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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA EL CITATORIO PARA DECLARAR EN UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 2/2024. · Registro digital (IUS): 32932
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-01-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.326.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 2/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 28 DE MAYO DE 2024. TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL Y CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. PONENTE: MAGISTRADO CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. SECRETARIA: ANA CRISTINA CORRALES AGUIRRE.

Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, correspondiente a la sesión pública celebrada el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. Primero. Denuncia de la contradicción. Por oficio sin número presentado vía interconexión el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción en toda la República, se denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver en su orden los recursos de queja 168/2023 y 181/2023.

2. Segundo. Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de presidencia del Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, se radicó este expediente y se registró como contradicción de criterios en materia administrativa especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones 2/2024; se ordenó formar el expediente electrónico; de igual forma, se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios seguían vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

3. A su vez, se requirió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios relacionada con el tema: DETERMINAR SI EL ACUERDO INICIAL ES LA ACTUACIÓN ADECUADA PARA DETERMINAR SI EL JUICIO DE AMPARO ES PROCEDENTE CONTRA UN ACTO EXTRAPROCESAL, EN EL CASO, UN CITATORIO, EN TÉRMINOS DE LA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; ASIMISMO, SI ES NOTORIA Y MANIFIESTA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN XXIII, Y 107, FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL CUANDO SE IMPUGNA UN CITATORIO EMITIDO POR UNA AUTORIDAD INVESTIGADORA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA COMO VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.

4. También se asignó el asunto a la ponencia del magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

5. Tercero. Vigencia de los criterios. Mediante acuerdo de dos de abril de este año, se tuvo por recibido el informe del Primer tribunal colegiado especializado, a través del cual señaló que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 168/2023 se encuentra vigente.

6. Por su parte, por acuerdo de cuatro de abril de dos mil veinticuatro, se recibió el informe del Segundo tribunal colegiado especializado en el cual informó que el criterio sustentado al resolver el recurso de queja 181/2023 continúa vigente.

7. Cuarto. Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante oficio DGCCST/X/348/04/2024 de ocho de abril de dos mil veinticuatro, el Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo del conocimiento que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a dicha Dirección General que durante los últimos seis meses no se encontraba radicada alguna contradicción de tesis relacionada con el mencionado tema.

8. Quinto. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de ocho de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa, en consecuencia, se confirmó el turno del expediente virtual al magistrado Carlos Alberto Zerpa Durán, para la elaboración del proyecto de resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

9. Sexto. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

CONSIDERANDO:

10. Primero. Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 11, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, y en el artículo 1o. del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero, y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional.

11. Segundo. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.

12. Tercero. Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación, en virtud de que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, en razón de la naturaleza del caso que resuelve, atendiendo el conflicto que se plantea ante su jurisdicción.

13. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyos rubro es: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”.

14. Cuarto. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta las consideraciones sustanciales de los criterios discrepantes.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja 168/2023 en sesión de uno de febrero de dos mil veinticuatro.

15. Juicio de amparo indirecto. Una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.

a) Congreso de la Unión.

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.

d) Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica.

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.

a) Del Congreso de la Unión, se reclama la aprobación y expedición del párrafo segundo del artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de mayo de 2014 (...)

(...)

b) De conformidad con el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad y obligación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ‘Promulgar ... las leyes que expida el Congreso de la Unión...’

Por consiguiente, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación del segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica.

c) Del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reclama la expedición de la fracción IV del artículo 58 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica.

Esta disposición regulatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de noviembre de 2014 (...)

d) Del Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reclama el Oficio (...), de fecha 20 de abril de 2023, el cual fue notificado el día 28 de abril siguiente.

A través de este oficio, la autoridad responsable, con el carácter de Autoridad Investigadora, citó a la quejosa para que ésta declare bajo protesta de decir verdad en el expediente (...) del procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas, conteste a título de obligación las preguntas de los funcionarios comisionados sin ambigüedades ni evasivas, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer o negarse a declarar se le impondrá multa de hasta tres mil veces el salario mínimo, bajo apercibimiento de que en caso de declarar falsamente se le impondrá multa de ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo, y bajo señalamiento que esto último es con independencia de la responsabilidad penal en que incurra por tal motivo.

El acto reclamado de la Autoridad Investigadora fue emitido en aplicación de las normas de carácter general también reclamadas.”

