RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA PESE A QUE DURANTE SU SUSTANCIACIÓN SE HUBIERA RESUELTO EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SI ÉSTA NO SE OCUPÓ DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA OPINIÓN EN SENTIDO NEGATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.
QUEJA 85/2021. 26 DE ABRIL DE 2021. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIA: GRACIELA RAMÍREZ ALVARADO.
CONSIDERACIONES:
(8) CUARTA.—Estudio. Debe indicarse, en primer término, que la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades y actos reclamados los siguientes:
"3. Autoridades responsables:
"3.1. Servicio de Administración Tributaria.
"4. Acto reclamado:
"4.1 Se reclama como tal el crédito fiscal fincado número **********.
"4.2 Se reclama también la emisión de opinión de cumplimiento negativo de fecha 17 de agosto de 2020, derivado del supuesto crédito fiscal firme o exigible **********."
(9) Asimismo, señaló como antecedentes relevantes de los actos reclamados los que a continuación se transcriben:
"5.1 Con fecha 20 de junio de 2019 se presentó al domicilio de la moral que represento el C. **********, quien se presentó como auditor enviado por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos ‘1’ con sede en Morelos para llevar a cabo la visita ordenada en el oficio número **********.
"5.2 Con motivo de la visita el C. ********** determina en el acta de visita que encontró supuestas omisiones en la contabilidad de la moral que represento en relación con la emisión de los comprobantes fiscales digitales relacionados con la venta para público general, dándose dentro de dicha acta (sic) de conformidad con el artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal.
"5.3 Con fecha 24 de junio de 2019 la entonces socia única de la moral que represento, la C. **********, presentó un documento donde se hacían llegar a la autoridad responsable las facturas de público general cuyo incumplimiento se presumía de conformidad con el acta de visita antes mencionada, por lo que la autoridad fiscal se reservó para la emisión correspondiente en términos del artículo 49, fracción VI, del Código Fiscal.
"5.4 Con fecha 17 de agosto de 2020 el suscrito al momento de requerir del Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet una opinión de cumplimiento, ésta arroja una opinión negativa, en razón de que, de conformidad con dicha opinión de cumplimiento, se tiene pendiente un crédito fiscal firme o no garantizado con número **********; sin embargo, la moral que represento jamás fue notificada de forma alguna de la resolución que debió recaer a la visita **********, y de la que debiera desprenderse la multa por este acto combatida, ya que la multa, al no ser notificada la resolución o acto de la que se desprende, se desconoce por qué motivo o razón ha sido impuesta a mi representada, ya que a la fecha es el único incidente pendiente con la autoridad hacendaria que tiene mi representada, así entonces se desprende que el acto reclamado carece de total fundamentación y motivación."
(10) Luego, solicitó la suspensión para lo siguiente:
"9. Suspensión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo solicito la suspensión del acto reclamado con los siguientes efectos:
"9.1 La suspensión de cualquier diligencia de cobro o ejecución sobre la multa impuesta.
"9.2 La modificación de la opinión de cumplimiento en términos del artículo 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, a positiva, en razón de que el acto reclamado no se encuentra firme o en calidad de exigible."
(11) La demanda de amparo fue admitida en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte y en esa misma fecha se formó por cuerda separada el incidente de suspensión, emitiendo el siguiente proveído que, en lo conducente, dice:
"1. Por cuanto hace al acto consistente en el crédito fiscal fincado número **********.
"Con fundamento en los artículos 128, 129, 135, 138 y 150 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional solicitada para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la multa impuesta con motivo del crédito fiscal firme o no garantizado número **********.
"Lo anterior hasta tanto este Juzgado de Distrito cuente con mayores elementos de convicción con los informes previos solicitados y se notifique a las autoridades responsables la suspensión definitiva que llegue a dictarse en la presente pieza incidental, por las razones siguientes:
"1) El acto reclamado consiste en:
"‘Se reclama como tal el crédito fiscal fincado número ********** ...’
"2) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se precisa que la medida cautelar se analiza en cuanto a las consecuencias del mismo, que en el caso consiste en la multa impuesta con motivo del crédito fiscal firme o no garantizado con número **********, sobre lo que este órgano jurisdiccional de amparo realiza el estudio de procedencia de la suspensión solicitada; lo anterior, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo.
"3) Se tiene la certeza del acto reclamado con las manifestaciones que ‘bajo protesta de decir verdad’ realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 5/93,(4) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 206395 y rubro siguiente: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’
"4) El acto reclamado es susceptible de suspenderse, ya que no es de los denominados declarativos, consumados, negativos u omisivos ni futuros e inciertos.
"5) La parte quejosa acreditó indiciaria o presuntivamente su interés suspensional o la afectación a un interés legítimo, con las documentales que anexa a su demanda, consistentes en la copia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, en la que se advierte que se asentó la existencia del mencionado crédito fiscal en su contra.
