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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA IMPOSICIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SEGUIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE), YA SEA QUE SE RECLAMEN CONJUNTA O AISLADAMENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 263/2023. · Registro digital (IUS): 32558
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-07-05
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Julio de 2024, Tomo I, Volumen 2, Pág.1791.

QUEJA 263/2023. 5 DE ENERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA GASPAR SANTANA. SECRETARIO: ALEJANDRO RUBÉN MERAZ CARRANZA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Decisión de este Tribunal Colegiado.

En el acuerdo recurrido se consideró lo siguiente:

Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo ya que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo, así como el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a esos numerales, en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actuaciones derivadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya sea principal o accesorio, sólo podrá impugnarse la resolución que le ponga fin, en cuyo caso, podrán alegarse violaciones cometidas tanto en la resolución como en el procedimiento, si éstas hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución, e incluso, plantearse la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en una o en otro.

En ese sentido, es improcedente el juicio de amparo contra actos que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio que no le pongan fin.

En el caso, el acuerdo donde se acordó hacer efectivo el apercibimiento consistente en multa, es una actuación intraprocesal contra la cual no procede el juicio de amparo.

Lo anterior, pues deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio y el acto reclamado no le pone fin, al tratarse de un acto donde se hace efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de una multa.

Dentro de los procedimientos administrativos la imposición de una multa se emiten en dos determinaciones:

i) en donde se califica y pondera si la conducta es sancionable y,

ii) en donde se individualiza la sanción.

En la especie, la multa no ha sido individualizada ni se ha requerido a la quejosa su cobro, ya que la autoridad investigadora requiere a la quejosa para que en el término de diez días hábiles, presente diversa documentación a fin de conocer su capacidad económica y hacer efectivos los apercibimientos decretados.

Por tanto, una vez que sea individualizada la multa, éste se encuentra en posibilidad de promover el juicio de amparo contra esa determinación donde, además, puede formular los conceptos de violación contra la determinación donde se calificó y ponderó que su conducta es sancionable.

Si bien se argumenta la violación a derechos sustantivos, lo cierto es que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá contra la resolución que ponga fin a dicho procedimiento accesorio, esto es, a través de la cual se individualice la multa que se le impuso, por lo que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable.

La causa de improcedencia debe hacerse extensiva a las normas reclamadas ya que cuando se promueve un juicio de amparo contra una norma general con motivo de un acto de aplicación, no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, es decir, se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente por lo que hace al acto de aplicación y de no ser así, la improcedencia debe hacerse extensiva a la norma general reclamada.

Contra las consideraciones anteriores, la quejosa recurrente expone los agravios siguientes:

Se aplicaron inexactamente los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, 107, fracción IX y 113 de la Ley de Amparo.

La determinación es ilegal en virtud de que se dejó de analizar la afectación que causa el acto reclamado frente al derecho humano a guardar silencio, lo cual exige un estudio profundo que no es propio del auto inicial, por lo que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

En la demanda de amparo se adujo que el acto reclamado transgrede el derecho humano a guardar silencio, lo cual se hace valer como cuestión de fondo, aspecto sobre el cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la Constitución Federal consagra el derecho fundamental del inculpado a no declarar en su contra, lo cual supone su libertad para declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse su culpabilidad, es decir, sin que su derecho a guardar silencio sea utilizado como un indicio de responsabilidad en los hechos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 669/2010 estableció que el derecho fundamental a guardar silencio no es exclusivo de la materia penal y, al resolver el diverso amparo en revisión 5236/2014, la misma Primera Sala también estableció que la persona sujeta a un proceso no está obligada a declarar, a autoinculparse y/o defenderse y declarar en su favor, ya que goza del derecho a hacerlo hasta en tanto lo considere necesario para el más óptimo ejercicio de su defensa.

En la especie, se señaló como acto reclamado la resolución mediante la cual se determina hacer efectivo el apercibimiento consistente en imposición de multa a la parte quejosa, el cual se emitió con base en lo dispuesto en las normas que también se reclaman y se hace valer la violación directa de los actos reclamados al derecho humano a guardar silencio.