16. Desechamiento. La demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien la radicó con el número de expediente 182/2023 y determinó desecharla con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción IX, todos de la Ley de Amparo, al considerar que el oficio reclamado no constituía la resolución final que pusiera fin a un procedimiento, en todo caso –dijo- podía generar afectaciones de carácter intraprocesal, por lo que no era procedente el juicio de amparo en su contra, lo que hizo extensivo a los numerales tildados de inconstitucionales.

17. Interposición del recurso de queja y resolución. Inconforme con esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al referido Primer Tribunal Colegiado, cuya presidencia en proveído de dos de junio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y registró bajo el consecutivo Q.A. 168/2023.

18. Concluida la tramitación del medio de impugnación, en sesión de uno de febrero de dos mil veinticuatro, se declaró fundado, por lo que se revocó el auto recurrido y se ordenó al Juez de Distrito que de no advertir algún motivo que amerite el desechamiento por causas diversas a las ahí analizadas, proveyera lo que en derecho correspondiera en relación con la admisión de la demanda de amparo, bajo las siguientes consideraciones.

19. Una vez relatados los antecedentes del asunto y de los agravios formulados por la parte recurrente, el tribunal colegiado estimó fundado el planteamiento de la recurrente en el que la quejosa manifestó que de conformidad con los artículos 28, párrafo vigésimo, fracción VII, constitucional, no se apreciaba que restrinjiera la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica emitidos durante el procedimiento de investigación.

20. El Tribunal indicó que del contenido del artículo 28 de la Constitución se apreciaba que el órgano reformador fijó algunas reglas específicas, en lo tocante al mecanismo disponible para revisar la regularidad legal y constitucional de los actos y las resoluciones, respectivamente, ejecutados o emitidas, por los organismos constitucionales autónomos, con la finalidad de simplificar y agilizar su decisión.

21. De acuerdo con estas prescripciones, que modifican las reglas a que se sujeta el amparo en lo concerniente a la medida cautelar, pero que conservan las disposiciones relativas a la procedencia del juicio tratándose de actos de la Comisión Federal de Electricidad que correspondan a un procedimiento seguido en forma de juicio, la norma indica que el amparo indirecto que se promueva para impugnarlos sólo será procedente contra la resolución definitiva que en él se dicte, y que esa es la oportunidad en que pueden combatirse los actos que generen violaciones cometidas en la secuela del procedimiento, al igual que las disposiciones jurídicas en que se sustenten.

22. Sin embargo, no debe soslayarse que en el sistema normativo conformado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, se prevén los supuestos de procedencia de la acción de amparo.

23. Indicó el mencionado tribunal que de acuerdo a lo expuesto consigna la regla general en cuanto al mecanismo que permite el control de la regularidad legal y constitucional de estos actos y, en su caso, de las disposiciones jurídicas que les sirvan de fundamento, pero no es el único supuesto de procedencia, según se advierte de los artículos 107, fracción IV, constitucional y 107, fracciones I, III y VI, de la Ley de Amparo, que aluden a supuestos diversos, consistentes, uno, en que se trate de normas generales; otro, cuando se controviertan actos que en forma directa e inmediata afecten derechos fundamentales de los gobernados, y otro más, cuando la afectación de esa naturaleza se cause a un tercero ajeno al procedimiento.

24. La parte quejosa acudió al juicio de amparo en contra del oficio por virtud del cual se le requirió para declarar, bajo protesta de decir verdad, respecto de la información que poseyera en relación con el mercado investigado y sobre cualquier hecho o conducta que tenga conocimiento y que pueda constituir posibles prácticas monopólicas absolutas, bajo apercibimiento que de ser omisa será acreedora a las multas previstas en la norma aplicable, aunado a que la autoridad adoptará la resolución que corresponda con base en los hechos que tenga conocimiento, así como en la información y medios de convicción disponibles.

25. Determinó el Primer Tribunal de la subespecialización que de lo anterior se obtenía que una vez vertida la citada declaración, el efecto que podría generar que lo manifestado por la peticionaria del amparo podría tener efectos de difícil o imposible reparación, pues de lo que se dolía –en el fondo del asunto- es precisamente de que tal declaración violaba en su perjuicio el derecho fundamental de no incriminación coactiva o forzada, tutelado por el artículo 20, Apartado B, de la Norma Fundamental, lo que invariablemente constituía el fondo de la litis planteada por la quejosa que no correspondía dirimir en el auto inicial.