"Documento al que se le concede valor probatorio pleno, acorde con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y adminiculado con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa, acreditan hasta este momento de manera presuntiva el requisito en mención.
"6) Se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.
"Y en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo se procede a realizar un análisis ponderando de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público.
"La apariencia del buen derecho autoriza realizar un estudio preliminar que sin prejuzgar, permita anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que en la especie acontece, habida cuenta que la parte quejosa aduce que la responsable emite una resolución donde se le impone una multa, refiriendo que se violentó el debido proceso, lo que de resultar fundado ocasionaría la eventual concesión de la protección de la Justicia Federal.
"Por su parte, el orden público y el interés social se encuentran vinculados en la medida que el primero tiende a procurar un bienestar o impedir un mal a la población en general, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal.
"Así, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando la suspensión priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa a la que se niegue la suspensión del acto reclamado.
"Por ende, se afirma que con la concesión de la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que dicha concesión tiene como efecto que no se ejecute la multa impuesta a la parte quejosa, decretada dentro del crédito fiscal firme o no garantizado con número **********, si esto no ha acontecido; lo que repercute exclusivamente en su esfera jurídica, por lo que con dicha concesión no se le priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
"Por el contrario, de negarse la suspensión del acto reclamado se ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación en la medida que la autoridad responsable tendría expedito su derecho para ejecutar el acto reclamado.
"Por otro lado, la concesión otorgada surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si el quejoso dentro de los cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la legal notificación de la presente resolución, no garantiza el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables por la multa impuesta en el crédito fiscal firme o no garantizado con número **********, por la autoridad responsable, la cual tiene por objeto garantizar los perjuicios que se pueden ocasionar a terceros en caso de resolución desfavorable a los intereses de la parte quejosa.
"La garantía que antecede se impone en términos del artículo 135 de la ley de la materia, que establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora.
"La anterior medida suspensional no surtirá efecto legal o material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado, o bien, si proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo.
"2. En relación con el diverso acto reclamado consistente en la opinión de cumplimiento negativo de diecisiete de agosto de dos mil veinte.
"Con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo se niega la suspensión provisional, en virtud de que los efectos que tiene la mencionada opinión son solamente declarativos, aunado a que de concederse la medida cautelar, para los efectos que señala la parte quejosa, en el sentido de que se emita en su favor una opinión de cumplimiento de obligaciones positiva, se estarían dando efectos restitutorios a la medida cautelar solicitada, propios de la ejecutoria de amparo.
"Lo anterior es así, ya que únicamente se trata de un documento que da a conocer la situación fiscal del contribuyente, por lo que, en todo caso, la misma no genera por sí misma la obligación fiscal pendiente de cumplir, sino que sólo da a conocer la misma.
"Precisamente como manifestó la propia parte quejosa y como se advierte del contenido de la opinión reclamada, en la misma se hace constar que la aquí amparista cuenta con un crédito fiscal no garantizado a su cargo, y en virtud de ello se emitió dicha opinión fiscal no favorable, por lo que no se advierte que tal documento tenga ejecutividad por sí mismo, y en tales términos no es susceptible de suspenderse, en virtud de que no tiene efecto, consecuencia o principio de ejecución atribuible al mismo documento que pueda ser materia de la medida cautelar solicitada, ya que su contenido depende de un crédito fiscal diverso.
"Por otra parte, de concederse la suspensión solicitada para los efectos peticionados por la parte quejosa, en el sentido de que se emita una opinión favorable, se estaría creando un derecho a favor del quejoso otorgándose efectos restitutorios a la medida cautelar solicitada, propios de la ejecutoria de amparo.
"Ello, ya que para que se emita dicha opinión favorable debería desconocerse la existencia del mencionado crédito fiscal, por lo que tendría que nulificarse el mismo con motivo de la medida cautelar; así, tales efectos constituirían un derecho a favor del quejoso, al dejar sin efectos una resolución fiscal existente en su contra, lo cual constituye la materia del fondo del presente juicio de amparo, el determinar si es legal o no dicho crédito fiscal.
"De allí que respecto a este acto se niega la suspensión provisional solicitada. ..."
(12) En contra de tal determinación, la parte quejosa interpuso el recurso de queja que nos ocupa, únicamente en el aspecto que le negó la medida cautelar que solicitó, por lo que debe dejarse intocada la queja en lo referente a la concesión de la misma.
(13) En ese tenor, la quejosa recurrente, en el recurso que nos ocupa, de manera esencial manifiesta que:
• Es susceptible de otorgarse la medida cautelar, en virtud de que está relacionada a una opinión de cumplimiento, misma que puede volver a ser emitida en el sentido que corresponda, por lo que no se encuentra en las hipótesis de perjuicio al interés público.