Al resolver el amparo en revisión 5236/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que el poner en práctica el derecho humano a guardar silencio nunca puede traducirse en un costo o implicar una consecuencia negativa para la persona, por lo que el acto reclamado atenta contra el contenido y alcance del derecho humano a guardar silencio pues se traduce en una consecuencia negativa para la persona.

Así, el análisis sobre el perjuicio que depara el acto reclamado frente al contenido y alcance del derecho humano a guardar silencio, involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, razón por la cual el estudio al respecto es propio de la sentencia y no del auto inicial.

El juez de distrito dejó de considerar que se reclama la violación directa al derecho humano a guardar silencio, por lo que el auto recurrido causa perjuicio, en virtud de que el juez de distrito dejó de analizar la naturaleza de la afectación que se causa con el acto reclamado frente al derecho humano a guardar silencio, lo cual constituye una cuestión que exige un estudio más profundo que no es propio del auto inicial, pues el contraponer el contenido del acto reclamado frente al derecho humano a guardar silencio resulta que no es claro que el juicio de amparo sea improcedente.

Son inoperantes los agravios.

Para evidenciar lo anterior, debe tomarse en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 188/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 424.

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.

La jurisprudencia transcrita establece que son inoperantes los agravios cuando, entre otros supuestos, no se controviertan de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la determinación recurrida.

En la especie, de los agravios expuestos por la recurrente, se advierte que no combaten las consideraciones que rigen la determinación recurrida, ya que se limita a exponer que:

• Se dejó de analizar la afectación que causa el acto reclamado frente al derecho humano a guardar silencio, lo cual exige un estudio profundo que no es propio del auto inicial, además de que ese aspecto está relacionado con el fondo del asunto, por lo que la causa de improcedencia no es manifiesta e indudable.

• Asimismo, que se reclama una violación directa al derecho humano a guardar silencio, por lo que al contraponerlo respecto del acuerdo reclamado evidencia que la causa de improcedencia no es manifiesta e indudable.

Sin embargo, como se mencionó, en los agravios no se combaten las consideraciones que rigen la determinación recurrida, las cuales son las siguientes:

• Tratándose de actuaciones derivadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el juicio de amparo indirecto sólo podrá impugnarse la resolución que le ponga fin.

• El acto reclamado es una actuación intraprocesal contra la cual no procede el juicio de amparo, ya que no le pone fin al procedimiento en forma de juicio.

• Dentro de los procedimientos administrativos la imposición de una multa se emite en dos determinaciones:

i) en donde se califica y pondera si la conducta es sancionable y,

ii) en donde se individualiza la sanción.

• En el caso, la multa no ha sido individualizada por lo que una vez que ello acontezca, el quejoso está en posibilidad de promover el juicio de amparo contra esa determinación donde, además, puede formular los conceptos de violación contra la determinación donde se calificó y ponderó que su conducta es sancionable.

Esto es, la recurrente no expresa argumento alguno tendente a controvertir que no se está ante un procedimiento seguido en forma de juicio, o bien que estando ante ello, no es necesario esperar a la individualización de la multa para que el juicio de amparo sea procedente respecto de la calificación de la conducta como sancionable.

De ahí lo inoperante del agravio.

Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley Amparo, este Tribunal Colegiado estima procedente suplir la deficiencia argumentativa del recurrente, ya que se controvierte una resolución en la que se desechó una demanda de amparo indirecto con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 34/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, página 9, que dice:

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El precepto citado faculta al órgano jurisdiccional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios cuando advierta que ha habido en contra del quejoso o del recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suplencia referida procede en un recurso de queja cuando se combate la resolución que desechó la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, siempre y cuando se advierta: i) la existencia de una violación manifiesta de la ley; y, ii) que dicha violación haya dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior es así, pues al analizar la resolución recurrida, el órgano jurisdiccional debe verificar en primer lugar si se violó de manera evidente la ley, esto es, si se transgredió el artículo 113 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, si dicha transgresión dejó al quejoso sin defensa, lo cual debe entenderse como una afectación sustancial dentro del procedimiento y que se actualiza al negar el acceso a la acción de amparo con un desechamiento que no se apega al marco jurídico aplicable.

