tres de marzo de dos mil quince, la Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite, radicándola bajo el número ********** (fojas 29 a 31 del juicio de amparo indirecto).
TERCERO. Realizados los trámites procesales la jueza de Distrito celebró la audiencia constitucional el cuatro de junio de dos mil quince y el veintiocho de julio siguiente, dictó la sentencia respectiva, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la totalidad de las quejosas, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Director de la Editora de Gobierno y de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de este fallo; así como por los actos de las demás autoridades responsables, reclamados por las quejosas Clara Elena Álvarez Barradas, Elisa Aurora Rodríguez Castillo y Silvia Eloísa Pinzón Aguirre, al no haber acreditado su interés jurídico ni legítimo en el presente juicio de amparo, en base a los motivos y fundamentos que quedaron precisados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en contra de los actos de las demás autoridades señaladas como responsables, en base a los motivos y fundamentos expuestos en último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese ..." (foja 205 del juicio de amparo indirecto).
CUARTO. Inconformes con la sentencia anterior, las nueve quejosas, a través de su autorizado, interpusieron recurso de revisión; la jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado, previo trámite jurisdiccional envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mismos que fueron recibidos el veintiocho de agosto de dos mil quince.
Por razón de turno tocó conocer al tribunal que hoy resuelve, el cual mediante auto de Presidencia de dos de septiembre de dos mil quince lo admitió a trámite y se radicó bajo el número 397/2015.
Finalmente, por acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo en vigor, se ordenó el turno de los autos al Magistrado Jorge Sebastián Martínez García, a efecto de que formulara el proyecto de resolución respectivo; el cual una vez elaborado, se publicó en la página http://sise.cjf.gob.mx/sise/Default.aspx de intranet del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; y,
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer en facultad delegada del presente recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos primero, fracción VII, segundo, fracción VII, punto 1, y tercero, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013 que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año en cita, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 49/2014, de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de noviembre siguiente, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado; ya que se trata de una sentencia dictada por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, territorio en que este órgano colegiado ejerce su jurisdicción; todo ello en relación además, con el punto cuarto, fracción I, inciso B) del diverso Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues subsiste en este recurso la constitucionalidad de la disposición general impugnada, establecida en un ordenamiento local, como lo es la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Competencia laboral que se surte ya que la ley impugnada, si bien regula la forma de organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público en esta entidad federativa, también refiere la aplicación de normas que prevén reglas de contenido sustancial de derechos de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, según los planteamientos esenciales hechos en la demanda de amparo por las quejosas, reiterados en parte en el escrito de revisión, en el sentido de que con su emisión se eliminan prerrogativas laborales ya reconocidas.
SEGUNDO. La resolución recurrida fue notificada a la parte inconforme el cinco de agosto de dos mil quince, y el escrito de revisión se presentó ante la oficialía de partes del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veinte de agosto siguiente, debiéndose descontar para el cómputo respectivo los días ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto de dos mil quince, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, es claro que su presentación es oportuna, pues el término feneció el veinte de agosto de dos mil quince; tal como se ilustra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
TERCERO. Este tribunal no transcribirá los considerandos torales que sustentan la sentencia recurrida ni los agravios hechos valer, pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de que se resuelvan las cuestiones efectivamente planteadas, y por otra parte, se han entregado junto con esta resolución copias certificadas respectivas a los magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, tal y como lo determinó el Pleno de este órgano jurisdiccional en sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.
Cobra aplicación al caso, la tesis XVII.1o.C.T.30 K, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2115, tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:
"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.- El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."
Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
CUARTO. Previo al estudio de los motivos que se hacen valer contra la sentencia que se revisa, se estima pertinente destacar lo siguiente.
Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, 1). **********, 2). **********, 3). **********, 4). **********, 5). **********, 6). **********, 7). **********, 8). ********** y 9). **********, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al "a). Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. b). C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. c). C. Directora General de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. d). C. Directora General de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. e). Fiscal General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave."; de quienes reclamaron su intervención respectiva en la expedición, promulgación, publicación y aplicación de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, específicamente por lo que hace a su artículo 78, por su sola entrada en vigor.
La jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a quien correspondió conocer de la demanda de amparo, previo diversos trámites jurisdiccionales, el veintiocho de julio de dos mil quince dictó la sentencia respectiva, la cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la totalidad de las quejosas, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Director de la Editora de Gobierno y de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en términos de lo establecido en el considerando cuarto de este fallo; así como por los actos de las demás autoridades responsables, reclamados por las quejosas **********, ********** y **********, al no haber acreditado su interés jurídico ni legítimo en el presente juicio de amparo, en base a los motivos y fundamentos que quedaron precisados en el considerando cuarto de la presente ejecutoria.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, en contra de los actos de las demás autoridades señaladas como responsables, en base a los motivos y fundamentos expuestos en último considerando de esta ejecutoria." (Énfasis añadido).
Es decir, por una parte sobreseyó por cuanto hace a la autoridad responsable a la que se le atribuyó el haber publicado en el órgano informativo de esta entidad, el ordenamiento legal en el que subyace el numeral impugnado, así como al estimar improcedente la acción de amparo por tres quejosas, quienes, dijo, no probaron su interés jurídico ni legítimo para ello; y por otra negó el amparo en lo que atañe a la constitucionalidad del artículo 78 de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a las restantes peticionarias de garantías.