• En una correcta interpretación maximizando las garantías y derechos humanos de la moral quejosa, la suspensión debe concederse no obstante que se diga que tiene efectos restitutorios, ya que las particularidades del caso lo permiten y ningún perjuicio en apariencia del buen derecho se persigue a persona alguna, ya que la opinión de cumplimiento negativa derivó de un supuesto crédito fiscal firme y del cual se deriva el fondo del juicio de amparo.
• No son aplicables al caso los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, ya que la suspensión es de las que se debe pedir a petición de parte legitimada, como se hizo, y no incurre en ninguna hipótesis de perjuicio al interés social.
• La opinión de cumplimiento que emite el Servicio de Administración Tributaria, contrario a lo expuesto por el juzgador de amparo, no sólo tiene efectos de dar a conocer la situación fiscal del contribuyente, sino que en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, en su artículo 2.1.39. se establece que dicha opinión de cumplimiento sirve para "obtener alguna autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos".
• Una opinión de cumplimiento tiene implicaciones graves para una sociedad mercantil como la quejosa, en razón de que limita la contratación en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ya que esta disposición impone una restricción para la contratación de personas que no cumplan con un perfil fiscal adecuado, lo que limita el derecho de la moral que representa a ejercer el comercio, lo que implica que si bien la opinión de cumplimiento no confiere una ejecutividad como lo refiere el juzgador, sí tiene implicaciones más allá de dar a conocer la situación fiscal de la quejosa y, en el caso concreto, sí se encuentra en duda la viabilidad y constitucionalidad del fondo del asunto, es decir, la propia multa impuesta y que también fue reclamada en el juicio de amparo, es de deducirse también que la opinión de cumplimiento negativo que deviene de esta multa y, por ende, debe concederse la suspensión para el efecto de que se emita la opinión de cumplimiento en sentido positivo.
• El acto reclamado no está incluido en el catálogo contemplado en el artículo 129 de la Ley de Amparo, por lo que sus efectos restitutorios no son prohibitivos, sino que al contrario, en una interpretación conforme de la Ley de Amparo esto debe ser estudiado en cada caso concreto; y del estudio del caso concreto se aprecia la apariencia del buen derecho y las consecuencias que implica el no otorgar la suspensión.
(14) Los agravios sintetizados son infundados.
(15) Los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo son del contenido siguiente:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.
"Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.
"Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." (párrafo adicionado)
"Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;
"II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;
"III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;
"V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;
"VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;
"VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;
"VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;
"IX. Se impida el pago de alimentos;
"X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;
"XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;
"XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;
"XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: "I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
(16) De los citados preceptos se advierte, entre otras cosas que, por regla general, en todas las materias se concederá la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
(17) El requisito consistente en determinar si al otorgar la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público o se altera el interés social, y para ello se debe tomar en cuenta que el interés social, asociado tradicionalmente al orden público, se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, de modo que se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno.
(18) En ese orden de ideas, se considera que el interés social o el orden público se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
(19) Así, el precepto 129 de la Ley de Amparo prevé los casos en que se puede llegar a causar perjuicio al interés social o contravenciones a disposiciones de orden público, de donde se advierte que el interés social o el orden público se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
(20) Corresponde al Juez de amparo, en cada caso, realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.
(21) También debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el examen de la ejemplificación que contenía el artículo 124 de la anterior legislación de amparo (análogo, en parte, al 129 de la actual) para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio al interés social o se realizan esas contravenciones a disposiciones de orden público, revela que razonablemente se puede colegir, en términos generales, que se generan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
(22) Aunado a que la misma Sala ha establecido la apreciación de que con tal otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, depende del caso en concreto.
(23) Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"Registro digital: 394478
"Instancia: Segunda Sala
"Tesis: 522
"Séptima Época
"Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 343
"Materia: común
"Tipo: tesis de jurisprudencia
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.
"Séptima Época:
"Contradicción de tesis. Varios 473/71. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo Administrativos del Primer Circuito. 30 de noviembre de 1972. Unanimidad de cuatro votos."
(24) Vinculada con la noción de orden público está la apariencia del buen derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo y, sobre el particular, se toma en cuenta el criterio sostenido por el Pleno del Alto Tribunal del País, en el sentido de que para conceder la suspensión, sin dejar de observar los requisitos plasmados en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se puede realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso; de modo tal que de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, pues éste se resolverá en la sentencia definitiva en el estudio de fondo del juicio, sin que el otorgamiento de la medida cautelar permita que se trastoquen el interés social y el orden público, pues entonces deberá negarse la suspensión, pues no puede estar el derecho individual por encima del de la sociedad, además, deberá ponderar el peligro en la demora que consiste en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que se pueden concretar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la sentencia.
(25) El anterior criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro y texto siguientes:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
"Registro digital: 200136
"Instancia: Pleno
"Novena Época
"Materias: común
"Tesis: P./J. 15/96
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, página 16
"Tipo: jurisprudencia
"SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.
"Contradicción de tesis 3/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Sexto Circuito. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario. Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número 15/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30785-0b5dfa2a/recurso-de-queja-contra-el-auto-que-niega · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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