Con la finalidad de resolver lo conducente, resulta necesario destacar que este órgano colegiado ha sustentado el criterio de que el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Constitución Federal establece al juicio de amparo como el único medio de defensa contra los actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica; y, entre sus mandatos, establece dos reglas generales:

1. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento;

2. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.

El Constituyente utilizó dos fórmulas distintas para restringir la procedencia del juicio de amparo, en una se refirió a los actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio; y en otra, a lo que designó como actos intraprocesales.

La creación de ambas reglas pone en evidencia que la procedencia del juicio de amparo, en contra de los actos dictados por los citados órganos constitucionales autónomos, debe examinarse con una lógica particular, vinculada necesariamente al contexto de la reforma, la cual puede no coincidir con la que se utiliza para interpretar y operar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos administrativos, conforme al artículo 107 constitucional, dadas las particularidades del régimen creado en las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.

Del proceso de formación de la disposición constitucional en comento, particularmente de la iniciativa de once de marzo de dos mil trece, se advierte, en la parte relevante para el caso concreto, que la conformación de los órganos constitucionales autónomos fue una medida tendente al fortalecimiento de la rectoría del Estado, motivada en las siguientes reflexiones:

• Dada la trascendencia de la actividad reguladora en la materia en comento, la autoridad está revestida de independencia absoluta –orgánica, funcional y presupuestaria–, en el desempeño de sus atribuciones, de tal manera que las ejerciera ajustándose a criterios eminentemente técnicos, propios del interés público y ajenos a cualquier otro.

• Los órganos constitucionales autónomos son nuevos participantes en la evolución de la teoría tradicional de división de poderes, los cuales, por mandato de la Carta Magna, frente al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también pertenecen al Estado y se ubican en el mismo nivel, pero gozan de independencia absoluta en el desarrollo de sus funciones, estas últimas, acotadas a áreas específicas de la actividad pública, de gran importancia social, imprescindibles en un Estado constitucional y democrático.

• Las facultades de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, están a cargo de un órgano constitucional autónomo, lo cual contribuye a fortalecer las capacidades institucionales en esa parte de la actividad estatal.

Con el mismo fin, introdujo otra medida en el ámbito judicial, consistente en la introducción de ciertos parámetros para la impugnación de las decisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, lo cual se basó en las siguientes consideraciones:

• Las empresas que intervienen en el sector han abusado sistemáticamente del sistema de justicia, mediante la promoción excesiva de los juicios a su alcance contra decisiones tendientes a regularlas y controlar su poder, a efecto de detener su ejecución y, así, eludir la rectoría estatal, lo cual ha impedido el ejercicio efectivo de la actividad reguladora del Estado en perjuicio del interés social, sobre todo, en ciertos casos en los cuales el tiempo era vital para su efectividad.

• Se decide clausurar las vías de litigiosidad que propicia la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo y el juicio de amparo.

Entonces, para discernir el alcance de las dos reglas impuestas en el artículo 28 constitucional, en el sentido de que "cuando se trate de resoluciones... emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio solo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento" y "en ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales", importa observar que ambos mandatos no tienen como propósito impedir la defensa de las personas afectadas por los actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, sino solo diferirla, es decir, reconducirla para hacerla efectiva cuando se reclame la resolución que ponga fin al procedimiento seguido en forma de juicio o al procedimiento en el cual hubiere tenido lugar el acto intraprocesal (dicha regla fue retomada en el numeral 107, fracción IX, de la Ley de Amparo).

En este sentido, el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al que pertenece este tribunal colegiado, al resolver la contradicción de tesis 7/2016, estableció que para hacer compatible esta restricción con el derecho a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, establecidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, así como en los diversos numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la connotación de acto intraprocesal en el contexto jurídico utilizado por el legislador, se encuentra ligada a dos condiciones:

1. Se trate de un acto dictado dentro de un procedimiento; y,

2. La afectación que cause el acto pueda hacerse valer posteriormente por el agraviado, es decir, al reclamar la resolución final correspondiente.

Así, para estimar actualizada la restricción constitucional sobre la procedencia del juicio, habrá que constatar en cada caso concreto, si los actos reclamados están dictados dentro de un procedimiento y si es jurídicamente viable diferir su impugnación a un momento distinto.