26. De ahí que la interpretación armónica de los artículos 28 y 107, fracción IV, constitucionales, condujera a considerar que era procedente el amparo para combatir un acto proveniente de un procedimiento seguido en forma de juicio por un órgano constitucional autónomo que pueda tener una ejecución irreparable, con lo cual dejaría de catalogarse como un acto con efectos intraprocesales, respecto de los cuales está proscrito el juicio y, por ende, la demanda podría ser admisible.

27. Lo anterior ha merecido la impugnación, por ejemplo, de las multas impuestas como medida de apremio en el procedimiento seguido por la Comisión Federal de Competencia Económica, pues se trata de actos terminales que son resultado de una cuestión accesoria al procedimiento principal, que surge por la contumacia de alguna de las partes y por el empleo de los medios de apremio que puede afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, por lo que procede en su contra el amparo indirecto.

28. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT J/12 A (10a.), que establece: “COMPETENCIA ECONÓMICA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN CLIENTE ABOGADO, REALIZADA EN LAS INSPECCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.”

29. Mencionó que la actuación de los órganos constitucionales autónomos –Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones- comprende el ejercicio de atribuciones encaminadas a investigar el cumplimiento de las obligaciones que derivan de las leyes relativas, que implicaba el requerimiento a los agentes económicos y a otros sujetos de información y documentos relacionados con esas investigaciones.

30. Sin embargo, indicó que cuando en ejercicio de tales facultades una persona se consideraba afectada por un acto de ejecución irreparable, conforme a lo expuesto, se estimaba actualizado un supuesto de procedencia de la acción de amparo, con arreglo en los artículos 103, fracción I, constitucional y 107, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo.

31. Lo anterior porque, la ahí quejosa reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 120 de la Ley Federal de Competencia Económica y 58, fracción IV, de las Disposiciones Regulatorias de dicho ordenamiento, con motivo de su acto de aplicación, por considerar –entre otras cuestiones- que se violaba en su perjuicio el derecho fundamental de no incriminación coactiva o forzada, en su relación con el derecho a una adecuada defensa, el derecho a un debido proceso y el principio de presunción de inocencia, en términos del artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 32. Adujo que la afirmación del juez de Distrito en el auto combatido para desechar la demanda de amparo por el momento carecía de sustento, pues para considerar de manera indubitable la improcedencia del juicio promovido, en contra de los artículos 120 de la Ley Federal de Competencia Económica y 58, fracción IV, de las Disposiciones Regulatorias de dicho ordenamiento, con motivo de su acto de aplicación, era necesario emprender un examen pormenorizado de tales reclamos y, en su caso, de los elementos que se alleguen durante la substanciación del procedimiento relativo, de lo que se colige que la causa de improcedencia de que se trata no se actualiza de manera notoria y manifiesta y, por consiguiente, no procede desechar de plano la demanda de amparo.

33. A continuación, argumentó el tribunal que no era aplicable el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 63/2015 de su índice, que generó la tesis de rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO AUTOINCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS.”; pues éste se emitió después de resolverse la contradicción de tesis 505/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: “COMPETENCIA ECONÓMICA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE MONOPOLIOS, PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, ESTANCOS O CONCENTRACIONES PROHIBIDAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA, CUANDO SE RECLAMAN CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DEL DIVERSO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANCIÓN”, de observancia obligatoria; además de que se refería a una cuestión de fondo que debe resolverse al dictar la sentencia.

34. Indicó el tribunal que en relación al criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis la tesis 2a. LXXI/2015 (10a.), de rubro: “COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN”; el tema analizado se refería al fondo del asunto y además, no comprendía el resto de las violaciones alegadas a los derechos humanos de debido proceso y de presunción de inocencia que también hizo valer la quejosa en la demanda inicial, por lo que contrario a lo determinado por el juez de Distrito, no era conducente desechar demanda.

35. Por las razones anteriores declaró fundado el recurso de queja para el efecto de que, de no advertir algún motivo que ameritara el desechamiento por causas diversas a las que habían sido analizadas en dicha ejecutoria, proveyera lo que en derecho correspondiera en relación con la admisión de la demanda de amparo.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de queja 181/2023 en sesión de once de enero de dos mil veinticuatro.

