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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA ECONÓMICA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CLIENTE ABOGADO, REALIZADA EN LAS INSPECCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. · Registro digital (IUS): 27603
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-02-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESID
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo II, Pág. 807.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 26 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ, PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ, JEAN CLAUDE TRON PETIT Y ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. AUSENTE: HOMERO FERNANDO REED ORNELAS. PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BRIONES CERVANTES.

Ciudad de México; acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión ordinaria de veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, ante el secretario de Acuerdos del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la directora general de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia Económica, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver, el primero, los recursos de queja QA. 25/2015 y QA. 44/2016; y, el segundo, el diverso recurso de queja QA. 61/2016.

Denuncia «que» se basa en el planteamiento que se reproduce a continuación:

"... este órgano constitucional autónomo denuncia la posible contradicción de criterios, y solicita a este Pleno de Circuito Especializado se sirva dilucidar cuál es el criterio que debe prevalecer, a fin de tener certeza sobre si los actos emitidos por esta Cofece, durante la etapa de investigación, en específico, la orden de visita de verificación y las actas de verificación, constituyen o no actos intraprocesales en contra de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos del párrafo vigésimo, fracción VII, del artículo 28 constitucional.

"Los criterios contendientes, son los siguientes:

"• El Primer Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja QA. 25/2015 y QA. 44/2016, sostuvo que la orden de visita de verificación y las actas de verificación constituyen actos intraprocesales, en contra de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, habida cuenta que son actos de trámite dentro de un procedimiento de investigación; sin ser incluso, una resolución definitiva.

"• Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja QA. 61/2016, sostuvo que la orden de visita de verificación y las actas de verificación no constituyen actos intraprocesales, por ende, resulta procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, en razón de que para ello la Juez Segundo de Distrito especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, necesitaba de elementos suficientes para decidir si dichos actos eran definitivos o no, y en el caso, los actos reclamados encontraban apoyo en meras notas periodísticas, por lo que se necesitaba elaborar un estudio a mayor profundidad.

"En ese sentido, al demostrarse que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República resultan contradictorios, la presente denuncia es procedente ..."

SEGUNDO.-El presidente de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, registró el asunto en el expediente CT. 7/2016 y admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes copia certificada de las resoluciones respectivas y que informaran si el criterio contenido en tales fallos se encontraba vigente o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlo o abandonarlo.

TERCERO.-Mediante oficio 649/2016, el presidente del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones informó que el criterio en contienda correspondiente a dicho órgano jurisdiccional continúa vigente; y, por diverso oficio 5018/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de la misma especialidad, se informó que el criterio en pugna que pertenece a este último Tribunal Colegiado, no implica pronunciamiento de fondo, puesto que únicamente se consideró que no se actualizaba de modo notorio y manifiesto una causa de improcedencia.

CUARTO.-En atención a la recepción de la información de mérito, por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se turnó el asunto a la ponencia A del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para la elaboración del proyecto correspondiente.

Sin embargo, el expediente quedó integrado para su resolución hasta el seis de diciembre del mismo año, cuando el presidente del Pleno de Circuito incorporó a la contienda los criterios plasmados, respectivamente, en el recurso de queja QA. 41/2016 y el recurso de revisión RA. 124/2015, de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, lo que hizo a partir de las siguientes reflexiones:

"... en atención a que sobre el tema materia de contradicción los tribunales contendientes han emitido recientemente criterios relacionados con la problemática aludida y que abundan sobre la materia de debate, estimo conveniente dar cuenta con los mismos, a efecto de incorporarlos y tomarlos en cuenta al momento de elaborar el proyecto de resolución.

"El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, recientemente aprobó, por unanimidad de votos, en sesión de diez de noviembre del presente año, el recurso de queja QA. 41/2016, interpuesto por SAI Consultores, S.C., en donde el tema debatido coincide con el denunciado en la contradicción de tesis referida; esto es, si la orden de visita de verificación y actas emanadas de la misma constituyen o no actos intraprocesales para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; específicamente, el tema central de debate es, si la sustracción de información por parte de la Cofece en una visita de verificación, clasificada bajo el carácter de información cliente-abogado, afecta o no derechos sustantivos.

"En dicho precedente, el Primer Tribunal Colegiado Especializado sostuvo la postura consistente en el sentido de que, la sustracción de información clasificada bajo el rubro cliente-abogado, es un acto que afecta derechos sustantivos, por lo que el reclamo puede dar pauta a tutela judicial; sin embargo, debe acreditarse en el juicio el carácter privilegiado de esta información.

"Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió el recurso de revisión RA. 124/2015, interpuesto por Hogan Lovells BSTL SC., en el que sostuvo, de manera sustancial, que la obtención y reproducción de información no es un acto independiente de la visita de verificación, sino que se realiza durante su práctica y ocurre como parte de la investigación; de ahí que se trate de un acto intraprocesal, contra el que no procede el juicio de amparo.

"En atención a lo anterior, se estima necesario incorporar a la resolución de la contradicción de tesis 7/2016, los precedentes emitidos dentro del recurso de queja QA. 41/2016, y amparo en revisión RA. 124/2015, respectivamente."

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones es competente para conocer del asunto, con apoyo en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 6 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La parte denunciante de la contradicción de tesis tiene legitimación al efecto, conforme a los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se trata de la Comisión Federal de Competencia Económica, por conducto de su directora general de Asuntos Contenciosos, que se constituye como parte, específicamente, autoridad responsable, en los asuntos en los cuales se plasmaron los criterios contendientes.

TERCERO.-Temas y criterios contendientes. Como deriva de lo indicado en los resultandos primero y tercero de esta ejecutoria, el problema jurídico a resolver se traduce en dos aspectos:

A. El primero, relativo a si las visitas de verificación a cargo de la Comisión Federal de Competencia Económica son actos intraprocesales contra los cuales resulte improcedente el juicio de amparo, al tenor del artículo 28, fracción VII, constitucional, o si, por el contrario, la instancia constitucional es procedente al respecto por no tratarse de actos intraprocesales.

B. El segundo, si contra la extracción de documentos clasificados bajo el carácter de información cliente-abogado en una visita de verificación, resulta procedente el juicio de amparo por afectación a derechos sustantivos, o si, por tener verificativo durante una inspección, forma parte de un acto intraprocesal contra el cual es improcedente la instancia constitucional.

Al respecto, los Tribunales Colegiados contendientes han sostenido lo siguiente:

1.1. El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de queja QA. 25/2015, en sesión de veintitrés de abril de dos mil quince:

"Establecido lo anterior, debe decirse que, es criterio de este Tribunal Colegiado Especializado que, acorde a lo establecido en el artículo 28, párrafo decimonoveno, fracción VII, constitucional, el juicio de amparo es improcedente en contra de actos intraprocesales o de trámite(1) de la Cofece, emitidos dentro de un procedimiento que no constituyan la decisión final o terminal, salvo que se trate de actos de imposible reparación que en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos.

"Diferente caso acontece en el juicio de amparo directo, donde los actos o violaciones intraprocesales sólo producen efectos de carácter formal, en relación con normas adjetivas y pueden hacerse valer en los conceptos de violación hasta que se dicte la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio.

"En este sentido, el tribunal ha sostenido que los procedimientos administrativos se integran por una cadena de actos de distinto alcance y contenido -a) presupuesto; b) acto inicial; c) uno o varios actos de trámite; y, d) acto terminal (voluntad final de la administración)-, dentro de los cuales pueden darse o incrustarse, a su vez, otros de índole parcial, auxiliar y complementario, por lo que existen diversas clases de procedimientos, cuya denominación y estructura dependen de la naturaleza y contenido del acto terminal -i) complejos o principales; y, ii) modulares, intermedios, incidentales o accidentales-.

"Como ocurre con los procedimientos principales, los incidentales pueden concluir con una resolución terminal y ser impugnados por cuerda separada, aunque continúe el trámite de aquéllos, pero, dado que las decisiones adoptadas en éstos en cuanto al tema o cuestión relativa a la incidencia y no al procedimiento básico que es su antecedente u origen, son terminales, es factible su impugnación.

"Tal es el caso de las multas impuestas como medida de apremio en el procedimiento seguido por la Cofece, así como los actos de ejecución que de ella deriven, pues son actos terminales que derivan de un procedimiento accesorio, incidental o auxiliar del procedimiento principal o básico, que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, por lo que, en su contra procede el amparo indirecto, al no actualizarse en forma notoria y manifiesta la improcedencia en el juicio en términos del artículo 28, vigésimo párrafo, fracción VII, constitucional.

"Cabe destacar que, en relación con los actos privativos o que impongan sanciones, el artículo 14 constitucional impone antes de emitir esta clase de actos, someter a las partes a un esquema de juicio previo donde se observen las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el diseño estructural y la funcionalidad u operación de estos procedimientos deben atender estas condicionantes básicas y sine qua non. El mismo tratamiento debe darse a los actos constitutivos de un nuevo status que pueda disminuir prerrogativas o situaciones creadas (impedir acciones, afectar propiedades o situaciones, eliminar posiciones jurídicas). En todos estos casos se debe satisfacer el debido proceso legal con amplias y suficientes posibilidades de defensa. Es así que los actos de trámite deben ser los pertinentes y necesarios para garantizar el derecho de defensa basado en el debido proceso legal.