Aunado a lo anterior, conviene tener presente que los procedimientos de naturaleza administrativa se integran por una cadena de actos de distinto alcance y contenido (acto inicial, uno o varios actos de trámite y el acto terminal, este último que se caracteriza por ser el producto final o la voluntad definitiva de la autoridad).

Ahora, dentro de la secuela de cada procedimiento, al que podemos denominar principal, pueden darse o incrustarse, a su vez, otros procedimientos de índole parcial y carácter complementario o accesorio (incidentales, cautelares, medidas de apremio, etc.); a su vez, un procedimiento –supóngase el de investigación– puede ser antecedente de otro –procedimiento seguido en forma de juicio– u otros –incluso el de ejecución–.

En efecto, existen varias clases de procedimientos, cuya denominación y estructura depende de la naturaleza y contenido del acto terminal, por lo que hay procedimientos complejos o principales y modulares o intermedios, incidentales o accidentales.

En el caso de los procedimientos incidentales o auxiliares, estos pueden concluir con una decisión terminal y ser impugnados, por cuerda separada, aunque se continúe el trámite intraprocesal del principal. Sus decisiones son terminales, pero sólo en cuanto al tema o cuestión relativa a la incidencia no al procedimiento «nodriza» o básico que es su antecedente u origen.

Esto es así porque las decisiones terminales, de uno y otro, causan afectaciones distintas y autónomas, conforme a lo cual deben darse las soluciones respectivas.

Explicado lo anterior, cabe traer a contexto que de los artículos 10, 12, fracciones, I, III, X y XI, 127, fracciones X y XI, 132 y 133, de la Ley Federal de Competencia Económica, así como de los diversos 121 y 194 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, vigentes a la fecha en que se dictó el acto reclamado, se desprende que dicho organismo constitucional autónomo cuenta con atribuciones para investigar, sancionar y hacer cumplir sus determinaciones tendentes a combatir prácticas monopólicas, entre otras, mediante la sustanciación de diversos procedimientos que pueden ser accesorios o incidentales al de origen, tal como acontece con los procedimientos de verificación de cumplimiento.

Asimismo, se advierte que, para el eficaz desempeño de sus atribuciones, en términos de lo que establece el artículo 126 de la Ley Federal de Competencia Económica, la citada Comisión puede apercibir o imponer multa hasta por el importe del equivalente a tres mil veces el salario mínimo general diario vigente para la Ciudad de México, ahora unidad de medida y actualización, cantidad que puede aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse con lo ordenado.

En ese contexto, se colige que la imposición de una multa, como medida de apremio, puede derivar de un procedimiento accesorio, incidental o auxiliar, como aquel por medio del cual se pretende lograr la ejecución de ciertas determinaciones asumidas por la autoridad administrativa; y, por lo mismo, dicha sanción es independiente o ajena del procedimiento principal o de origen, de lo que se sigue que la imposición de esa medida constituya una decisión terminal en cuanto a la referida incidencia.

Sobre el particular, aunque relacionado con el procedimiento de investigación, este órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja QA- 65/2016, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, consideró lo siguiente:

"(...) Por otro lado, es parcialmente fundado el agravio del recurrente, en cuanto a que uno de los actos reclamados, en específico, el de dieciocho de abril, en donde se le impuso una multa como medida de apremio; carece de la calidad de acto intraprocesal.

Lo anterior, pues al igual que aquel acto que cuantifica la multa, aquel que le precede, en el cual se impuso ésta como medida de apremio, es un acto susceptible de reclamarse a través del amparo indirecto.

Lo anterior, pues la imposición y cuantificación de la multa, son actos cuya decisión es terminal, en cuanto a la incidencia conformada por los requerimientos de información que fueron realizados a la parte quejosa, mismos que al no haber sido debidamente cumplimentados a consideración de la responsable, se tradujeron en una imposición de una multa como medida de apremio, que de manera posterior fue cuantificada; decisión que afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, lo cual explica la extraordinaria procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra.

Es preciso destacar que dicha naturaleza de resolución terminal, la comparten tanto el proveído mediante el cual se impone la multa como medida de apremio, como aquel que la cuantifica; en la medida que están estrechamente vinculados, al integrar de manera conjunta la actuación de la autoridad responsable en relación con la aplicación de la multa.