Antes de continuar, este tribunal estima pertinente señalar que a pesar de haberse reclamado la disposición general con motivo de su sola entrada en vigor, la a quo estableció en la sentencia recurrida que sí existe el acto atribuido al Fiscal General, pues al efecto expuso: "...al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse y tenerse por cierto el acto que se le reclama, pues conforme a los artículos 30, fracción XVII y 31, fracción V, de la Ley 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado, se advierte que dentro de sus facultades se encuentra la de expedir acuerdos, circulares, protocolos, lineamientos o manuales de observancia general, que complementen la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General, o dentro del ámbito de sus respectivas competencias; así como los manuales de organización y de procedimientos para el mejor despacho de los asuntos y funciones de la misma; de igual forma, a expedir nombramientos; determinar cambios de adscripción; conceder licencias y aceptar renuncias; asimismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables, separar, remover, dar de baja o cesar al personal de confianza de la Fiscalía General."; perdiendo de vista que precisamente la ley se impugnó en abstracto y no con motivo de un acto concreto de aplicación, que fue lo imputado por las quejosas a esa autoridad, esto es, la "aplicación y ejecución" del artículo 78 de la Ley Número 546 Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, cuando dicha autoridad no participó en el proceso de creación de la norma.
Sin embargo, la circunstancia acabada de destacar es una cuestión que no se viene impugnando en esta instancia por la autoridad a quien le perjudica, por tanto, esa decisión debe mantenerse intocada, al margen de que no es correcta.
En otro orden, de oficio, este cuerpo colegiado estima objetivamente correcta la determinación de la jueza federal de sobreseer respecto de los actos reclamados al Director de la Editora de Gobierno del Estado y Director General de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la publicación de la norma general tildada de inconstitucional, en virtud de que como bien lo determinó la jueza de Distrito, al no ser combatido por vicios propios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la parte final de la fracción III del diverso numeral 108 aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que dicen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)
XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."
"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
(...)
III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;"
No pasa inadvertido para este órgano colegiado de circuito que la a quo en su parte considerativa del sobreseimiento que se analiza no se refirió expresamente al Director de la Editora de Gobierno del Estado; sin embargo tal omisión no resulta trascendente, pues debe tenerse como un error, si se tiene en cuenta que el Director General de la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, rindió su informe por ambas autoridades (foja 136 del juicio de amparo indirecto); además de que dicho sobreseimiento lo reflejó correctamente en el primer punto resolutivo de su sentencia, por ello debe confirmarse. Por su idea esencial y similitud de legislación, se invoca la tesis P. XLVIII/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página sesenta y nueve, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto.
Por otra parte, conforme a la técnica jurídica de la alzada, debe señalarse lo que establece la fracción I del artículo 93 de la Ley de Amparo:
"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.
Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;
(...)"
En ese orden de ideas, al decretarse en el juicio constitucional el sobreseimiento por falta de interés jurídico y legítimo respecto de **********, ********** y **********; este tribunal procede, de inicio, al estudio del motivo de inconformidad que sobre este aspecto se aduce en el escrito de la revisión, esto, al margen de que la sentencia recurrida se revisará en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo por tratarse de las trabajadoras, quienes interpusieron el presente recurso.
Argumenta la parte inconforme que la jueza de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de las citadas recurrentes al considerar que no acreditaron ser trabajadoras de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, porque únicamente exhibieron "copias" de sus recibos de nómina, pasando por alto que se trata de impresiones a los cuales los trabajadores del gobierno del Estado acceden por internet, por lo que fue erróneo que no les diera valor probatorio.
En ese sentido señala que el Poder Judicial Federal ha sostenido que con el descubrimiento de la ciencia, la valoración de tal medio de convicción queda al prudente arbitrio del juzgador, con la condición que se expresen los argumentos racionales que lo lleven a otorgar o no valor probatorio, lo que en el caso no aconteció, porque la a quo nada dijo respecto a la naturaleza de los recibos de pago.
Es ineficaz el agravio resumido, pues este tribunal considera correcta la determinación de la juzgadora federal de sobreseer en el juicio de amparo con base en la causal de improcedencia señalada en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de **********, ********** y **********, pues como bien lo estimó en el fallo recurrido, los documentos que ofrecieron para acreditar en primer término su interés jurídico, esto es, que son trabajadoras de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y como consecuencia de ello, les resulta aplicable la ley 546 que tildan de inconstitucional, son insuficientes para tal fin.
En efecto, en principio es necesario traer a este plano lo que establece la fracción invocada, el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dicen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;
(...)"
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.
(...)"
"Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
(...)."
De la normatividad transcrita se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos previstos en la Constitución Federal, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que si la norma, acto u omisión reclamados no afecten sus intereses jurídicos o legítimos del quejoso el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente.
Respecto de este tópico vale decir que surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral; de igual manera es de significar que el artículo 6o. de la Ley de Amparo contempla, entre otras cosas, para la procedencia del juicio, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio; afectaciones que deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.
Lo antes expuesto deriva de las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Primera Sala, respectivamente, publicadas en la Séptima y Novena Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 64, Primera Parte, Materia Común, Tomo XXVII, Enero de 2008, páginas 68 y 225, de rubros y textos respectivamente:
"INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio."
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, pa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33661-fb8dc5c0/trabajadores-de-base-de-la-fiscalia-general-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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