"En cambio, cuando el procedimiento tenga como acto terminal uno de molestia o declarativo, sólo debe observarse la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional ...

"Establecido lo anterior, resulta oportuno precisar que, en la especie, del escrito inicial de demanda, se advierte que, concretamente, los actos reclamados, se hicieron consistir en:

"- La aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en específico, de su artículo 75.

"- La aprobación, expedición, promulgación y publicación del acuerdo de siete de julio de dos mil catorce, por medio del cual, se emitió el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica, particularmente, de su artículo 17, fracciones II, IV y VII.

"- La aprobación, expedición y publicación del acuerdo de treinta de octubre de dos mil catorce, por medio del cual, se emitieron las disposiciones regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica, en específico, respecto de sus artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79.

"- La emisión, cumplimiento y ejecución del acuerdo de inicio de investigación de tres de febrero de dos mil quince, emitido en el expediente administrativo IO-002-2015, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios al público de transporte aéreo de pasajeros y/o carga con origen y/o destino en el territorio nacional.

"- La emisión, cumplimiento y ejecución del oficio COFECE-AI-2015-009, de cuatro de febrero de dos mil quince, por medio del cual, se ordenó la práctica de una visita de verificación a la parte quejosa.

"- La visita de verificación que se llevó a cabo el cinco de febrero de dos mil quince, culminada al día siguiente, así como el levantamiento del acta correspondiente.

"Ahora, con el fin de dilucidar si resulta procedente -o no- el juicio de amparo en contra de tales actos, es necesario establecer que de lo dispuesto en los artículos 12, fracción I, y 66 a 83 de la Ley Federal de Competencia Económica, se advierte que la Cofece cuenta con atribuciones para prevenir, investigar y combatir, de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal o a petición de parte, la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados y, en su caso, imponer las sanciones derivadas de dichas conductas.

"En efecto, la autoridad investigadora de oficio, a solicitud del Ejecutivo Federal o a petición de, podrá iniciar el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas, que comienza con el acuerdo de inicio de procedimiento. Durante esta fase, la autoridad goza de facultades para requerir informes y documentos que estime relevantes y pertinentes para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quien tenga relación con los hechos de que se trate e incluso ordenar y realizar visitas de verificación -como aconteció en el caso-.

"Dicho periodo de investigación no puede ser inferior a treinta días ni exceder de ciento veinte [plazo que podrá ampliarse hasta en cuatro ocasiones, por periodos de hasta ciento veinte días, cuando exista causa justificada para ello], y culmina con un dictamen que puede proponer: i) el inicio del procedimiento seguido en forma de juicio por existir elementos objetivos que hagan probable la responsabilidad del o los agentes económicos investigados; o bien, ii) el cierre del expediente en caso de no desprenderse elementos para iniciar el procedimiento en forma de juicio.

"En segundo término, se prevé una fase subsecuente a la etapa indagatoria, la cual tiene verificativo si se advierten elementos para determinar la probable responsabilidad del agente económico investigado y consiste en la sustanciación de un procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual se dilucida en definitiva si existen o no las prácticas monopólicas o concentraciones presuntamente determinadas durante la investigación, así como las sanciones que se deben aplicar.

"Procedimiento que inicia a partir del dictamen de probable responsabilidad, en el cual se identifica al o a los agentes económicos investigados y, en su caso, probables responsables; los hechos investigados y su probable objeto o efecto en el mercado; las pruebas; los elementos que sustentan el sentido del dictamen y, en su caso, las disposiciones legales que se estiman violadas, así como las consecuencias que pueden derivar de dicha violación.

"Con el referido dictamen se emplaza al o a los probables responsables; hecho lo cual, éste dispone de cuarenta y cinco días para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas; con las manifestaciones del probable responsable se da vista a la autoridad investigadora para que, en un plazo máximo de quince días se pronuncie al respecto; una vez desechadas o admitidas las pruebas se fija un plazo para su desahogo que no puede ser mayor de veinte días, contado a partir de su admisión; desahogadas las pruebas, la Cofetel puede aún allegarse y ordenar el desahogo de pruebas adicionales para mejor proveer.