36. Juicio de amparo indirecto. Una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

“(...)

III. AUTORIDADES RESPONSABLES

a) Congreso de la Unión.

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica.

d) Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica.

IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.-

a) Del Congreso de la Unión, se reclama la aprobación y expedición del párrafo segundo del artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de mayo de 2014, y establece lo siguiente:

(...)

b) De conformidad con el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad y obligación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos “Promulgar...las leyes que expida el Congreso de la Unión...”

Por consiguiente, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación del segundo párrafo del artículo 120 de la Ley Federal de Competencia Económica.

c) Del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reclama la expedición de la fracción IV del artículo 58 de las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica.

Esta disposición regulatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de noviembre de 2014, y establece lo siguiente:

(se transcribe)

d) Del Director General de Investigaciones de Prácticas Económicas Absolutas de la Comisión Federal de Competencia Económica, se reclaman los siguientes actos:

1. El acuerdo de fecha 31 de mayo de 2023, dictado en el expediente del procedimiento de investigación (...), el cual fue notificado el 15 de junio siguiente.

En este acto, la autoridad investigadora responsable ha negado al quejoso el ejercicio del derecho humano de no autoincriminación dentro del procedimiento de investigación.

2. El oficio (...), de fecha 09 de junio de 2023, notificado también el 15 de junio siguiente.

A través de este oficio, la autoridad investigadora responsable ha citado al quejoso para que en su condición de persona relacionada con los hechos materia de investigación, declare bajo protesta de decir verdad en el expediente (...) del procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas, conteste a título de obligación las preguntas que le formulen los funcionarios comisionados, sin ambigüedades ni evasivas, bajo apercibimiento que en caso de no comparecer o negarse a declarar se le impondrá multa de hasta tres mil veces el salario mínimo, bajo apercibimiento de que en caso de declarar falsamente se le impondrá multa de ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo, y bajo señalamiento que esto último es con independencia de la responsabilidad penal en que incurra por tal motivo.

Este último acto de la autoridad investigadora fue emitido en aplicación de las normas de carácter general también reclamadas.

(...)”

37. Desechamiento. La demanda correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, quien la radicó con el número de expediente 227/2023 y por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés desechó de plano la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia manifiesta e indudable prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IX, ambos de la Ley de Amparo.

38. Interposición y resolución del recurso de queja. Inconforme con esa decisión, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual correspondió al referido Segundo Tribunal Colegiado Especializado, cuya presidencia por acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés registró con el número 181/2023 y admitió a trámite; concluida la tramitación del referido medio de impugnación, en sesión de once de enero de dos mil veinticuatro, lo declaró infundado por las siguientes consideraciones.

39. Luego de sintetizar las razones por las cuales el Juzgado Segundo de Distrito especializado desechó la demanda, así como los agravios formulados por la quejosa, el Tribunal refirió que el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VII, de la Carta Magna prevé, en la parte que interesa, que el juicio de amparo es el único medio de defensa contra los actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Economía.

40. Esta regla constitucional se retomó en el numeral 107, fracción IX de la Ley de Amparo, en el sentido de que tratándose de resoluciones dictadas por la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento.

41. Mencionó que el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al que pertenece este tribunal colegiado, al resolver la contradicción de tesis 7/2016 el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, examinó esta restricción y sostuvo que para hacerla compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, todos ellos tutelados por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución, así como en los diversos numerales 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la connotación de acto intraprocesal en el contexto jurídico utilizado por el creador de la norma, se encuentra ligada a dos condiciones:

1. Se trate de un acto dictado dentro de un procedimiento; y,

2. La afectación que cause el acto pueda hacerse valer posteriormente por el agraviado, es decir, al reclamar la resolución final correspondiente.

42. Indicó que de la interpretación de los artículos 66, 67, 71, 73 y 78 de la Ley Federal de Competencia Económica, que forman parte de la regulación del procedimiento de investigación de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas; y en concreto del artículo 73, durante la sustanciación de este procedimiento, en términos de lo que establece el artículo 73 mencionado, se advierte que la autoridad investigadora tiene la facultad de requerir de cualquier persona los informes y documentos que estime necesarios para realizar sus investigaciones, debiendo señalar el carácter del requerido como denunc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32932-7dd7c35c/improcedencia-del-amparo-indirecto-se-actualiza-de-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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