De ahí que conforme al agravio de la recurrente, sea plausible el tener como acto destacado el proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en el que se le impuso una multa como medida de apremio.

En las relatadas condiciones, al resultar correcto el agravio propuesto por la recurrente, únicamente en relación al acuerdo mediante el cual se decretó la imposición de una multa como medida de apremio, lo que procede es declarar parcialmente fundado el recurso que nos ocupa, para el efecto de que la juez de distrito admita la demanda de amparo, en relación al proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciséis. (...)."

Igualmente, al resolver el recurso de queja QA- 69/2016, en sesión de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se estimó que:

"(...) En el presente caso se reclaman los siguientes actos de autoridad:

• El acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, donde se requirió diversa información a la quejosa y se le apercibió que de no dar cumplimiento se le impondría una multa.

• El acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se le impuso multa como medida de apremio, derivado de la extemporaneidad con que se presentó el escrito con el cual se pretendió dar cumplimiento al requerimiento antes precisado.

• El acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, donde se determinó que la ahora quejosa sólo dio cumplimiento parcial al requerimiento de información que le había sido referida.

• La resolución de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la que se individualizó la multa impuesta.

La descripción de los actos reclamados es suficiente para advertir que el primero y el tercero son actos previos a la decisión final de imponer y cuantificar la multa que nos ocupa y, en esas circunstancias, no se tratan de decisiones finales, sino de actos intraprocesales que no pueden ser señalados como actos reclamados destacados, en términos del artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna, resulta improcedente el juicio de amparo.

(...)

Ahora, en relación con el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis, atendiendo a la causa de pedir de la parte recurrente, es fundado el agravio porque al igual que el acto que cuantifica la multa, aquél en que se impuso la multa como medida de apremio es un acto susceptible de reclamarse a través del juicio de amparo indirecto, pues la imposición y cuantificación de la multa son actos cuya decisión es terminal.

En efecto, si la decisión de imponer una multa derivó del incumplimiento total o parcial a los requerimientos realizados por la autoridad a la parte quejosa es claro que dicha determinación constituye un acto definitivo que afecta la esfera jurídica del infractor aun y cuando en fecha posterior se cuantifique la misma, puesto que la imposición de la multa constituye la consecuencia jurídica inmediata por el incumplimiento del requerimiento.

Así, la naturaleza de decisión terminal corresponde tanto a la determinación de imponer la multa como a la de su cuantificación en tanto que una y otra se complementan pues una carece de sentido si falta la otra, ya que la imposición de una multa sin la debida cuantificación produce la ineficacia de esta medida de apremio y, el cobro de una cantidad por concepto de multa sin que exista la determinación formal de haberse impuesto constituye una evidente violación a los derechos fundamentales de un gobernado, de ahí la vinculación necesaria entre uno y otro acto (imposición formal de la multa y determinación de la cantidad de la misma).

En ese orden de ideas, también es procedente tener como acto destacado en el presente asunto al acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis en donde se impuso formalmente a la parte quejosa la multa que ahora controvierte.

(...)."

Finalmente, se destaca que en el recurso de queja QA-74/2017, que se resolvió en sesión de quince de junio de dos mil diecisiete, este tribunal consideró lo siguiente:

"(...) A mayor abundamiento, se destaca que este tribunal ha sustentado que la actuación del citado regulador de imponer una multa como medida de apremio en un acto y, con posterioridad, en un acto diverso, individualizar la misma, genera incertidumbre al gobernado respecto de cuál es la resolución que afecta en definitiva su interés jurídico, sobre todo si se considera que puede tener motivos para impugnar solo la decisión de imponer la medida o solo la cuantía de ésta, o ambas.

En este sentido el proceder de la autoridad es precisamente lo que propicia la promoción de juicios en momentos distintos. (...)".

Como puede apreciarse, ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que el juicio de amparo es procedente en contra del acto mediante el cual la Comisión Federal de Competencia Económica impone formalmente una multa como medida de apremio —durante algún procedimiento administrativo accesorio al sustanciado de manera principal sobre prácticas monopólic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32558-d9c97fec/amparo-indirecto-procede-contra-la-imposicion-e-individualizacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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