"Concluido el desahogo de pruebas para mejor proveer, se fija un plazo de diez días para formular alegatos, fenecido el cual y, en su caso, celebrada una audiencia oral, en la cual se escuche al probable responsable o al denunciante, se entiende integrado el expediente y se dicta la resolución definitiva correspondiente, en un plazo máximo de cuarenta días ...

"El cúmulo de actuaciones reseñadas en los párrafos precedentes, tanto aquéllas conformadoras del procedimiento indagatorio, como las que pertenecen al procedimiento seguido en forma de juicio, integran un todo, en tanto que se trata de la secuencia progresiva de actos tendentes a la resolución de un asunto -relacionado con la existencia de monopolios, estancos, prácticas o concentraciones prohibidas- ...

"En este orden de ideas, al trasladar las premisas precedentes al caso concreto, tomando en cuenta que, como se ha visto, los actos reclamados son meros actos de trámite que fueron emitidos en una investigación por la posible comisión de prácticas monopólicas y que, tratándose del acuerdo de inicio de investigación, de la orden de la práctica de visita de verificación, de la visita llevada a cabo y del levantamiento del acta correspondiente, es evidente que no constituyen la resolución definitiva del asunto, ni tampoco implican afectación irreparable en derechos sustantivos, por lo que, contrario a lo que sostiene la parte recurrente, se trata de actos intraprocesales con efectos formales que inciden en normas adjetivas en contra de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, en términos de los artículos 28, párrafo décimo noveno, fracción VII, de la CPEUM y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que son actos de trámite dentro de un procedimiento de investigación, y sin ser incluso, o todavía, una resolución definitiva.

"Lo anterior, en tanto que, por regla general, no procede el juicio de amparo en contra de actos intermedios o instrumentales, puesto que la afectación se da o consuma hasta que ocurre el terminal y sea definitivo,(2) esto es, cuando se consolida plenamente la imposible reparación ..."

Derivado de lo anterior, se emitió la tesis aislada I.1o.A.E.24 A (10a.), que dice lo siguiente:

"ACTOS INTRAPROCESALES EN PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN SU CONTRA. El artículo 28, vigésimo párrafo, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la inadmisibilidad de recurso ordinario o constitucional alguno contra actos intraprocesales, con lo cual se buscó que en todos aquellos casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica resolviera un asunto mediante una secuencia de actos desarrollados progresivamente, el medio de defensa respectivo procediera únicamente contra la resolución definitiva y, en ese sentido, ninguno de los actos dictados dentro del procedimiento, previo a la decisión final, es controvertible. Sin embargo, el alcance de la expresión ‘actos intraprocesales’ empleada por el Constituyente es general y, por tanto, alude a cualquiera dictado dentro de una secuencia progresiva de actos tendientes a la resolución jurídica de un asunto -no solamente aquellos emanados de procedimientos seguidos en forma de juicio-. Consecuentemente, por la forma como está redactado el precepto mencionado, se concluye que, por mandato de la propia norma, el juicio de amparo es improcedente contra actos intraprocesales, en general, dictados por el órgano señalado, esto es, contra cualquier acto emitido por dicha autoridad dentro de un procedimiento que no constituya su resolución definitiva."

1.2. El mismo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver el recurso de queja QA. 44/2016, en sesión de seis de octubre de dos mil dieciséis:

"Al resolverse en sesión del veintitrés de abril de dos mil quince, por unanimidad, el recurso de queja QA. 25/2015, invocado por la recurrente, este Tribunal Colegiado consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"(se transcribe la ya reproducida QA. 25/2015)

"Como se puede advertir, es criterio de este tribunal que el juicio de amparo resulta improcedente, de manera indudable y manifiesta, cuando, como en el presente caso, se reclaman una orden de visita de verificación y su diligenciación, derivadas de un procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas seguido por la Cofece, de manera que es incorrecta la determinación de la Jueza de Distrito, de admitir la demanda de amparo, si se toman en cuenta las consideraciones y fundamentos anteriormente transcritos, que ahora se reiteran, en especial, las relativas a que dichos actos no constituyen una resolución definitiva ni implican una afectación irreparable en derechos sustantivos, sino que se trata de actos intraprocesales con efectos formales que inciden en normas adjetivas.

"Cabe destacar que, si como lo ha sostenido este Tribunal Colegiado, los mencionados actos reclamados no afectan de forma irreparable derechos sustantivos, al ser actos intraprocesales con efectos formales que sólo inciden en normas adjetivas, y en la demanda de amparo no se plantea una situación concreta de la cual derive la afectación directa e inmediata a un derecho fundamental sustantivo, es innecesario esperar hasta la sentencia para determinar si se trata de actos de imposible reparación de derechos sustantivos, contrariamente a lo que estima la Jueza de los autos para admitir la demanda de amparo.

"No pasa inadvertido lo expresado en la demanda de amparo, en los siguientes términos:

"‘... un acta de visita domiciliaria practicada en un procedimiento que no tiene forma de juicio en el que no participa la quejosa, no se puede considerar como un acto intraprocesal, pero además, se expresará que, tal como se realizó la visita domiciliaria, constituye un acto que no es intraprocesal y que resulta para la quejosa de imposible reparación, y que de acuerdo con la técnica de amparo, debe ser impugnado desde ahora, porque, de lo contrario, se consideraría un acto derivado de otro consentido.

"‘... estos actos generan un daño de imposible reparación, pues al sustraer información de diversos medios, como son computadoras, dispositivos de almacenamiento, archiveros, documentos e incluso cajas de seguridad, ocasiona a la quejosa un acto de imposible reparación, ya que se sustrajo de dichos medios la totalidad de información que contenían, sin importar si resultaba relevante o no para el objeto de la orden de visita domiciliaria.

"‘...

"‘Dentro de diversos medios de los que se sustrajo información, había datos de terceros en posesión de mi representada, que no pueden ser proporcionados, salvo que existan los casos de excepción previstos en el artículo 16 constitucional.

"‘... para efectos del presente capítulo de procedencia, justifica la presentación de la demanda y excluye la causal de improcedencia, prevista en el artículo 28 constitucional, por no encuadrar en el supuesto específico previsto en dicha disposición.

"‘Asimismo, se están impugnando violaciones a derechos fundamentales no relacionados con la competencia económica, sino relacionados con derecho de intimidad, honor y derechos de terceros.

"‘...

"‘En la demanda se impugnan las visitas de verificación, toda vez que vulneraron el domicilio y la integridad de diversos documentos (digitales) de mi representada, como se dice en los conceptos de violación. La intervención de los sistemas de cómputo que se hicieron durante las visitas, atentaron contra los derechos de mi representada y del sujeto usuario de ese sistema de cómputo, sin querer reiterar lo manifestado en los conceptos de violación, dicha intervención atentó contra la privacidad del usuario de las diferentes computadoras revisadas, de las cajas de seguridad y de los documentos que se revisaron que no tenían relación alguna con la competencia económica.

"‘...

"‘El hecho de que la autoridad que realice las visitas de verificación pueda obtener la totalidad de la información confidencial de la quejosa sin tener límite alguno, resulta una medida excesiva que puede rebasar el objetivo que pudiera buscar el titular de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica mediante sus visitas de verificación, vulnerando los derechos humanos de mi representada, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘El permitir que la autoridad pueda tener acceso a cualquier tipo de información, documentación, libros, archivos, o cualquier medio de resguardo de mi representada implica UNA INTROMISIÓN A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE MI REPRESENTADA (SIC) QUE IMPLICARÍA UNA PESQUISA, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que puede resultar una medida excesiva e innecesaria, como ha quedado de manifiesto, lo cual vulnera derechos humanos de mi representada.

"‘... la ilegal orden de visita de verificación conlleva una intromisión a la información confidencial de mi representada, el cual, a todas luces es arbitrario y abusivo, e innecesario, como ha quedado manifiesto, y que de ninguna manera se encuentra previsto en la ley.

"‘Es así que el acto reclamado viola las disposiciones de protección a la privacidad, propiedad y posesión de las personas previstas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales, en específico, el «Pacto de San José de Costa Rica», por tratarse de un acto que tendría como consecuencia una pesquisa que implica una injerencia arbitraria y abusiva ordenada en contra de mi representada.

"‘... El inicio de la investigación por parte de la autoridad responsable causa a la quejosa un daño irreparable, vulnerando su honor, integridad y vida privada. Esta investigación afecta sus relaciones comerciales, violando también su derecho fundamental de comercio.

"‘...

"‘Asimismo, de la segunda y tercera acta parcial de visita de verificación se desprende que, aunado a la documentación y a los datos obtenidos de los diversos medios de almacenamiento de diversos equipos de cómputo, también se registraron cajas de seguridad, lo cual produce una violación a derechos fundamentales de terceros, pues, como ya se ha mencionado respecto de los equipos de cómputo, dichas cajas pueden contener objetos personales totalmente ajenos a la empresa.

"‘...

"‘El método utilizado por la autoridad responsable, es la intervención d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27603-3e62aebe/competencia-economica-procede-el-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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